Normas Jurídicas
de Nicaragua
Materia: Civil
Rango: Leyes
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
LEY N°. 902, Aprobada el 4 de Junio de 2015
Publicado en La Gaceta No. 191 del 9 de Octubre de 2015
El Presidente de la República de Nicaragua
A sus habitantes, Sabed:
Que,
La Asamblea
Nacional de la República de Nicaragua
Ha ordenado lo siguiente:
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
En uso de sus facultades,
Ha dictado la siguiente:
LEY N°. 902
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DE LA REPÚBLICA
DE NICARAGUA
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Capítulo Único
Principios
Artículo 1 Supremacía de la Constitución Política de
Nicaragua
Las disposiciones de este Código
deberán siempre interpretarse y aplicarse en consonancia con los
derechos y garantías contenidos en la Constitución Política, las
leyes, convenciones, tratados u otros instrumentos internacionales
de derechos humanos aprobados y ratificados por el Estado de
Nicaragua. Las autoridades judiciales velarán por el respeto de los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política.Artículo 2 Ámbito de la ley
En los procesos civiles, las
autoridades judiciales y quienes ante ellos acudan e intervengan
deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en este
Código.Artículo 3 Supletoriedad
Este Código constituirá legislación
supletoria para aquellas materias que no cuenten total o
parcialmente con normativa procesal.Artículo 4 Territorialidad de la norma procesal
Los procesos civiles que se sigan en
el territorio nacional se regirán únicamente por las normas
procesales nicaragüenses, excepto lo dispuesto en los instrumentos
internacionales aprobados y ratificados por el Estado de
Nicaragua.Artículo 5 Temporalidad de la norma procesal
Los asuntos que correspondan a los
juzgados y tribunales civiles, se tramitarán con arreglo a las
normas procesales vigentes, que nunca serán
retroactivas.Artículo 6 Debido proceso
Las autoridades judiciales civiles
deben guardar observancia del debido proceso en todas sus
actuaciones, brindando las garantías necesarias a las partes para
la adecuada defensa de sus derechos.Artículo 7 Acceso a los juzgados y tribunales
Toda persona tiene derecho a acudir y
promover la actividad de las autoridades judiciales civiles, con el
fin de obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses
legítimos.Artículo 8 Tutela judicial efectiva
Toda persona tiene derecho a obtener
de las autoridades judiciales civiles, siempre que concurran todos
los presupuestos procesales establecidos en este Código, una
sentencia debidamente razonada, motivada y fundamentada, en tiempo,
en la que se resuelvan las pretensiones que han sido objeto de
debate entre las partes y al efectivo cumplimiento de lo
resuelto.Artículo 9 Juez predeterminado por la ley
Los juzgados y tribunales civiles
tendrán competencia en cada caso, cuando el conocimiento de la
causa les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a
la iniciación de las actuaciones de que se trate. Nadie puede ser
separado de su juez o jueza competente.Artículo 10 Igualdad, contradicción, defensa e imparcialidad
Las autoridades judiciales civiles
garantizarán la igualdad de derechos, facultades y condiciones de
las partes en el proceso. También se garantizará la aplicación de
los principios de contradicción, defensa e imparcialidad.
Considerando la dualidad de posiciones, todas las partes tienen
derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional, antes de adoptar
cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la
resolución final, bien en la instancia, bien en los recursos, en
cualquier proceso ordinario o especial; así mismo se les oirá para
la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo
que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea
contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que
deberá estar expresamente previsto.
En ningún caso se puede producir indefensión a las partes del
proceso, a quienes se les garantiza el acompañamiento de abogado o
abogada que les asista o represente, elegido libremente por las
partes o designado por el Estado, en los términos previstos por
este Código.
Las autoridades judiciales civiles dictarán sus resoluciones con
absoluta sujeción al principio de imparcialidad.
Artículo 11 Proceso público
Las comparecencias y las audiencias
del proceso serán públicas, salvo que expresamente la ley disponga
lo contrario o el juzgado o tribunal así lo decida, por razones de
seguridad, de moral, o de protección de la personalidad de alguna
de las partes en casos muy especiales y bajo su estricta
responsabilidad. En ningún caso se impedirá a las partes el acceso
al expediente, ni a las actuaciones orales del proceso.Artículo 12 Dispositivo
Las partes pueden iniciar y poner fin
al proceso antes de que se dicte sentencia en cualquiera de las
instancias o en casación, en las formas previstas en este Código,
sin perjuicio de lo que éste disponga para aquellos procesos
especiales en los que se tutelen derechos o intereses
públicos.Artículo 13 Aportación de parte
Los hechos que conforman las
pretensiones y en los que se debe fundar la resolución judicial de
fondo, han de ser alegados por las partes en los momentos fijados
por este Código.
Las pruebas que deban practicarse para la acreditación de los
hechos controvertidos, han de ser aportadas por las partes en el
momento procesal dispuesto por este Código.
A la autoridad judicial le queda prohibida la aportación al proceso
de hechos o medios de prueba de conformidad con el presente
Código.
Artículo 14 Buena fe y lealtad procesal
Las partes, sus representantes y
todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la
dignidad de la justicia, al respeto que se deben los litigantes y a
la lealtad y buena fe. La autoridad judicial deberá tomar, a
petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que
resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o
sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los
principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión
o el abuso del derecho y cualquier otra conducta ilícita o
dilatoria.
Se entiende por fraude procesal todo comportamiento de las partes,
sus representantes y demás partícipes del proceso, en virtud del
cual el juzgador o juzgadora ha sido víctima de engaño debido a la
presentación falaz de los hechos, a probanzas irregulares,
documentos alterados, e incluso por efecto de una argumentación
falsa.Artículo 15 Dirección del proceso
Las autoridades judiciales tienen el
deber de dirigir y controlar formalmente el proceso e impulsar las
actuaciones procesales de mero trámite hasta su conclusión, de
acuerdo a las disposiciones generales de este Código, a menos que
la causa esté en suspenso por algún motivo legal, y sin perjuicio
de la facultades que este Código otorga a las partes respecto al
poder de disposición sobre la pretensión o el
procedimiento.Artículo 16 Oralidad
La expresión oral es el medio
fundamental de las actuaciones procesales. El proceso debe
ajustarse al principio de oralidad, bajo sanción de nulidad
absoluta. Las diferentes comparecencias, audiencias y los procesos
regulados en este Código serán orales y públicos.
Solo deben constar por escrito aquellas actuaciones autorizadas
expresamente por este Código y las que por su naturaleza así lo
exijan. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la
escritura, la autoridad judicial escogerá siempre la
oralidad.Artículo 17 Inmediación
Las autoridades judiciales que
conocen del proceso presidirán las audiencias, la práctica de la
prueba y demás actuaciones procesales orales, no pudiendo
delegarlas bajo sanción de nulidad absoluta, salvo cuando la
diligencia deba celebrarse en territorio distinto al de su
competencia.
La autoridad judicial que dicte la sentencia ha de ser el que haya
presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las
excepciones previstas, bajo pena de nulidad desde la convocatoria
para la audiencia probatoria.Artículo 18 Concentración Procesal
El procedimiento se desarrollará en
una o en la menor cantidad de audiencias posibles, procurando
concentrar en un solo acto todas las diligencias que sean
necesarias.Artículo 19 Celeridad
Los actos procesales deben realizarse
sin demora, evitando toda dilación y prolongación indebida en el
desarrollo de la actividad procesal, abreviando los plazos cuando
este Código faculte para ello.Artículo 20 Convalidación procesal
Las nulidades procesales relativas,
no protestadas oportunamente por las partes, se convalidan por las
actuaciones posteriores. Se prohíbe a las autoridades judiciales
declarar de oficio la nulidad procesal relativa. Por el contrario,
las nulidades procesales absolutas que afectan el orden público o
el derecho de defensa de las partes, no se convalidan por la falta
de protesta, debiendo ser declaradas de oficio en cualquier
tiempo.Artículo 21 Integración de principios
Los principios contenidos en este
Código, integran el cuerpo normativo procesal, rigen y vinculan a
la autoridad judicial y a las partes en la interpretación y
aplicación de sus disposiciones en todas las actuaciones
procesales, su inobservancia dará lugar a la sanción de
nulidad.
TÍTULO II
Jurisdicción y competencia
Capítulo I
Jurisdicción
Artículo 22 Jurisdicción
La potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución Política y a las
leyes.
Jurisdicción es la potestad que detentan de manera exclusiva las
autoridades judiciales del Poder Judicial, de juzgar y ejecutar lo
juzgado, así como conocer todos aquellos Actos de Jurisdicción
Voluntaria en que la ley autoriza su intervención.
Artículo 23 Juzgados, tribunales y sus auxiliares
La potestad jurisdiccional en el
orden civil es ejercida por los órganos del Poder Judicial
nicaragüense determinados por la Constitución Política y las
leyes.
Son órganos jurisdiccionales en materia civil: los juzgados Locales
Civiles, juzgados de Distrito Civiles, las Salas de lo Civil de los
Tribunales de Apelaciones y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema
de Justicia.
Los órganos jurisdiccionales en el orden civil estarán integrados
por jueces, juezas, magistrados, magistradas y el personal
auxiliar, conforme lo dispuesto por la Ley No. 260, Ley
Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial N°. 137 del 23 julio de 1998. Se
considera personal auxiliar de los juzgados y tribunales quienes lo
integran para su funcionamiento habitual, y el personal de las
dependencias que desarrollan servicios comunes en relación con la
función jurisdiccional que regula la Ley No. 260, Ley
Orgánica del Poder Judicial. Los organismos del Estado, sus
dependencias, entidades autónomas y descentralizadas, al igual que
toda persona en general deberán prestar a la autoridad judicial el
auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones, sin
que les corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni
la justicia o legalidad de la resolución que se trate de
ejecutar.
La autoridad civil o de policía que rehúse dar el auxilio judicial
solicitado, incurrirá en las penas establecidas en la Ley
No. 641, Código Penal, publicada en La Gaceta Diario
Oficial No. 83, 84, 85, 86 y 87 del 5, 6, 7, 8 y 9 de
mayo del 2008 y será responsable administrativa y civilmente.
El incumplimiento de un auto o sentencia de una autoridad judicial,
constituye desobediencia o desacato a la autoridad conforme a lo
dispuesto en la Ley No. 641, Código Penal.Artículo 24 Fuentes del Derecho
Las autoridades judiciales deberán
resolver siempre las pretensiones de las partes, aplicando con
prelación y prioritariamente:
1) La Constitución Política, de cuya supremacía es contralora en
los casos concretos que son sometidos a su conocimiento de
conformidad con la ley de la materia;
2) Las leyes constitucionales e instrumentos internacionales
protectores de los derechos humanos, establecidos en la
Constitución Política;
3) Las leyes;
4) Los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por
el Estado de Nicaragua;
5) Los decretos leyes vigentes;
6) Los decretos legislativos y ejecutivos;
7) Los reglamentos; y
8) La costumbre.
Artículo 25 Obligatoriedad de la actividad jurisdiccional
Las autoridades judiciales no pueden
en ningún caso dejar de resolver a las partes sus pretensiones.
Cuando no haya ley que prevea el caso o duden acerca de la
aplicación del derecho, se observarán las siguientes reglas en
orden de prelación:
1) Lo que esté previsto en la
legislación para casos semejantes o análogos; 2) La jurisprudencia,
que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de
forma reiterada establezcan tres o más sentencias de la Corte
Suprema de Justicia; 3) Los principios generales del derecho o lo
que dicte la razón natural; y 4) La opinión sostenida por los
intérpretes o expositores del derecho o por lo que se disponga en
legislaciones análogas extranjeras, inclinándose siempre en favor
de las opiniones más autorizadas.
Artículo 26 Presupuestos del órgano jurisdiccional
La jurisdicción y la competencia son
presupuestos del órgano jurisdiccional, con arreglo a la Ley
No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República
de Nicaragua y a las normas de este Código.Artículo 27 Extensión y límites de la jurisdicción civil
La extensión y límites de la
jurisdicción de los juzgados y tribunales civiles, se determinarán
por lo dispuesto en la Ley No. 260, Ley Orgánica del
Poder Judicial y en los instrumentos jurídicos internacionales
vigentes en Nicaragua, conforme el procedimiento establecido en la
Ley.
Los juzgados y tribunales civiles se abstendrán de conocer de los
asuntos que se les sometan cuando concurran en ellos
algunade las
circunstancias siguientes:
1) Por interposición de demanda respecto de los sujetos que gocen
de inmunidad, mientras no sean privados de ella, de conformidad con
la Constitución Política y la ley de la materia; 2) Por
interposición de demanda o solicitud de ejecución respecto de
sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de
ejecución, conforme a las normas del Derecho Internacional Público;
3) Cuando en virtud de un tratado o convenio internacional del que
Nicaragua sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter
exclusivo a la jurisdicción de otro Estado; 4) En los casos en que
la competencia internacional admita sumisión tácita y el demandado
emplazado en debida forma, no comparezca ante los juzgados o
tribunales nicaragüenses; 5) Ante la existencia de convenio o
cláusula válida entre las partes, de someter su causa a la
jurisdicción de otro Estado, cuando al menos una de ellas sea
extranjera; o 6) Por la existencia de acuerdo arbitral de las
partes de someter el conflicto a procedimiento de arbitraje
nacional o internacional o a otro método alterno previo.
En caso de concurrir alguna de las
causas contenidas en los numerales anteriores, de oficio la
autoridad judicial acordará su abstención tan pronto como sea
advertida la falta de jurisdicción o de competencia, poniendo en
conocimiento a la parte personada y a la Procuraduría General de la
República dicha decisión.
El demandado podrá promover mediante declinatoria, la falta de
competencia por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional
internacional o nacional, o por haberse sometido la controversia a
arbitraje.
Capítulo II
Competencia objetiva, funcional y territorial
Artículo 28 Fijación de cuantía
La Corte Suprema de Justicia mediante
acuerdo, fijará la cuantía que determinará la competencia de los
juzgados de Distrito y Locales Civiles.
Fijada la cuantía se revisará y actualizará periódicamente,
atendiendo las circunstancias económicas, locales y regionales del
país.Artículo 29 Competencia objetiva o básica
Corresponde a los juzgados de
Distrito Civiles el conocimiento en primera instancia de:
1) Las materias que no sean competencia de un juzgado específico;
2) Las materias señaladas para el ámbito del proceso ordinario que
dispone este Código y aquellas de cuantía inestimable; y
3) Las pretensiones cuya materia no esté comprendida en el ámbito
del proceso ordinario, ni del sumario, conforme la cuantía fijada
por la Corte Suprema de Justicia.
También corresponde a los juzgados de Distrito Civiles, en segunda
instancia los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias de los jueces o juezas de los juzgados Locales Civiles
de su misma jurisdicción territorial, conforme lo dispuesto en este
Código. Corresponde a los juzgados Locales Civiles el conocimiento
en primera instancia de:
1) Las materias señaladas para el ámbito del proceso sumario que
dispone este Código cualquiera que sea su cuantía;
2) Las pretensiones cuya materia no esté comprendida en el ámbito
del proceso ordinario, ni del sumario, conforme la cuantía fijada
por la Corte Suprema de Justicia; y 3) El conocimiento de
reclamaciones dinerarias en el proceso monitorio. Asimismo
conocerán los juzgados de Distrito Civiles y juzgados Locales
Civiles de los asuntos, actos, cuestiones y recursos que les
atribuya la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial
de la República de Nicaragua y los actos de jurisdicción voluntaria
que este Código les determine.Artículo 30 Competencia especializada
En aquellos departamentos donde
existan más de un juzgado, la Corte Suprema de Justicia podrá
atribuir de manera exclusiva a alguno de ellos, el conocimiento
específico de determinadas materias.Artículo 31 Apreciación de oficio de la competencia objetiva
La falta de competencia objetiva se
apreciará de oficio; la autoridad judicial, tan pronto la advierta
debe declararse incompetente, ordenando mediante auto que las
partes acudan a la autoridad judicial que corresponda a hacer uso
de su derecho.
Cuando la autoridad judicial que conozca del asunto en segunda
instancia y antes de la sentencia advierta la incompetencia
objetiva de la autoridad de primera instancia, decretará la nulidad
de todo lo actuado.
Admitido el recurso extraordinario de casación, si la Sala de lo
Civil de la Corte Suprema de Justicia advierte que la autoridad de
primera instancia carecía de competencia objetiva, lo declarará
así, decretando la nulidad absoluta de todo lo actuado.
En los dos últimos casos, se indicará expresamente el juzgado al
que corresponda el conocimiento del asunto, dejando a salvo el
derecho de las partes a ejercer sus pretensiones.Artículo 32 Extensión
Los juzgados y tribunales que tengan
competencia para conocer de un proceso, la tendrán también para
conocer las excepciones que en él se propongan, sus incidentes e
incidencias, aprobar u homologar acuerdos o transacciones, sean
estas judiciales o extrajudiciales, llevar a efecto las
providencias y autos que dictaren y la ejecución de la
sentencia.
También tendrán competencia para
conocer las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de
compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones atendida
su cuantía, hubiere de corresponder a la autoridad judicial
inferior, si se entablaren por separado.
Los jueces o juezas Locales Civiles no podrán conocer de las
cuestiones que se susciten por vía de reconvención o compensación,
cuando el conocimiento de éstas, atendida su cuantía, corresponda a
un juez o jueza de Distrito.
Artículo 33 Apreciación de oficio de la competencia
funcional
La autoridad judicial tan pronto
advierta su falta de competencia funcional la declarará de oficio,
ordenando que las partes acudan al juzgado que corresponda a hacer
uso de su derecho. Las actuaciones llevadas a cabo en ausencia de
competencia funcional serán absolutamente nulas.
No serán admitidos a trámite los
recursos o incidentes dirigidos a un tribunal que carezca de
competencia funcional para conocer de los mismos.Artículo 34 Fuero general de las personas naturales
El domicilio determina la competencia
de las autoridades que deben conocer de la demanda que ante ellas
se entable. Salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia
territorial corresponde al juzgado o tribunal del domicilio del
demandado y, si no lo tuviere, será competente el de su residencia
en el territorio nacional.
Quienes no tuvieren domicilio, ni
residencia en Nicaragua, pueden ser demandados en el lugar en que
se encuentren dentro del territorio nacional, o en el de su última
residencia en éste y, solo si no pudiera determinarse así la
competencia, en el lugar del domicilio de la parte actora.
Las personas empresarias y
profesionales, en los litigios derivados de su actividad
empresarial, comercial o profesional, también pueden ser demandados
en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren
establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de
ellos a elección de la parte actora.Artículo 35 Fuero general de las personas jurídicas y de los
entes sin personalidad
Salvo sumisión expresa o que la ley
disponga otra cosa:
1) Las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su
domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la
situación o relación jurídica a que se refiere el litigio, haya
nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan
establecimiento abierto al público o representante autorizado para
actuar en nombre de la entidad; 2) El domicilio de las agencias o
sucursales de compañías o instituciones extranjeras respecto de los
negocios verificados en Nicaragua, será el nicaragüense; y se
reputarán como sus representantes legales los apoderados o agentes,
gerentes o administradores constituidos en la República de
Nicaragua; y 3) Los entes sin personalidad jurídica podrán ser
demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en
que desarrollen su actividad.
Artículo 36 Fuero para las pretensiones personales
En los procesos en que se ejerciten
pretensiones personales, será juzgado competente:
1) El del domicilio de la parte demandada;
2) En defecto del anterior, el del lugar donde se celebró el
contrato; y
3) A falta del anterior, el del lugar en que deba cumplirse la
obligación. Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos
o más personas que residan en lugares diferentes, y estén obligadas
mancomunada o solidariamente, no habiendo lugar destinado para el
cumplimiento de la obligación, será juzgado competente el del
domicilio de cualquiera de los demandados, a elección de la parte
demandante.
Artículo 37 Fuero para las pretensiones reales o mixtas
En las demandas por pretensiones
reales o mixtas sobre bienes en general será competente en orden de
prelación el juzgado:
1) Del domicilio de la parte demandada; 2) En defecto del anterior,
el del lugar donde debe cumplirse la obligación; 3) A falta del
anterior, el del lugar donde se contrajo la obligación; y 4) En
defecto de los anteriores, el del lugar donde se encontrare la cosa
reclamada. Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la
pretensión real estuvieren situados en diversos lugares, será
competente cualquiera de los juzgados en cuyo lugar estuvieren
situados.Artículo 38 Fueros legales especiales
No se aplicarán los fueros
establecidos en los artículos anteriores y se determinará la
competencia imperativamente de acuerdo con lo dispuesto en el
presente artículo en los casos siguientes:
1) En las demandas sobre rendición de
cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, será
juzgado competente el del lugar donde deban presentarse dichas
cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante,
poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe
la administración;
2) En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de
otras anteriores, será juzgado competente al que le corresponda
conocer o esté conociendo, de la obligación principal sobre la que
recayeren;
3) En los procesos sobre sucesiones, será competente el juzgado del
lugar en que el causante tuvo su último domicilio y si lo hubiere
tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en
Nicaragua, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes;
4) En los procesos en que se ejerzan pretensiones relativas a la
asistencia o representación de personas jurídicamente incapaces y
personas con discapacidad, será competente el juzgado donde
aquéllos tengan su domicilio;
5) En los procesos sobre tutela de derechos fundamentales y los
relativos a la honra y la reputación, será competente el juzgado
del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio
nicaragüense, el juzgado del lugar donde se hubiera producido el
hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate;
6) En los procesos sobre arrendamientos de inmuebles, será
competente el juzgado del lugar en que esté situada la finca;
7) En los procesos en materia de propiedad horizontal, será
competente el juzgado del lugar en donde esté ubicado el
inmueble;
8) La impugnación de acuerdos sociales no sujeta a arbitraje será
competencia del juzgado del domicilio de la sociedad;
9) En los procesos en materia de responsabilidad civil, derivada de
actuaciones extracontractuales tales como: competencia desleal,
infracción a los derechos de autor, propiedad industrial y otras,
será competente el juzgado del lugar donde la parte demandada tenga
su establecimiento y a falta de éste, el del lugar donde la
infracción se haya cometido o se produzcan sus efectos;
10) En los procesos en que se ejerzan
pretensiones para que se declare la no incorporación al contrato de
adhesión de las cláusulas de condiciones generales de la
contratación o la nulidad de éstas, será competente el juzgado del
domicilio de la parte demandante;
11) Cuando se ejerzan las pretensiones declarativas de cesación o
de retractación del contrato de adhesión, será competente el
juzgado del lugar donde la parte demandada tenga su establecimiento
y a falta de éste, el de su domicilio; si la parte demandada
careciere de domicilio en el territorio nicaragüense, el del lugar
donde se hubiera realizado la adhesión;
12) Cuando las normas anteriores no fueren de aplicación a los
litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles y
contratos destinados a su financiación, así como en materia de
contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles,
cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será
competente el juzgado del domicilio de la persona asegurada,
compradora o prestataria o el del domicilio de quien hubiere
aceptado la oferta, respectivamente;
13) En las demandas sobre daños derivadas del consumo de un bien o
producto, o de la prestación de un servicio, será competente el
juzgado del domicilio de la parte actora, o el del lugar donde la
parte demandada desarrolle su actividad o donde éste tenga
establecimiento comercial o empresarial a su cargo; y
14) En las demandas relativas a pretensiones derivadas de
accidentes de tránsito, será competente el juzgado del lugar donde
ocurrió el accidente o el del domicilio de la parte
demandante.Artículo 39 Acumulación de pretensiones y litisconsorcio
pasivo
Cuando se ejerzan conjuntamente
varias pretensiones frente a una o varias personas, será competente
el juzgado del lugar correspondiente a la pretensión que sea
fundamento de las demás; en su defecto, aquél que deba conocer del
mayor número de las pretensiones acumuladas y en último término, el
del lugar que corresponda a la pretensión cuantitativamente más
importante.
Cuando sean varias personas demandadas y conforme a las reglas
establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera
corresponder la competencia territorial a juzgados de diferentes
lugares, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a
elección de la parte demandante.Artículo 40 Carácter dispositivo de las normas sobre competencia
territorial
Las reglas legales atributivas de la
competencia territorial se aplicarán siempre, salvo sumisión
expresa de las partes, a los juzgados de una determinada
circunscripción. La sumisión de las partes sólo será válida y
eficaz cuando se haga ante juzgado con competencia objetiva para
conocer del asunto de que se trate.
Para los fines procesales, no será válida la sumisión expresa
contenida en contratos bilaterales o de adhesión, o que contengan
condiciones generales o cláusulas especiales para una de las
partes, incluidas dentro de aquéllas, la renuncia al domicilio, o
cualquier otra cláusula que violente el principio de igualdad
constitucional. Lo anterior se aplicará también a los contratos
celebrados con consumidores o usuarios.Artículo 41 Sumisión expresa
Se entenderá por sumisión expresa la
hecha de manera directa por los interesados, aceptando la
competencia la autoridad judicial a quien se sometieren.
Cuando en el territorio existan varios juzgados de la misma clase,
la oficina de distribución de causas determinará a cual corresponde
conocer del litigio.
Artículo 42 Apreciación de oficio de la competencia
territorial
Las reglas legales atributivas de la
competencia territorial son de carácter imperativo. Las actuaciones
llevadas a cabo en ausencia de competencia territorial imperativa,
serán absolutamente nulas. La autoridad Judicial examinará de
oficio su propia competencia inmediatamente después de presentada
la demanda; en caso contrario, solamente podrá ser apreciada cuando
la parte demandada o quienes puedan ser parte legítima en el
proceso, propusieren en tiempo y forma la declinatoria.
Artículo 43 Contenido de la declaración de falta de competencia
territorial
Si la autoridad judicial de oficio
considera que carece de competencia territorial para conocer del
litigio, lo declarará así mediante auto, poniendo en conocimiento a
las partes personadas y remitiendo las actuaciones al juzgado que
considere territorialmente competente.
El juzgado al que se remitieran las actuaciones, podrá a su vez
declarar de oficio su falta de competencia territorial, cuando ésta
deba determinarse en virtud de reglas imperativas. La resolución
que declare la falta de competencia mandará remitir todos los
antecedentes al inmediato superior común, que decidirá la cuestión
por medio de auto, sin ulterior recurso, ordenando la remisión de
las actuaciones y el emplazamiento de las partes ante el que haya
sido declarado competente, dentro de los diez días
siguientes.
Artículo 44 Distribución de causas
La Corte Suprema de Justicia,
establecerá las normas de distribución de los asuntos civiles entre
juzgados del mismo grado y de la misma ciudad o población,
determinando los criterios con estricto respeto al principio del
Juez predeterminado por la ley.
Capítulo III
Declinatoria
Artículo 45 Contenido de la declinatoria
La parte demandada y quienes puedan
ser parte legítima en el proceso promovido, podrán oponer
motivadamente la falta de competencia del juzgado ante el que se ha
interpuesto la demanda.
Las partes pueden promover la
separación por falta de competencia:
1) Por corresponder el conocimiento
del asunto a tribunales extranjeros, o a órganos de otro orden
jurisdiccional;
2) Ante la existencia de convenio o cláusula válida de sometimiento
del conflicto a arbitraje; y
3) Por falta de competencia objetiva, funcional o territorial del
juzgado o tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda o
recurso.Artículo 46 Proposición y efectos
La declinatoria se propondrá ante el
mismo juzgado que esté conociendo del asunto y se considere carente
de competencia objetiva, funcional o territorial, indicando el
juzgado que se considera competente.
La declinatoria también podrá presentarse ante el juzgado del
domicilio de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial
remitirla inmediatamente, por el medio de comunicación más
expedito, al juzgado ante el que se hubiere promovido la
demanda.
En los dos casos anteriores, la autoridad judicial ante quien se
interpuso la demanda resolverá el incidente.
La declinatoria se propondrá dentro de los tres primeros días del
plazo para contestar la demanda. La interposición en tiempo y forma
de la declinatoria, suspenderá el plazo para contestar la demanda
hasta que se resuelva el incidente. Durante el tiempo de
suspensión, la autoridad judicial ante quien penda el asunto puede
practicar a instancia de parte legítima, cualquier actuación de
aseguramiento de prueba, así mismo ordenar las medidas cautelares
necesarias para evitar perjuicios irreparables para la parte actora
por la dilación, salvo que la parte demandada presente una caución
suficiente bastante para responder por los daños y perjuicios, que
se deriven de la tramitación de una declinatoria desprovista de
fundamento.
Artículo 47 Sustanciación y decisión
La parte demandada al promover la
declinatoria se abstendrá de contestar la demanda y a su escrito
acompañará los documentos o principio de prueba en que fundamente
su petición, si no constaren ya en autos por haberlos aportado la
parte actora en su demanda, con las copias correspondientes para
los restantes litigantes. La parte demandante dispondrá de un plazo
de tres días, contados desde la notificación de la declinatoria,
para alegar y aportar lo que considere conveniente para sostener la
competencia del juzgado.
Si la declinatoria fuere relativa a la falta de competencia
territorial, la parte actora al contestarla, podrá también impugnar
la falta de competencia territorial del juzgado en favor del cual
se pretende declinar el conocimiento del asunto.
La autoridad judicial decidirá la declinatoria mediante auto,
inmediatamente después de vencido el plazo concedido a las partes
para sus alegaciones en la siguiente forma: 1) Si la autoridad
judicial considera que carece de competencia, por corresponder el
conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo
declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y ordenando
el archivo definitivo de la causa;
2) Del mismo modo procederá la autoridad judicial, si estimase la
declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje; 3)
Si la autoridad judicial considera que carece de competencia, por
corresponder el asunto de que se trate a los tribunales de otro
orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer
señalará a las partes ante qué órganos han de usar de su derecho.
Igual resolución se dictará cuando la autoridad judicial considera
que carece de competencia objetiva; y 4) Si se hubiere interpuesto
declinatoria relativa a la competencia territorial y ésta no
viniere determinada por reglas imperativas, la autoridad judicial
para estimarla, habrá de considerar competente al señalado por el
promotor de la declinatoria. La autoridad judicial al estimar la
declinatoria relativa a la competencia territorial, dejará de
conocer el asunto y remitirá el expediente a la autoridad judicial
competente, con emplazamiento de las partes para que comparezcan
ante ella en el plazo de diez días.
Artículo 48 Recursos contra la resolución de la declinatoria
Contra el auto que resuelva la
declinatoria podrán interponerse:
1) El recurso de apelación, cuando se
estime la declinatoria por falta de competencia por corresponder el
conocimiento del asunto a tribunales extranjeros, por pertenecer el
asunto a tribunales de otro orden jurisdiccional, por haberse
sometido el asunto a arbitraje o por falta de competencia objetiva;
y 2) El recurso de reposición, contra el que la declare sin lugar
por falta de competencia internacional, de competencia objetiva o,
en su caso, funcional, sin perjuicio de alegar de ser procedente,
la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la
sentencia definitiva.
Contra el auto que resuelva la
declinatoria sobre competencia territorial no cabrá recurso alguno.
En los recursos de apelación y de casación, solo se admiten
alegaciones de falta de competencia territorial, cuando en el caso
que se esté dirimiendo, fueren de aplicación normas
imperativas.
