Normas Jurídicas
de Nicaragua
Materia: Propiedad
Rango: Decretos - Ley
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EXPROPIACIÓN DE BIENES ATENDIDOS
POR EL INRA
Decreto No. 329 de 29 de febrero de 1980
Publicado en La Gaceta No. 54 de 4 de marzo de 1980
LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA
en uso de sus facultades,
Decreta:
Artículo 1.- En adelante, y fuera de los casos contemplados
en este decreto, sólo podrán darse expropiaciones de tierras por
razones de Reforma Agraria según lo señalado en el Artículo 27 del
Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses, reguladas
conforme a leyes generales y reglamentos que se darán para el caso;
y de acuerdo a las indemnizaciones que deberán contemplar esas
mismas leyes.
Artículo 2.- Se decreta la expropiación de todos los bienes
muebles e inmuebles que a la fecha de la publicación de la presente
Ley se encuentran intervenidos o de cualquier otra forma atendidos
por el INRA, y cuyos propietarios no están sujetos a confiscación
de conformidad con las leyes pertinentes.
Se excluyen de lo dispuesto aquí, todos aquellos propietarios cuyas
propiedades sumadas no pasen de una extensión máxima de Veinte y
Cinco Manzanas en la Zona del Pacífico, y de una extensión máxima
de Cincuenta Manzanas en el resto del país.
Artículo 3.- El INRA deberá enviar informe a la Procuraduría
General en el que se identificará claramente las propiedades que
han sido expropiadas. Una vez recibido el anterior informe la
Procuraduría General librará certificación en la que se haga
constar que la propiedad ha sido expropiada.
Si los bienes expropiados fueren inmuebles, el Procurador General
librará cuatro tantos de la Certificación en referencia las cuales
serán dirigidas una al Registrador Público correspondiente; otra al
Instituto Geográfico Nacional, otra al INRA y la última será
archivada por la Procuraduría General. En estos casos el
Registrador Público de la Propiedad anotará el traspaso del
inmueble a favor del Estado, en asiento que contendrá transcripción
de lo dispuesto en la Certificación enviada por la Procuraduría
General.
Si los bienes expropiados fueren muebles, el Procurador General
librará dos certificaciones de las cuales una servirá de título de
dominio al INRA y la otra será archivada en la Procuraduría. Si el
traspaso del bien mueble deba ser anotado o registrado en otra
dependencia o registro, el INRA solicitará las copias necesarias
para esas dependencias o registros.
Artículo 4.- Los que resultaron afectados como consecuencia
de las expropiaciones derivadas de la presente Ley, serán
indemnizados en la forma y con los procedimientos de valoración y
demás trámites que se reglamentarán en Ley posterior.
El pago de la indemnización se hará mediante entrega de
certificados o títulos valores emitidos por el Estado para efectos
de reforma agraria. Estos certificados serán nominativos, no
negociables, devengarán el 6.5% de interés anual y estarán sujetos
a los términos y demás condiciones que se establecerán en la Ley de
su emisión.
Estos certificados podrán ser utilizados para cancelar adeudos con:
el Tesoro Nacional, las Juntas Municipales, los Entes Autónomos,
las Instituciones del Sistema Financiero, inclusive para la
amortización de casas financiadas por Instituciones de Ahorro y
Crédito; para la compra de bienes muebles o inmuebles propiedad del
Estado y para darlos en garantía de préstamos otorgados por el
Sistema Financiero Nacional; todo de conformidad con los
reglamentos que oportunamente se emitirán.
Artículo 5.- Para poder ser sujeto de indemnización de
conformidad con lo aquí dispuesto, los propietarios de dichos
bienes deberán personarse en el INRA acompañando certificación
emitida por la Procuraduría General en la que se haga constar que
el interesado no es sujeto de confiscación y que no se encuentra
comprendido en los Decretos números 3 y 38 dictados por esta Junta
de Gobierno en el año de 1979.
La constancia emitida por la Procuraduría deberá indicar que, el
interesado:
a) No es sujeto de confiscación;
b) No ha perdido sus derechos sobre los bienes de conformidad con
el Decreto No. 282 del 7 de febrero de 1980.
Artículo 6.- Los reclamos de tierras hechos por campesinos,
cooperativas o comunidades agrícolas deberán ser hechos únicamente
a través de los mecanismos de regulación que el INRA establecerá
para esos efectos.
Artículo 7.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de
la fecha de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, a los veintinueve días del mes de
febrero de mil novecientos ochenta. "Año de la
Alfabetización".
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Violeta B. de
Chamorro. - Sergio Ramírez Mercado. - Moisés Hassan Morales. -
Alfonso Robelo Callejas. - Daniel Ortega Saavedra.
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