TÍTULO III
ABSTENCIÓN, RECUSACIÓN Y PREJUDICIALIDAD
Capítulo I
Procedimiento para determinar la abstención y
recusación
Artículo 49 Imparcialidad y
abstención
Los jueces, juezas, magistrados,
magistradas y secretarios o secretarias judiciales están obligados
a intervenir con absoluta imparcialidad en todo proceso sometido a
su conocimiento. En consecuencia deberán abstenerse, sin esperar a
que se les recuse, si concurre en ellos alguna de las causas de
abstención o recusación determinadas en este Código.Artículo 50 Suspensión del procedimiento
En caso de abstención o recusación se
suspenderá el procedimiento de la causa principal, notificándolo a
las partes, remitiendo de inmediato y directamente las actuaciones
al juzgado, sala o tribunal competente.Artículo 51 Nulidad absoluta de la actuación
Es nula absolutamente cualquier
resolución que se dicte, que no fuese de las relativas al
pronunciamiento de abstención, por quien está obligado a abstenerse
conforme a las causales señaladas en el artículo que se refiere a
las causas de abstención y recusación.Artículo 52 Causas de abstención y recusación
Toda autoridad judicial o secretario
y secretaria judicial deberá abstenerse o podrá ser recusado por
las causas siguientes:
1) Cuando sea parte en el proceso o tenga en él, interés personal
directo o indirecto; 2) Cuando exista parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, relación conyugal o
conviviente en unión de hecho estable, con cualquiera de las partes
que intervienen en el proceso; 3) Cuando exista parentesco en los
grados fijados en el numeral anterior, relación conyugal o
conviviente en unión de hecho estable con el abogado o abogada,
notario o notaria o asesor o asesora de alguna de las partes que
intervenga en el proceso; 4) Cuando haya sido abogado o abogada,
notario o notaria o asesor o asesora de las partes de la causa
actualmente sometida a su conocimiento, o haber dado su opinión
sobre el asunto; 5) Cuando sea guardador de alguna de las partes,
albacea, procurador de quiebra o concurso, administrador de
establecimiento o representante de persona jurídica que figure como
parte en el proceso; 6) Cuando haya sido querellado o acusado por
alguna de las partes como autor o partícipe de un delito o autor de
una falta, con anterioridad a la iniciación del proceso; 7) Cuando
sea o haya sido acusador o querellante del que recusa; 8) Cuando se
haya ordenado la remisión a juicio en caso de acusación por delitos
oficiales; 9) Cuando la autoridad judicial o secretario y
secretaria judicial, sea cónyuge o conviviente en unión de hecho
estable, ascendiente o descendiente, tenga proceso pendiente con el
recusante, promovido por alguna de las partes con anterioridad a la
instancia en que se intenta la recusación; 10) Cuando tenga
enemistad con una de las partes, contraída con anterioridad a la
iniciación del proceso; 11) Cuando sea la persona deudora,
acreedora, heredera, fiadora o socia de alguna de las partes que
figuran en el proceso. La deuda, la fianza y la sociedad deben ser
originadas antes o durante la tramitación del proceso; 12) Cuando
sea el superior jerárquico que va a conocer, pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de quien
pronunció resolución definitiva; 13) Cuando la persona haya
declarado como testigo sobre la cuestión principal o actuado como
perito y dado su dictamen; 14) Cuando haya recibido la autoridad
judicial o secretario y secretaria judicial, su cónyuge o
conviviente en unión de hecho estable, ascendiente o descendientes,
después de comenzado el proceso, servicios de alguna de las partes;
15) Cuando haya intervenido en cualquiera de las instancias del
proceso como representante del Ministerio Público o de la
Procuraduría General de la República; y 16) Cuando haya conocido en
alguna de las instancias y pronunciado resolución definitiva.
Artículo 53 Sustanciación y resolución de la abstención
En caso de abstención del
conocimiento de un asunto por concurrir algunas de las causales
señaladas por este Código, la autoridad judicial pondrá en
conocimiento, en forma justificada en el término de veinticuatro
horas a quien deba conocer del incidente, remitiendo las
diligencias y notificándolo a las partes.
Quien conozca del incidente de abstención deberá resolver en el
término de tres días. Si desestimare la abstención, devolverá las
diligencias en un término de veinticuatro horas a la autoridad
judicial que se hubiese abstenido, quien continuará conociendo del
proceso sin perjuicio de que las partes puedan plantear la
recusación.
Durante la tramitación del incidente, la autoridad judicial que
conozca del mismo no podrá pronunciarse sobre la causa principal,
salvo que a pedimento de la parte debidamente legitimada, ordene la
práctica de cualquier actuación de aseguramiento de prueba, así
como las medidas cautelares necesarias para evitar perjuicios
irreparables para las partes.
Si se estimare justificada la abstención, se levantará la
suspensión del procedimiento principal, radicándose las diligencias
ante la autoridad judicial que resolvió el incidente; y en el caso
de los tribunales colegiados, procederán a integrar sala conforme
lo establecido en la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder
Judicial para el conocimiento y resolución de la causa
principal.
Si quien se abstiene es el secretario o secretaria judicial, la
autoridad judicial que conoce de la causa principal será el
competente, debiendo resolver inmediatamente mediante auto su
separación, designando a otro secretario o secretaria para la
tramitación de la causa.Artículo 54 Improcedencia de la recusación de la autoridad
judicial
No será recusable la autoridad
judicial:
1) Que ha de conocer y resolver la recusación, salvo cuando hubiese
intervenido en el proceso o mediare parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, sea cónyuge o
conviviente en unión de hecho estable, con cualquiera de las partes
o sus representantes; 2) En procesos o actos propios de la
ejecución de sentencia; 3) En cumplimiento de actos de auxilio
judicial. Ninguna de las partes podrá intentar más de dos
recusaciones en una misma instancia, bien versen sobre el asunto
principal, bien sobre alguna incidencia; pero en todo caso, la
parte tendrá facultad para acusar al que haya intervenido con
conocimiento del impedimento legítimo.
Artículo 55 Competencia para decidir la abstención y recusación
de jueces o juezas
Serán competentes para decidir el
incidente de abstención o recusación:
1) De un juez o jueza Local, el otro u otra del mismo ramo en donde
hubieren dos; en defecto de éste, entrarán a conocer por su orden
los jueces Locales del otro ramo, y en defecto de ellos, por su
mismo orden, los respectivos suplentes; en defecto de éstos, los
jueces Locales del municipio más cercano en el mismo departamento.
2) De un juez o jueza de Distrito, el otro u otra del mismo ramo en
donde hubieren dos; en defecto de éste, entrarán a conocer, por su
orden, los jueces de Distrito del otro ramo y en defecto de ellos,
los jueces Locales del mismo departamento y dentro de la misma
circunscripción, por su respectivo orden. Cuando en el lugar no
hubiere más que un juez o jueza de Distrito, entrará a conocer por
su orden el juez o jueza de Distrito de otro ramo y en defecto de
ello, los jueces Locales del mismo departamento y dentro de la
misma circunscripción, por su respectivo orden. 3) De un juez o
jueza de Distrito o Local donde haya más de dos jueces, el juez o
jueza que siga en número ascendente del mismo ramo; en defecto de
éstos entrarán a conocer por su orden, los jueces de Distrito del
otro ramo.
Artículo 56 Competencia para decidir la abstención y recusación
en los tribunales colegiados
Será competente para conocer y
decidir la abstención o la recusación que se promueva ante los
tribunales colegiados:
1) De un magistrado o magistrada, los miembros restantes de la sala
del tribunal a que pertenezca el o la recusada o quien se hubiere
abstenido; 2) Si los recusados o recusadas fueren dos miembros de
una sala, o ejerciesen el derecho a la abstención, el restante
resuelve el incidente; 3) Si toda la sala fuera recusada o
ejercieren el derecho de abstención, el incidente lo resolverá la
otra sala del mismo ramo donde hubieren dos o más; de no existir
éstas resolverá otra Sala de distinto ramo; y 4) Si todo el
Tribunal fuere recusado o ejercieren el derecho de abstención, el
incidente lo resolverá la Sala de lo Civil del Tribunal de
Apelaciones de la circunscripción más cercana.
Artículo 57 Competencia para decidir la recusación de
secretarios o secretarias judiciales
Será competente para conocer y
decidir la recusación que se promueva contra secretarios o
secretarias judiciales, la autoridad judicial que conozca de la
causa principal.Artículo 58 Sustanciación y resolución de la recusación
La recusación se promoverá por
escrito, ante el órgano jurisdiccional, expresando concreta y
claramente la causa legal, los motivos en que se funde y ofrecerá
la prueba.
La recusación deberá promoverse por la parte interesada en la
primera actuación que esta realice en el proceso. Cuando la causal
se hubiera producido o conocido con posterioridad, deberá ser
propuesta inmediatamente después de su conocimiento la que se
resolverá en audiencia conforme a este Código.
Si la autoridad judicial aceptare como cierta la causa de
recusación, se abstendrá de intervenir en el asunto principal y
remitirá dentro de veinticuatro horas el expediente a quien
corresponda conforme a este Código.
Si el recusado fuera el secretario o
secretaria y aceptare como cierta la causa de recusación, se
abstendrá de tramitar el asunto principal e informará sin más
trámite a la autoridad judicial correspondiente, quien resolverá
por medio de auto se le tenga por separado de la tramitación del
proceso y designará a otro secretario o secretaria.
Si el recusado o recusada no aceptare la causal de recusación,
expondrá las razones de su negativa y remitirá dentro de
veinticuatro horas la causa para conocimiento y resolución del
incidente, a quien se considere competente. El recusado o recusada
tendrá derecho a intervenir en el incidente de recusación.
Recibida la recusación por quien deba conocerla, y examinados los
escritos de las partes, si la considerara manifiestamente infundada
o improcedente, la rechazará de plano. En caso contrario, convocará
a las partes a audiencia dentro del plazo de tres días, donde se
escucharán los alegatos, se practicarán las pruebas y se resolverá
el incidente sin más trámite, por medio de auto que no será objeto
de recurso alguno.
Las partes podrán adherirse u oponerse a la causa de recusación
propuesta o expresar si conocen alguna otra causa. La parte que no
proponga recusación en dicha audiencia, no podrá hacerlo con
posterioridad, salvo que acredite cumplidamente que en aquel
momento no conocía la nueva causa de recusación.
Artículo 59 Decisión, costas y multas
El auto que desestime la recusación,
acordará devolver la causa al recusado o recusada para su
conocimiento y condenará en las costas al recusante, salvo que
concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen otro
pronunciamiento. Cuando se desestime la recusación contra el
secretario o secretaria judicial, la autoridad judicial ordenará
mediante auto que continúe tramitando la causa principal.
Cuando la resolución que decida el incidente declare expresamente
la existencia de mala fe en el recusante, se rechazará de plano por
la autoridad judicial que la resuelva y se impondrá una multa del
equivalente a uno o dos salarios mínimos, la que se pagará conforme
lo dispuesto en este Código. En caso de reincidencia o no pago, la
autoridad judicial remitirá informe al Consejo Nacional de
Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia,
a fin de que aplique la medida disciplinaria que corresponda.
El auto que estime la recusación, apartará definitivamente al
recusado o recusada del conocimiento del proceso principal y
continuará conociendo del mismo hasta su conclusión, quien haya
resuelto el incidente de recusación.
Siempre que en este Código se haga referencia a salario mínimo, se
entenderá que es el salario mínimo del sector Gobierno Central y
Municipal aprobado de conformidad a la Ley No. 625, Ley
del salario mínimo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No. 120 del 26 de junio del 2007
Capítulo II
Procedimiento para determinar la prejudicialidad
Artículo 60 Prejudicialidad penal y suspensión
Planteada una cuestión prejudicial
penal que hubiere de ser fundamento preciso de una sentencia civil
o tuviere en ella influencia notoria, deberán los juzgados Civiles
suspender el pronunciamiento de ésta hasta la terminación del
proceso penal, mientras aquélla no sea resuelta por los órganos
jurisdiccionales penales competentes.
La suspensión referida se acordará de oficio o a instancia de
parte mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente solo de
sentencia, salvo que la suspensión venga motivada por la posible
existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos
aportados.
En el caso del párrafo anterior se acordará la suspensión, sin
esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se
acredite que se sigue causa penal sobre aquel delito, y a juicio de
la autoridad judicial, el documento pudiera ser decisivo para
resolver sobre el fondo del asunto. Si la parte a quien favorece el
documento renuncia a él, no se acordará la suspensión o se
levantará la misma.
Artículo 61 Levantamiento de la suspensión y sus efectos
La suspensión a que se refiere el
artículo sobre la prejudicialidad penal y suspensión, se dejará sin
efecto cuando se acredite que el proceso penal ha terminado por
sentencia firme.
Si el proceso penal sobre falsedad de un documento obedece a
acusación o querella de una de las partes y finalizare por
resolución en que se declare ser auténtico el documento o no
haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado
la suspensión del proceso civil, puede pedir en éste indemnización
de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en este
Código.Artículo 62 Recursos contra la resolución de suspensión
Contra el auto que deniegue la
suspensión del asunto civil en primera instancia, se podrá
interponer recurso de reposición, sin perjuicio de reproducir la
cuestión en segunda instancia.
Contra el auto que acuerde la suspensión en primera instancia,
cabrá recurso de apelación.Artículo 63 Prejudicialidad civil
Cuando para resolver la pretensión
del proceso sea necesario decidir sobre una cuestión objeto de otro
proceso, ante el mismo o ante diferente juez o jueza Civil, y
siempre que no fuera posible decretar la acumulación de procesos
con arreglo a lo previsto en este Código, se suspenderá aquél
proceso a instancia de parte en el momento de dictar sentencia,
hasta la definitiva resolución del proceso que tenga por objeto la
cuestión prejudicial. La certificación de la sentencia que haya
resuelto la cuestión prejudicial, se librará a petición de parte y
la aportará al proceso que hubiere sido suspendido.
Contra la decisión en virtud de la cual se decida la suspensión a
la que se refiere el apartado anterior, cabrá recurso de
apelación.
TÍTULO IV
LAS PARTES
Capítulo I
Capacidad para ser parte
Artículo 64 Capacidad para ser
parte
Pueden ser parte en un proceso civil:
1) La persona natural;
2) El concebido no nacido, en la forma que señala el Código
Civil;
3) Las personas jurídicas nacionales o extranjeras debidamente
constituidas, inscritas y autorizadas de conformidad con la ley de
la materia;
4) Las masas patrimoniales, los patrimonios separados que
carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido
privado de sus facultades de disposición y administración;
5) Las entidades sin personalidad jurídica que contraten con
terceros o le causen daño y las que la ley reconozca capacidad para
ser parte;
6) La Procuraduría General de la República, respecto de los
procesos en que haya de intervenir como parte, cuando la ley así lo
prevea;
7) La Administración Pública con arreglo a lo dispuesto en el
presente Código;
8) Los grupos de personas consumidoras y usuarias afectadas, en
los términos previstos en este Código;
9) Las sociedades irregulares que estén formadas por varias
personas que hayan dispuesto un patrimonio al servicio de un fin
determinado;
10) Los pueblos originarios y afrodescendientes en los términos
previstos en este Código y en las leyes de la materia que fueren
aplicables.
Artículo 65 La Administración pública como parte civil
Por Administración Pública se
entiende aquella definida en la Ley que regula la jurisdicción de
lo contenciosoadministrativo, y otras leyes que regulan la
materia.
La Administración Pública al intervenir en un proceso civil,
cualquiera que sea su posición procesal, se someterá al Poder
Judicial sin más normas particulares que las expresamente señaladas
en este Código u otras leyes.
Capítulo II
Capacidad Procesal
Artículo 66 Capacidad procesal y
representación
Gozan de capacidad procesal para
comparecer en un proceso, quienes puedan ejercer plenamente sus
derechos civiles establecidos en la Constitución Política y la ley
que regula la materia.
En los demás casos, se estará a las reglas siguientes:
1) Las personas naturales que no se hallen en el caso del
párrafo anterior, deberán comparecer mediante representación,
asistencia, autorización, habilitación o defensor exigidos por la
ley.
2) Por los concebidos y no nacidos, comparecerán las personas
que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.
3) Por las personas jurídicas públicas, privadas o mixtas,
nacionales o extranjeras, comparecerán quienes legalmente las
representen.
4) Las entidades sin personalidad jurídica, comparecerán en
proceso por medio de las personas que hubiesen contratado en su
nombre o por quienes las gestionen.
5) Por las masas patrimoniales y patrimonios separados
comparecerá en el proceso la persona que las represente legalmente
con facultades de disposición y administración.
6) El grupo de personas consumidoras y usuarias afectadas,
comparecerán en proceso a través de quien les represente en virtud
de pacto previo.
7) Los pueblos originarios y afrodescendientes, comparecerán en
proceso por medio de la persona que los represente con arreglo a la
ley.
Artículo 67 Suplencia de representación por asistencia jurídica
gratuita
Cuando la persona natural se
encuentre en el caso de los numerales 1) y 2) del artículo anterior
sobre la capacidad procesal y representación y no hubiere persona
que la represente o asista para comparecer en proceso, el juez o
jueza le nombrará un defensor o defensora pública, quien asumirá su
representación y defensa hasta que se designe a aquella persona,
quedando en suspenso el procedimiento mientras se nombra al
defensor o defensora.Artículo 68 Intervención de la Procuraduría General de la
República
La Procuraduría General de la
República siempre será parte en los procesos en materia de derechos
fundamentales y además, cuando en el procedimiento se tutelen
derechos de los concebidos no nacidos, niños, niñas y adolescentes,
personas con discapacidad, personas declaradas judicialmente
incapaces o quienes estén en situación de ausencia
legal.Artículo 69 Apreciación de oficio de la falta de
capacidad para ser parte y de la capacidad procesal
La falta de capacidad para ser parte
y la falta de capacidad procesal, serán apreciadas de oficio por la
autoridad judicial en cualquier momento del proceso, sin perjuicio
de las alegaciones de las partes en la primera oportunidad procesal
que tengan.
En caso de no poder subsanarse la falta de capacidad procesal, la
autoridad judicial dictará auto ordenando el archivo de las
diligencias.
Capítulo III
Legitimación
Artículo 70 Parte procesal
legítima
Serán consideradas partes procesales
legítimas, quienes comparezcan y actúen en un proceso como
titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.
También será parte procesal legítima, siempre que lo prevea la ley,
quien actúe sin ostentar la titularidad de la relación jurídica u
objeto litigioso.Artículo 71 Legitimación para la defensa de derechos e intereses
de personas consumidoras y usuarias
Sin perjuicio de la legitimación
individual de la persona consumidora y usuaria, las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas, estarán
legitimadas para la defensa en proceso de sus derechos e intereses
propios, los derechos e intereses de sus asociados y de los
intereses generales de las personas consumidoras y usuarias.
Igualmente, la Procuraduría General de la República tendrá la
legitimación para la defensa de intereses generales de las personas
consumidoras y usuarias.
Cuando los perjudicados por un hecho dañoso derivado del consumo,
sea un grupo de personas consumidoras y usuarias, cuyos integrantes
estén perfectamente determinados e identificados, o lo sean
fácilmente, la legitimación para la defensa en el proceso del
derecho o interés, corresponde a las asociaciones de consumidores y
usuarios legalmente constituidas o al grupo de personas
afectadas.
Cuando las o los perjudicados por el hecho dañoso derivado del
consumo sea una pluralidad de personas consumidoras y usuarias
indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para la
defensa en el proceso del derecho o interés, corresponde únicamente
a las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente
constituidas.Artículo 72 Legitimación para la defensa de derechos e intereses
de los pueblos originarios y afrodescendientes
Los pueblos originarios y
afrodescendientes, estarán legitimados para la defensa en proceso
de sus derechos e intereses propios y de los derechos e intereses
de sus miembros, con arreglo a lo dispuesto en las leyes de la
materia que fueren aplicables, especialmente en materia de
propiedad comunal, uso, administración, manejo de tierras
tradicionales, demarcación y titulación de las mismas.Artículo 73 Legitimación en caso de muerte de la persona
agraviada en materia de derechos fundamentales
En particular, el ejercicio de las
pretensiones de protección civil de la vida privada y familiar, la
honra y reputación de una persona fallecida, corresponde a quien
ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La designación
puede recaer en una persona jurídica.
No existiendo designación o habiendo fallecido la persona
designada, estarán legitimados para recabar la protección, el
cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, los descendientes,
ascendientes, hermanos y hermanas de la persona afectada que
viviesen al tiempo de su fallecimiento.
Cuando sobrevivan varios parientes de los señalados en el artículo
sobre la legitimación para la defensa e intereses de los pueblos
originarios y afrodescendientes, cualquiera de ellos podrá ejercer
las pretensiones previstas para la protección de los derechos del
fallecido. La misma regla se aplicará, salvo disposiciones en
contrario del fallecido, cuando hayan sido varias las personas
designadas en su testamento.
Cuando el titular del derecho lesionado fallezca sin haber podido
interponer por sí o por su representante legal la pretensión, por
las circunstancias en que la lesión se produjo, se podrá interponer
por las personas señaladas en los párrafos anteriores.
Capítulo IV
Pluralidad de partes, litisconsorcio e intervención de
terceros
Artículo 74 Litisconsorcio voluntario
activo y pasivo
Podrán comparecer y litigar de forma
conjunta como partes demandantes o demandadas, dos o más personas,
siempre que formulen sus pretensiones basadas en un mismo título o
causa de pedir, o que sus pretensiones sean conexas, o porque la
sentencia a dictarse respecto de uno pudiera afectar al
otro.Artículo 75 Litisconsorcio necesario activo y pasivo
Cuando el objeto del proceso o
pretensión, no admita división y pertenezca a varias personas, de
modo que la sentencia extienda sus efectos a todas ellas, deberán
demandar o ser demandadas de forma conjunta. En estos casos los
actos de disposición sobre la pretensión, solo serán válidos si se
realizan por todos los litisconsortes.
Los actos procesales del litisconsorte activo afectan a los
inactivos en la medida que los benefician.Artículo 76 Modo de proceder en el litisconsorcio necesario
La autoridad judicial de oficio o a
instancia de parte podrá apreciar la defectuosa constitución del
litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo.
Cuando se alegare por la parte demandada la indebida constitución
del litisconsorcio activo, se procederá conforme lo dispuesto en
este Código, en el artículo que regula la falta del debido
litisconsorcio necesario activo.
Si la autoridad judicial de oficio observare en la demanda o
contrademanda la falta de litisconsorcio necesario activo, ordenará
a la parte actora o contrademandante que dentro de cinco días
amplíe su demanda o contrademanda contra quienes falten, bajo el
apercibimiento de no admitirla según corresponda.
La parte al integrar la litis, solo podrá añadir a las
alegaciones aquellas otras imprescindibles para justificar las
pretensiones contra las y los nuevos demandados, sin alterar
sustancialmente lo pedido.
Artículo 77 Intervención de terceros no demandantes, ni
demandados originariamente
Mientras se encuentre el proceso en
tramitación y antes de la sentencia, podrán ser admitidos como
parte demandante o demandada, quienes acrediten tener interés
directo o legítimo en el resultado del proceso.
La solicitud de intervención no suspenderá el curso del proceso. De
la solicitud, la autoridad judicial convocará a audiencia a las
partes dentro del término de veinticuatro horas, en la que
resolverá mediante auto la procedencia o no de la intervención del
tercero.
Admitida por la autoridad judicial la intervención del tercero, no
se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será
considerado parte a todos los efectos, pudiendo defender sus
pretensiones o las pretensiones formuladas por su litisconsorte,
independientemente de que su litisconsorte renuncie, se allane o
desista del procedimiento.
Artículo 78 Intervención de terceros a instancia de parte y
procedimiento
Cuando la ley permita a la parte
demandada llamar a un tercero para que intervenga en el proceso,
solicitará a la autoridad judicial que sea notificada al tercero la
pendencia del proceso. La solicitud deberá presentarse dentro del
plazo otorgado para contestar la demanda.
La autoridad judicial oirá a la parte demandante en el plazo de
cinco días y resolverá mediante auto lo que proceda. Acordada la
notificación, se emplazará al tercero para contestar la demanda en
la misma forma y en idénticos términos a los establecidos para el
emplazamiento de la parte demandada.
El plazo concedido a la parte demandada para contestar la demanda,
quedará en suspenso desde la solicitud de intervención y se
iniciará el plazo concedido para contestar la demanda con la
notificación de la desestimación de su petición o, si es estimada,
con la entrega de la copia del escrito de contestación presentado
por el tercero y, en todo caso, al expirar el plazo concedido a
este último para contestar la demanda.
En los casos establecidos por la ley, la parte demandante podrá
llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, incluyendo
tal solicitud en la demanda. Admitida por la autoridad judicial tal
intervención, el interviniente será considerado parte a todos los
efectos.
Capítulo V
Sucesión procesal
Artículo 79 Sucesión procesal
La sucesión procesal se produce por
transmisión del objeto litigioso por causa de muerte o entre
vivos.
Artículo 80 Transmisión por causa de muerte del objeto
litigioso
Ocurrida la muerte o ausencia
declarada de la parte que actúa por sí misma, el proceso debe
continuar para todos los efectos con las y los sucesores, cónyuges
o convivientes en unión de hecho estable, guardadores de la
herencia yacente en su caso, ocupando en dicho proceso la misma
posición del causante, salvo el caso de proceso relativo a derechos
personalísimos.
Acreditada la defunción o ausencia
legal de cualquier litigante por quien deba sucederle, y demostrado
el vínculo con el causante o el título sucesorio, la autoridad
judicial suspenderá el proceso, comunicándolo a las demás partes y
cumplidos los trámites pertinentes, tendrá por personado al sucesor
en nombre de la o el litigante difunto, teniéndolo en cuenta en la
sentencia que se dicte.
Artículo 81 Emplazamientos en caso de sucesión procesal por
transmisión del objeto litigioso por causa de muerte
En caso de deceso de la persona
litigante, la parte contraria lo informará a la autoridad judicial
identificando a los sucesores y su domicilio, solicitando se les
notifique la existencia del proceso. La autoridad judicial
emplazará a los sucesores, para que comparezcan en el plazo de diez
días, suspendiendo el proceso hasta que se personen los sucesores o
finalice dicho plazo. Transcurrido el referido plazo se continuará
con el proceso.
Cuando la persona litigante fallecida sea la parte demandada y las
demás partes no conocieren a los sucesores, o éstos no pudieran ser
localizados, se notificará a la Procuraduría General de la
República la existencia del proceso, emplazándolo para comparecer
en el plazo de cinco días, suspendiendo el proceso hasta su
comparecencia. Transcurrido dicho plazo se continuará con el
proceso.
Cuando los sucesores de la parte demandada no quisieran comparecer,
el proceso seguirá adelante con el mismo abogado o abogada que
tenía la parte fallecida, por un plazo de sesenta días, hasta la
comparecencia de la parte representada o hasta que haya testimonio
en el proceso de haberse notificado la cesación del mandato,
transcurridos los cuales, continuará el proceso conforme lo
previsto en este Código.
Si la persona litigante fallecida fuese la parte demandante y sus
sucesores no se personasen por cualquiera de las circunstancias
expresadas en el segundo párrafo de éste artículo, dentro del plazo
de sesenta días se entenderá que ha habido desistimiento. Si la
falta de personamiento de los sucesores se debiese a que no
quisieran comparecer, se entenderá que la parte demandante renuncia
a la pretensión ejercitada y se le condenará en costas en ambos
casos.
Artículo 82 Sucesión procesal por transmisión entre vivos del
objeto litigioso
Cuando se haya transmitido, pendiente
un proceso, lo que sea objeto del mismo, la persona adquirente
podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como
parte en la posición que ocupaba la o el transmitente. La autoridad
judicial proveerá a esta petición ordenando la suspensión de las
actuaciones y oirá por cinco días a la otra parte.
Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, la autoridad
judicial, mediante auto levantará la suspensión y dispondrá que la
persona adquirente ocupe en el proceso la posición que la o el
transmitente tuviese en él.
Si dentro del plazo concedido en el párrafo anterior la otra parte
manifestase su oposición a la entrada en el proceso de la persona
adquirente, la autoridad judicial resolverá por medio de auto lo
que estime procedente.
Artículo 83 Denegación de la sucesión por transmisión entre
vivos del objeto litigioso
No se accederá a la solicitud de
sucesión cuando la parte contraria se oponga acreditando que le
competen derechos o defensas que, en relación con lo que sea objeto
del proceso, solamente puede hacer valer contra la o el
transmitente, o el derecho a reconvenir contra él, o pende una
reconvención, o si el cambio de parte pudiera dificultar
notoriamente su defensa, continuando el proceso con la o el
transmitente.
Artículo 84 Sucesión procesal en los casos de intervención a
instancia de parte
En el supuesto en el que la parte
demandada solicite la intervención de un tercero, por considerar
que su lugar en el proceso debe ser ocupado por éste, la autoridad
judicial, en audiencia oirá a las partes dentro de un plazo de
cinco días, en la que decidirá si procede o no tal sucesión
procesal.
Capítulo VI
Postulación Procesal y asistencia jurídica
Artículo 85 Postulación procesal
Solamente el abogado o abogada
autorizado legalmente, ejercerá y asumirá la asistencia o
representación procesal de la parte.Artículo 86 Asistencia jurídica
La asistencia jurídica consiste en el
acompañamiento a las partes y su intervención en todas las
actuaciones del proceso, incluidas las audiencias. Puede ser
onerosa o gratuita.
Es onerosa cuando se ejerce por abogado o abogada particular y
gratuita cuando la ejerce la Defensoría Pública, previa
acreditación de la parte que carece de recursos para litigar, de
conformidad con la ley y solo podrá concederse a quienes litiguen
en defensa de derechos o intereses propios.
Artículo 87 Intervención del abogado o abogada
La parte deberá comparecer a todos
los actos del proceso asistida por abogado o abogada, debiendo la
autoridad judicial rechazar los escritos que no llevan firma de
éste e impedir las actuaciones que se pretenden realizar sin esta
asistencia.
Así mismo, la parte podrá actuar en el proceso por medio de
apoderado o apoderada constituida conforme la ley, quien deberá
presentar el respectivo poder con el primer escrito o al realizar
la primera actuación, sin perjuicio de la facultad de la autoridad
judicial para disponer la comparecencia personal de la parte. La
autoridad judicial no admitirá la demanda o la contestación de ésta
o la actuación del abogado o abogada, si no se acredita con el
poder correspondiente.
No será preceptiva la intervención de abogado o abogada en el
proceso sumario y en la solicitud y escrito de oposición del
proceso monitorio, cuando se tramiten mediante formulario. Pero, si
en estos procesos una de las partes está asistida o representada
por abogado o abogada, la otra deberá estarlo
igualmente.Artículo 88 Actos que las partes pueden realizar por sí
mismas
Las partes podrán pedir directamente
y por sí mismas a la autoridad judicial, la adopción de medidas
urgentes de protección de sus derechos e intereses legítimos,
previo a la apertura del proceso; elaborar la demanda del proceso
sumario o monitorio que se tramiten mediante formulario, y
presentar ante la Defensoría Pública, la solicitud del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.Artículo 89 Modo de otorgar poder en proceso sumario y monitorio
mediante formulario
En los procesos sumario y monitorio
mediante formulario, las partes podrán comparecer con poder
otorgado en escritura pública o en el acto de comparecencia ante el
secretario o secretaria del despacho judicial o de la Oficina de
Recepción y Distribución de Causas y escritos, donde hubiere. Para
el otorgamiento de dicho poder, se procederá a llenar el formulario
que se proporcione en dichas oficinas.
El otorgamiento del poder mediante formulario deberá realizarse al
mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso,
antes de la primera actuación, y el poder solo servirá para ese
proceso en todas sus instancias y recursos.Artículo 90 Obligatoriedad del poder
El poder general judicial para
litigar puede conferirse para procesos determinados o en general,
para cualquier proceso en que intervenga el o la poderdante,
incluidas, en su caso, las diversas instancias, recursos y medios
de impugnación, facultándole para realizar válidamente en su
nombre, todas las actuaciones procesales comprendidas en la
tramitación de los procesos, desde los actos preparatorios hasta la
ejecución. Se requerirán facultades especiales en los casos que
señala el Código Civil y otras leyes.
El otorgamiento de facultades especiales, se rige por la máxima de
literalidad y no se presume la existencia de facultades especiales
no conferidas explícitamente.
Se requerirá poder especial o especialísimo, en los casos en que
así lo exijan las leyes.Artículo 91 Exenciones
Los abogados o abogadas, que como
cuerpo de funcionarios deban defender y representar en el proceso
civil a la administración pública, no necesitarán de poder, pero sí
deberán acreditar documentalmente su nombramiento y toma de
posesión del cargo, acompañándolo al primer escrito.
Quienes gocen del beneficio de asistencia jurídica gratuita,
tampoco necesitarán otorgar poder, siendo bastante el documento en
que conste el nombramiento y toma de posesión del cargo, que deberá
acompañar el abogado o abogada a su primer escrito
procesal.Artículo 92 Deberes del abogado o abogada surgidos del poder
Por el poder queda obligado el
abogado o abogada:
1) A realizar los actos procesales en que consista el proceso
previsto por la ley. Cuando estuviere imposibilitado o
imposibilitada para ello, lo comunicará inmediatamente a la
autoridad judicial; 2) A informar a su poderdante de los actos de
comunicación que la ley disponga, salvo que ella misma ordene que
se practiquen a las partes personalmente. La sentencia se
notificará al abogado o abogada y a la parte en su caso; 3) A
informar regularmente a su poderdante del desarrollo del proceso;
4) A recibir las copias de los escritos y documentos que las demás
partes presenten; 5) A informar a su poderdante su renuncia al
mandato que le fue otorgado; y 6) A todo aquello que la ley
disponga.
Artículo 93 Cese de la representación
Cesará el abogado o abogada en su
representación:
1) Por la revocación expresa del poder, luego que conste en el
proceso;
2) Por revocación tácita del poder, en los casos establecidos en
el Código Civil;
3) Por renuncia voluntaria no podrá el abogado o abogada
abandonar la representación, hasta tanto se provea a otra
designación dentro del plazo máximo de diez días, contados a partir
del requerimiento hecho a su poderdante. Transcurridos éstos sin
que se haya designado nuevo apoderado o apoderada, se le tendrá por
definitivamente apartado o apartada de la representación que venía
ostentando, siguiendo el proceso su curso y realizándose las
comunicaciones que se hubieren de practicar, por cédula en la tabla
de avisos;
4) Por sustituir sus facultades, siempre que se encuentre
expresamente autorizado o autorizada para ello, sin perjuicio de
reasumirlo conforme lo establecido en el Código Civil. La actuación
del nuevo abogado o abogada, obliga a la parte representada dentro
de los límites de las facultades conferidas;
5) Por abandonar el o la poderdante su pretensión u oposición
formulada y, en todo caso, por haber terminado el asunto o haberse
realizado el acto para el que hubiere otorgado el poder;
6) Por suspensión y condena según sentencia;
7) Por fallecimiento del o la poderdante, en cuyo caso, el
abogado o abogada estará obligado a poner el hecho en conocimiento
de la autoridad judicial, acreditando en forma el fallecimiento y,
si no presentare nuevo poder de los y las causahabientes, se estará
a lo dispuesto para la sucesión procesal;
8) Por fallecimiento del abogado o abogada, en cuyo caso se hará
saber al o la poderdante la defunción, a fin de que proceda a una
nueva designación en el plazo máximo de diez días. Lo mismo se hará
cuando se haya impuesto sanción de suspensión en el ejercicio de la
abogacía.
Artículo 94 El abogado o abogada común
Cuando dos o más personas constituyan
una sola parte, deberán actuar conjuntamente bajo la dirección de
un solo abogado o abogada que le asista o represente. Si no lo
hicieren, la autoridad judicial les prevendrá que deberán nombrar
un abogado o abogada común para todos ellos, en el plazo de cinco
días a partir de la notificación y en caso contrario, lo nombrará
la autoridad judicial. El auto en que se haga el nombramiento o su
certificación expedida en forma, servirá para acreditar su
personamiento como abogado o abogada común.
Nombrado el abogado o abogada común, el nombramiento podrá
revocarse por acuerdo unánime de las partes, o por la autoridad
judicial a petición de alguna de ellas, si en este caso por motivos
que justifiquen la revocación.
La revocación del poder o renuncia del abogado o abogada común, no
surte efecto mientras no se haga una nueva designación y se persone
al proceso.Artículo 95 Actuación de los sujetos procesales
La autoridad judicial ejercerá
potestad disciplinaria con respecto a las actuaciones de las partes
en el desarrollo del proceso, de conformidad con lo establecido en
la ley. Los o las intervinientes en el proceso deberán: 1) Actuar
ante la autoridad judicial con el decoro correspondiente;
2) Hacer sus alegatos en estrado, con el debido respeto y
decencia;
3) Presentar sus escritos sin expresar palabras injuriosas,
calumniosas o indecorosas contra las partes y la autoridad
judicial, bajo apercibimiento de tener dichas palabras por no
puestas; y
4) Respetar las reglas de la buena fe y actuar con lealtad,
respeto, probidad y veracidad. La autoridad judicial deberá llamar
la atención al abogado o abogada, en caso de inobservancia de lo
anterior y de acuerdo a la falta cometida, quien informará dentro
de setenta y dos horas al Consejo Nacional de Administración y
Carrera Judicial, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que correspondan.
Capítulo VII
Poder de disposición de las partes
Artículo 96 Poder de disposición de
las partes
Las partes podrán disponer de las
pretensiones interpuestas en el proceso, en cualquier momento de
sus instancias y aún en casación, o en la ejecución forzosa,
siempre conforme a la naturaleza de cada acto de disposición. A tal
efecto, las partes podrán poner fin al proceso, por carencia
sobrevenida del objeto del proceso o por satisfacción
extraprocesal, renunciar, desistir, allanarse, someterse a
arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, así como
por abandono por falta de actividad procesal de las partes.
De lo dispuesto en el punto anterior,
se exceptuarán los casos en los que la ley prohíba la disposición o
la limite por razones de orden público, de interés general, de
protección de terceros, o cuando implique fraude de ley.
Artículo 97 Carencia sobrevenida del objeto del proceso o por
satisfacción extraprocesal
Si tras la demanda o la reconvención
ocurriera alguna circunstancia sobrevenida, que determinara la
carencia de interés legítimo en obtener la protección
jurisdiccional solicitada, por desaparición de lo que sea objeto
del proceso, por haberse satisfecho las pretensiones fuera de él, o
por cualquier otra causa, la parte a quien interese lo planteará a
la autoridad judicial, quien lo pondrá en conocimiento de la parte
contraria, para que alegue o se oponga a dicho planteamiento en la
audiencia, que para ese efecto se convocará en un plazo de cinco
días.
La oposición podrá fundarse en que no se ha dado satisfacción
extraprocesal a sus pretensiones o por cualquier otro motivo, y
sostuviera que sigue existiendo interés legítimo en la protección
jurisdiccional.
Terminada la audiencia, en el plazo de tres días la autoridad
judicial decidirá por auto si procede continuar el proceso,
imponiéndose las costas del incidente a la parte que viera
rechazada su pretensión.
Si la cuestión fuese planteada por las partes, o no se hiciese
oposición a la finalización del proceso por esta causa, de
inmediato se dictará auto accediendo a lo solicitado.
El auto de terminación del proceso, tendrá los mismos efectos que
una sentencia desestimatoria y hará el pronunciamiento sobre costas
que proceda.
Contra el auto que ordene la continuación del proceso, no cabrá
recurso alguno. Contra el que acuerde su terminación, cabrá recurso
de apelación.Artículo 98 Renuncia a la pretensión
Cuando la parte actora manifieste su
renuncia a la pretensión procesal interpuesta o derecho material en
que funde su pretensión, la autoridad judicial mediante sentencia
resolverá admitiendo la renuncia y desestimando la pretensión,
salvo que la renuncia fuese legalmente improcedente, en cuyo caso
dictará auto mandando seguir el proceso adelante.
La sentencia desestimatoria tendrá efectos de cosa
juzgada.Artículo 99 Desistimiento del proceso
La parte demandante podrá desistir
unilateralmente del proceso, siempre que lo haga antes que la parte
demandada sea emplazada para contestar la demanda, y también en
cualquier momento cuando esta última se encontrare en
rebeldía.
Emplazada la parte demandada y habiendo comparecido, el
desistimiento deberá contar con su conformidad, a cuyo efecto se le
entregará copia del escrito de desistimiento, para que en el plazo
de cinco días conteste. Si la parte demandada prestare su
conformidad o no se opusiere al desistimiento, la autoridad
judicial dictará auto teniendo por desistido el proceso, sin
resolver sobre el fondo. Si la parte demandada se opusiera al
desistimiento, la autoridad judicial resolverá lo que estime
oportuno sobre la continuación del proceso.
El desistimiento también procederá de los recursos de apelación y
casación. En estos casos, la autoridad judicial dictará auto
confirmando la sentencia objeto del recurso si no hubiere
oposición; si la hubiere se aplicará lo establecido en el párrafo
anterior.
En los casos en que se dé lugar al desistimiento, quedará a salvo
el derecho de la parte actora para promover nuevo proceso sobre la
misma pretensión.Artículo 100 Allanamiento
La parte demandada podrá allanarse a
todas las pretensiones de la parte actora, aceptándolas, en cuyo
caso la autoridad judicial dictará sentencia estimatoria de acuerdo
con lo solicitado por ésta. Cuando la autoridad judicial observe
que el allanamiento es contrario a la ley, al orden público o al
interés general, o que se realiza en perjuicio de tercera persona,
o que encubre un fraude de ley, dictará auto rechazándolo y
mandando que el proceso continúe su curso.
El allanamiento podrá limitarse solo a una parte de las
pretensiones planteadas por la parte actora. En tal caso, la
autoridad judicial, siempre a instancia de la parte demandante,
podrá dictar de inmediato un auto acogiendo los puntos que hayan
sido objeto de dicho allanamiento, cuando sea posible un
pronunciamiento separado, que no prejuzgue las restantes cuestiones
no allanadas. En este caso, el proceso continuará adelante para
discutir y resolver sobre las cuestiones planteadas por la parte
actora que no hubieran sido objeto de allanamiento.
En caso que la pretensión acogida no sea cumplida por la parte
demandada, podrá ejecutarse conforme lo establecido en este Código,
sin esperar a que se resuelva el resto de pretensiones.Artículo 101 Transacción judicial
Las partes podrán transar llegando a
un acuerdo o convenio sobre la pretensión procesal, de conformidad
con el Código Civil, en cualquier momento de la primera instancia,
de los recursos o de la ejecución de sentencia.
A tal efecto, la autoridad judicial examinará el contenido del
acuerdo adoptado por las partes, comprobando que lo convenido no
implique fraude de ley o abuso de derecho, o se realice en
perjuicio de tercero, en cuyo caso no homologará el acuerdo.
Dicho acuerdo o convenio deberá ser homologado por la autoridad
judicial, que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner
fin mediante sentencia, y tendrá efecto de cosa juzgada,
archivándose lo actuado.Artículo 102 Impugnación y ejecución de la transacción
El acuerdo transaccional homologado
judicialmente, podrá impugnarse por las causas que invalidan los
contratos.
La impugnación de la validez se ejercerá ante la misma autoridad
judicial, por los trámites y con los recursos establecidos en este
Código.
Además de las partes, también estarán legitimadas para impugnar el
acuerdo transaccional, las personas a quienes afecte o pudieran
sufrir perjuicio por el mismo.Artículo 103 Ejecución del acuerdo de transacción
La sentencia que homologue el acuerdo
transaccional, se considerará título de ejecución y podrá llevarse
a efecto por los trámites de ejecución de sentencias regulados en
este Código.Artículo 104 Caducidad de la instancia y recursos
En toda clase de procesos se
considerará que las instancias y recursos han sido abandonados
cuando, a pesar del impulso de oficio de las actuaciones, no se
produzca actividad procesal alguna en el plazo de cuatro meses si
el asunto estuviere en la primera instancia, o en el plazo de tres
meses si lo fuere en segunda instancia o en dos meses si estuviere
pendiente el recurso de casación. Los plazos señalados empezarán a
contar desde la última actuación procesal o desde la última
notificación efectuada a las partes.
El abandono producirá la caducidad de la instancia o recurso y se
declarará por medio de auto, de oficio, a petición de parte o de
tercero legitimado, y contendrá la condena en costas a la parte que
diere lugar a ella, conforme a las reglas generales.
La caducidad operará también contra el Estado y demás personas de
Derecho Público.Artículo 105 Exclusión de la caducidad en el proceso de
ejecución forzosa
Las disposiciones sobre caducidad del
proceso no serán de aplicación para la ejecución forzosa, cuyas
actuaciones podrán continuar hasta lograr el cumplimiento de lo
juzgado, aunque el proceso haya quedado sin curso durante los
plazos señalados en el presente Código.Artículo 106 Exclusión de la caducidad por fuerza mayor o contra
la voluntad de las partes
No se producirá la caducidad de la
instancia o del recurso, si el procedimiento hubiere quedado
paralizado por caso fortuito o fuerza mayor.
Tampoco se producirá la caducidad, si el proceso hubiera estado
paralizado por acuerdo de las partes aprobado judicialmente.
No hay caducidad cuando el proceso estuviere en estado de sentencia
o por causa imputable a la autoridad judicial.Artículo 107 Efectos de la caducidad
Declarada y firme la caducidad en
primera instancia, la autoridad judicial ordenará el cese inmediato
de los efectos de todas las resoluciones dictadas en el proceso,
incluidas las medidas cautelares, así como la tramitación y archivo
del mismo. En los casos en que se dé lugar a la caducidad, quedará
a salvo el derecho de la parte actora para promover un nuevo
proceso sobre la misma pretensión.
Si se declarare la caducidad en segunda instancia o en el recurso
de casación, se tendrá por firme la decisión impugnada y se
devolverán los autos al juzgado de origen, junto con la
certificación correspondiente.
Artículo 108 Impugnación de la
declaración de la caducidad por fuerza mayor o por error en el
cómputo
Declarada y notificada la caducidad
conforme a las disposiciones anteriores, la parte afectada podrá
promover en el plazo de cinco días, incidente para acreditar que la
caducidad se ha debido a fuerza mayor, por causa contraria a la
voluntad de las partes, a retraso no imputable a ellas o por error
en el cómputo.
La autoridad judicial convocará a todas las partes a una audiencia,
a la que deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse,
al término de la cual dictará auto estimando la impugnación o
confirmando la caducidad del proceso. Contra este auto cabrá
recurso de apelación o de casación en su caso.
TÍTULO V
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y DE PROCESOS
Capítulo I
Acumulación de pretensiones
Artículo 109 Acumulación de
pretensiones
La acumulación de pretensiones dará
lugar a que todas ellas se ventilen en un único procedimiento y se
decidan en una sola sentencia, la que contendrá los
correspondientes pronunciamientos separadamente.
Artículo 110 Acumulación objetiva
La parte demandante podrá acumular en
la demanda cuantas pretensiones tenga frente a la parte demandada,
aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no
sean incompatibles entre sí.
Será incompatible ejercer en forma simultánea dos o más
pretensiones en un mismo proceso cuando se excluyan mutuamente o
sean contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impida o
haga ineficaz ejercer la otra u otras. En este caso no podrán
acumularse.
Artículo 111 Acumulación objetiva eventual
La parte actora podrá acumular
eventualmente pretensiones incompatibles entre sí, con expresión de
la pretensión preferente y de aquella otra u otras que ejerza para
el solo evento de que la preferente no se estime fundada.
Si la autoridad judicial estima fundada la pretensión preferente,
desestimará la o las otras pretensiones. Si por el contrario
desestima la pretensión preferente, procederá a resolver la
siguiente.
Artículo 112 Acumulación subjetiva
Podrán acumularse, ejerciéndose
simultáneamente, las pretensiones que uno o varios demandantes
tengan contra el demandado o varios demandados, siempre que entre
esas pretensiones exista un nexo por razón del título o causa de
pedir.
Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo,
cuando las pretensiones se funden en los mismos hechos.
Artículo 113 Requisitos para la acumulación de pretensiones
La admisibilidad de acumulación de
pretensiones estará condicionada a la concurrencia de los
siguientes requisitos procesales:
1) Que la autoridad judicial que
conozca de la pretensión principal, posea jurisdicción y
competencia por razón del territorio, materia o cuantía para
conocer de la solicitud de acumulación. 2) Que las pretensiones
acumuladas no tengan, por razón de su materia, que ventilarse en
procesos de diferente tipo. Las pretensiones que por razón de la
cuantía de la cosa litigiosa deban ejercerse en proceso sumario,
podrán acumularse a las de mayor cuantía.
Si se hubieren acumulado varias pretensiones indebidamente, la
autoridad judicial antes de admitir la demanda requerirá a la parte
demandante, para que subsane el defecto en el plazo de cinco días,
manteniendo las pretensiones cuya acumulación fuere posible.
Transcurrido el término sin que se produzca la subsanación, o no
fuera admisible la nueva propuesta de la parte actora, se archivará
la demanda sin más trámites.
Capítulo II
Acumulación de procesos
Artículo 114 Acumulación de
procesos
Cuando se acumulen procesos ya
iniciados, se continuará su tramitación en un único procedimiento y
se decidirá en una sola sentencia, que contendrá por separado los
correspondientes pronunciamientos.
Artículo 115 Supuestos de acumulación
Procederá la acumulación de procesos:
1) Cuando la sentencia que haya de
recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales
en el otro;
2) Cuando entre los objetos de los procesos cuya acumulación se
pide, exista tal conexión que de seguirse por separado, pudieren
dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos
contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes;
3) Cuando exista un proceso de concurso o de quiebra, al que se
halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o formule
cualquier demanda;
4) Cuando haya un proceso de testamentaría o ab intestato, al
que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se
formule una acción de las declaradas acumulables a estos procesos;
y
5) Cuando el riesgo de sentencias con pronunciamientos o
fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente
excluyentes, obedezca a la existencia simultánea de dos o más
procesos entre las mismas partes y en relación con la misma
pretensión, solamente procederá la excepción de litispendencia. De
estimarse la excepción de litispendencia, se pondrá fin al proceso
o procesos iniciados con posterioridad, con condena en las costas
causadas en estos últimos.
Artículo 116 Presupuestos procesales de la acumulación
La acumulación de procesos procede a
instancia de parte legítima; pero si los procesos se encontraren en
un mismo juzgado o tribunal, éste la podrá ordenar de oficio y es
admisible cuando:
1) El juzgado o tribunal ante quien se realice la acumulación sea
competente por razón de la materia o de la cuantía, y por razón del
fuero territorial si fuera imperativo, para conocer en todos los
procesos; y 2) Se encuentren sometidos a una misma clase de
procedimiento y que la sustanciación de todos ellos se encuentre
en la primera instancia, y que en ninguno de ellos haya finalizado
la audiencia probatoria del proceso ordinario o la audiencia del
proceso sumario.
Artículo 117 De la solicitud y sus efectos
La acumulación se solicitará por
escrito. Si los procesos se encuentran en el mismo juzgado o
tribunal, se señalarán con claridad los procesos cuya acumulación
se pide y el estado procesal en que se encuentran. De incumplirse
estos requisitos y no subsanarse, se rechazará la solicitud por
auto y sin ulterior recurso, continuando cada proceso su curso,
separadamente. Presentada correctamente la solicitud de acumulación
de procesos, no se suspenderá el trámite de éstos, debiendo
únicamente abstenerse de dictar sentencia, hasta que se decida
sobre la procedencia de la acumulación. El proceso más reciente se
acumulará al más antiguo. La antigüedad se determinará por la fecha
de la presentación de la demanda.
Artículo 118 Sustanciación
En caso de no reunir los requisitos
establecidos en este Código o no se hubiere subsanado por la parte
solicitante en el plazo de tres días, la autoridad judicial
resolverá desestimando la acumulación. Este auto no admite recurso
alguno.
Admitida a trámite la solicitud, se entregará copia a las partes
litigantes en los procesos cuya acumulación se pretenda, para que
formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo común de
cinco días; transcurridos los cuales o recibidas las alegaciones,
la autoridad judicial resolverá mediante auto dentro de los cinco
días siguientes, otorgando la acumulación si todas las partes están
de acuerdo y los procesos se encuentran ante el mismo juzgado o
tribunal.
Otorgada la acumulación, ordenará que los procesos más modernos se
unan al más antiguo. Si éstos no estuvieren en el mismo estado de
tramitación, se ordenará la suspensión del más avanzado hasta que
se halle en un estado similar.
Denegada la acumulación, los procesos
se sustanciarán separadamente, condenándose a la parte que la
hubiera promovido al pago de las costas del incidente, las que se
liquidarán con la sentencia definitiva. La denegación de la
acumulación no admite recurso alguno.
Capítulo III
Acumulación de procesos ante distintos juzgados o
tribunales
Artículo 119 Solicitud de
acumulación
La solicitud de acumulación de
procesos pendientes ante distintos juzgados o tribunales, se
sustanciará conforme a las normas contenidas en las disposiciones
anteriores y las especialidades que se indican en los artículos
siguientes.
En la solicitud se deberá indicar el juzgado o tribunal ante el
cual estuvieren pendientes los otros procesos cuya acumulación se
pretende, junto con las razones que justifican la acumulación,
acompañando certificación sobre la existencia de ellos y el estado
en que se encuentran.
Recibida la solicitud de acumulación y antes de resolver sobre la
admisión a trámite, se comunicará por el medio más rápido al otro
órgano jurisdiccional, sin suspender el trámite de los procesos
afectados, debiendo abstenerse en todo caso de dictar sentencia
mientras se decida definitivamente sobre la acumulación
pedida.
En caso que la autoridad judicial no estime procedente la solicitud
de acumulación, se comunicará al otro u otros juzgados o tribunales
quienes podrán dictar sentencia.
Artículo 120 Admisión de la acumulación y solicitud de
remisión
Si la autoridad judicial estima
procedente la solicitud de acumulación, en el mismo auto dirigirá
exhorto al que conozca del otro pleito, solicitándole la remisión
de los correspondientes procesos.
A dicho exhorto se adjuntará copia del escrito, para dar a conocer
la causa por la que se pretende la acumulación y las alegaciones
que hayan formulado las partes, referidas a su procedencia o
improcedencia.
Artículo 121 Trámite ante la solicitud de remisión
Recibida la comunicación y los
documentos adjuntos, la autoridad judicial exhortada entregará
copia de ellos a las partes litigantes que ante él hayan
comparecido, para que en el plazo de cinco días se instruyan y
presenten por escrito las alegaciones que estimen oportunas.
Artículo 122 Resolución sobre la solicitud de acumulación
La autoridad judicial exhortada
dictará auto aceptando o denegando la solicitud de acumulación. Si
ninguna de las partes personadas se opusiere a la acumulación, o si
no alegaren hechos o argumentos distintos de los alegados ante la
autoridad judicial exhortante, la exhortada solo podrá fundar su
negativa a la solicitud, en razón de que la acumulación debe
hacerse a los procesos pendientes ante él mismo.
Artículo 123 Efectos de la aceptación de la acumulación
Aceptada la acumulación ordenada por
la autoridad judicial exhortante, se remitirán los procesos y se
emplazará a las partes, para que en el plazo de cinco días se
personen ante la exhortante, a efectos de continuar con el
proceso.
Acordada la acumulación de procesos, quien deba conocer de los
mismos, suspenderá el curso del proceso más avanzado hasta que el
otro llegue al mismo estado procesal, momento en el cual se
efectuará la acumulación.
Artículo 124 Efectos de la no aceptación de la acumulación
Denegada la acumulación por la
autoridad judicial exhortada, lo pondrá en conocimiento de la
exhortante, remitiendo las diligencias al superior común, a fin de
que resuelva la discordia, emplazando a las partes de los procesos,
para que dentro del término de cinco días comparezcan ante el
superior respectivo y aleguen por escrito lo que consideren
conveniente.
El superior común decidirá por medio de auto, en el plazo de cinco
días, a la vista de los antecedentes que consten en los autos y de
las alegaciones escritas de las partes, si se hubieran presentado.
Contra el auto que se dicte no cabrá recurso alguno.Artículo 125 Disposiciones específicas
Cuando una misma autoridad judicial
fuera exhortada de acumulación por dos o más órganos
jurisdiccionales, remitirá los autos al Superior común a todos
ellos y les comunicará a las exhortantes para que suspendan la
tramitación de los procesos, mientras se pronuncia el superior
sobre la pretendida acumulación. En este caso se estará a lo
dispuesto en el artículo sobre los efectos de la no aceptación de
la acumulación.
Suscitada la acumulación en un proceso, no se admitirá solicitud de
acumulación de otro ulterior, si quien la pide hubiese iniciado el
proceso que intenta acumular, la autoridad judicial la rechazará
mediante auto.
No obstante, si se sustanciase la nueva acumulación, tan pronto
como conste el hecho se pondrá fin al mismo, con imposición de las
costas al que la hubiese intentado.
TÍTULO VI
ACTUACIONES PROCESALES
Capítulo I
Concepto y generalidades
Artículo 126 Actuaciones
procesales
Las actuaciones procesales son las
llevadas a cabo por las partes, las autoridades judiciales, sus
auxiliares y terceros ligados al proceso.
Artículo 127 Generalidades
Las actuaciones procesales que
conforman el procedimiento civil, deberán realizarse de acuerdo con
las disposiciones de la Constitución Política, de este Código, de
la Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la
República de Nicaragua y su Reglamento, siendo nulos o anulables en
caso contrario.
Las actuaciones orales se realizarán en las audiencias, bajo la
dirección del titular de la autoridad judicial o del Presidente de
la Sala y serán documentadas con arreglo a la forma prevista en
este Código.
Las actuaciones escritas contendrán
los requisitos previstos para cada una de ellas y serán firmadas
por quien las redacte. Los escritos de parte, se dirigirán a la
autoridad judicial competente y de ellos dará cuenta la secretaría
del órgano jurisdiccional.
Las actuaciones procesales que de
acuerdo a este Código deban realizarse por escrito, se harán en
papel sellado de ley, o en papel común tamaño legal, conservando el
mismo número de líneas que el papel sellado, agregando en este caso
los timbres fiscales correspondientes al valor del papel de ley,
salvo que se haga uso de formulario, se alegue el beneficio de
asistencia jurídica gratuita o se actúe como guardador para el
proceso.
Todas las actuaciones procesales se recogerán en un expediente
judicial que contendrá una o más piezas, de acuerdo con lo
dispuesto en este Código.Artículo 128 Derecho de recibir y obtener información
Las actuaciones judiciales nunca
podrán ser secretas para las partes, debiendo quedar garantizado
siempre por la autoridad judicial el estricto cumplimiento del
derecho de información y del principio de contradicción.
La autoridad judicial a través de Secretaría, facilitará a las
partes, representantes legales y abogados o abogadas, la
información que soliciten sobre el estado de las actuaciones
judiciales, que podrán examinar y conocer.
Asimismo, podrán pedir a su costa testimonios, copias certificadas
o simples, de escritos y documentos que consten en el
expediente.
Las actuaciones también podrán ser conocidas por los y las
funcionarias públicas autorizados por la ley en razón de su cargo y
por las personas que con fines de docencia o de investigación
científica, hayan sido autorizadas por el juzgado o tribunal,
previa conformidad de ambas partes.
Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse a una
parte o a su apoderado o apoderada, ni aquélla, ni ésta, podrán
examinar la actuación sino después de cumplida dicha
notificación.
Capítulo II
RequisitosArtículo 129 Requisitos generales
Las actuaciones procesales deben
reunir los requisitos de licitud, utilidad, pertinencia, claridad y
buena fe, así como los de lugar, tiempo, idioma y forma. Han de ser
realizadas con veracidad y tener por causa un interés
legítimo.
Artículo 130 Lugar de celebración de las actuaciones
procesales
Las actuaciones procesales se
realizarán en la sede del juzgado o tribunal, salvo aquellas que
por su naturaleza se deban practicar fuera de su sede.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad
judicial podrá constituirse en cualquier lugar del territorio de su
competencia, para la práctica de las actuaciones, cuando fuere
necesario o conveniente, especialmente para la práctica de la
prueba que exija el cambio de lugar.
Las actuaciones que deban realizarse fuera del territorio del
juzgado o tribunal competente, se practicarán cuando proceda,
mediante auxilio judicial.
Artículo 131 Plazo y término
Plazo, es el período de tiempo entre
dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación
procesal.
Término, es el día, y en su caso hora fijada, dentro del plazo en
que se debe realizar el acto procesal ordenado.
Cuando en este Código se indique que una actuación debe hacerse
inmediatamente o tan pronto o no exista plazo o término fijado
para su realización, se entenderá que debe realizarse dentro de las
siguientes veinticuatro horas.
Artículo 132 Tiempo de realización de las actuaciones
procesales
Las actuaciones judiciales se
practican en días y horas hábiles.
Son hábiles todos los días del año, salvo los domingos, y los que
por ley vaquen los tribunales, así como los días feriados
legalmente autorizados.
Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el
funcionamiento de las oficinas de los juzgados y tribunales, de
conformidad con la ley o por acuerdo de la Corte Suprema de
Justicia.Artículo 133 Habilitación
De oficio o a petición de parte, la
autoridad judicial puede habilitar días y horas inhábiles, en
aquellos casos en que se trate de actuaciones urgentes cuya demora
puede perjudicar a una de las partes.Artículo 134 Cómputo de los plazos
Los plazos comenzarán a correr, desde
el día siguiente a aquél en que se hubiere efectuado el acto de
comunicación, del que la ley haga depender el inicio del cómputo, y
se contará en ellos el día del vencimiento, que expirará a
medianoche.
No obstante, cuando la ley señale un plazo que comience a correr
desde la finalización de otro, aquél se computará, sin necesidad de
nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento de
éste.
En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los
inhábiles, salvo los supuestos de habilitación establecidos en el
artículo sobre la habilitación. Para efecto de los términos
judiciales, los días sábados y domingos se computarán como un solo
día.
Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a
fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente
al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último
día del mes.
Los plazos que concluyan en día inhábil se entenderán prorrogados
hasta el siguiente día hábil.Artículo 135 Preclusión de plazos y términos
Transcurrido el plazo o pasado el
término señalado para la realización de un acto procesal de parte,
se entenderá irrevocablemente precluido por el solo ministerio de
la ley, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor, apreciada por
la autoridad judicial.
El secretario o secretaria dejará constancia del transcurso del
plazo por medio de diligencia y dará cuenta a la autoridad
judicial, a fin de que dicte la resolución que corresponda.
Artículo 136 Idioma
El español es el idioma oficial del
Estado. Las lenguas de los pueblos originarios y afrodescendientes,
también tendrán uso oficial en los casos que establezca la
ley.
Cuando alguna persona de los pueblos originarios y
afrodescendientes, no conozca el idioma español o conociéndolo
prefiera hacer uso de su lengua materna, al ser interrogado o
prestar alguna declaración, o fuere preciso darle a conocer
personalmente alguna resolución, la autoridad judicial le
garantizará el uso de intérprete, a quien se le exigirá promesa de
fiel traducción.
De igual manera, se procederá conforme lo dispuesto en el párrafo
anterior, cuando alguna persona no conozca el idioma español o
lenguas oficiales propias de los pueblos originarios y
afrodescendientes.
Las personas cuya discapacidad lo requiera tendrán derecho al uso
de la escritura, o en su caso a la utilización de un intérprete de
signos o lenguaje de señas nicaragüenses, o de aquellos medios
tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la
información solicitada, como la práctica adecuada de los actos de
comunicación y otras actuaciones procesales en las que
participen.
De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará
acta sucinta, que será firmada también por el intérprete a la que
se adjuntará la grabación.
A todo documento redactado en idioma que no sea el español, se
acompañará la traducción del mismo.
Artículo 137 Forma de las actuaciones procesales
Las actuaciones procesales que
realicen los órganos jurisdiccionales y las partes, estarán sujetas
al principio de legalidad.
Los requisitos de las actuaciones
procesales, nunca podrán interpretarse de manera que se conviertan
en obstáculo insuperable, para el acceso de las personas a la
justicia.
Artículo 138 Actuaciones procesales escritas
Las actuaciones procesales que deban
realizarse por escrito, se ajustarán en cuanto a su contenido al
exigido por la ley, debiendo ser firmados por la parte y el abogado
o abogada que le asiste, excepto en los casos señalados en este
Código, indicando debajo de las firmas su nombre completo,
identificándose la o el segundo con su número de registro. Todo
escrito autorizado con la firma del abogado o abogada, releva a la
parte de la obligación de presentarlo en persona.
Las partes, el abogado o abogada que les asiste o sus apoderados,
deberán presentar sus escritos redactados en forma coherente y
legible.
El abogado o abogada que asista a la parte o la representa, podrá
enviar sus escritos a los juzgados y tribunales, por medio de un
particular, haciéndolo constar en el escrito.
Todo escrito deberá presentarse a la autoridad judicial que conozca
del proceso, por conducto de secretaría u oficina de recepción y
distribución de causas y escritos, en su caso.
Si la parte no sabe o no puede firmar, bastará con la impresión de
su huella digital o que a su ruego lo haga otra persona debidamente
identificada en el escrito. Si es el abogado o abogada que está
imposibilitado temporal o definitivamente para firmar, deberá
señalar su número de registro y firmará a su ruego otra persona
debidamente identificada. En ambos casos, la secretaría del juzgado
o tribunal o la oficina de recepción y distribución de causas y
escritos, en su caso, hará constar a continuación que la persona
conoce el texto del escrito.
Las partes presentarán a su costa, tantas copias simples de sus
escritos y documentos como partes existan en el proceso, y una
copia adicional que se le devolverá con la constancia de fecha, día
y hora de recepción por secretaría, funcionario o funcionaria
correspondiente, con expresión de los documentos que se acompañan.
Si quien las presenta no acompaña las copias, se devolverá el
escrito que no satisfaga dicho requisito.
Las actuaciones del juzgado o tribunal cumplirán las formalidades
exigidas por este Código, particularmente en lo relativo a las
resoluciones judiciales.
Artículo 139 Actuaciones procesales orales
Este Código determina qué actos de
alegación y de prueba serán orales, bajo sanción de nulidad
absoluta. Dichos actos pueden ser concentrados en la audiencia que
corresponda en una o en varias sesiones.
Artículo 140 Inmediación de las actuaciones procesales
Tanto las audiencias como las
diligencias de prueba que así lo permitan, deben realizarse por la
autoridad judicial, no pudiendo delegarlas bajo pena de nulidad
absoluta, salvo cuando la diligencia deba celebrarse en territorio
distinto al de su competencia.
Artículo 141 Publicidad de las actuaciones procesales
Se practicarán públicamente las
actuaciones de prueba y las audiencias, cuyo objeto sea oír a las
partes antes de dictar una resolución.
Todo proceso será de conocimiento público, salvo que expresamente
la ley disponga lo contrario o la autoridad judicial así lo decida,
por razones de seguridad, moral, orden público o en protección de
los intereses de niños, niñas, adolescentes o la protección de la
vida privada de las partes y de otros derechos y libertades que lo
exijan.
Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier
actuación, la autoridad judicial oirá a las partes que estuvieren
presentes. La resolución adoptará la forma de auto y contra ella no
se admitirá recurso alguno.
Las deliberaciones de los órganos jurisdiccionales colegiados serán
secretas. También lo será el resultado de las votaciones, sin
perjuicio de lo dispuesto por este Código en relación a la
publicidad de los votos disidentes o motivados.
Capítulo III
De las comunicaciones procesales
Artículo 142 Clases
La autoridad judicial se comunicará
con las partes, con los terceros y con las autoridades, en virtud
de notificación.
El emplazamiento es el llamamiento a una persona, para que
comparezca en proceso en virtud de una demanda o de un recurso
interpuesto.
La citación es el llamamiento que se hace a una parte o un tercero
para que concurra a un acto judicial determinado, con señalamiento
del lugar, fecha y hora para su realización.
El requerimiento es la intimación judicial para que conforme a la
ley, se cumpla con un mandato judicial.
El auxilio judicial entre juzgados y tribunales se realizará por
exhorto.
El libramiento de certificaciones o copias, la práctica de
cualquier actuación y la obtención de información, de registradores
y registradoras, abogados y abogadas, notarios y notarias,
corredores de comercio, funcionarios y funcionarias judiciales
auxiliares y archiveros del Estado, se realizará en virtud de
mandamiento.
La autoridad judicial se dirigirá a funcionarios y funcionarias o
empleados y empleadas de los otros Poderes del Estado, entidades
públicas y privadas, mediante oficio.
En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá,
ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se
hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que
dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.
Cuando se cite o emplace se fijará su objeto, lugar, día y hora en
que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba
realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la
prevención de los efectos que, en cada caso, la ley
establezca.
Artículo 143 Principio de notificación
Toda actuación judicial, salvo
disposición expresa en contrario, debe ser notificada a los
interesados mediante el procedimiento establecido en los artículos
siguientes, bajo la estricta responsabilidad de quien deba
practicarla.
Las resoluciones pronunciadas en audiencias, se tendrán por
notificadas sin necesidad de formalismo alguno, a quienes estén
presentes en el acto.
Artículo 144 Nulidad relativa y subsanación de los actos de
comunicación
Las resoluciones judiciales solo
producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a este
Código.
Sin embargo, cuando la persona notificada, citada, emplazada o
requerida se hubiera dado por enterada del asunto, y no denunciase
la nulidad de la diligencia en su primera actuación, surtirá ésta
desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con
arreglo a las disposiciones de este Código.Artículo 145 Notificación de resoluciones
Las resoluciones judiciales se
notificarán en el mismo día o al siguiente de dictadas, a todos los
que sean parte en el proceso y también a aquellas personas que
según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que
en su momento se dictare, así como a los terceros en los casos
previstos por este Código.
El funcionario y funcionaria o secretario o secretaria judicial que
realice la notificación, entregará en ese acto las copias de los
escritos y anexos que correspondan.Artículo 146 Práctica de la notificación
La notificación se practicará por el
secretario o secretaria judicial, oficialía mayor o notificador o
notificadora:
1) Cuando se trate del emplazamiento o citación a las partes, que
tenga por objeto la primera gestión judicial, los actos de
comunicación se le harán personalmente en el domicilio de éstas. 2)
Cuando las partes intervengan en el proceso representadas
procesalmente por abogado o abogada, se le harán a estos todas las
comunicaciones, quienes las firmarán, incluso las de sentencias y
las que tengan por objeto alguna actuación que deba realizar
personalmente el poderdante. La comunicación se dirigirá al
domicilio designado por las partes. 3) Si las partes no estuviesen
representadas por abogado o abogada, las comunicaciones se
efectuarán en cualquiera de los lugares designados por la parte
actora como domicilio de la parte demandada y surtirán efecto en
cuanto se acredite su correcta recepción y conste en acta suscrita
por el notificador o notificadora.
4) Cuando conste en autos que la
comunicación mediante remisión o envío de fax o por medio
telemático no fue efectiva, atendidos el objeto de la comunicación
y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan, la
autoridad judicial podrá ordenar que se proceda con arreglo a lo
dispuesto para la notificación por cédula.
5) Si la comunicación tuviese por objeto el personamiento en el
proceso o la realización o intervención personal de las partes, en
determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por
el interesado, se estará a lo dispuesto por medio de entrega de
copia de la resolución o cédula.
6) Cuando se trate de personas jurídicas, se notificará a su
representante, sin necesidad de individualizarlo.
7) A terceros y a personas que, sin ser parte en el proceso, puedan
intervenir en él, se efectuarán por cualquiera de los medios
previstos en este Código. La comunicación se remitirá al domicilio
que designe la parte interesada.
Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la
notificación se podrá realizar en el despacho judicial o en la
oficina de notificaciones.Artículo 147 Designación del domicilio
El domicilio de la parte demandante,
será el que se haga constar en la demanda, petición o solicitud con
que se inicie el proceso. Asimismo, la parte demandante designará,
como domicilio de la parte del demandado, a efectos del
emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que
se refiere el párrafo siguiente; en este último caso, indicará el
orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la
comunicación.
A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá como
domicilio el que aparezca en registros oficiales como domicilio
privado, profesional, o el del lugar en que desarrolle su actividad
profesional o laboral, no ocasional.
La parte demandada, una vez que haya comparecido, podrá designar,
para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.
Las partes, los terceros y otras personas que intervengan en el
proceso, deberán comunicar a la autoridad judicial cualquier cambio
de domicilio que se produzca durante la sustanciación del
mismo.
El lugar que las partes señalen para notificaciones, deberá estar
situado en la localidad donde tiene su sede el juzgado o tribunal
que conoce del proceso.Artículo 148 Notificación
La primera notificación se realizará
personalmente en el domicilio señalado por la parte actora, a quién
deba comparecer en el proceso. El funcionario o funcionaria,
secretario o secretaria judicial que deba realizar la diligencia,
concurrirá al mismo y si hallare a la persona que deba notificar,
le entregará la copia de la resolución y las copias de los escritos
y anexos que correspondan. De dicha actuación se dejará constancia
a través de acta.
De no encontrarse la persona en su
domicilio, el funcionario o funcionaria, secretario o secretaria
judicial, dejará constancia de ello y concurrirá por segunda vez en
el término de tercero día y si la encontrare procederá, conforme el
párrafo anterior, en caso contrario deberá proceder a notificar por
medio de cédula.Artículo 149 Notificación por cédula
Cuando el destinatario de la
comunicación se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la
copia de la resolución o la cédula, o no quiera firmar la
diligencia que acredita la entrega, el funcionario o funcionaria,
secretario o secretaria le advertirá sobre la obligación que le
impone el artículo sobre la notificación. Si el destinatario
insistiere en su negativa, se le hará saber que queda a su
disposición en la secretaría del juzgado o tribunal, la copia de la
resolución o cédula, produciendo sus efectos la comunicación, de
todo lo cual quedará constancia en la diligencia.
Si quien deba ser notificado no se encontrare en su domicilio, la
diligencia se llevará a cabo con su cónyuge o conviviente en unión
de hecho estable, hijos e hijas, persona de servicio o habitante de
la casa, todos mayores de dieciséis años de edad. Si no supiere o
no quisiere firmar se expresará así, dejándose constancia de la
diligencia, que suscribirá el funcionario o funcionaria, secretario
o secretaria judicial.
Si la comunicación se enviara al lugar de trabajo habitual del
destinatario, en ausencia de éste, la cédula se entregará a persona
que manifieste conocerle o, si existiere dependencia encargada de
recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella. En
ambos casos, la persona que la reciba queda en la obligación de
entregarla inmediatamente al destinatario.
Si quien deba ser notificado ya no
reside o trabaja en el lugar señalado y alguna de las personas
consultadas conociere donde localizarlo, se consignará en la
diligencia tal hecho y se notificará en el nuevo lugar
señalado.Artículo 150 Contenido de la cédula para notificaciones
La cédula expresará con la debida
precisión:
1) La autoridad judicial que haya dictado la resolución, la fecha y
hora de ésta, el proceso en que haya recaído y el número del
expediente;
2) Nombres y apellidos de las partes;
3) El nombre y apellido de la persona o razón social de la
persona jurídica a quien se haga la notificación;
4) Transcripción literal de la resolución o de la parte
resolutiva de la sentencia que haya de notificarse; y
5) Lugar, fecha, hora, nombre y firma del secretario o
secretaria, notificador o notificadora.
Artículo 151 Contenido del acta de notificación
La notificación se hará constar en
acta al pie de la actuación, con indicación del lugar, fecha y hora
de la notificación y de la resolución notificada, expresando el
nombre, apellidos, edad e identificación del notificado o de la
persona que recibió la comunicación. La persona que reciba la copia
de la resolución o la cédula, firmará la copia de ésta. El acta la
suscribirá el notificador o notificadora.
En el caso de la notificación por cédula, además de lo
anteriormente señalado, se hará constar el nombre del destinatario
de la comunicación, la fecha y la hora en la que fue buscada y no
encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que
recibe la copia de la resolución o la cédula, y su relación con el
destinatario; la comunicación así realizada producirá todos sus
efectos.
Artículo 152 Notificación por edictos
Cuando el destinatario de la
comunicación careciere de domicilio conocido o se ignore su
paradero, la autoridad judicial, mediante providencia, mandará que
se haga la comunicación por edictos, fijando la copia de la
resolución o la cédula en la tabla de avisos que deberá estar
ubicada en un lugar visible y de fácil acceso. Los edictos se
publicarán en La Gaceta, Diario Oficial, en un diario de
circulación nacional, por tres veces, con intervalo de cinco días
hábiles, a costa de la parte interesada. La copia de dichas
publicaciones se deberá agregar al expediente.
Artículo 153 Notificación por medios telemáticos
Sin menoscabo del derecho de defensa,
las partes una vez personadas en el proceso, podrán señalar
cualquier medio telemático para ser notificadas de las
comunicaciones, sea por carta certificada, telegrama, telefax o
cualquier otro medio electrónico de comunicación, que permita dejar
en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la
notificación, de la fecha de su recepción y de su contenido.
El funcionario o funcionaria, secretario o secretaria dará fe en el
expediente de la remisión y del contenido de lo remitido, y
agregando el acuse de recibo o el medio a través del cual quede
constancia de la recepción.
De ser así, el plazo correrá a partir del recibimiento de la
comunicación, según lo acredite el correo o la oficina de
transmisión. También podrá notificarse mediante otros sistemas
autorizados, siempre que no causen indefensión.
Artículo 154 Actos de comunicación mediante auxilio judicial
Los juzgados y tribunales deben
auxiliarse recíprocamente en el cumplimiento de los actos
procesales concretos y determinados que, por situación de
competencia territorial, no puedan realizar directamente.
Corresponderá por tanto, prestar el auxilio judicial al juzgado o
tribunal donde la actuación deba practicarse.
Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse por juzgado o
tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al
despacho la copia o cédula correspondiente y lo que proceda en cada
caso.
Estos actos de comunicación se cumplirán en un plazo no superior a
diez días hábiles, contados a partir de su recepción. Cuando no se
realicen en el tiempo indicado, se expresarán las causas de la
dilación.
Artículo 155 Casos en que procede el auxilio judicial
Por medio de exhorto se solicitará el
auxilio judicial para las actuaciones que hayan de efectuarse fuera
de la sede del juzgado o tribunal que conozca del asunto, incluidos
los actos de reconocimiento judicial. No podrá solicitarse el
auxilio judicial dentro de la misma localidad del juzgado o
tribunal solicitante.
Podrá pedirse el auxilio judicial para notificar a testigos que
deban rendir declaración, a la parte que deba interrogarse y a los
peritos para cumplir lo propio de su cargo, cuando su domicilio sea
fuera de la circunscripción y los actos deban realizarse en la sede
del juzgado o tribunal que esté conociendo del asunto.
Artículo 156 Contenido del exhorto
El exhorto deberá contener:
1) La designación del órgano
jurisdiccional.
2) La indicación del litigio que motiva la solicitud.
3) La designación de las partes en el proceso, y de los abogados
o abogadas que les defiendan y representen.
4) La indicación de las actuaciones cuya práctica se
solicita.
5) La mención expresa de los documentos que fuera preciso
acompañar, para el cumplimiento del exhorto.
El libramiento y autorización del exhorto corresponderá al
secretario o secretaria.Artículo 157 Remisión de la solicitud de auxilio judicial
La solicitud de auxilio judicial se
remitirá directamente al juzgado o tribunal para su realización
independientemente de su grado o cuantía, por medio de cualquier
sistema de comunicación que garantice la constancia de la
recepción, o por el sistema informático judicial, en su caso.
No obstante, si la parte a la que interese el cumplimiento del
auxilio judicial así lo solicita, se le entregará éste bajo su
responsabilidad, para que lo presente al juzgado o tribunal del
cual se requiere el auxilio judicial, dentro de los cinco días
siguientes. En este caso, la solicitud de auxilio judicial
expresará la persona que queda encargada de su gestión, que solo
podrá ser la parte o el abogado o abogada que le asista o
represente.
Artículo 158 Cumplimiento del auxilio judicial
El juzgado o tribunal que reciba la
solicitud de auxilio judicial, dispondrá su cumplimiento y lo
necesario para que se practiquen las actuaciones que en él se
soliciten, dentro del plazo señalado. Si no pudiera practicar por
sí mismo, en todo o en parte las diligencias que se le encarguen
remitirá la solicitud para su cumplimiento al órgano competente en
original o copia, con las inserciones necesarias, si éstas se
requieren para practicar algunas diligencias que fuera preciso
cumplir al mismo tiempo.
Cuando el juzgado o tribunal no pueda dar cumplimiento a la
solicitud de auxilio judicial por encontrarse la persona en otra
circunscripción lo avisará al juzgado o tribunal solicitante y
remitirá el exhorto a quien corresponda.
Cuando se demore el cumplimiento de una solicitud de auxilio
judicial sin causa justificada, el juzgado o tribunal solicitante,
de oficio o a instancia de parte, le recordará la urgencia del
cumplimiento. Si la situación persistiera, el juzgado o tribunal
obligado a cumplir el auxilio judicial incurrirá en responsabilidad
disciplinaria, informando de esta circunstancia al Consejo Nacional
de Administración y Carrera Judicial.
Las partes y los abogados o abogadas que les defiendan y
representen, podrán intervenir en las actuaciones que se practiquen
para el cumplimiento del auxilio judicial.
Artículo 159 Devolución de la solicitud de auxilio judicial
Cumplido el auxilio judicial, se
comunicará al solicitante su resultado, por medio del sistema de
comunicación que garantice la constancia de la recepción o del
sistema informático judicial.
Practicadas las actuaciones de auxilio judicial se remitirán por
correo certificado o se entregarán a la parte o al abogado o
abogada al que se hubiere encomendado la gestión del auxilio
judicial, quien las presentará en el juzgado o tribunal
solicitante, dentro de los cinco días siguientes, sin perjuicio de
la responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de
incumplimiento.Artículo 160 Auxilio judicial internacional
Las actuaciones judiciales que han de
practicarse en el extranjero, se realizarán conforme lo establecido
en los tratados internacionales aplicables en Nicaragua, y a falta
de éstos por conducto de la Corte Suprema de Justicia, que los
enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a su vez,
le dé curso en la forma en que estuviere determinada por los
tratados vigentes e invocando la recíproca conveniencia de
celeridad procesal.
Lo dispuesto anteriormente se aplicará, cuando las autoridades
judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y
tribunales en Nicaragua.
Capítulo IV
Actos de documentación
Artículo 161 Fe pública judicial
El secretario o secretaria judicial
ostenta la fe pública judicial, mediante la cual deja constancia
oficial y fehaciente en el expediente de la realización de las
actuaciones procesales.
El secretario o secretaria judicial será responsable de la
recepción de escritos, documentos y recibos que les acompañen, así
como de la producción de hechos con trascendencia procesal que
determine este Código.
El secretario o secretaria judicial expedirá las copias,
certificaciones y testimonios que determine este Código.
Artículo 162 Documentación de actuaciones procesales no
escritas
Las actuaciones orales en las
audiencias se registrarán en soporte apto para la grabación y
reproducción del sonido y de la imagen. La grabación se efectuará
bajo la supervisión del secretario o secretaria, a quien
corresponderá la custodia de las cintas, discos o dispositivos en
los que la grabación se hubiere efectuado. De estas actuaciones se
levantará acta, que consignará:
1) Designación del juzgado o tribunal, lugar, fecha, hora y número
del expediente al que corresponde;
2) El nombre de los intervinientes y constancia de inasistencia
de quienes debieron estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conociera;
3) La relación sucinta de lo actuado en la audiencia; y
4) Las constancias que la ley imponga para cada caso específico
o que el juzgado o tribunal resuelva consignar.
Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones
originales.
Los juzgados y tribunales emplearán medios técnicos de
documentación y archivo de sus actuaciones y de los escritos y
documentos que recibieren, con las debidas garantías. También
podrán emplear medios técnicos de seguimiento del estado de los
procesos y de estadística relativa a éstos.Artículo 163 Recepción de documentos y libramiento de copias
Al secretario o secretaria judicial
le corresponde:
1) Firmar la razón de recibido de los escritos, documentos y copias
que se presenten, haciendo constar la hora y fecha de la
presentación, la persona que lo haga y una descripción exacta de
los documentos acompañados y el número de copias.
2) Dar a la parte o terceros legitimados, recibo de los escritos
y documentos que presenten con expresión de la fecha y hora de
presentación. También podrá hacerse constar la recepción de
escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.
3) Entregar a los intervinientes copias simples de las actas de
las actuaciones judiciales.
4) Librar copias certificadas a los interesados a su costa, de
los folios y actuaciones no secretas, ni reservadas, con previo
conocimiento de la parte contraria.
5) Concluido el proceso, librar copias certificadas de folios de
un expediente, a la parte que lo solicite.
Artículo 164 Formación y custodia del expediente
Se formará el expediente con los
escritos, documentos y actuaciones de toda especie que se presenten
o verifiquen en el proceso, los que se irán agregando sucesivamente
en el orden de su presentación.
El secretario o secretaria judicial es responsable de la
conservación y seguridad de los expedientes. Cuidará además, que la
numeración sea sucesiva y sin intercalación de los folios, y que
las actas que contengan actuaciones judiciales sean suscritas por
la autoridad judicial y por quienes intervengan en ellas; dará fe
de su contenido y cumplirá las demás obligaciones que la ley le
señale.
Los expedientes se conservarán regularmente en el archivo judicial
o en la secretaría del juzgado o tribunal durante la tramitación
del proceso, y solo podrán ser trasladados a un lugar distinto, en
los casos previstos por la ley o por resolución de la autoridad
judicial.
La custodia de los expedientes también corresponderá a los
archiveros o archiveras, conforme a lo dispuesto en la Ley
No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República
de Nicaragua y su reglamento.Artículo 165 Reposición de expedientes o actuaciones
El juzgado o tribunal donde por
cualquier causa se mutile, destruya, pierda, sustraiga o se oculte
el original de resoluciones o de otros actos procesales necesarios,
será el competente para su reposición. Ésta se hará con las copias
de escritos o de las grabaciones que estén en poder de las partes o
del tribunal.
El procedimiento se iniciará de oficio o a petición de las partes o
sus herederos o herederas.
A la solicitud se acompañarán, en cuanto fuese posible, las copias
auténticas y privadas que se conserven de los documentos, y en otro
caso, se señalarán los protocolos o registros en que obren sus
matrices o se hubiere efectuado algún asiento o inscripción.
También se adjuntarán las copias de los escritos presentados y las
resoluciones de toda clase recaídas en el proceso, u otros
documentos que pudieran ser útiles para la reposición.
La autoridad judicial, una vez oídas las partes en una audiencia
que habrá convocado al efecto, y examinados los escritos y
documentos presentados, determinará aquellos en los que haya habido
acuerdo entre las partes y aquellos otros en que, prescindiendo de
diferencias accidentales, haya disconformidad.
Cuando no existiera ninguna controversia sobre los escritos y
documentos que afecte la reposición, la autoridad judicial dictará
auto declarando repuesto el expediente o las actuaciones y fijará
la situación procesal de la que deba partirse para el ulterior
curso del proceso de que se trate.
De existir desacuerdo total o parcial, se propondrá la prueba que
sea precisa, que se practicará en el mismo acto y si ello no fuera
posible en el plazo de diez días. La autoridad judicial resolverá
mediante auto la forma en que deben quedar repuestas las
actuaciones, o la imposibilidad de su reposición, ordenando si lo
considera necesario la renovación de los actos. La resolución será
irrecurrible.
Si repuesto el expediente o actuación, apareciera el original, la
reposición quedará sin efecto, sin afectar la sentencia en caso que
se hubiera dictado.
Capítulo V
Despacho ordinario
Artículo 166 Despacho ordinario
Despacho ordinario es la gestión que
los miembros de un juzgado o tribunal deben realizar para la
tramitación ágil del proceso. A esos efectos, la secretaría dará
cuenta al juez o jueza, magistrado o magistrada ponente:
1) De los escritos y documentos que
presenten las partes, el mismo día o al siguiente hábil. Lo mismo
hará respecto a las actas que se hubieren autorizado fuera de la
audiencia. 2) Del transcurso de los plazos procesales y del
consiguiente estado de los autos.
La autoridad judicial impulsará de
oficio el proceso hasta su conclusión, salvo que la ley disponga
otra cosa.
Artículo 167 Suspensión del proceso por acuerdo de las
partes
El proceso podrá suspenderse por
acuerdo de las partes, que será aprobado por la autoridad judicial
si procede conforme a lo dispuesto por este Código, siempre que no
perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la
suspensión no supere los sesenta días, incluida su prórroga.
Transcurrido el plazo por el que se acordó la suspensión, si
ninguna de las partes solicita su prórroga, la autoridad judicial
de oficio dentro de los dos días siguientes, ordenará el archivo
provisional del expediente, el que permanecerá en tal situación
mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca
la caducidad de la instancia.Artículo 168 Funciones de la magistrada o magistrado ponente
Para cada asunto que se tramite ante
un tribunal, habrá una magistrada o magistrado ponente designada o
designado por la presidencia de la Sala, de acuerdo al orden de
ingreso de las causas.
La designación del ponente se hará constar en la primera resolución
que se dicte y en su caso, el que le deba sustituir conforme al
turno ya establecido y con expresión de las causas que motiven la
sustitución.
En las circunscripciones donde se haya establecido el nuevo modelo
de gestión de despacho, la designación del ponente se hará de forma
aleatoria según el orden de ingreso. La designación de ponente
recaerá en todos los magistrados o magistradas, incluida la
presidencia de la Sala.
Le corresponderá privativamente al ponente:
1) El despacho ordinario de los
asuntos que le sean asignados;
2) Dar seguimiento a la tramitación de los asuntos;
3) Examinar la admisibilidad, pertinencia y utilidad de los
medios de prueba propuestos por las partes;
4) Informar a la Sala de los recursos interpuestos contra sus
decisiones;
5) Dictar y firmar las providencias de la Sala; y
6) Redactar y proponer los autos y sentencias que dicte la Sala,
sin perjuicio de lo dispuesto en este Código referido a la
redacción de las resoluciones de los tribunales.
Capítulo VI
Audiencias, preparación y desarrollo
Artículo 169 Audiencias
Las audiencias en el proceso
constituyen una fase de oralidad, que se desarrollará públicamente,
bajo la dirección de la autoridad judicial de manera indelegable,
bajo sanción de nulidad absoluta, comprometiendo su responsabilidad
funcional. En ellas las partes harán sus alegaciones, práctica de
pruebas y la sustanciación en general.
Las alegaciones a las que se refiere el párrafo anterior, en ningún
caso consistirán en la lectura de los escritos en que se formulen,
previa advertencia de suspenderle el uso de la palabra, si continúa
con esa práctica. Suspendido el uso de la palabra al infractor, se
continuará con la audiencia.
La audiencia se podrá suspender o interrumpir por las causas
establecidas en este Código. A estos efectos se entiende por
suspensión, la no realización de la audiencia fijada, debiéndose
convocar a nueva audiencia. Por interrupción se entenderá cuando
iniciada una audiencia no pueda continuarse su celebración,
debiendo señalarse en ese acto nueva fecha y hora para reanudarla.
En este caso las actuaciones realizadas dentro de la audiencia
hasta antes de su interrupción, serán plenamente
válidas.Artículo 170 Fijación de las audiencias
Deberá el juez o jueza o la
presidencia de Sala de los tribunales, fijar mediante providencia
las audiencias, a medida que los procedimientos lleguen al estado
en que deban celebrarse y por el orden respectivo. Entre el
señalamiento y la celebración de la audiencia, deberán mediar al
menos diez días hábiles.
Para la celebración de las audiencias se podrán emplear todas las
horas hábiles del día, las que se realizarán en una o más
sesiones.Artículo 171 Nuevo señalamiento de audiencia
Procederá el señalamiento de nueva
audiencia, cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito no
pudieran acudir las partes, el abogado o abogada que le asista o
represente o los que hubieran sido convocados a la audiencia en el
día señalado. En este caso, deberá el interesado avisar
inmediatamente a la autoridad judicial, acreditando la causa que
motive su solicitud de nuevo señalamiento.
Si fuese la o el testigo o la o el perito el que no pueda asistir a
la audiencia por las causas referidas en el párrafo anterior,
deberá igualmente acreditarlas y avisar inmediatamente a la
autoridad judicial.
En ambos casos, la autoridad judicial resolverá admitiendo o no la
excusa. Si la admitiere, dejará sin efecto el señalamiento y fijará
una nueva audiencia para la comparecencia requerida. En caso
contrario, mantendrá el señalamiento de la audiencia,
requiriéndoles a comparecer, bajo apercibimiento que de no hacerlo
se le impondrá una multa de uno a tres salarios mínimos
mensuales.
Si la autoridad judicial aprecia que el solicitante ha pretendido
retardar el proceso o procedido sin fundamento, le aplicará una
multa de uno a tres salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de lo
que resuelva sobre el nuevo señalamiento.Artículo 172 Celebración de las audiencias
La audiencia se iniciará por el juez
o jueza o la presidencia de la Sala, declarando que procede a
celebrarla públicamente; cuando deba celebrarse a puerta cerrada,
lo hará motivadamente. El secretario o secretaria relacionará
sucintamente los antecedentes del caso o cuestiones que hayan de
tratarse.
Además de la autoridad judicial y el secretario o secretaria, las
partes deberán comparecer asistidas de su abogado o abogada o a
través de su apoderado o apoderada.
El tiempo de intervención en los debates no podrá exceder de
treinta minutos, excepto si la complejidad del asunto lo requiera,
en cuyo caso dicho período podrá aumentarse en otros treinta
minutos como máximo. Las decisiones judiciales sobre el tiempo de
los alegatos no serán recurribles, sin perjuicio de hacer constar
la oportuna protesta.
Si se hubiera admitido prueba, se procederá a su práctica conforme
a las normas que la regulan.
Las partes presentes en la audiencia, se entenderán notificadas de
las resoluciones que allí se hagan.
Una vez concluida la audiencia, se levantará la sesión y se dará
por terminada, la cual quedará registrada conforme a lo dispuesto
en este Código.Artículo 173 Dirección de los debates
Durante el desarrollo de las
audiencias, corresponde al juez o jueza o la presidencia de Sala la
dirección de los debates y, en particular:
1) Conceder intervención por su
orden, a la parte actora y a la parte demandada, al o la recurrente
y la o el recurrido en su caso, por medio de los abogados o
abogadas que les asistan o representen, o las partes mismas, cuando
la ley lo permita.
2) Mantener, con todos los medios a su alcance, el orden en las
audiencias, exigiendo que los intervinientes y presentes guarden el
respeto y consideración debidos a los órganos jurisdiccionales y a
quienes se hallen actuando ante ellos, corrigiendo en el acto las
faltas que se cometan, del modo que se dispone en este Código.
3) Agilizar el desarrollo de las audiencias, a cuyo efecto
llamará la atención del abogado o abogada o de la parte, que en sus
intervenciones se separen notoriamente de las cuestiones que se
debatan, instándoles a evitar divagaciones innecesarias, y si no
atendiesen a la segunda advertencia que en tal sentido se les
formule, podrá retirarles el uso de la palabra.
Artículo 174 Suspensión de las audiencias
La celebración de las audiencias en
el día señalado solo podrá suspenderse:1) Por caso fortuito o fuerza mayor;
2) Por faltar el número de
magistrados o magistradas necesarios o por indisposición
sobrevenida del juez o jueza, secretario o secretaria, si estos no
pudieran ser sustituidos;
3) Por solicitarlo las partes de común acuerdo, alegando justa
causa a juicio de la autoridad judicial;
4) Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes
citadas, para ser interrogadas en la audiencia probatoria del
proceso ordinario o en la audiencia del proceso sumario, siempre
que tal imposibilidad, a juicio de la autoridad judicial sea
justificada, y se hubiese producido cuando ya no fuera posible
solicitar nuevo señalamiento;
5) Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta de la parte o
de su abogado o abogada, siempre que tal circunstancia se acredite
ante la autoridad judicial y que tales hechos se hubiesen producido
cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento;
6) Por tener el abogado o abogada dos señalamientos de
audiencias para el mismo día, resultando imposible por el horario
fijado, su asistencia a ambas, siempre que acredite suficientemente
que intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la
coincidencia.
En este caso, tendrá preferencia el
proceso de una causa penal en la que exista prisión preventiva y,
en defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo; si
los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la
audiencia correspondiente al proceso más reciente; y
7) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, las actuaciones orales
no pudiesen ser registradas en soporte apto para la grabación y
reproducción del sonido y de la imagen.
Toda suspensión que la autoridad
judicial acuerde, se comunicará en el acto o inmediatamente, a las
partes personadas y a quienes hubiesen sido citados judicialmente
en calidad de testigos, peritos o en otra condición.Artículo 175 Nuevo señalamiento de las audiencias
suspendidas
Cuando se acuerde la suspensión de la
audiencia, se hará el nuevo señalamiento para el día inmediato
posible, o tan pronto desaparezca el motivo que la
ocasionó.Artículo 176 Cambios en el personal juzgador después del
señalamiento de audiencias y posible recusación
Las partes serán notificadas por
escrito de cualquier cambio del juez o jueza, magistrado o
magistrada integrantes de la Sala, tan pronto como éste ocurra, con
antelación suficiente y en todo caso, antes de dar inicio a la
audiencia señalada, sin perjuicio de proceder a su
celebración.
Si se recusare aunque sea verbalmente al juez o jueza, magistrado o
magistrada sustitutos, se suspenderá la audiencia y se tramitará el
incidente según disponga este Código y una vez resuelto se señalará
nueva audiencia.Artículo 177 Interrupción de las audiencias
Una vez iniciada la celebración de
una audiencia, solo podrá interrumpirse:
1) Cuando la autoridad judicial deba
resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el
acto, o cuando proceda la subsanación de defectos procesales
alegados por las partes;
2) Cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la
sede del juzgado o tribunal, y no pudiera verificarse en el tiempo
intermedio entre una y otra sesión;
3) Cuando no comparezcan las o los testigos y las o los peritos
citados judicialmente y el órgano jurisdiccional considere
imprescindible la declaración o el informe de los mismos; y
4) Cuando después de iniciada la audiencia, se produzca alguna de
las circunstancias que habrían determinado la suspensión de su
celebración.
La audiencia se reanudará una vez
desaparecida la causa que motivó su interrupción, dentro de los
veinte días siguientes, haciéndose el oportuno señalamiento para la
fecha más inmediata posible.Artículo 178 Receso durante las audiencias
La autoridad judicial podrá decidir
sobre el receso de la audiencia cuando lo estimen necesario e
indicarán su reanudación en un tiempo no mayor de treinta
minutos.
Capítulo VII
Votación y fallo de los litigios
Artículo 179 Redacción y firma en los
juzgados
En los juzgados, la redacción y firma
de la resolución, se realizará por el juez o jueza que haya
celebrado la audiencia.
Cuando después de la audiencia, el juez o jueza que la hubiere
celebrado, renuncia, cesa en el cargo o se imposibilite, de manera
que no pueda dictar la resolución ni siquiera con la asistencia del
secretario o secretaria, se celebrará nueva audiencia presidida por
el juez o jueza que lo sustituya.
Artículo 180 Magistrados o magistradas a quienes corresponde
resolver los asuntos
En los órganos colegiados el estudio,
deliberación y adopción de sus decisiones, se realizará de forma
colegiada. La deliberación será efectiva y no se limitará a la
simple emisión del voto.
La deliberación y votación de las
resoluciones, se realizará por los magistrados o magistradas que
hayan asistido a la audiencia, aunque después de ésta hubieran
dejado de ejercer sus funciones, en el tribunal que conoció del
asunto.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los magistrados
o magistradas que, después de la audiencia:
1) Hubieren perdido la condición de
magistrado o magistrada.
2) Estuvieren suspendidos del ejercicio de sus funciones.
3) Hayan accedido a cargo público o profesión incompatible con
el ejercicio de la función jurisdiccional.
Artículo 181 Información sobre el contenido de los
expedientes
El o la ponente tendrá a su
disposición el expediente y los demás miembros de la Sala podrán
examinarlo en cualquier tiempo. Cuando lo pidieren varios, fijará
el orden y tiempo que cada uno de ellos ha de tenerlo, a fin de que
no haya demora para que puedan dictarse las resoluciones dentro del
plazo señalado para ello.Artículo 182 Momentos de la deliberación y votación
En los órganos jurisdiccionales
colegiados, se discutirán y votarán las resoluciones inmediatamente
después de celebrada la audiencia, y cuando esto no sea posible, el
presidente señalará el día y la hora en que se han de discutir y
votar, dentro del plazo no mayor de diez días.
No podrá excusarse de intervenir en la discusión o acuerdo, ninguno
de los magistrados o magistradas que hubiesen concurrido a la
audiencia.Artículo 183 Forma de la discusión
En los órganos jurisdiccionales
colegiados, la discusión y votación de las sentencias, será
dirigida por la presidencia y se verificará siempre a puerta
cerrada.
El magistrado o magistrada ponente someterá a la deliberación de la
Sala, los puntos de hecho y las cuestiones y fundamentos de
derecho, así como la decisión que a su juicio, deba recaer y previa
la discusión necesaria, se procederá a la votación.Artículo 184 Votación de las sentencias
La presidencia podrá acordar, que la
votación tenga lugar separadamente sobre los distintos
pronunciamientos de hecho o de derecho, o sobre parte de la
decisión que haya de dictarse.
Votará primero el o la ponente y después los restantes magistrados
o magistradas.
Empezada la votación no podrá interrumpirse, sino por algún
impedimento insuperable.
Artículo 185 Imposibilidad del magistrado o magistrada después
de la audiencia, para emitir el voto
En caso de imposibilitarse algún
magistrado o magistrada después de la audiencia, de suerte que no
pueda asistir a la discusión y votación, emitirá su voto por
escrito, fundado y firmado, y lo remitirá por conducto de
secretaría a los restantes integrantes de la Sala. Si no pudiera
escribir, se valdrá del secretario o la secretaria de Sala
respectivo, quien además hará constar en la sentencia que el
magistrado o magistrada votó, pero no puede firmar.
El voto así emitido, se computará con los demás y se conservará en
el libro de votos.
Cuando el magistrado o magistrada imposibilitado no pudiere votar
en la forma señalada anteriormente, si los restantes que hubieren
asistido a la audiencia forman mayoría, decidirán el asunto. En
caso contrario, se procederá a nueva audiencia, con asistencia de
los que hubieran concurrido a la anterior y de aquél o aquéllos que
deban sustituir a los imposibilitados hasta completar la Sala, de
conformidad a este Código.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará también cuando
alguno de los magistrados o magistradas que participaron en la
nueva audiencia, no pueda intervenir en la deliberación y votación,
por hallarse en alguno de los supuestos anteriores.
Artículo 186 Mayoría de votos
En los órganos jurisdiccionales
colegiados, los autos y sentencias se dictarán por mayoría de
votos, y deberán ser suscritos, aún por los que disientan o emitan
voto particular. La no firma de un magistrado o magistrada
disidente en el plazo establecido en el presente Código para emitir
sentencia, no afecta la validez de la sentencia tomada por
mayoría.Artículo 187 Voto particular
Todo magistrado o magistrada que tome
parte en la votación, tiene derecho a disentir de la mayoría
mediante voto motivado, expresándolo al momento de la votación o de
la firma.
El voto particular con la firma del autor, se copiará literalmente
a continuación del fallo mayoritario en el libro de votos y se
incorporará íntegramente a la sentencia.
También podrá formularse voto particular de los autos; éstos no se
copiarán en el libro de votos.
El voto particular, también podrá emitirse por separado de la
sentencia en el plazo establecido para dictarse ésta; si el
magistrado o magistrada no lo hace, se incorporará cuando lo
presente únicamente en el libro de votos.Artículo 188 Discordias
Cuando en la votación de una
resolución no se obtenga mayoría de votos, sobre cualquiera de los
pronunciamientos de hecho o de derecho que deban hacerse, volverán
a discutirse y a votarse los puntos en que hayan disentido los
votantes.
En los casos en que no se haya realizado audiencia, si no se
obtuviere acuerdo, la discordia se resolverá mediante nueva
votación, con los magistrados o magistradas discordantes más el
número necesario de magistrados o magistradas de otra Sala. Si la
Sala en discordia estuviera integrada con un número impar de
miembros, se integrará con dos magistrados o magistradas más de
otra Sala; y si estuviera integrada por número par se llamará a
integrarla con tres magistrados o magistradas más de otra Sala,
para lograr resolver la discordia.
Cuando en la votación de una resolución en la forma prevista en el
párrafo anterior, no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos
discordados, se procederá a nueva votación, sometiendo a ésta solo
las dos opiniones que hayan obtenido mayor número de votos en la
precedente.
La decisión será votada por los discordantes y los dirimentes,
produciéndose el fallo con la mayoría de votos de sus
miembros.Artículo 189 Redacción de las resoluciones en los órganos
jurisdiccionales colegiados
En los órganos jurisdiccionales
colegiados, corresponderá al ponente la redacción de las
resoluciones que se hayan sometido a discusión, conforme lo
acordado.
Cuando el ponente no estuviera de acuerdo con el voto de la
mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular
motivadamente su voto particular. En este caso, el presidente
encomendará la redacción a otro magistrado o magistrada y dispondrá
lo necesario para reordenar el turno de las ponencias.Artículo 190 Libro de votos
Los tribunales llevarán un libro de
votos formado con la parte resolutiva de la sentencia y los votos
particulares cuando hubiere disentimiento. El libro de votos
constará de trescientos folios sellados, rubricados y numerados en
orden sucesivo, iniciándose con el acta de apertura y concluyéndose
con el acta de cierre, ambas firmadas y selladas por la presidencia
y secretario o secretaria de Sala. Los folios se empastarán para
formar el libro.
Capítulo VIII
Clases de resoluciones judiciales
Artículo 191 Providencias, autos y
sentencias
Las resoluciones de la autoridad
judicial se denominarán providencias, autos y sentencias.
Mediante providencias se ordenará el impulso procesal, siempre que
el tema resuelto no exija motivación y no afecte los derechos
fundamentales de las partes. En todo caso se citará el fundamento
de derecho aplicable.
Adoptará la forma de auto, toda resolución motivada y fundada que
decida sobre recursos contra providencias, sobre admisión o
inadmisión de demanda, de reconvención y de acumulación de
pretensiones y procesos, sobre presupuestos procesales, admisión o
inadmisión de la prueba, medidas cautelares, nulidad o validez de
las actuaciones y cualesquiera cuestiones incidentales, tengan o no
señalada en este Código tramitación especial. También revestirán la
forma de auto, las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de
una instancia o recurso, antes que concluya su tramitación
ordinaria.
Adoptará la forma de sentencia la resolución que ponga fin al
proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido
su tramitación ordinaria prevista en este Código. También se
resolverán mediante sentencia, la renuncia, la aprobación judicial
de transacciones y convenios, los recursos extraordinarios y otros
medios de impugnación.Artículo 192 Resoluciones definitivas
Son resoluciones definitivas las que
ponen fin a la primera y a la segunda instancia.Artículo 193 Resoluciones firmes
Son resoluciones firmes aquellas
contra las que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley,
o porque estando previsto, transcurrió el plazo legalmente fijado,
sin que ninguna de las partes lo haya presentado; o porque
habiéndolo presentado, desistiera el recurrente, o porque no
hubiera sido admitido.Artículo 194 Ejecutoria
El secretario o secretaria judicial o
de Sala de los tribunales colegiados, certificará la sentencia o
resolución firme, denominándola ejecutoria, insertando además las
anteriores sentencias o resoluciones cuando la complementen, así
como la constancia de las notificaciones.
Capítulo IX
Requisitos generales de las resoluciones
Artículo 195 Requisitos generales
Todas las resoluciones incluirán la
indicación de la autoridad judicial que las dicte, la mención del
lugar, fecha y hora en que se emitan, nombre del juez o jueza,
magistrados o magistradas que lo integran, su firma o firmas y el
nombre del ponente.
En la resolución se indicará si cabe algún recurso contra ella, con
expresión del recurso que proceda, del órgano ante el que debe
interponerse y del plazo para recurrir, así como la prevención de
los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
No perjudicará al recurrente el error de la autoridad judicial en
la indicación a las partes del derecho a impugnar una resolución,
del plazo y de la autoridad ante la que se deberá ejercer el
derecho; tampoco le perjudicará la admisión incorrecta de un
recurso. En estos casos el recurrente podrá nuevamente hacer uso de
su derecho, conforme lo dispuesto en este Código.Artículo 196 Requisitos formales de las providencias
Las providencias se limitarán a
expresar lo que por ellas se mande. Cuando la autoridad judicial lo
considere conveniente, incluirá una motivación sucinta. En todo
caso, se expresará el fundamento de derecho aplicable.
En el caso de providencias dictadas por órganos colegiados, bastará
con la firma del ponente o presidencia en su caso.Artículo 197 Requisitos formales de los autos
Los autos serán siempre motivados y
fundados, conteniendo en párrafos separados y numerados, los
antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se
base la parte dispositiva o fallo.
Los autos que deban emitirse durante el desarrollo de las
audiencias se dictarán oralmente; el secretario o secretaria en el
acta, hará una breve relación de la motivación y fundamentación que
de los mismos se hiciera, asegurándose que de los hechos y razones
jurídicas que los han motivado, ha quedado constancia en la
grabación.Artículo 198 Requisitos formales de las sentencias
Las sentencias se dictarán en nombre
de la República de Nicaragua, serán siempre motivadas y contendrán,
en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los
fundamentos de derecho en los que se base la parte dispositiva o
fallo.
En particular, la redacción de las sentencias se ajustará a los
siguientes requisitos formales:
1) La designación del juzgado o tribunal y la mención de lugar,
fecha y hora en que se dicte.
2) Deberán expresarse los nombres de las partes, estado civil,
su domicilio, profesión u oficio, y, cuando sea necesario, la
legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así
como los nombres de los abogados o abogadas que las hayan asistido
o representado y el objeto del proceso.
3) En los antecedentes de hecho, se consignarán con la claridad
y la concisión posible y en párrafos separados y numerados, las
pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las
funden, que hayan sido alegados oportunamente y tengan relación con
las cuestiones que deban resolverse, las pruebas que se hubiesen
propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.
4) Los fundamentos de derecho expresarán, en párrafos separados
y numerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las
cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales
del fallo que haya de dictarse, con expresión concreta de las
normas jurídicas constitucionales, demás normas jurídicas
aplicables al caso, incluyendo los tratados internacionales
ratificados por Nicaragua cuando fuere procedente.
5) El fallo contendrá numerados los pronunciamientos
correspondientes a cada una de las pretensiones de las partes, así
como sobre las costas. También determinará la cantidad objeto de la
condena, sin que pueda reservarse su determinación para la
ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto para casos
admisibles de condenas con reserva de liquidación.
Al finalizar la audiencia probatoria del proceso ordinario o la
audiencia del proceso sumario, el juez o jueza, magistrados o
magistradas podrán emitir el fallo en forma oral, dictando
posteriormente la sentencia conforme este Código.
Capítulo X
Requisitos internos de la sentencia
Artículo 199 Claridad, precisión y
exhaustividad
Las sentencias deben ser claras,
precisas y exhaustivas.
La autoridad judicial sin apartarse de la causa de pedir, los
supuestos de hecho y fundamentos de derecho alegados en cada caso
particular, resolverá conforme a las normas jurídicas pertinentes o
aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o
alegadas por las partes.
Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, la
autoridad judicial hará con la debida separación, el
pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.Artículo 200 Valoración sobre la distribución de la carga
probatoria
Cuando al tiempo de dictar sentencia
la autoridad judicial considere dudosos algunos hechos relevantes
para la decisión, desestimarán las pretensiones de la parte actora
o de la parte reconviniente, o de la parte demandada o reconvenida,
según corresponda a uno u otro la carga de probar los hechos que
permanezcan inciertos y que fundamenten las pretensiones, con
arreglo a lo dispuesto en este Código para la distribución de la
carga probatoria.Artículo 201 Motivación
Las sentencias se motivarán
expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la
apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e
interpretación del Derecho.
La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y
jurídicos del proceso, considerados individualmente y en conjunto,
ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la
razón.Artículo 202 Congruencia
Las sentencias deben ser congruentes
con las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el
proceso.
Las sentencias contendrán los pronunciamientos que deriven de las
pretensiones declarativas, de condena o constitutivas, deducidas
por las partes y que hayan sido objeto de debate.Artículo 203 Sentencias con reserva de liquidación
Cuando se reclame en el proceso el
pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas,
utilidades o productos de cualquier clase, siempre a pedimento de
la parte actora en su demanda, la sentencia declarará el derecho al
pago y la condena al mismo, estableciendo el importe exacto de las
cantidades respectivas, sin perjuicio de las meras operaciones
aritméticas que sean necesarias en ejecución de sentencia.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia de
condena establecerá el importe exacto de las cantidades
respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su
liquidación, que se efectuará en la ejecución.Artículo 204 Condena al pago de intereses o de prestaciones
periódicas
Cuando se reclame el pago de
intereses o de prestaciones periódicas, se podrá instar en la
demanda la condena a los que se devenguen con posterioridad al
momento en que se presentó, y la sentencia podrá incluir la condena
a satisfacer los que se devenguen después de dictada y hasta su
total ejecución.
Capítulo XI
Plazos
Artículo 205 Plazo para dictar las
resoluciones judiciales
Las providencias, los autos y las
sentencias serán dictados dentro del plazo que este Código
establezca en cada proceso.
La inobservancia del plazo mediando justa causa, se hará constar en
la resolución.
Cuando las autoridades judiciales no dicten sus resoluciones en los
plazos fijados en este Código, salvo causa justificada, incurrirán
en responsabilidad civil y disciplinaria de conformidad con la
Ley.Artículo 206 Publicación, archivo y registro de resoluciones
Las resoluciones definitivas que
pongan fin al proceso, una vez extendidas y firmadas por la
autoridad judicial que la hubiere dictado, serán notificadas,
dándoseles publicidad en la forma permitida u ordenada por la
Constitución Política y las leyes, remitiéndose el expediente al
archivo correspondiente.
Cuando el expediente deba ser regresado al juzgado o tribunal de
origen, los secretarios o secretarias incorporarán en el
expediente, certificación literal de las sentencias y demás
resoluciones definitivas.
Los juzgados y tribunales llevarán un libro de sentencia, formado
con una copia fiel de cada una de las sentencias definitivas y
autos de igual carácter, firmadas por el juez, jueza o presidencia
de la Sala y el o la secretaria autorizante. El libro de sentencias
constará de trescientos folios sellados, rubricados y numerados en
orden sucesivo, iniciándose con el acta de apertura y concluyéndose
con el acta de cierre, ambas firmadas y selladas por el juez, jueza
o presidencia de la Sala y el o la secretaria respectiva. Los
folios se empastarán para formar el libro.
En los tribunales además del libro de sentencias, se llevará un
libro de votos bajo la custodia de la secretaría de la Sala, que
contendrá los que se hubieren formulado, incluidos los votos
particulares.Artículo 207 Invariabilidad de las resoluciones
La autoridad judicial no podrá variar
las resoluciones que pronuncie después de firmadas, pero sí aclarar
algún concepto oscuro, rectificar cualquier error material
manifiesto y los aritméticos, así como salvar las
omisiones.Artículo 208 Aclaración y corrección de las resoluciones
Las aclaraciones de conceptos
oscuros, podrán hacerse de oficio dentro de los tres días de
dictada o notificada la resolución; la parte podrá solicitarlas
dentro del mismo plazo a partir de su notificación, debiendo
resolverse mediante auto dentro de los tres días siguientes de
presentada la solicitud.
La rectificación de errores materiales manifiestos y los
aritméticos contenidos en las resoluciones judiciales, podrá
hacerse en cualquier momento, incluso de oficio.
Contra estas resoluciones no cabe recurso alguno.Artículo 209 Omisión y subsanación de resoluciones
Las omisiones en sentencias que fuere
necesario subsanar para llevarlas plenamente a efecto, se harán
mediante sentencia; si la omisión se produjo al dictarse un auto,
se subsanará mediante auto. En ambos casos, la subsanación se hará
en los mismos plazos y procedimientos establecidos en el artículo
anterior sobre la aclaración y corrección de las resoluciones.
Contra la sentencia o auto que subsane la omisión no cabrá recurso
alguno.
Cuando mediante auto se deniegue la subsanación de la omisión de
las resoluciones judiciales no cabrá recurso alguno.
Si se hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a
pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso,
a solicitud de parte la autoridad judicial mediante sentencia,
resolverá lo que estime procedente. La solicitud se hará por
escrito, en el plazo de tres días a partir del día siguiente de
notificada la resolución, acompañando las copias respectivas. De
dicha solicitud se oirá a la parte contraria, para que dentro de
tercero día presente alegaciones por escrito y con lo que conteste
o no, se resolverá lo procedente dentro de tercero día.
Si la autoridad judicial advirtiese las omisiones a que se refiere
el párrafo anterior, podrá de oficio dentro de tercero día de haber
sido dictada y autorizada, antes de su notificación, subsanar su
omisión mediante sentencia, pero sin modificar, ni rectificar lo
que hubiere resuelto.
Contra la sentencia o auto a que se refiera la solicitud o
actuación de oficio del tribunal relativa a la subsanación, cabrán
los recursos que procedan. Los plazos para estos recursos,
comenzarán a computarse desde el día siguiente a la notificación
del auto que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y
acordara o denegara remediarla.Artículo 210 Cosa juzgada
La cosa juzgada de las sentencias
firmes excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto
sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la
reconvención, así como a la compensación y a la nulidad del negocio
jurídico en que se funde la demanda.
No integra la cosa juzgada y se consideran hechos nuevos y
distintos, en relación con el fundamento de las referidas
pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos
de alegación en el proceso en que aquéllas se formularán.
La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y
a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no
litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la
legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo
referido a la legitimación para la defensa de los derechos e
intereses de las personas consumidoras y usuarias.
Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que
haya puesto fin a un proceso, vinculará al tribunal de un proceso
posterior, si fuera su antecedente lógico por tratarse del mismo
objeto o conexo con el mismo, siempre que las y los litigantes de
ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a
ellas y ellos por disposición legal.
La cosa juzgada es eficaz frente a terceros, aunque no hubieran
litigado en las cuestiones relativas al estado civil de las
personas y en las de validez o nulidad de las disposiciones
testamentarias. Las sentencias que se dicten sobre impugnación de
acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no
hubieran litigado.
A los efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos
aducidos en un proceso, se considerarán los mismos que los alegados
en otro proceso anterior, si hubieran podido alegarse en
éste.
Capítulo XII
Nulidad de los actos procesale
Artículo 211 Principio de legalidad y
trascendencia de la nulidad
Las autoridades judiciales
garantizarán la estabilidad de los procesos, evitando o corrigiendo
las faltas que puedan anular cualquier acto procesal.
La nulidad de la actuación procesal no se declarará sino en los
casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en
el acto alguna formalidad esencial para su validez, causando
perjuicio a las partes; cuando se atente contra el orden público o
se viole el principio de legítima defensa.
Artículo 212 Clases
El incumplimiento de los requisitos
contemplados por las leyes con relación a los actos procesales,
dará lugar a su nulidad absoluta o a su nulidad relativa o
anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos
siguientes.Artículo 213 Causas de nulidad absoluta
Los actos procesales serán nulos
absolutos en los casos siguientes:
1) Cuando se produzcan por o ante juzgado o tribunal, con falta
de competencia objetiva o funcional;
2) Cuando se produzcan con falta de competencia territorial,
fijada imperativamente;
3) Cuando se realicen bajo violencia o intimidación;
4) Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento,
siempre que por esa causa, se haya producido indefensión;
5) Cuando se realicen sin intervención de abogado o abogada, en
los casos en que este Código la establezca como obligatoria;
6) Cuando se produzca fraude procesal en contra del funcionario
o funcionaria; y
7) En los casos en que este Código y demás leyes así lo
determinen.
Artículo 214 Nulidad relativa o anulabilidad
Los actos procesales que contengan
irregularidades, que impliquen ausencia de los requisitos
indispensables para alcanzar su fin, serán anulables a instancia de
parte y siempre que no sea posible subsanarlos.
Si la parte a quien interese no impugna un acto anulable, quedará
válido una vez que la respectiva resolución obtenga carácter de
firme.
Las actuaciones judiciales realizadas fuera del tiempo establecido,
solo podrán anularse si lo impusiere la naturaleza del término o
plazo.Artículo 215 Vías procesales para la reclamación de la nulidad
absoluta y relativa o anulabilidad
La nulidad absoluta de los actos
procesales podrá alegarse en cualquier momento y en cualquier
instancia a solicitud de parte, y se hará valer por medio de los
recursos establecidos en este Código. Sin perjuicio de lo anterior,
la autoridad judicial podrá decretar de oficio la nulidad.
En los casos de nulidad relativa o anulabilidad, las partes en la
primera oportunidad que tuvieren, y antes de que hubiere recaído
resolución que ponga fin al proceso, podrán promover por medio de
los recursos establecidos en este Código, la nulidad de todas las
actuaciones o de alguna en particular.
Promovido un recurso, en ningún caso podrá la autoridad judicial,
decretar de oficio una nulidad de actuaciones que no haya sido
solicitada en el mismo, salvo que apreciara causas de nulidad
absoluta.Artículo 216 Efectos de la nulidad absoluta
Si se estimara la nulidad absoluta,
se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al
defecto que la haya originado, y se seguirá el procedimiento
legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de dicha
nulidad, se condenará en costas a la parte solicitante.
Artículo 217 Actuaciones con intimidación o violencia
Cuando la autoridad judicial hubiere
actuado bajo intimidación o violencia, tan luego como se vea libre
de ella, declarará nulo absolutamente todo lo practicado y
promoverá causa penal contra los culpables, poniendo los hechos en
conocimiento del Ministerio Público.
También se declararán nulos absolutamente las actuaciones de las
partes, o de personas que intervengan en el proceso, si se acredita
que se produjeron bajo intimidación o violencia. La nulidad se
extenderá a todas las demás actuaciones relacionadas o que pudieran
haberse visto condicionadas o influidas sustancialmente por la
actuación nula.
Artículo 218 Efectos de la nulidad relativa o anulabilidad
La nulidad relativa de una actuación
procesal, no implicará la de las sucesivas que fueran
independientes de aquélla, ni de las que no alteren su contenido
aunque la actuación se declare nula.
Cuando la nulidad relativa no afecte la totalidad de una actuación
procesal, la declaración respectiva alcanzará únicamente a la parte
de dicha actuación que estuviera afectada por aquélla.
Capítulo XIII
Costas y multas
Artículo 219 Las costas
Por costas se entenderán los
honorarios y gastos necesarios para iniciar, tramitar y concluir un
proceso.Artículo 220 Integración de las costas
Las costas estarán integradas por:
1) Honorarios de los abogados o abogadas por su asistencia o
representación;
2) Honorarios de las y los peritos y otros gastos que deban
realizarse por intervención de otras personas en el proceso;
3) Inserción de anuncios o edictos, que obligatoriamente deban
publicarse durante el proceso;
4) Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos
análogos, que hayan de solicitarse conforme la ley, salvo los que
se reclamen por la autoridad judicial; y
5) Derechos arancelarios que deban pagarse, como consecuencia de
actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
Las y los peritos y otras personas
que hayan intervenido en el proceso, podrán reclamar sus honorarios
y gastos de la parte o partes que deban satisfacerlos, sin esperar
que el proceso finalice y con independencia del eventual
pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga.
Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente conste que se
causaron, en la medida de su comprobación.Artículo 221 Responsabilidad del pago
Cada parte será directamente
responsable de las costas del proceso que se ocasionen, por las
actuaciones que lleve a cabo y por las que pida, debiendo
anticiparlas cuando así lo establezca este Código.
Cuando una de las partes fuere condenada en costas, indemnizará a
la otra de todos los gastos necesarios que hubiera hecho, conforme
este Código y la ley. En ningún caso estas indemnizaciones
excederán del veinticinco por ciento del valor de lo
litigado.
Quedan a salvo del pago de costas quienes gocen del beneficio de
asistencia jurídica gratuita.
Artículo 222 Condena al pago de costas
Las costas de la primera instancia,
se impondrán a la parte a quien se le hayan rechazado todas sus
pretensiones. En este caso, el reintegro de las costas se deberá
desde que haya sentencia firme de cualquier instancia.
Cuando hubiere vencimiento recíproco, cada parte estará obligada al
pago de las costas de la contraria y en este caso, procederá la
compensación. Mientras no estén liquidadas las costas de ambas
partes, no podrá procederse a su ejecución.
Si fuera parcial la estimación o desestimación de las pretensiones,
cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y
proporcionalmente las que sean comunes.
Las costas de la segunda instancia y de la casación, deberán ser
reintegradas por la parte que recurrió, siempre que la sentencia
recurrida adquiera firmeza en todos sus términos, ya sea por
confirmación, desistimiento, o renuncia al recurso.
En los incidentes, las costas se impondrán a la parte perdidosa,
pudiendo la autoridad judicial exonerarlas cuando se trate de
cuestiones dudosas de derecho. La liquidación de estas costas se
hará al finalizar el proceso. A quien corresponda recibir el pago
de las costas, podrá solicitar la liquidación antes de terminar el
proceso, en cuyo caso se tramitará en pieza separada.
Las costas de las medidas cautelares, serán reintegradas en la
misma forma que se dispone para el pago de las costas en primera
instancia, del respectivo proceso principal.
En los procesos de ejecución, la parte ejecutada reintegrará las
costas a la parte ejecutante. Si la ejecución resultare desestimada
por no corresponder jurídicamente, la parte que solicitó la
ejecución reintegrará las costas a su contraparte.
La autoridad judicial podrá apartarse prudentemente y de manera
fundada de las reglas precedentes, y eximir el pago de las costas
cuando estimaren que la parte perdidosa no había litigado con
malicia, dolo, ni fraude, o considere que ha tenido motivos
racionales para litigar.
Las costas proceden contra las municipalidades, entes autónomos
descentralizados, empresas del Estado y demás establecimientos
públicos, pero no se impondrán a la Procuraduría General de la
República en los procesos en que intervenga como parte, según la
ley.
No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a
escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no
autorizadas legalmente, ni las partidas enumeradas en la solicitud,
que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios
que no se hayan devengado en el proceso.
Tampoco se incluirán en la tasación, las costas de actuaciones o
incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte
favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto
principal.Artículo 223 En caso de transacción, desistimiento y
allanamiento
Cuando las partes transaren el
litigio o una parte desistiere con la aceptación de su contraparte,
éstas establecerán cómo distribuir las costas. Si no lo hicieren,
cada una de ellas cargará con las propias.
Si la parte demandada se allanare a la demanda, en la contestación
o antes de la audiencia, con la aceptación de su contraparte, no
procederá la imposición de costas, salvo que el juzgado,
razonándolo debidamente, aprecie su procedencia.
Podrá condenarse en costas y otros gastos a la parte actora, cuando
la parte demandada hubiese efectuado un allanamiento parcial y la
sentencia solo acoja la demanda de dicha parte.
Cuando el desistimiento o allanamiento se produjera después de la
contestación de la demanda o antes de la audiencia, sin conformidad
de las partes, quien desista o se allane, reintegrará las costas, a
su contraparte.
Si el proceso terminara por desistimiento de la parte actora, no
aceptado por la parte demandada, aquél será condenado a las
costas.Artículo 224 Tasación de costas
Tasación de las costas en un proceso
es el cálculo que se efectúa para darle valor a la retribución a
que tienen derecho las y los abogados asistentes o apoderados de
las partes, las y los peritos y otras personas cuya intervención
hubiese sido necesaria. La tasación incluirá los otros gastos
hechos por las partes o sus apoderados, ocasionados durante el
proceso.Artículo 225 Solicitud de tasación de costas
Una vez firme la sentencia que ponga
fin al proceso en que se hubiese impuesto la condena, la parte
interesada podrá solicitar la tasación de costas, presentando con
la solicitud los comprobantes de haber satisfecho las cantidades
cuyo reembolso reclame.
También las y los abogados, peritos y demás personas que hayan
intervenido en el proceso y que tengan algún crédito contra las
partes, que deba ser incluido en la tasación de costas, podrán
presentar en la secretaría del juzgado o tribunal, una relación o
enumeración detallada de sus derechos u honorarios y una cuenta
pormenorizada y justificada de los gastos que hubiesen
suplido.Artículo 226 Competencia
En todo tipo de procesos e
instancias, la tasación de costas le corresponde a la secretaria o
secretario judicial respectivo, sujetándose a las disposiciones de
este Código.Artículo 227 Tramitación de la tasación de costas
Hecha la solicitud de tasación, la
secretaria o secretario judicial respectivo procederá a tasarlas
dentro de tres días, y una vez notificadas las partes, podrán
impugnar ante el juzgado o tribunal dicha tasación en el plazo
común de cinco días.
Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sobre
competencia, no se admitirá la inclusión o adición de partida
alguna, quedando a salvo el derecho del interesado para reclamarla
de quien y como corresponda.Artículo 228 Motivos de impugnación de la tasación de costas
La tasación de costas podrá ser
impugnada basándose en los siguientes motivos:
1) Por haberse incluido en la tasación, partidas, derechos o
gastos indebidos;
2) Por no haberse incluido en la tasación, gastos debidamente
justificados y reclamados;
3) Por exceso en el monto de los honorarios profesionales de las
y los abogados y peritos; y
4) Por no haberse incluido la totalidad de la minuta de los
honorarios de la y el abogado, perito o funcionario que hubiese
actuado en el proceso a su instancia.
En el escrito de impugnación deberán mencionarse las cuentas o
detalles enumerados, y las partidas concretas a que se refiera la
discrepancia y las razones de ésta. De no efectuarse dicha mención,
no se dará trámite a la impugnación.Artículo 229 Impugnación de la tasación de costas
Cuando sea impugnada la tasación por
haberse incluido en ella partidas de derechos u honorarios
indebidos, o por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente
justificados y reclamados, se convocará a las partes a una
audiencia, y con lo que digan las partes, las autoridades
judiciales resolverán mediante auto.
Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios
de abogadas, abogados, peritas o peritos, se mandará a oír a las
partes en el plazo de cinco días.
La secretaria y el secretario judicial, a la vista de lo actuado y
de lo alegado, mantendrá la tasación realizada, o introducirá las
modificaciones que deban hacerse, remitiéndosela a las autoridades
judiciales para que resuelvan lo que proceda mediante auto, en un
plazo de tres días.
La autoridad judicial resolverá pudiendo reducir el importe de los
honorarios de abogadas, abogados, peritas o peritos que hayan
intervenido, cuando los reclamados excedan del límite fijado por la
ley.
Si la impugnación fuere totalmente desestimada, se impondrán al
impugnante las costas del incidente. Si fuere totalmente estimada,
se impondrán dichas costas a la abogada, abogado, perita o perito
cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos.
Cuando se alegue que es indebida alguna partida de honorarios de
abogadas, abogados, peritas o peritos, incluida en la tasación de
costas y que, en caso de no ser indebida sea excesiva, se
tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo
prevenido para cada una de ellas en los párrafos anteriores; pero
la resolución sobre el exceso de honorarios quedará en suspenso
hasta que se decida si la partida impugnada es o no debida.
Contra lo que resuelva el juzgado o tribunal no cabrá recurso
alguno.Artículo 230 Multas
Por multa se entenderá, la sanción
económica que consiste en la obligación de pagar la suma de dinero
ordenada por la autoridad judicial en su resolución.
Las multas a que se refiere este
Código, se pagarán en el término de tres días, depositando la suma
en la cuenta corriente de la Corte Suprema de Justicia; el
correspondiente comprobante de pago se presentará al judicial
respectivo, a fin de agregarse al expediente judicial.
LIBRO SEGUNDO
LA PRUEBA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Finalidad de la prueba
Artículo 231 Iniciativa y finalidad de
la prueba
Las pruebas solo se practicarán a
instancia de parte. A través de los medios de prueba, las partes
acreditarán las afirmaciones de hecho alegadas que sean
controvertidas, convencerán a la autoridad judicial de la verdad o
certeza de un hecho, o lo verificarán como cierto a los efectos del
proceso.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, es sin perjuicio de lo
dispuesto en los procesos en los que se tutelen derechos o
intereses públicos.Artículo 232 Deber de comparecencia de las partes y terceros
La parte citada para responder al
interrogatorio, tiene el deber de comparecer al proceso, debiendo
advertírsele que por su incomparecencia injustificada se le
impondrá una multa de uno a tres salarios mínimos.
Las y los testigos o peritos citados, deberán comparecer a las
audiencias en donde se haya de practicar la prueba admitida. La
infracción de este deber se sancionará con multa de uno a tres
salarios mínimos, salvo que concurra excusa alegada previamente y
aceptada por la autoridad judicial.
Cuando un testigo o perito no compareciera a la audiencia en que se
deba practicar la prueba, la autoridad judicial oirá a las partes
que hubiesen comparecido, y decidirá si la audiencia ha de
interrumpirse o deba continuar.Artículo 233 Incumplimiento de práctica de prueba
Cuando por causa de la parte no se
pudiera realizar en tiempo y forma una prueba admitida, ésta será
sancionada por la autoridad judicial con multa de uno a tres
salarios mínimos, salvo que desistiese de practicar dicha prueba,
si él la hubiese propuesto o bien que pudiera justificar la
ausencia de responsabilidad, en cuyo caso se practicará la prueba
en las diligencias finales.
Capítulo II
Objeto de la prueba
Artículo 234 Hechos y derecho
La prueba recaerá sobre los hechos
que guarden relación con la tutela judicial que se pretenda obtener
en el proceso.
Los usos y costumbres serán objeto igualmente de prueba, salvo que
las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y que
sus normas no afecten al orden público.
El derecho extranjero podrá ser también objeto de prueba. La parte
que lo invoque debe realizar los actos destinados a acreditar su
existencia, en cuyo caso deberá probar su contenido y
vigencia.Artículo 235 Exención de la prueba
Están exentos de prueba:
1) Los hechos no controvertidos, sobre los que exista plena
conformidad de las partes, salvo en los casos en que la materia
objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los
litigantes, o que a juicio de la autoridad judicial, pudiera haber
dolo o fraude procesal;
2) Los hechos que sean de notoriedad absoluta y general;
3) El derecho nacional y los instrumentos internacionales aprobados
y ratificados por el Estado de Nicaragua; y
4) Los hechos presumidos por la ley, salvo reserva legal del
derecho de probar.
Artículo 236 Requisitos generales de admisión de la prueba
La prueba debe de ser lícita,
pertinente, útil y necesaria. La prueba será admitida siempre y
cuando:
1) Se obtenga y origine sin vulnerar los derechos fundamentales y
garantías procesales establecidos en la Constitución Política, en
los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos
aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua y en este
Código;
2) Cumpla con los requisitos específicos referidos a la proposición
y admisión de cada medio probatorio, establecidos en este
Código;
3) Sea pertinente y procedente. Son pertinentes las pruebas que
guarden relación con el objeto del proceso y procedentes las
pruebas necesarias; y
4) Sea útil. Serán pruebas útiles aquellas que razonablemente
contribuyan a esclarecer los hechos controvertidos.
Artículo 237 Prueba ilícita y efectos
Se considerará prueba ilícita aquella
que en su obtención u origen, no cumpla con lo dispuesto en el
numeral 1) del artículo anterior sobre los requisitos generales de
admisión de la prueba.
También se considerará prueba ilícita, la que no cumpla en su
proposición y admisión con los requisitos exigidos en el numeral
2), del artículo anterior.
La prueba ilícita aunque hubiese sido incorporada al proceso,
admitida y practicada en su caso, carecerá de eficacia
probatoria.
Carecerán de eficacia probatoria, los actos o hechos que sean
consecuencia de aquellos que fueron obtenidos de manera ilegal, y
que no hubiera sido posible su obtención sin la información
derivada de ellos; todo lo anterior, sin perjuicio de las
responsabilidades en que haya podido incurrir quien obtuvo
ilícitamente la información.
Artículo 238 Alegación de la prueba ilícita
Cuando alguna de las partes alegare
la ilicitud de una prueba, expresará y fundamentará de forma clara
y precisa en qué consiste dicha ilicitud, pudiendo si lo
considerara necesario, ofrecer prueba. Dicha alegación habrá de
hacerla en los siguientes momentos:
1) En la audiencia inicial del
proceso ordinario o al inicio de la audiencia del proceso
sumario.
2) Celebrada la audiencia inicial y antes de que se realice la
audiencia probatoria del proceso ordinario, por escrito con los
mismos requisitos expresados al inicio de este artículo.
3) En cualquier momento de la audiencia probatoria del proceso
ordinario, antes de su finalización.
Artículo 239 Debate y resolución de la prueba ilícita
Es facultad de la autoridad judicial
de declarar de oficio la ilicitud de una prueba específica, en los
momentos señalados en el artículo anterior sobre la alegación de la
prueba ilícita.
En el proceso ordinario, el debate y resolución de la prueba
ilícita, se efectuará en la audiencia inicial si en la misma se
alegare, o en la probatoria en los casos del numeral 2) y 3) del
artículo anterior.
En el caso del proceso sumario, el debate y resolución de la prueba
ilícita se realizará en la audiencia del mismo.
En ambos casos se oirá a las partes y se practicarán las pruebas
pertinentes y útiles que se propongan, sobre el extremo concreto de
la ilicitud.
Desestimada la ilicitud del medio de prueba, la autoridad judicial
la admitirá mediante auto y se procederá a su práctica, en su caso.
Si se estima la ilicitud de la prueba, se excluirá de la práctica,
aunque hubiese sido admitida y si ya se hubiese practicado no
deberá ser valorada al momento de dictar sentencia.
Contra el auto que resuelva la ilicitud alegada, solo cabrá pedir
en el acto su reposición, y si ésta fuere denegada, cabrá recurso
de apelación diferida, previa protesta en el acto.
Capítulo III
Carga de la prueba
Artículo 240 Distribución de la carga
probatoria
Corresponde a la parte actora y la
parte demandada reconviniente, la carga de probar la certeza de los
hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención.
Incumbe a la parte demandada y la parte actora reconvenida, la
carga de probar los hechos, que conforme a las normas que les sean
aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de
los hechos a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando en el momento de dictar sentencia o resolución definitiva,
la autoridad judicial considerará dudosos los hechos relevantes
para su decisión, desestimará las pretensiones de la parte actora,
reconviniente, demandada o reconvenida, según corresponda a unos u
otros la carga de probar los hechos, que fundamentando sus
pretensiones permanezcan inciertos.
Las normas contenidas en los párrafos precedentes, se aplicarán
siempre que una disposición legal expresa de este Código u otra
ley, no distribuya con criterios especiales la carga de probar los
hechos relevantes.
Para la aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes de
este artículo, la autoridad judicial deberá tener presente la
disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de
las partes del litigio.
Capítulo IV
Proposición y admisión
Artículo 241 Proposición de prueba
Las partes en la demanda o
contestación, propondrán los medios de prueba, indicando
separadamente qué hechos pretenden demostrar con los mismos y que
en su opinión, es necesaria su práctica.
Igualmente indicarán la identidad y el domicilio de las personas
que han de ser citadas, para la práctica de cada medio de
prueba.
Cuando las partes no dispusieran de algunos datos relativos a las
personas en el momento de proponer la prueba, podrán aportarlos al
juzgado con antelación suficiente a su práctica.
La autoridad judicial procurará que un simple defecto de forma en
la proposición de un medio probatorio, no deje sin efecto la
petición, si se deduce claramente su propósito.
Artículo 242 Trámite de admisión de la prueba
La autoridad judicial resolverá
motivadamente en la audiencia inicial del proceso ordinario y en la
audiencia del proceso sumario, mediante auto, sobre la admisión de
cada una de las pruebas que hayan sido propuestas y fijará el
lugar, fecha y hora de comienzo de la audiencia probatoria.
La motivación del auto de admisión de medios de prueba, conllevará
necesariamente el juicio sobre la licitud, pertinencia, necesidad y
utilidad de aquellos.
La denegación del recibimiento del proceso a prueba, o la no
admisión de un medio de prueba, será recurrible oralmente de
reposición, que se sustanciará y resolverá de forma inmediata en la
audiencia. Si se desestimara dicho recurso, la parte perjudicada
podrá formular protesta al efecto de hacer valer sus derechos en el
recurso de apelación, que contra la sentencia definitiva se pueda
interponer.
La admisión de la prueba es irrecurrible.
Capítulo V
Procedimiento probatorio general
Artículo 243 Práctica de la prueba
Todas las pruebas deben ser
practicadas en audiencia pública, sujeta al principio de
contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en este Código, salvo
disposición especial en contrario.
Será imprescindible la presencia y
dirección judicial en la práctica de las pruebas, no pudiéndose
delegar ni en la secretaria o secretario judicial, ni en ninguna
otra funcionaria o funcionario, bajo sanción de nulidad
absoluta.
No obstante lo dicho en el párrafo anterior, ante la secretaria o
secretario judicial se llevará a cabo la presentación de
documentos, la aportación de otros medios o instrumentos
probatorios y la formación de cuerpos de escritura, que dictará la
secretaria o secretario judicial para el cotejo de letras.
La autoridad judicial examinará por sí misma la prueba documental,
los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios o
instrumentos que se aportaran, para poder tenerlos en cuenta a la
hora de formar su convicción.
La autoridad judicial velará porque la práctica de los medios de
prueba en las audiencias probatorias, no afecten a la moral, ni a
las buenas costumbres.
Las partes y las abogadas o abogados que les asistan o representen,
tendrán en las actuaciones de prueba, la intervención que autorice
este Código, según el medio de prueba de que se trate.Artículo 244 Práctica de prueba fuera de la audiencia
probatoria
Todas las pruebas se practicarán bajo
el respeto absoluto del principio de unidad de acto; no obstante
podrán practicarse de manera excepcional, antes del inicio del
proceso y antes de la audiencia probatoria. En este caso, la
autoridad judicial señalará mediante providencia, lugar, fecha y
hora de la audiencia en que ha de practicarse la prueba, con al
menos cinco días de antelación a su realización.Artículo 245 Práctica de la prueba fuera de la sede del
juzgado
La prueba se practicará siempre en la
sede del juzgado. Si excepcionalmente no fuere posible, se
determinará y notificará el lugar en que se llevará a cabo, citando
a las partes con al menos cinco días de antelación.
Capítulo VI
Anticipación y aseguramiento de la prueba
Artículo 246 Supuestos de anticipación
de la prueba
Antes de iniciar cualquier proceso,
la futura parte demandante podrá solicitar la práctica anticipada
de prueba, cuando se dieran razones de urgencia o existiera temor
fundado de que, por causa de las personas o por el estado de las
cosas, su práctica no pueda realizarse en el momento procesal
ordinario. La solicitud se dirigirá al juzgado que se considere
competente para el conocimiento de la pretensión principal, que
examinará de oficio su propia jurisdicción y competencia.
Iniciado el proceso y antes de la audiencia probatoria, cualquiera
de las partes podrá solicitar la práctica anticipada de prueba, en
los casos a que se refiere el párrafo anterior.Artículo 247 Proposición y práctica de prueba anticipada antes
del proceso
Cuando se solicite practicar la
prueba anticipada antes del inicio del proceso, el solicitante
designará a la persona o personas a las que se proponga demandar,
que serán citadas, con al menos cinco días de antelación, para que
puedan intervenir en la práctica de prueba.
Si la autoridad judicial estimare fundada la petición, accederá a
ella y se practicará la prueba conforme a lo dispuesto en este
Código, para cada medio probatorio.
No se otorgará valor probatorio a lo actuado, si la demanda no se
interpusiere en el plazo de treinta días desde que la prueba
anticipada se practicó, salvo que se acreditare que por fuerza
mayor o caso fortuito, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho
plazo.
La prueba anticipada será incorporada en la audiencia probatoria,
mediante su lectura.
En el caso de la prueba anticipada una vez iniciado el proceso, se
procederá de la forma prevista en la práctica de la prueba fuera de
la audiencia probatoria.
Artículo 248 Custodia de los resultados de la prueba
anticipada
Los documentos y demás piezas de
convicción en que consistan las pruebas anticipadas, o que se
obtengan como consecuencia de su práctica, así como los materiales
que puedan reflejar fielmente las actuaciones probatorias
realizadas y sus resultados, quedarán bajo la custodia de la
secretaria, secretario o la persona responsable del archivo que
corresponda, hasta que se interponga la demanda.
La demanda será conocida en definitiva, por la misma autoridad
judicial que acordó la prueba anticipada.Artículo 249 Medidas de aseguramiento de la prueba
Antes de la iniciación de cualquier
proceso, el que pretenda iniciarlo podrá pedir a la autoridad
judicial que adopte las medidas de aseguramiento que resulten
adecuadas, para evitar que por conductas humanas o acontecimientos
naturales, se puedan destruir o alterar objetos materiales o estado
de cosas, y resulte imposible en su momento practicar una prueba
relevante, o carezca de sentido proponerla. La solicitud se
dirigirá, a través de la oficina de distribución de causas o la
secretaría del juzgado que se considere competente para el
conocimiento de la pretensión principal.
Durante la tramitación del proceso, cualquiera de las partes podrá
solicitar la adopción de dichas medidas, en los casos a que se
refiere el párrafo anterior.
Las medidas consistirán en las disposiciones que a juicio de la
autoridad judicial, permitan conservar cosas o situaciones o hacer
constar fehacientemente su realidad y características. Para los
fines de aseguramiento de la prueba, podrán también dirigirse
mandatos de hacer o no hacer, incurriendo en responsabilidad penal
quien los infrinja.
Artículo 250 Requisitos para ordenar el aseguramiento de la
prueba
Solo se accederá a la adopción de
medidas para asegurar la prueba, cuando ésta aparezca como posible,
pertinente y útil al tiempo de presentar la solicitud, y haya
motivos para temer que de no adoptarse las medidas de
aseguramiento, puede resultar imposible en el futuro la práctica de
dicha prueba.
La medida de aseguramiento, cuando se plantee con anterioridad a la
iniciación del proceso, perderá toda eficacia y la prueba no podrá
ser utilizada en el proceso, si la demanda no se interpusiere en el
plazo de treinta días desde la adopción de la medida, salvo que se
acreditara que por fuerza mayor o caso fortuito, no pudo iniciarse
el proceso dentro de dicho plazo.
Capítulo VII
Valoración
Artículo 251 Valoración de la
prueba
La valoración de la prueba en el
proceso civil, deberá ser motivada de manera clara, precisa y
razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la
sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de
acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.
La valoración de la prueba se hará de
manera conjunta, señalando cada uno de los medios de prueba,
mediante los cuales se dieren por probados cada uno de los hechos
de manera clara y terminante, que constituyen el fundamento de la
sentencia, bajo sanción de nulidad absoluta.
TÍTULO II
MEDIOS DE PRUEBA
Capítulo I
Tipos y orden de aplicación
Artículo 252 Medios de prueba
En el proceso civil son medios de
prueba admisibles, entre otros, los siguientes:
1) Interrogatorio de las partes;
2) Documentos públicos;
3) Documentos privados;
4) Medios técnicos de filmación y grabación;
5) Medios técnicos de archivo y reproducción;
6) Testifical;
7) Pericial;
8) Reconocimiento judicial; y
9) Presunciones legales.
Cuando exista una fuente de prueba
que deba incorporarse al proceso civil y ninguno de los medios
indicados anteriormente sea idóneo para ello, la autoridad
judicial, a instancia de parte, adaptará la prueba al medio de
prueba apropiado, de manera que se pueda lograr la finalidad que se
pretende, y lo admitirá para su práctica, que se ejecutará y
valorará conforme a las normas generales.Artículo 253 Orden de práctica de los medios de prueba
Los medios de prueba se practicarán
en la audiencia probatoria del proceso ordinario o en la audiencia
del proceso sumario, en el orden solicitado por la parte, cuando no
perjudique el desarrollo de la audiencia o menoscabe la
intervención de la parte contraria.
A falta de señalamiento, se acordará
la práctica de la prueba en el siguiente orden:
1) Interrogatorio de las partes;
2) Interrogatorio de testigos;
3) Pericial;
4) Reconocimiento judicial;
5) Documentos públicos o privados;
6) Medios técnicos de filmación y grabación; y
7) Medios técnicos de archivo y reproducción.
Cuando alguna de las pruebas
admitidas no pueda practicarse en la audiencia, ésta no se verá
interrumpida, sino que continuará para la práctica de las
restantes, ordenadamente, sin perjuicio a lo establecido en el
presente Código.
Capítulo II
Interrogatorio de las partes
Artículo 254 Procedencia
Una parte puede solicitar a la
autoridad judicial el interrogatorio de las demás partes del
proceso civil, sobre hechos y circunstancias de los que tengan
noticia y que guarden relación con el objeto del proceso.
El interrogatorio también podrá ser solicitado por un colitigante
respecto de otro, siempre y cuando exista oposición o conflicto de
intereses entre ambos en ese proceso.
Cuando la parte legitimada que actúa en el proceso no sea el sujeto
de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho
discutido, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho sujeto o
titular.
Cuando una persona sujeta a guarda,
hubiese sido autorizada por su guardador para algún acto o
contrato, podrá ser interrogada sobre aspectos relativos a dicho
acto o contrato que guarden relación con el objeto del
proceso.Artículo 255 Preguntas y contenido
Las preguntas del interrogatorio se
formularán oralmente y de manera concreta, clara y precisa.
Las preguntas no podrán incluir valoraciones, ni calificaciones; en
caso contrario se tendrán por no realizadas.Artículo 256 Objeción de preguntas
La parte que deba responder al
interrogatorio o su abogada o abogado, podrá objetar oralmente en
el acto, la admisibilidad de las preguntas y hacer notar a la
autoridad judicial las valoraciones y calificaciones que,
contenidas en las preguntas, sean improcedentes y deban tenerse por
no realizadas.
Artículo 257 Facultades del juzgado e intervención de abogada o
abogado
La autoridad judicial admitirá
únicamente las preguntas que se formulen de acuerdo a lo
establecido en este Código y que se refieran a hechos
controvertidos. La admisión de las preguntas se realizará en el
mismo acto en que se lleve a cabo el interrogatorio.
Durante el interrogatorio cruzado, la autoridad judicial, de oficio
o a instancia de parte, rechazará las preguntas capciosas, oscuras,
sugestivas, ambiguas, impertinentes o inútiles, así como las que no
cumplan los requisitos legalmente previstos.
Cuando la o el declarante o abogado que le asista o represente,
haya objetado una pregunta, la autoridad judicial resolverá lo que
proceda antes de otorgar la palabra para responder.
Cuando no sea preceptiva la intervención de abogada o abogado, las
partes con el permiso de la autoridad judicial, podrán hacerse
recíprocamente las preguntas y observaciones que sean convenientes,
para la determinación de los hechos relevantes en el proceso. En
este caso la autoridad judicial cuidará que no se interrumpan,
rechazará las intervenciones que sean impertinentes o inútiles, y
podrá interrogar a la parte llamada a declarar conforme lo dispone
este Código.
Artículo 258 Práctica del interrogatorio
El desarrollo del interrogatorio
seguirá las pautas siguientes:
1) La parte, abogada o abogado que le asista o represente, que haya
solicitado la prueba preguntará a la persona interrogada, de manera
que ésta pueda contestar adecuadamente; 2) Una vez respondidas las
preguntas formuladas por quien solicitó la prueba, las abogadas y
los abogados que asistan o representen a las demás partes y el de
aquella que declarare, podrán por este orden, formular al
declarante nuevas preguntas que se consideren conducentes para
determinar los hechos; y
3) También podrá interrogar la autoridad judicial a la parte
llamada a declarar, con la finalidad de obtener aclaraciones y
adiciones sobre los hechos declarados.
Cuando sobre unos mismos hechos
controvertidos, deban declarar las partes o terceras personas
vinculadas a ellas, se adoptarán las medidas necesarias para evitar
que puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las
preguntas y las respuestas.
Artículo 259 Modo de responder al interrogatorio
La parte interrogada deberá:
1) Contestar a todas las preguntas que la autoridad judicial
admita, respondiendo con claridad, precisión y sin
interrupciones;
2) Responder por sí misma, sin servirse de ningún apunte o borrador
de respuestas; pero se le permitirá consultar en el acto sus
libros, documentos y notas o apuntes, cuando a juicio de la
autoridad judicial sean convenientes para auxiliar su
memoria;
3) Dar respuestas categóricas en sentido afirmativo o negativo,
cuando las preguntas se hayan formulado en ese sentido; sin
perjuicio de ulteriores precisiones y explicaciones que la persona
interrogada estime conveniente dar y que guarden relación con las
cuestiones planteadas; y
4) En el caso de las personas cuya
discapacidad les impida oír o hablar, se seguirá el procedimiento
establecido en este Código, en el artículo 136 sobre el
idioma.
Artículo 260 Declaración sobre hechos no personales del
interrogado
Cuando alguna pregunta se refiera a
hechos que no sean personales de la persona interrogada, éste
responderá de la forma prevista en este Código, según conozca de
tales hechos, debiendo razonar su respuesta.
No obstante, podrá proponer que conteste también a la pregunta, un
tercero que tenga conocimiento personal de los hechos por su
relación con ellos, aceptando las consecuencias de su
declaración.
Esta sustitución en la o el declarante, deberá ser aceptada por la
parte que hubiese propuesto el interrogatorio. De no darse tal
aceptación, la o el declarante podrá solicitar que ese tercero sea
interrogado en calidad de testigo, decidiendo la autoridad judicial
lo que sea procedente.
Artículo 261 Interrogatorio a representante de persona
jurídica
Cuando el interrogatorio sea dirigido
a personas jurídicas, se citará a la o el representante legal,
gerente o administrador que esté en el ejercicio de su función,
interrogándole en lo relativo a actos y contratos en los que haya
intervenido.
Cuando el interrogatorio esté dirigido a un ente sin personalidad,
se citará a quien hubiese contratado en su nombre o a quienes la
gestionen.
Si la persona citada no hubiese intervenido en los hechos objeto
del proceso, deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial
tal circunstancia, en la audiencia inicial del proceso ordinario, o
previamente a la audiencia del proceso sumario, y facilitará la
identidad de la persona que intervino en nombre de la persona
jurídica o entidad para que sea citada en calidad de testigo, si ya
no estuviera vinculado con la persona jurídica o ente sin
personalidad.
Artículo 262 Interrogatorio fuera de la sede del despacho
judicial
A petición de parte o de oficio, en
caso de que por causa de enfermedad o de otras circunstancias
especiales, quien deba declarar no pueda comparecer al juzgado,
podrá constituirse la autoridad judicial en el domicilio de la
persona declarante, o donde se encontrare para recibir la
declaración, en presencia de la secretaria o secretario y bajo el
principio de contradicción.
Si se acredita que se encuentra en peligro la vida de la persona a
interrogar, o concurriera cualquier otra circunstancia excepcional
que amerite la no presencia de la parte contraria, podrá la
autoridad judicial en presencia de la secretaria o secretario,
recibir la declaración, en el lugar donde aquel se encontrará,
conforme el pliego de preguntas que deberá presentar la parte
proponente, si son consideradas admisibles.
En estos casos, la secretaria o secretario judicial extenderá acta
suficientemente circunstanciada de las respuestas, que podrá leer
por sí misma la persona que haya declarado. Si no supiere, no
pudiere o no quisiere hacerlo, le será leída por la secretaria o
secretario y la autoridad judicial preguntará a la o el declarante
si tiene algo que agregar o variar, extendiéndose a continuación lo
que manifestare. Seguidamente, firmarán las y los asistentes, la o
el declarante si puede, dando fe la secretaria o secretario
judicial.
De ser posible, se grabará en soporte adecuado el interrogatorio,
dejando constancia de lo que manifestare quien haya
declarado.
Las preguntas y las respuestas serán leídas o escuchadas en la
audiencia probatoria, pudiendo las demás partes dar su opinión al
respecto.
Artículo 263 Interrogatorio por medio de auxilio judicial
Cuando la parte que deba responder al
interrogatorio, acredite que reside fuera de la sede del juzgado y
que por razón de la distancia, dificultad del desplazamiento,
circunstancias personales o por cualquier otra causa de análogas
características, le sea imposible o muy gravosa su comparecencia,
podrá ser interrogada a petición de parte por vía de auxilio
judicial.
En tales casos se acompañará al exhorto una relación de preguntas
previamente admitidas por la autoridad judicial, formuladas por la
parte proponente del interrogatorio, si ésta lo hubiera solicitado,
por no poder concurrir al acto del interrogatorio.
Artículo 264 Interrogatorio a representante del Estado u
organismo público
Cuando sea parte en un proceso el
Estado o cualquier organismo público, cuyos funcionarios o
funcionarias gocen de inmunidad y la autoridad judicial admita el
interrogatorio, sin esperar a la audiencia en que se practique la
prueba, se les remitirán las preguntas consideradas pertinentes,
para que sean contestadas por escrito por quienes hayan participado
en los hechos objeto del proceso, debiéndolas entregar al juzgado
antes de la audiencia en que se practique la prueba.
En la audiencia en que se practique la prueba serán leídas las
respuestas. Cuando la parte proponente plantee preguntas
complementarias, una vez admitidas por la autoridad judicial, serán
respondidas por la representación procesal del Estado u organismo
público.
Si dicha representación justificara no poder responder, se
remitirán las preguntas complementarias para que sean respondidas
por escrito, a los efectos de la apelación en su caso.
Artículo 265 Prohibición de reiterar el interrogatorio de las
partes
No procederá el interrogatorio de las
partes o terceras personas, cuando verse sobre los mismos hechos
que hayan sido objeto de declaración por las mismas.
La declaración de parte es irrevocable. Cualquier rectificación que
por el mismo declarante se haga se tendrá por no realizada, salvo
que por otros medios probatorios se pueda demostrar que hubo error,
intimidación o violencia.
Artículo 266 Valoración
Si no lo contradice el resultado de
las demás pruebas, en las sentencias se considerarán ciertos los
hechos que una parte haya reconocido como tales, si en ellos
intervino personalmente y dicha certeza le es enteramente
perjudicial.
La autoridad judicial valorará las declaraciones de las partes y de
las terceras personas vinculadas a ellas, de manera precisa y
razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del
conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las
normas que rigen el razonamiento lógico.
Capítulo III
Documentos
Artículo 267 Clases de documentos
Los documentos pueden ser públicos o
privados.
Documentos públicos son los autorizados por funcionarias y
funcionarios judiciales, notarios, notarias, funcionarias o
funcionarios públicos competentes, siempre que se cumplan las
solemnidades requeridas por la ley.
Documentos privados son los realizados sin intervención de
funcionarias y funcionarios judiciales, notarios, notarias,
funcionarias o funcionarios competentes. La protocolización,
exhibición, legalización o certificación de un documento privado no
lo convierte en público.Artículo 268 Documentos públicos expedidos por autoridades
Son documentos públicos a efectos de
prueba en el proceso:
1) Las ejecutorias, testimonios y
certificaciones de las actuaciones procesales, que expidan las
secretarias o secretarios judiciales;
2) Los otorgados ante o por notarias y notarios públicos, según
la ley de la materia;
3) Los otorgados ante funcionarias, funcionarios, empleadas o
empleados públicos legalmente facultados para dar fe, en ejercicio
de sus atribuciones;
4) Los emitidos por las y los profesionales, a quienes en virtud
de la ley se les haya atribuido fe pública en asuntos de su
competencia, con los requisitos exigidos legalmente;
5) Las certificaciones expedidas por registradoras y
registradores públicos conforme la ley;
6) Los que con referencia a archivos y registros de órganos del
Estado, de la administración pública o de otras entidades de
derecho público, sean expedidos por funcionarias y funcionarios
legalmente facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de
los órganos en donde ejercen sus funciones; y
7) Las ordenanzas, estatutos y reglamentos para sociedades,
comunidades o asociaciones, siempre que estuvieren aprobados por
autoridad pública.
Artículo 269 Presentación de documentos públicos y reglas
Los documentos públicos se aportarán
al proceso en original o por testimonio, copia fotostática
autenticada, certificación fehaciente, o copia simple, si no se
hubiere impugnado su autenticidad.
Si el testimonio que se pida o mandara agregar de oficio, fuere
solamente de una parte del documento y la o el colitigante o
cualquiera de los interesados solicita que se agreguen otras partes
del mismo instrumento, éstas se adicionarán al testimonio. Esta
adición se hará a expensas del que la pidiere, sin perjuicio de lo
que el juzgado disponga respecto a la condena en costas. El
testimonio o certificación fehaciente de solo una parte de un
documento, no hará prueba mientras no se complete con las adiciones
que solicite la o el litigante a quien pueda perjudicarle. En el
caso que el original del documento público se encuentre en un
expediente, protocolo, archivo o registro público, se presentará
copia certificada, o se designará aquel donde se encuentre. Tendrán
fuerza probatoria los documentos administrativos a los que las
leyes otorguen el carácter de públicos y que no se encuentren
señalados como tales, en este Código. En consecuencia se tendrán
por ciertos los hechos, actos o estado de cosas que consten en los
mismos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros
medios de prueba desvirtúen la certeza de lo
documentado.Artículo 270 Impugnación y cotejo
En caso que se impugne la
autenticidad o exactitud de un documento público, se procederá a
cotejar éste con los originales.
El cotejo o comprobación de los documentos públicos, se hará por la
autoridad judicial, quien deberá constituirse en el archivo o local
donde se halle el original o matriz. A este acto se citará a las
partes y sus abogadas o abogados, por si quisieran asistir.
Cuando del cotejo o comprobación resulte la autenticidad o
exactitud del documento, las costas y gastos que se hayan originado
por ello, serán exclusivamente a cargo de quien lo impugnó. Si la
autoridad judicial considera que la impugnación ha sido maliciosa,
podrá imponerle además, una multa de uno a tres salarios
mínimos.Artículo 271 Documentos públicos no susceptibles de cotejo o
comprobación
Harán prueba en el proceso, sin
necesidad de comprobación o cotejo, salvo prueba en
contrario:
1) Las ejecutorias y las certificaciones o testimonios de autos y
sentencias firmes, expedidas en forma legal por la autoridad
judicial que las hubiere dictado; 2) Las escrituras públicas
antiguas que carezcan de protocolo y todas aquellas cuyo protocolo
o matriz hubiese desaparecido; y
3) Cualquier otro documento público que por su índole, carezca de
original o registro con el que pueda cotejarse o comprobarse.
En los casos de desaparición del
protocolo, la matriz o los expedientes originales, harán prueba los
siguientes documentos:
1) Las primeras copias, expedidas por
la funcionaria o funcionario público que las hubiere
autorizado;
2) Las copias ulteriores, libradas por mandato judicial, con
citación de los interesados;
3) Las que sin mandato judicial, se hubieran expedido en presencia
de los interesados y con su conformidad; y
4) A falta de las copias mencionadas, harán prueba cualesquiera
otras que tengan una antigüedad de veinte años o más, siempre que
hayan sido tomadas del original por la funcionaria o el funcionario
que las autorizó u otro encargado de su custodia. Las copias de
menor antigüedad, o que estuvieran autorizadas por funcionaria o
funcionario público en quien no concurran las circunstancias
mencionadas, solo servirán como un principio de prueba por escrito.
La fuerza probatoria de las copias, será apreciada por la autoridad
judicial.
Artículo 272 Documentos públicos extranjeros
A efectos procesales, se considerarán
documentos públicos, los documentos extranjeros a los que en virtud
de tratados o convenios internacionales o de leyes especiales, haya
de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en este
Código.
Cuando no sea aplicable ningún tratado o convenio internacional, ni
otra ley, se considerarán documentos públicos confeccionados en el
extranjero, los que reúnan los siguientes requisitos:
1) Que en el otorgamiento o confección del documento, se hayan
observado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan
otorgado, para que el documento haga prueba en el proceso; y
2) Que de ser posible, el documento contenga la legalización de
firma por la funcionaria o el funcionario consular del gobierno de
Nicaragua, en el documento original o en hoja anexa; en su defecto
por la funcionaria o funcionario competente del gobierno extranjero
de donde emanan dichos documentos, siempre que certifique o
autentique la firma de la persona que lo autorizó. Ésta deberá ser
certificada o autenticada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Nicaragua.
Cuando los documentos extranjeros
incorporen declaraciones de voluntad, la existencia de éstas se
tendrá por probada, pero su eficacia será la que determinen las
normas jurídicas nacionales y extranjeras aplicables en materia de
capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos.
Artículo 273 Documentos públicos
Los documentos públicos no impugnados
hacen prueba aún contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas
que documenten, y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la
fecha de éste, y de la identidad de los fedatarios y demás personas
que intervengan en él. También harán prueba contra los contratantes
y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos
hubiesen hecho los primeros.
Artículo 274 Presentación de documentos privados
Los documentos privados se aportarán
al proceso en original, o mediante copia autenticada por fedatario
público, y se unirán al expediente, o se dejará copia de ellos
debidamente razonada, y se procederá a la devolución de aquéllos,
si así lo solicitan los interesados.
Si la parte solo posee copia simple del documento privado, podrá
presentarla y surtirá los mismos efectos que el original siempre
que la parte demandada hubiere comparecido y que la conformidad de
la copia con el original no sea cuestionada.
Cuando el original del documento privado se encuentre en un
expediente, protocolo, archivo o registro, se presentará copia
auténtica o se designará aquel en donde se encuentre el
documento.
Artículo 275 Libros de comerciantes
La aportación de libros de
comerciantes en el proceso civil se estará a lo dispuesto en las
leyes mercantiles. Con carácter excepcional, la autoridad judicial
podrá mediante auto reclamar que se presenten ante él, los libros o
su soporte informático, siempre que la parte interesada especifique
los asientos que deban ser examinados.
Artículo 276 Fuerza probatoria e impugnación de los documentos
privados
Los documentos privados harán prueba
en el proceso civil, en los términos previstos para los documentos
públicos, cuando no sean impugnados por la parte a quien
perjudique.
Si se impugnara la autenticidad de un documento privado o de
cualquier documento que carezca de matriz, quien lo presentó al
proceso podrá pedir el cotejo pericial de letras, firmas, huellas o
proponer cualquier otro medio de prueba útil y pertinente para
demostrar su autenticidad. En este caso, se procederá conforme a lo
previsto para el cotejo de letras.
Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere
propuesto prueba alguna, la autoridad judicial valorará su grado de
credibilidad, atendidas las circunstancias del debate y el resto de
la prueba existente en la causa.
Cuando se solicite la eficacia de un documento electrónico o se
impugne su autenticidad, se procederá con arreglo a lo previsto en
este Código y otras leyes.Artículo 277 Cotejo de letras
El cotejo de letras se practicará por
perita o perito designado por la autoridad judicial a propuesta de
las partes, cuando la autenticidad de un documento privado sea
impugnado por la parte a quien perjudique.
La parte que solicite el cotejo de letras, designará el documento o
documentos indubitados con que deba hacerse.
El perito o perita que lleve a cabo el cotejo de letras, consignará
por escrito las operaciones de comprobación y sus resultados.
También podrá practicarse cotejo de letras, cuando se niegue o
discuta la autenticidad de cualquier documento público que carezca
de matriz y de copias fehacientes, cuando dicho documento no pueda
ser reconocido por la o el funcionario que lo hubiese expedido o
por quien aparezca como fedatario.Artículo 278 Documentos indubitados a efectos del cotejo
Se considerarán documentos
indubitados a los efectos del cotejo de letras:
1) Los documentos que reconozcan como tales, las partes a las
que pueda afectar esta prueba;
2) La matriz de las escrituras públicas y los que consten en los
archivos públicos relativos a la cédula de identidad;
3) Los documentos privados cuya letra o firma haya sido
reconocida en proceso, por aquél a quien se atribuya; y
4) La parte del escrito impugnado, cuya letra es reconocida como
suya por aquél a quien perjudique.
A falta de los documentos indicados en el párrafo anterior, la
parte a quien se atribuya el documento impugnado o la firma que lo
autorice, podrá ser requerida a instancia de la contraria, para que
forme un cuerpo de escritura que le dictará la secretaria o
secretario.Artículo 279 Solicitud de exhibición de documentos
Las partes pueden solicitar la
exhibición de documentos que no tengan a su disposición, siempre y
cuando se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los
medios de prueba.
La solicitud de exhibición deberá acompañarse de copia simple del
documento, y de no existir o no disponerse de ella, se indicará su
contenido de la forma más exacta posible.Artículo 280 Efectos de la negativa de exhibición
En caso de negativa a la exhibición
de documentos, la parte requerida deberá expresar sus razones y su
disposición a probarlas; la autoridad judicial resolverá mediante
auto lo que proceda.
La autoridad judicial considerando las demás pruebas, podrá
atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por quien
solicitó la exhibición, o a la versión que del contenido del
documento se hubiere dado.
No obstante, la autoridad judicial podrá requerir mediante
providencia, antes de valorar precisa y razonadamente las
consecuencias probatorias previstas en el párrafo anterior, que los
documentos cuya exhibición se solicitó, sean aportados al proceso,
cuando así lo aconsejen las características de los mismos, las
demás pruebas practicadas, el contenido de las pretensiones
formuladas y las alegaciones para fundamentarlas.Artículo 281 Exhibición de documentos por terceros
Además de lo dispuesto en este Código
en materia de diligencias preparatorias, la autoridad judicial a
solicitud de una de las partes podrá requerir a terceros la
exhibición de documentos de su propiedad, cuando considere que su
presentación y conocimiento sea trascendente para dictar
sentencia.
En tales casos, la autoridad judicial ordenará mediante
providencia, la comparecencia personal de aquel en cuyo poder se
halle el documento y después de oírle, resolverá lo procedente.
Dicha resolución no será susceptible de recurso alguno, pero la
parte a quien interese podrá reproducir su petición en la segunda
instancia.
Cuando estuvieren dispuestos a exhibirlos voluntariamente, no se
les obligará a que los presenten en la secretaría sino que, si así
lo exigiere, irá la secretaria o secretario judicial a su domicilio
para testimoniarlos.
A los efectos del párrafo anterior, no se considerarán terceros los
titulares de la relación jurídica controvertida o de las que sean
causa de ella, aunque no figuren como partes en el
proceso.Artículo 282 Deber de exhibición de entidades oficiales
Las dependencias del Estado y demás
entidades de derecho público, deben expedir las certificaciones y
testimonios que sean solicitados por la autoridad judicial, sin
posibilidad de negarse a ello, ni oponerse a exhibir los documentos
que se encuentren en sus dependencias y archivos, excepto cuando se
trate de documentación que haya sido legalmente calificada como
secreta o reservada, lo que deberá ser justificado.
También están sujetas a esta obligación las entidades o empresas de
servicios públicos o encargadas de actividades de entidades
oficiales, salvo que exista un deber legal de secreto o
reserva.Artículo 283 Obtención de copias de documentos que no sean
escritos
Tratándose de dibujos, fotografías,
croquis, planos, mapas y otros documentos que no incorporen
predominantemente textos escritos, si solo existe el original, la
parte podrá solicitar copia en el momento de la exhibición en
presencia de la secretaria o secretario, quien dará fe de ser fiel
y exacta su reproducción.Artículo 284 Copias fotostáticas y cotejo
Si la parte a quien perjudique el
documento presentado en copia fotostática, impugnara su exactitud,
se cotejará con el original si fuera posible y si no, su valor
probatorio se determinará precisa y razonadamente, teniendo en
cuenta el resultado de las demás pruebas practicadas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo, también será
de aplicación a los dibujos, fotografías, pinturas, croquis,
planos, mapas y documentos semejantes.
El cotejo se verificará por la secretaria o secretario, sin
perjuicio del derecho de las partes a proponer prueba
pericial.Artículo 285 Momento de presentación de los documentos
Los documentos en los que las partes
funden su derecho, deben presentarse con la demanda y la
contestación a la demanda.
No obstante, la parte actora podrá presentar en la audiencia
inicial del proceso ordinario, o en la audiencia del proceso
sumario, los documentos cuya relevancia surja a consecuencia de las
alegaciones efectuadas por la parte demandada al contestar la
demanda.
Igualmente, cualquiera de las partes podrá presentar en cualquier
momento posterior al indicado en el primer párrafo; pero antes de
la audiencia en que se practique la prueba, los documentos en que
concurran alguna de las siguientes circunstancias:
1) Ser de fecha posterior a la
demanda o a la contestación o, en su caso, a la audiencia inicial
del proceso ordinario o a la audiencia del proceso sumario, siempre
que no se hayan podido elaborar ni obtener con anterioridad a
dichos momentos procesales;
2) Tratarse de documentos, medios o instrumentos anteriores a la
demanda o contestación, o en su caso, a la audiencia inicial del
proceso ordinario o a la audiencia del proceso sumario, cuando la
parte que los presente justifique no haber tenido antes
conocimiento de su existencia; y
3) No haber sido posible obtener con anterioridad los documentos,
medios o instrumentos, por causas que no sean imputables a la
parte, siempre que haya hecho oportunamente la designación de
archivos, protocolos o lugares, o al menos el anuncio de su
presentación.
Excepcionalmente, podrá presentarse
un documento hasta el momento de comenzar el plazo para dictar
sentencia, cuando la parte justifique que llegó a su conocimiento
después de la audiencia en que se practicó la prueba y fuera
relevante para la decisión de fondo. La autoridad judicial oirá a
la otra parte dentro del plazo de tres días.
Fuera de los casos anteriores y después de ese término, no se
admitirá a las partes la presentación de ningún documento,
instrumento, medio, informe o dictamen escrito.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, las sentencias
o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictada o
notificada después de los alegatos finales en la audiencia
respectiva, siempre que fueran relevantes para resolver en primera
instancia o en cualquier recurso.
Dichas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del plazo
previsto para dictar sentencia, dándose copia a las demás partes,
para que en el plazo común de cinco días, puedan alegar y pedir lo
que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar
sentencia. La autoridad judicial resolverá sobre la admisión y
alcance del documento en la misma sentencia.Artículo 286 Documentos en otro idioma
Los documentos en idioma distinto del
español y las lenguas de los pueblos originarios y
afrodescendientes deberán ser acompañados de su traducción, en caso
contrario no serán admitidos.
La traducción del documento podrá ser
impugnada, debiéndose indicar expresamente en qué consiste el
presunto defecto de traducción. En tal caso, la autoridad judicial
designará un traductor, cuyos honorarios pagará la parte
impugnante, si coincidiera sustancialmente la nueva traducción con
la presentada. Si la primera traducción o la impugnación resultaran
maliciosas, se impondrá a la parte responsable una multa de uno a
tres salarios mínimos.Artículo 287 Forma de presentación de documentos públicos
extranjeros
Los instrumentos públicos otorgados
fuera de Nicaragua deberán presentarse debidamente legalizados, y
se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter
público y la verdad de las firmas de las personas que los hayan
autorizado, certificadas ambas circunstancias por funcionarias o
funcionarios que según las leyes o la práctica de cada país, deban
acreditarlas.
La autenticidad de las firmas y el carácter de estos funcionarias o
funcionarios se comprobará en Nicaragua por alguno de los medios
siguientes:
1) El atestado de un agente
diplomático o consular nicaragüense, acreditado en el país de donde
el instrumento procede, y cuya firma se compruebe con el respectivo
certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Nicaragua;
2) El atestado de un agente diplomático o consular de una nación
amiga acreditado en el mismo país, a falta de funcionaria o
funcionario nicaragüense, certificándose en este caso la firma por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Nicaragua; 3) El atestado del agente diplomático acreditado en
Nicaragua por el gobierno del país en donde se otorgó el
instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua; y
4) La legalización de conformidad con los instrumentos
internacionales debidamente aprobados y ratificados por el Estado
de Nicaragua.
Capítulo IV
Medios Técnicos
Artículo 288 Medios técnicos de
filmación y grabación
Las partes podrán proponer como
prueba ante la autoridad judicial, la reproducción de imágenes y
sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación u
otros semejantes, pudiendo acompañar en su caso, transcripción
escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y
que sean relevantes para el caso.
La parte que proponga este medio de prueba, podrá aportar los
dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere
convenientes. También la otra parte podrá aportar dictámenes y
medios de prueba, cuando cuestione la autenticidad y exactitud de
lo reproducido.
De los actos que se realicen en relación a estos medios técnicos se
levantará acta, en la que se consignará cuanto sea necesario para
la identificación de las filmaciones y grabaciones llevadas a cabo,
así como las justificaciones y dictámenes aportados o las pruebas
practicadas, en su caso.
El medio que contenga la imagen o el sonido reproducidos, habrá de
conservarse por la autoridad judicial, haciendo referencia a los
autos del proceso, de modo que no sufra alteraciones.Artículo 289 Medios técnicos de archivo y reproducción
Los medios que permitan archivar,
conocer o reproducir datos, cifras y operaciones matemáticas
llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que por ser
relevantes para el proceso hayan sido admitidos como prueba, serán
examinados a través de los medios que la parte proponente aporte, o
que la autoridad judicial disponga utilizar. La otra parte podrá
alegar y proponer lo que a su derecho convenga.
Para la efectividad de estos medios de prueba, la autoridad
judicial tomará conocimiento directo del contenido del medio
presentado.
Será de aplicación a los medios previstos en el primer párrafo, lo
dispuesto en el artículo precedente con relación a la aportación de
dictámenes periciales o medios de prueba instrumentales. La
documentación en autos se hará del modo más apropiado a la
naturaleza del medio técnico, dando fe la secretaria o secretario,
quien adoptará las medidas de custodia necesarias.
Capítulo V
Prueba testifical
Artículo 290 El testigo
Toda persona tiene el deber de
declarar como testigo, cuando tenga noticia de hechos
controvertidos relativos a lo que sea objeto del proceso, si no
tuviera excusa o no pesara sobre ella prohibición de hacerlo.
Para que las y los testigos se tengan por idóneos, deben ser
ciudadanos o ciudadanas en ejercicio de sus derechos, o extranjeros
mayores de dieciséis años, tomando en cuenta su capacidad, probidad
y condición. La falta de idoneidad para ser testigo, deberá ponerse
de manifiesto en el momento de su declaración.Artículo 291 Designación
Al proponer la declaración de las y
los testigos se expresará su identidad, indicando su nombre y
apellidos, así como el lugar en que pueda ser citado, y cuando sea
posible, su profesión y domicilio.
También podrá hacerse la designación del testigo expresando el
cargo que ostentare u otras circunstancias de identificación.
Artículo 292 Limitación del número de testigos
Las partes podrán proponer cuantos
testigos estimen convenientes por cada hecho controvertido. Cuando
la autoridad judicial haya escuchado el testimonio de al menos tres
testigos relacionado con un hecho discutido, podrá obviar las
declaraciones testifícales que faltaren, referentes a ese mismo
hecho, si considerara que ha quedado suficientemente
ilustrado.
Artículo 293 Promesa
Antes de declarar, cada testigo
prestará promesa de decir verdad, siendo informado y advertido por
la autoridad judicial de las penas establecidas para el delito de
falso testimonio.
Artículo 294 Declaración testifical y su orden
Las testigos y los testigos serán
llamados a declarar separada y sucesivamente, por el orden en que
vinieran consignados en las propuestas de la parte, salvo que la
autoridad judicial considere conveniente alterarlo, por razones
excepcionales.
Las testigos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, para lo
cual se adoptarán las medidas de aislamiento necesarias.
Artículo 295 Preguntas generales al testigo
La autoridad judicial preguntará a
todos los testigos sin excepción, antes de comenzar su
interrogatorio:
1) Su nombre, apellidos, edad, estado civil, profesión u oficio,
domicilio y nacionalidad, lo que se comprobará con la respectiva
cédula de identidad ciudadana, y en defecto de ésta, se presentarán
dos testigos de conocimiento. En el caso de personas extranjeras,
éstos deberán presentar su cédula de residencia o pasaporte; 2) Si
ha sido o es cónyuge, si se encuentra en unión de hecho estable, si
es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de
parentesco está vinculado con las y los litigantes o de sus
abogadas o abogados, o haya estado ligado a éstos por vínculos de
adopción, tutela o análogos; 3) Si es o ha sido dependiente, o está
o ha estado al servicio de la parte que lo haya propuesto, o de la
abogada o abogado que le asiste o representa, o ha tenido o tiene
con ellos alguna relación susceptible de provocar intereses comunes
o contrapuestos; 4) Si tiene interés directo o indirecto en el
asunto, o en otro semejante; 5) Si es amigo o enemigo de alguna de
las partes litigantes, o de las abogadas o abogados que les asisten
o representan; y 6) Si ha sido condenado alguna vez por falso
testimonio. En vista de las respuestas del testigo a las preguntas
del numeral anterior, las partes podrán manifestar la existencia de
circunstancias relativas a su imparcialidad. La autoridad judicial
podrá interrogar al testigo sobre esas circunstancias y hará que
las preguntas y respuestas se consignen en acta.Artículo 296 Límites del derecho de preguntar
Cada parte interrogará a sus
testigos, y después podrá preguntar la otra parte.
Las preguntas al testigo deberán formularse oralmente, con la
debida claridad y precisión, sin incluir valoraciones ni
calificaciones, y en caso que éstas se hicieran, las preguntas se
tendrán por no formuladas.
No se admitirán preguntas capciosas, oscuras, sugestivas, ambiguas,
impertinentes, inútiles o perjudiciales para el testigo. Tampoco se
admitirán las preguntas que no se refieran a los conocimientos
propios del testigo.
La autoridad judicial decidirá sobre cada pregunta planteada en el
mismo acto del interrogatorio, admitiendo la que pueda resultar
conducente a la averiguación de hechos y circunstancias
controvertidas, que guarden relación con el objeto del
proceso.
Si a pesar de no haber sido admitida una pregunta ésta se
respondiera, la respuesta se tendrá por no dicha.Artículo 297 Objeciones a las preguntas
En el acto del interrogatorio, la
parte contraria a quien formuló la pregunta, podrá objetar su
admisión y hacer notar las valoraciones y calificaciones que estime
improcedentes y que, a su juicio, debieran tenerse por no
realizadas.
La parte que se muestre inconforme con la inadmisión de preguntas,
podrá manifestarlo así y pedir que su protesta conste en
acta.Artículo 298 Interrogatorio cruzado
Contestadas las preguntas generales,
el testigo será interrogado por la parte que le hubiera propuesto,
y si hubiera sido propuesto por ambas partes, se comenzará por las
preguntas que formule la parte demandante.
La autoridad judicial cuidará que las preguntas permitan al testigo
narrar los hechos de manera directa, coherente y lógica, sin
interrupciones de las partes, salvo que dude, se contradiga o
claramente evada toda o parte de la respuesta, en cuyo caso la
autoridad judicial podrá interrogar directamente.
Si la pregunta de la parte exigiera una respuesta afirmativa o
negativa, el testigo estará obligado a contestar en ese
sentido.
El testigo responderá por sí mismo, de palabra, sin valerse de
ningún borrador de respuestas. Cuando la pregunta se refiera a
cuentas, libros o documentos, se permitirá que los consulte antes
de responder. En este caso, si cualquiera de las partes lo
solicita, el libro o documento deberá aportarse en el acto, para
que sea examinado por las partes.
En cada una de sus respuestas, el testigo expresará la razón o
fundamento de lo manifestado.
Cuando sobre los mismos hechos controvertidos deban declarar otros
testigos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que
puedan comunicarse y conocer previamente el contenido de las
preguntas y las respuestas.Artículo 299 Testigo calificado
Cuando el testigo posea conocimientos
científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a
que se refieran los hechos del interrogatorio, la autoridad
judicial admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos
conocimientos agregue el testigo, a sus respuestas sobre los
hechos.
En cuanto a dichas manifestaciones, las partes podrán hacer notar a
la autoridad judicial la concurrencia de cualquiera de las
circunstancias de tacha de las y los peritos.Artículo 300 Testigos con deber de guardar secreto
Cuando por su estado, profesión u
oficio, el testigo tenga el deber de guardar secreto respecto de
hechos por los que se le interrogue, lo manifestará razonadamente y
la autoridad judicial, considerando el fundamento de la negativa a
declarar, resolverá mediante auto, lo que proceda en derecho. Si el
testigo quedara liberado de responder, se hará constar así en el
acta.
Si el testigo alegara que los hechos por los que se le pregunta,
pertenecen a materia legalmente declarada o clasificada como de
carácter reservado o secreto, la autoridad judicial, en los casos
que considere necesario, pedirá de oficio al órgano competente el
documento oficial que acredite dicho carácter.
Comprobado el carácter reservado o secreto, se mandará unir el
documento al expediente, dejando constancia de las preguntas
afectadas por el secreto oficial.
Artículo 301 Declaración domiciliaria del testigo
La declaración del testigo se hará
siempre en audiencia pública, salvo por el cargo o por razones de
salud que le impidan comparecer a la sede del juzgado, pudiendo
tomarse la declaración en su domicilio directamente, si se
encuentra en la sede judicial, o bien a través de auxilio judicial
en los casos que proceda.
A la declaración podrán asistir las partes y las abogadas o
abogados que les asistan o representen, advirtiéndoles que no
procederá el interrogatorio del testigo por escrito, sin perjuicio
que en la audiencia en que tenga lugar la práctica de la prueba
puedan aducir lo que a su derecho convenga tras la lectura del acta
correspondiente.
Cuando, atendidas las circunstancias, se considere prudente no
permitir a las partes y a los abogados que les asistan o
representen, que concurran a la declaración domiciliaria, se dará a
las partes copia de las respuestas obtenidas, para que puedan
solicitar dentro del tercer día, que se formulen al testigo nuevas
preguntas complementarias o que se le pidan las aclaraciones
oportunas.
Solo en este último caso, se acompañará una relación de preguntas
formuladas previamente por la parte proponente.Artículo 302 Interrogatorio por la parte contraria
Una vez respondidas las preguntas
formuladas por la abogada o el abogado de la parte que propuso la
prueba testifical a que se refiere el artículo anterior sobre
declaración domiciliaria del testigo, se podrán plantear al testigo
por la otra parte las preguntas que considere conducentes para
acreditar los hechos, siempre que no se le hayan formulado
anteriormente.Artículo 303 Careos
Cuando los testigos incurran en
graves contradicciones, la autoridad judicial de oficio o a
instancia de parte, podrá acordar que se sometan a un careo.
También podrá acordarse que, en razón de las respectivas
declaraciones, se celebre careo entre las partes y alguno o algunos
testigos.
Las actuaciones a que se refiere este artículo, se solicitarán al
finalizar del interrogatorio y se advertirá al testigo que no se
ausente, para que dichas actuaciones puedan practicarse a
continuación.Artículo 304 Documentación de las declaraciones
Las declaraciones testificales se
registrarán conforme lo dispuesto para la documentación de las
actuaciones procesales no escritas.Artículo 305 Tachas y sus motivos
Sin perjuicio de las respuestas que
dé el testigo a las preguntas generales contempladas en los
numerales 2), 3), 4), 5) y 6) del artículo 295 del presente Código,
cada parte podrá tachar los testigos propuestos por la contraria,
cuando concurra alguna de las causas antes señaladas.
Las tachas se podrán formular con posterioridad a la proposición o
desde el momento en que se admita la prueba testifical, hasta antes
que comience la audiencia probatoria del proceso ordinario o la
audiencia del proceso sumario, sin perjuicio de la obligación que
tienen las y los testigos, de reconocer cualquier causa de tacha al
hacérseles las preguntas generales reguladas en este Código.
La parte que propuso al testigo, también podrá tacharlo, en los
mismos términos señalados, cuando llegara a su conocimiento la
existencia de alguna de las causas de tacha.
Artículo 306 Prueba y oposición sobre las tachas
Con la alegación de las tachas, se
podrá proponer la prueba conducente a justificarlas, excepto la
testifical.
Si formulada la tacha de un testigo, las demás partes no se
opusieren a ella dentro del tercer día siguiente a su formulación,
se entenderá que reconocen el fundamento de la tacha. Si se
opusieren, alegarán lo que les parezca conveniente, pudiendo
aportar documentos.Artículo 307 Análisis y decisión de la tacha
Si la tacha menoscabara la
consideración profesional o personal del testigo, podrá éste
solicitar a la autoridad judicial que declare mediante auto, que la
tacha carece de fundamento.
La autoridad judicial tendrá en cuenta la tacha y su eventual
negación o contradicción en el momento de valorar la prueba.
Si la autoridad judicial apreciase temeridad o deslealtad procesal
en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se
formulará, podrá imponer a la parte responsable, con previa
audiencia, una multa de uno a tres salarios mínimos.Artículo 308 Declaraciones de testigos
Las autoridades judiciales valorarán
las declaraciones de las y los testigos de manera precisa y
razonada, atendiendo a las reglas de la sana crítica, del
conocimiento y del criterio humano, así como de acuerdo a las
normas que rigen el razonamiento lógico, tomando en consideración
la razón o fundamento de lo que hubieran expresado, las
circunstancias que en ellos concurran y, en su caso, las tachas
formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se hubiere
practicado.
Capítulo VI
Prueba pericial
Artículo 309 Procedencia
La pericia será procedente cuando,
para valorar los hechos o circunstancias relevantes en el asunto o
para adquirir certeza sobre ellos, se requieran conocimientos
científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos, prácticos u otros
análogos.
La prueba pericial será propuesta por las partes, que podrán
aportar al proceso el dictamen de perito privado,
independientemente de que también puedan solicitar que se emita
dictamen por perito judicial designado conforme lo establece este
Código.Artículo 310 Requisitos de los peritos
Los peritos deberán tener título en
la ciencia o arte al que pertenezca el punto sobre el que han de
dar su dictamen, si su profesión está reglamentada por las leyes.
No estando, o no habiendo peritos de aquella clase en el lugar del
proceso, podrá ser nombrada cualquier persona entendida o práctica,
aun cuando no tenga título.
Podrá asimismo solicitarse dictamen de academias, corporaciones o
instituciones culturales o científicas que se ocupen del estudio de
las materias correspondientes al objeto de la pericia. También
podrán emitir dictamen sobre cuestiones específicas las personas
jurídicas legalmente habilitadas para ello.
En los casos del párrafo anterior, la institución a la que se
encargue el dictamen expresará a la mayor brevedad, qué persona o
personas deberán prepararlo directamente.Artículo 311 Deberes de los peritos privados y judiciales
Al emitir el dictamen, el perito
deberá manifestar bajo promesa de decir la verdad, que ha actuado y
actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración
tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las
partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría
incurrir si incumpliera su deber como perito.Artículo 312 Forma del dictamen
Los dictámenes se formularán por
escrito, acompañados de los demás documentos, instrumentos o
materiales adecuados para exponer el parecer del perito, sobre lo
que haya sido objeto de la pericia para su más acertada valoración.
Si no fuera posible o conveniente aportarlos, el dictamen contendrá
las indicaciones suficientes sobre ellos.Artículo 313 Presencia de las partes en las operaciones
periciales
Cuando para la emisión del dictamen
se requiera el reconocimiento de lugares, objetos o personas, o la
realización de operaciones análogas, previa autorización judicial,
las partes y sus abogadas o abogados podrán estar presentes, si con
ello no se obstaculiza la labor del perito y se puede garantizar el
acierto e imparcialidad del dictamen.
Si alguna de las partes solicitare estar presente en las
operaciones periciales del párrafo anterior, la autoridad judicial
decidirá lo que proceda; en caso de admitir la petición, se
notificará a las partes, con antelación de al menos cuarenta y ocho
horas, de la fecha, día, hora y lugar en que aquellas operaciones
se llevarán a cabo.Artículo 314 Listado de peritos judiciales
La designación de perito judicial, se
realizará seleccionándolos de la lista oficial por materia,
elaborada por la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo dispone
la Ley Nº. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de
Nicaragua.Artículo 315 Aportación de dictamen privado de la parte
demandante
La parte demandante puede aportar la
prueba pericial, designando perito privado que elabore el
correspondiente dictamen.
El dictamen deberá ser aportado necesariamente con la demanda,
salvo que la parte demandante pueda justificar que fue imposible
tenerlo a disposición al momento de presentar la demanda, en cuyo
caso, previa autorización de la autoridad judicial y sin causar
indefensión a la parte demandada, lo presentará antes de la
audiencia inicial del proceso ordinario, o la del proceso
sumario.Artículo 316 Aportación de dictamen privado de la parte
demandada
La parte demandada con su
contestación aportará dictamen privado y si no lo pudo hacer,
justificará la imposibilidad de obtenerlo dentro del
emplazamiento.
En este caso la autoridad judicial podrá conceder a la parte
demandado un plazo adicional para que presente el dictamen, con al
menos cinco días de antelación a la audiencia inicial del proceso
ordinario, o la del proceso sumario.
Artículo 317 Dictámenes privados posteriores a la demanda
Cuando por lo contestado en la
demanda, o por lo alegado y pretendido en la audiencia inicial del
proceso ordinario surja la necesidad o utilidad de dictámenes, la
parte actora hará notar al judicial esta circunstancia y propondrá
la prueba pericial que aportará con al menos cinco días de
antelación a la celebración de la audiencia probatoria.
Si ello sucediera en el proceso sumario, declarada su pertinencia y
utilidad, se interrumpirá la audiencia hasta la elaboración del
dictamen en el plazo fijado judicialmente, el cual no podrá ser
superior a quince días.Artículo 318 Solicitud y decisión de peritaje judicial
Cuando lo considere conveniente, la
parte podrá solicitar en su demanda o contestación, peritaje
judicial a la autoridad judicial competente, señalando
concretamente las cuestiones sobre las cuales debe versar.
La autoridad judicial pondrá en conocimiento de la parte contraria
dicha solicitud, pudiendo esta última adherirse a la misma,
agregando nuevos puntos.
La autoridad judicial resolverá sobre la procedencia del dictamen y
determinará los aspectos que han de ser objeto del mismo, de
acuerdo con las proposiciones de las partes.
Asimismo, fijará el plazo para la presentación del dictamen que
será con al menos cinco días de antelación a la celebración de la
audiencia inicial en el proceso ordinario o la audiencia del
proceso sumario. El referido plazo podrá prorrogarse por cinco días
más y por una sola vez en caso de motivo fundado; vencida la
prórroga precluirá el derecho de presentar el dictamen.
La parte que goce del derecho de asistencia jurídica gratuita, no
tendrá que aportar con la demanda o la contestación el dictamen
pericial, sino tan solo ponerlo en conocimiento de la autoridad
judicial, a los efectos de que se proceda a la designación judicial
de perito, conforme lo dispuesto en este artículo y en el
siguiente.Artículo 319 Designación del perito judicial
La autoridad judicial procederá a la
designación del perito judicial, siempre que considere pertinente y
útil el dictamen solicitado, a costa de quien lo haya pedido, sin
perjuicio de lo que pudiera acordarse en materia de costas. En caso
que el perito judicial designado sea funcionaria, funcionario o
empleado del Estado, su actuación no causará honorarios.
La designación judicial del perito deberá realizarse en el plazo de
cinco días desde la contestación a la demanda, o desde que hubiera
transcurrido el plazo para ello, con independencia de quien haya
solicitado dicha designación.
Cuando ambas partes la hubieran pedido inicialmente, la autoridad
judicial podrá designar, si aquéllas se muestran conformes, un
único perito que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono
de los honorarios del perito corresponderá realizarlo a ambos
litigantes por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiera
acordarse en materia de costas.
En el proceso ordinario, si a consecuencia de las alegaciones o
pretensiones complementarias permitidas en la audiencia inicial,
las partes solicitasen la designación de un perito que dictamine,
se acordará así, siempre que resulte pertinente y útil el dictamen
y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia, y
en aceptar el dictamen del perito que la autoridad judicial nombre.
De la misma forma procederá, cuando las partes soliciten la
designación de perito, en proceso sumario. En ambos casos el plazo
para la aportación del dictamen será el establecido en el párrafo
cuarto del artículo anterior.
En los casos señalados en el párrafo anterior, si las partes
estuviesen de acuerdo en que el dictamen sea emitido por una
determinada persona o entidad, así lo acordará la autoridad
judicial. Si no hubiese acuerdo de las partes, el perito será
designado por el procedimiento establecido en este Código.
La autoridad judicial no designará más que un perito titular por
cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de
pericia, y que no requieran por la diversidad de su materia, el
parecer de distintos expertos.Artículo 320 Llamamiento, aceptación y nombramiento de los
peritos judiciales
Dentro del plazo de tres días desde
la designación, se comunicará esta al perito, requiriéndole para
que, dentro de otros tres días, manifieste si acepta el cargo. En
caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito procederá
conforme se disponga.
Si el perito designado adujera justa causa que le impida la
aceptación y la autoridad judicial la considera suficiente, será
sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta
que se pueda efectuar el nombramiento.
El perito designado podrá solicitar, en los tres días siguientes a
su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria,
que será a cuenta de la liquidación final. la autoridad judicial
decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a la parte o
partes que hayan propuesto la prueba pericial y no tengan derecho a
la asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar al perito la
cantidad fijada, dentro del plazo de tres días.
Transcurrido dicho plazo, si no se abonara la cantidad establecida,
el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda
procederse a una nueva designación.
Cuando el perito designado sea de común acuerdo y una de las o los
litigantes no abonara la provisión de fondos que le corresponda, se
ofrecerá al otro litigante la posibilidad de recuperar la cantidad
abonada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el párrafo
anterior o completar la cantidad que faltara, indicando en este
último caso los puntos sobre los que deba pronunciarse el
dictamen.
Artículo 321 Remisión del dictamen por el perito judicial
El perito judicial designado, hará
llegar su dictamen escrito al juzgado, en el plazo que se le haya
señalado, del que se entregará copia a las partes.Artículo 322 Asistencia del perito a la audiencia
Aportados los dictámenes, los peritos
deberán comparecer en la audiencia respectiva.Artículo 323 Intervención del perito en la audiencia
La intervención de los peritos
privados y judiciales en la audiencia versará sobre:
1) La exposición completa del dictamen, cuando ésta requiera la
realización de otras operaciones complementarias del escrito
aportado, mediante el empleo de los documentos, materiales y otros
elementos aportados con la demanda o contestación;
2) La explicación del dictamen, o de alguno o algunos de sus puntos
cuyo significado no fuera suficientemente claro para los efectos de
la prueba;
3) Las respuestas a preguntas y objeciones, sobre método, premisas,
conclusiones y otros aspectos del dictamen;
4) Las respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen referida
a otros puntos conexos, si pudiera llevarse a cabo en el mismo acto
y a efecto, en cualquier caso, de conocer la opinión del perito
sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como del
plazo necesario para llevarla a cabo, con interrupción de la
audiencia por un tiempo máximo de diez días;
5) La crítica del dictamen de que se trate, por el perito de la
parte contraria; y
6) La formulación de las tachas que pudieren afectar al
perito.
Cuando existan varios peritos o
peritas y exista contradicción en sus dictámenes, la autoridad
judicial determinará sobre qué aspectos debe centrarse la
discusión.
La autoridad judicial podrá formular preguntas a peritas y peritos
y requerir de ellos explicaciones para comprender y valorar mejor
el dictamen realizado.Artículo 324 Peritaje sobre la autenticidad de los medios
técnicos de reproducción
Cuando sea necesario o conveniente
determinar la autenticidad de un medio probatorio de reproducción
de sonido e imagen, o instrumentos técnicos que permitan archivar y
conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones
matemáticas con fines contables, o de otra clase, las partes podrán
proponer o aportar dictámenes periciales para su acertada
valoración.Artículo 325 Dictamen pericial
La autoridad judicial valorará los
dictámenes periciales de manera precisa y razonada, atendiendo a
las reglas de la sana crítica, del conocimiento y del criterio
humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento
lógico, tomando en consideración la razón de ciencia que hubieren
dado, las circunstancias que en ellos concurran y en su caso, las
tachas formuladas y los resultados de la prueba que sobre éstas se
hubiere practicado.
En caso que la autoridad judicial se aparte de las conclusiones de
un dictamen, deberá motivarlo expresamente en la
sentencia.Artículo 326 Tachas de peritos y motivos
Las peritas y los peritos privados y
judiciales, podrán ser tachados por las mismas causas previstas en
este Código para los testigos, sin perjuicio de las
siguientes:
1) Que anteriormente y sobre el mismo asunto, haya emitido dictamen
contrario a la parte solicitante, ya sea dentro o fuera del
proceso.
2) Haber prestado servicios como perito al litigante contrario, o
ser dependiente o socio del mismo.
3) Tener participación en sociedad o empresa que sea parte en el
proceso.
Artículo 327 Tachas de peritos
Las tachas de peritos se tramitará y
resolverá conforme lo dispuesto para las tachas de
testigos.
Capítulo VII
Reconocimiento judicial
Artículo 328 Procedencia
La prueba de reconocimiento judicial,
se practicará cuando para el esclarecimiento y apreciación de los
hechos fuera necesario o conveniente, que la autoridad judicial
examinara por sí misma algún lugar u objeto.
Sin perjuicio de la amplitud que la autoridad judicial estime que
ha de tener el reconocimiento, la parte que lo solicite habrá de
expresar los extremos principales a los que pretende que el
reconocimiento se refiera, e indicará si pretende concurrir al acto
con alguna persona técnica o práctica en la materia que le preste
asistencia.
La otra parte podrá, antes del reconocimiento, proponer otros
extremos que le interesen, y deberá manifestar si asistirá
acompañado de una persona técnica o práctica.
La autoridad judicial señalará con cinco días de antelación por lo
menos, lugar, fecha, día y hora en que haya de practicarse el
reconocimiento judicial, en todo caso con anterioridad a la
audiencia.Artículo 329 Práctica
La autoridad judicial podrá acordar
las medidas necesarias para lograr la efectividad del
reconocimiento, incluida la de ordenar la entrada en el lugar que
deba reconocerse, o donde se halle el objeto o la persona que se
deba reconocer, utilizando el auxilio de la fuerza pública.
Las partes y las abogadas o abogados que les asistan o representen,
podrán concurrir al reconocimiento judicial y hacer verbalmente a
la autoridad judicial las observaciones que estimen
oportunas.
Si de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial
considera conveniente oír las observaciones o declaraciones de las
personas técnicas o prácticas en la materia, les recibirá
previamente promesa de decir verdad.Artículo 330 Reconocimiento judicial y prueba pericial
Cuando la autoridad judicial lo
considere conveniente, de oficio o a instancia de parte, podrá
disponer que se practiquen en un solo acto, el reconocimiento
judicial y la prueba pericial sobre el mismo lugar u objeto,
siguiéndose el procedimiento establecido en este capítulo.
Artículo 331 Reconocimiento judicial y
la prueba testifical
A instancia de parte y a su costa, la
autoridad judicial podrá determinar que las testigas y los testigos
sean examinados tras la práctica del reconocimiento judicial,
cuando la inspección o reconocimiento del lugar o de las cosas
pueda contribuir a la claridad de su testimonio.
También se podrá practicar, a petición de parte, el interrogatorio
de la contraria cuando se den las mismas circunstancias señaladas
en el párrafo anterior.Artículo 332 Documentación del reconocimiento judicial
Se utilizarán medios técnicos de
grabación de imagen y sonido, u otros instrumentos semejantes para
dejar constancia de lo que sea objeto de reconocimiento judicial y
de las manifestaciones de quienes intervengan en él, consignándose
en el acta cuanto sea necesario, para la identificación de las
grabaciones, reproducciones o exámenes llevados a cabo, que habrán
de conservarse por el juzgado.
Cuando no se haya podido grabar la diligencia del reconocimiento
judicial, la secretaria o secretario levantará acta detallada,
consignándose en ésta, con claridad, el lugar en que se practicó,
los hechos, objetos y circunstancias reconocidas, así como las
percepciones y apreciaciones de la autoridad judicial, y las
realizadas por las partes y por las personas que hubieran
concurrido al mismo. También se recogerá en acta, el resultado de
las demás actuaciones de prueba, que se hubieran practicado en el
mismo acto del reconocimiento judicial.
Capítulo VIII
De las presunciones
Artículo 333 Presunciones legales
Cuando la ley establezca una
presunción, la persona a la que favorezca quedará dispensada de la
prueba del hecho presunto, siempre que queden probados los indicios
en que se base.
Cuando la ley establezca una presunción que admita prueba en
contrario, la actividad probatoria se podrá dirigir tanto a
demostrar que los indicios probados conducen a un hecho distinto
del presumido por la ley, o a ninguno; como a efectuar la
contraprueba de dichos indicios para establecer su
inexistencia.
Cuando la presunción legal admita prueba en contrario, la autoridad
judicial en la sentencia deberá justificar y razonar los argumentos
que lo han llevado a la decisión, sobre si el hecho presunto es la
consecuencia de los indicios.
Capítulo IX
Diligencias finales de prueba
Artículo 334 Diligencias finales de
prueba a instancia de parte
A instancia de parte, la autoridad
judicial podrá suspender el plazo para dictar sentencia, a fin
practicar diligencias finales de prueba, en los siguientes
supuestos:
1) Cuando por causas ajenas a la parte proponente, debidamente
justificadas, no se hubiese practicado alguna de las pruebas
admitidas; y 2) También se admitirán y practicarán las pruebas
pertinentes y útiles, que se refieran a hechos nuevos o de nueva
noticia, previstos en este Código. No se practicarán como
diligencias finales, las pruebas que las partes hubieran podido
proponer en tiempo y forma.Artículo 335 Tramitación
Si la solicitud se ajusta a las
reglas anteriores, se acordará mediante auto su realización en
audiencia especial, la que deberá celebrarse en un plazo de diez
días, una vez suspendido el plazo para dictar sentencia, conforme
lo establece este Código para cada uno de los medios de
prueba.
El plazo para dictar sentencia volverá a computarse, cuando
concluya la práctica de la diligencia final de prueba.
LIBRO TERCERO
MEDIDAS CAUTELARES
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
De la aplicación de las medidas cautelares
Artículo 336 Procedencia
En cualquier proceso, la parte
demandante o reconviniente podrá solicitar las medidas cautelares
necesarias y apropiadas, para asegurar la efectividad y el
cumplimiento de la sentencia que recayera.
Las medidas cautelares se decretarán siempre a petición de parte y
bajo su responsabilidad, y solo podrán afectar bienes o derechos de
las partes del proceso.
No procederán contra el Estado las medidas cautelares para futura
ejecución forzosa, excepto cuando actúa como persona jurídica de
derecho privado.Artículo 337 Presupuestos
Para decretar las medidas cautelares,
será necesario:
1) Que la persona solicitante justifique debidamente que son
indispensables para la protección de su derecho, siempre que exista
peligro de lesión o frustración del mismo, por la demora del
proceso antes de la resolución definitiva, de modo que sin la
inmediata adopción de la medida, la sentencia estimatoria de la
pretensión sería de imposible o difícil ejecución.
2) La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración
por demora deberán justificarse en la solicitud, de manera que sin
prejuzgar el fondo, permita a la autoridad judicial considerar que
la pretensión tiene fundamento.Artículo 338 Momento para solicitar las medidas cautelares
Las medidas cautelares se podrán
solicitar y adoptar en primera instancia en cualquier estado del
proceso, e incluso antes de haberse iniciado. En este último caso,
las medidas cautelares caducarán de pleno derecho si no se
presentara la demanda dentro de los treinta días de practicadas; en
tal caso, se condenará a la persona peticionaria al pago de los
gastos, los daños y perjuicios causados.Artículo 339 Medidas cautelares mediando acuerdo arbitral
Antes y durante el procedimiento
arbitral, las partes podrán solicitar la adopción de medidas
cautelares previstas en este Código a la autoridad judicial,
demostrando la existencia del acuerdo arbitral.
Durante el procedimiento arbitral a solicitud de parte el tribunal
arbitral podrá solicitar la adopción de medidas cautelares,
previstas en este Código a la autoridad judicial competente sin
detrimento de lo previsto en la Ley Nº. 540, Ley de Mediación y
Arbitraje, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 122 del 24 de
junio de 2005.
Las medidas cautelares caducarán de pleno derecho dentro de los
treinta días de practicadas, si no se demuestra con certificación
la providencia que da inicio al arbitraje o la etapa procedimental
en que éste se encuentre, condenándose en tal caso a la persona
peticionario al pago de los gastos, los daños y perjuicios
causados.Artículo 340 Medidas cautelares en proceso jurisdiccional en el
extranjero
Quien acredite ser parte en un
proceso jurisdiccional seguido en otro Estado, podrá solicitar a
través del auxilio judicial internacional, de conformidad con los
instrumentos internacionales aprobados y ratificados en Nicaragua,
la adopción de medidas cautelares respecto de bienes situados o
actos que se estén realizando en el país.Artículo 341 Facultades de la autoridad judicial
Corresponderá a la autoridad
judicial:
1) Apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos
rigurosa a la solicitada, si la estimare suficiente;
2) Determinar su alcance;
3) Establecer el término de su duración;
4) Disponer, a petición de parte, la modificación, sustitución o
cese de la medida cautelar adoptada;
5) Determinar la forma de la caución, su cuantía y tiempo en que
deba prestarse;
6) Exigir la prestación de contra cautela suficiente, salvo los
casos exceptuados.Artículo 342 Proporcionalidad y adecuación
Solicitada una medida cautelar, podrá
la autoridad judicial decretarla, aplicando el principio de
proporcionalidad, adecuando su alcance y forma de cumplimiento, a
fin de evitar la mayor gravedad u onerosidad para la parte
demandada, según las circunstancias del caso y siempre que se
garantice la pretensión de la persona solicitante.
Capítulo II
Clases de medidas cautelares
Artículo 343 Medidas cautelares
específicas
Podrá solicitarse la adopción de las
siguientes medidas cautelares:
1) El embargo preventivo de bienes;
2) El secuestro de cosa mueble o semoviente;
3) La intervención o administración judicial de bienes productivos,
comerciales e industriales;
4) La aposición de sellos;
5) La formación de inventarios de bienes;
6) La anotación preventiva del embargo, la demanda y otras
anotaciones registrales, si la publicidad registral es útil para
garantizar el cumplimiento de la ejecución;
7) El cese provisional de una actividad, la abstención temporal de
realizar una conducta, o de prohibición temporal de interrumpir o
de cesar en la realización de una prestación que estuviera
llevándose a cabo;
8) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una
actividad que se considere ilícita, y cuya prohibición o cesación
se pretenda en la demanda;
9) El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se
reputen producidos con infracción de las normas sobre derechos de
autor, propiedad industrial y otras, así como el depósito del
material empleado para su producción;
10) La consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en
concepto de remuneración sobre derechos de autor, propiedad
industrial y otras; y
11) Otras medidas establecidas por las leyes.Artículo 344 Potestad cautelar general
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior, se podrá solicitar la adopción de cualquier
medida cautelar que se estime necesaria para asegurar la
efectividad de la protección jurisdiccional pretendida, así como la
de aquellas que para la protección de ciertos derechos, estén
expresamente previstas en las leyes o en los instrumentos
internacionales aprobados y ratificados en Nicaragua.Artículo 345 Bienes inembargables
Se consideran bienes inembargables
los siguientes:
1) Los bienes y derechos declarados inalienables, así como los que
carezcan de contenido patrimonial. No obstante, se podrán embargar
los accesorios que sean alienables con independencia del
principal;
2) Los bienes constituidos en patrimonio familiar incluso la
vivienda, de conformidad con la ley de la materia;
3) Los bienes declarados patrimonio nacional o patrimonio
histórico;
4) Las pensiones, salvo cuando se trate de alimentos;
5) El menaje de la casa, en lo que no pueda considerarse superfluo,
así como las ropas del ejecutado y de su familia, aquellos bienes
como utensilios caseros y de cocina, los artículos de alimentos,
combustible y otros, que a juicio de la autoridad judicial,
resulten indispensables para que el ejecutado y los miembros que
conforman la unidad familiar, puedan atender con razonable dignidad
su subsistencia;
6) Los libros, máquinas, equipos, utensilios y herramientas
indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio,
enseñanza o aprendizaje de la persona obligada, salvo el caso de
bienes prendados, para garantizar el precio de la adquisición o
para obtener financiamiento;
7) Las insignias, condecoraciones, emblemas, símbolos distintivos,
uniformes de las y los funcionarios y empleados del Estado,
Ministerio del Interior y sus dependencias, la Cruz Roja
Nicaragüense y Asociaciones de Bomberos, armas y equipos de uso
militar del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, así como
aquellos bienes cuyo dominio y tenencia este prohibidas por la ley
a los particulares. En caso se encuentre ilegalmente armas de
fuego, municiones explosivos y sus accesorios, así como otros
materiales relacionados en la Ley No. 510, Ley especial
para el control y regulación de armas de fuego, municiones y
explosivos y otros materiales relacionados, publicada La Gaceta,
Diario Oficial No. 40 del 25 de febrero de 2005, los
jueces y juezas informarán inmediatamente a la Policía Nacional por
medio de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Materiales relacionados;
8) Los destinados exclusivamente a la veneración y celebración del
culto de las congregaciones religiosas legalmente
establecidas;
9) Las sepulturas, derechos funerarios y lotes destinados para
éstos;
10) Los que por su naturaleza, a criterio de la autoridad judicial,
sean de valor de mercado inferior al monto de los gastos necesarios
para su enajenación;
11) Los bienes del Estado y bienes públicos de las municipalidades,
cuando actúen como persona jurídica de derecho público; y
12) Los bienes y cantidades expresamente declarados inembargables,
por disposición legal.Artículo 346 Orden de prelación de bienes para el embargo
Salvo que se ejecuten obligaciones
garantizadas con hipoteca o prenda, el orden de los bienes
embargables lo determinará la autoridad judicial, atendiendo a la
mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el
ejecutado.
Si por las circunstancias de la ejecución resultara imposible o muy
difícil proceder de la manera indicada, los bienes se podrán
embargar por el siguiente orden:
1) Dinero, alhajas, divisas
convertibles, depósitos en cuentas corrientes y de ahorro,
certificados de ahorro y otros, ya sea en moneda nacional o
extranjera;
2) Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo,
títulos valores u otros instrumentos financieros negociables en un
mercado oficial de valores;
3) Intereses, rentas y frutos de toda especie;
4) Sueldos, salarios e ingresos, procedentes de actividades
profesionales y mercantiles por cuenta propia;
5) Bienes muebles o semovientes;
6) Acciones, participaciones sociales y títulos o valores no
admitidos a cotización oficial;
7) Bienes inmuebles; y
8) Créditos, derechos y valores realizables a mediano y largo
plazo;
Cuando el embargo afecte diversos
elementos patrimoniales de una empresa, causando perjuicio o daño
en la naturaleza de ésta, u obstaculizando su actividad laboral,
comercial o industrial, podrá excepcionalmente ordenarse el embargo
de dicha empresa, de conformidad a lo regulado sobre intervención y
administración de bienes en el Libro Tercero, Título I, Capítulo VI
de este Código.
Capítulo III
Embargo
Artículo 347 Procedencia del embargo
preventivo
Podrá solicitar embargo preventivo,
la persona acreedora de deuda en dinero, frutos, rentas y cosas
fungibles, convertibles en dinero aplicando precios ciertos.
Cabe solicitar el embargo preventivo en los siguientes
supuestos:
1) Cuando la persona deudora no tenga
domicilio en la República; 2) Cuando la existencia del crédito esté
demostrada con instrumento público o privado; 3) Cuando la
existencia del crédito conste en contrato bilateral, siempre que la
persona acreedora haya cumplido con su parte o que su obligación
fuere a plazo; 4) Cuando aun estando la deuda sujeta a condición o
plazo, se acredite que la persona deudora trate de enajenar,
ocultar o transportar sus bienes comprometiendo la garantía, o
siempre que se justifique que por cualquier causa, ha disminuido
apreciablemente la solvencia de la persona deudora después de
contraída la obligación; y 5) Cuando se demande por daños y
perjuicios derivados de eventos dañosos, siempre que se acredite el
daño y la parte demandada no contare con seguro de responsabilidad;
o cuando contando con dicho seguro, éste sea insuficiente, o la
aseguradora se encontrara en proceso de liquidación al momento del
inicio del proceso, o en forma sobrevenida.
También será procedente el embargo
preventivo si, por las circunstancias del caso, fuera una medida
idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia, y
menor onerosidad para la parte demandada.
En todo lo no previsto expresamente en este título, se estará a lo
dispuesto para el embargo en la ejecución forzosa.Artículo 348 Embargo de bienes inmuebles
Cuando se embargue un bien inmueble a
solicitud de la parte interesada, se ordenará su anotación en el
Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, mediante
oficio que se enviará el mismo día de ejecutado el embargo.
Si se tratara de un bien inmueble no inscrito, inmediatamente se
notificará la medida a la parte deudora.
Cuando la afectación se limite al bien mismo, con exclusión de sus
frutos, se nombrará como depositario a la o el propietario,
poseedor u ocupante del bien inmueble sin derecho a retribución por
el depósito. En ausencia de los señalados anteriormente, la
autoridad judicial podrá nombrar como depositario a la persona que
considere idónea.Artículo 349 Embargo de vehículo
Cuando se hubiere ordenado el embargo
de un vehículo, se procederá a nombrar un depositario, quien lo
custodiará en un lugar adecuado o un almacén permanente de bienes,
y no podrá ser retirado sin orden escrita de la autoridad judicial
que decretó la medida. Mientras esté vigente el embargo, no se
levantará la orden de inmovilización.
No obstante, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, la
autoridad judicial podrá designar depositario a la parte deudora,
quien podrá utilizar el vehículo con el cuidado y diligencia
debida, y lo tendrá en todo momento a la orden de la autoridad
judicial.
Cuando se embargue un vehículo se remitirá oficio a la Policía
Nacional para la anotación en el Registro de Propiedad
Vehicular.
Artículo 350 Embargo de bienes informáticos
En caso de dictarse embargo sobre
cualesquiera soportes hábiles para almacenar información, sean
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, la persona afectada
por la medida tendrá derecho a retirar la información contenida en
ellos, salvo que ésta sea objeto del proceso.Artículo 351 Embargo preventivo de títulos valores
Cuando se afecten títulos valores
conforme a las leyes de la materia, se realizará la anotación
respectiva en el documento, conjuntamente con copia certificada de
su designación y del acta de embargo.
La persona depositaria queda obligada a todo tipo de gestiones y
actuaciones, para evitar que el título se perjudique en el
ejercicio de derechos, y a depositar de inmediato el dinero que
obtenga, en la cuenta bancaria oficial de la Corte Suprema de
Justicia.Artículo 352 Embargo de bienes muebles, unidades de producción o
de comercio y de empresas
Pueden embargarse los bienes muebles
de una empresa, cuando esta medida no afecte el normal
desenvolvimiento de la misma.
Asimismo, podrá decretarse el embargo de una unidad de producción o
de comercio, conforme a lo establecido en este Código u otras
leyes.Artículo 353 Embargo en forma de retención
Cuando la medida cautelar recaiga
sobre derechos de crédito u otros bienes de la persona deudora en
posesión de terceros, puede ordenarse al poseedor retener el pago a
la orden de la autoridad judicial, depositando el dinero en una
entidad financiera designada para ello. Tratándose de otros bienes,
el retenedor asumirá las obligaciones y responsabilidades del
depositario, salvo que los ponga a disposición de la autoridad
judicial.
Artículo 354 Diligencia de embargo o secuestro de bienes
Cuando se hayan de embargar o
secuestrar bienes, en el acta de la diligencia se incluirán los
siguientes extremos:
1) Relación de los bienes, con descripción, lo más detallada
posible, de su forma y aspecto, características principales, estado
de uso y conservación, así como la clara existencia de defectos que
pudieran influir en una disminución de su valor, acompañándose para
ello de medios de documentación gráfica o visual para su mejor
identificación; 2) Manifestaciones efectuadas por quienes hayan
intervenido en el embargo o secuestro, en especial las que se
refieran a la titularidad de las cosas y a eventuales derecho de
terceros;
3) Persona a la que se designa depositario y lugar donde se
depositan los bienes.
Del acta en que conste la diligencia
se dará copia a las partes.
Capítulo IV
Secuestro Preventivo
Artículo 355 Procedencia del
secuestro
Procederá el secuestro de los bienes
muebles o semovientes objeto del proceso, cuando se pretenda la
condena a su entrega y se hallen en poder de la parte demandada,
siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el
derecho cuya efectividad se quiere garantizar.
Procederá el secuestro con igual condición, cuando sea
indispensable para proveer a la guarda o conservación de cosas,
para asegurar el resultado de la sentencia.
La autoridad judicial designará depositario a la persona propuesta
por el acreedor o en su defecto por la persona deudora, y que a
juicio de la autoridad judicial sea una persona idónea y con
arraigo, que mejor convenga, fijará su remuneración y ordenará el
inventario, si fuera indispensable.
El secuestro se regirá por las normas establecidas para el embargo
en la medida en que le sean aplicables.
Capítulo V
Disposiciones Comunes
Artículo 356 Obligaciones de la persona depositaria
Son obligaciones de la persona
depositaria, entre otras, las siguientes:
1) Conservar los bienes en depósito o custodia en el mismo estado
en que los recibe, a la orden de la autoridad judicial y con acceso
permanente para la observación por las partes y por la funcionaria
o funcionario judicial designado al efecto;
2) Dar cuenta inmediata a la autoridad judicial, bajo
responsabilidad civil y penal, de todo lo que pueda significar
alteración o deterioro de los objetos en depósito, sin perjuicio de
lo que específicamente dispongan otras normas;
3) Cuando la naturaleza de los bienes embargados lo exija, teniendo
en cuenta sus características y productividad, custodiar y
conservar los bienes con la debida diligencia, exhibiéndolos en las
condiciones que se le indiquen y entregándolos a la persona que la
autoridad judicial designe; y
4) Cuando el embargo recaiga sobre salarios, sueldos, retribuciones
o su equivalente, el depositario estará obligado a efectuar las
retenciones conforme la orden de embargo, rendir informes y
entregar a las personas que la autoridad judicial
designe.Artículo 357 Particularidades del depósito
Cuando se trate de objetos de
especial valor, o que necesiten cuidados especiales, el depósito se
realizará en la entidad pública o privada acreditada y que resulte
adecuada.
Cuando la parte ejecutada fuere nombrada depositaria, podrá
autorizársele el uso de lo embargado siempre que no sea
incompatible con su conservación. También podrá autorizársele la
sustitución de lo embargado, si lo exige la naturaleza de las cosas
o la actividad empresarial; pero sus frutos o rentas quedarán
sujetos a la ejecución, debiendo consignar mensualmente hasta el
veinte por ciento de las rentas netas para cubrir el monto del
reclamo.Artículo 358 Retribución a la persona depositaria
La persona depositaria podrá ser
retribuida conforme lo establece el Decreto No. 149,
Código de Aranceles Judiciales, publicado en La Gaceta No.
69 del 30 de Marzo de 1950, salvo lo previsto
para el depósito de inmuebles o cuando la persona depositaria sea
la misma deudora, en el caso de bienes muebles.Artículo 359 Remoción de la persona depositaria
Las partes podrán solicitar la
remoción de la persona depositaria, la que se tramitará por la
forma establecida para los incidentes por escrito, sin suspensión
del proceso principal, y procederá cuando a criterio de la
autoridad judicial no fuere notoria la responsabilidad de la
persona depositaria nombrada, o por las causas fijadas en el Código
Civil y otras leyes.
Capítulo VI
Intervención y administración de bienes
Artículo 360 Intervención y
administración judicial
Se ordenará la intervención o
administración judicial cuando se pretenda una sentencia de condena
a entregar bienes a título de dueño, usufructuario o cualquier otro
que tenga interés legítimo en mantener o mejorar la productividad,
o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la
efectividad de la condena que pudiere recaer.
Se ordenará la administración judicial únicamente cuando se decrete
el embargo de una empresa o grupo de empresas, o cuando se
embarguen acciones o participaciones que representen la mayoría del
capital social, del patrimonio común, o de los bienes o derechos
pertenecientes a las empresas, o adscritos a su explotación.
Se ordenará la intervención judicial cuando se embarguen los
frutos, productos o recaudaciones de una empresa o unidad de
producción.Artículo 361 Tramitación de la intervención o administración
judicial
Cuando se disponga una intervención o
administración judicial en el auto se fijará su duración, aunque la
medida podrá ser prorrogada mediante la justificación de su
necesidad, así como las facultades de la persona interventora o
administradora, que se limitarán a las estrictamente indispensables
para asegurar el derecho que se invoque, debiendo procurarse la
continuación de la explotación de los bienes intervenidos.
Para constituir la intervención o la administración judicial, se
convocará a las partes a una audiencia conforme lo establecido para
la tramitación y audiencia de las medidas cautelares, a fin de que
lleguen a un acuerdo o efectúen las alegaciones y pruebas oportunas
sobre el nombramiento de la persona que deba desempeñar tal cargo,
exigencia o no de caución, forma de actuación, mantenimiento o no
de la administración preexistente, rendición de cuentas y
retribución procedente. En lo que no exista acuerdo o medie
oposición de alguna de las partes, la autoridad judicial resolverá
lo que estime procedente.
La autoridad judicial designará de uno a tres interventores o
administradores, según la entidad y complejidad del
caso.Artículo 362 Responsabilidad de la intervención y de la
administración
El interventor y el administrador
judicial serán responsables civil y penalmente del cumplimiento de
sus funciones y de la veracidad de la información que ofrezcan;
asimismo, por las cantidades de dinero que recauden, para los
efectos de exigencia de responsabilidad, se ajustarán a lo
dispuesto para la persona depositaria.
La persona afectada por la medida cautelar responderá civil y
penalmente por su actitud de resistencia, obstrucción o
violencia.
Artículo 363 Retribución
La actividad del administrador o
interventor será de auxiliar judicial temporal. Su retribución no
podrá exceder de la que percibiera, en su caso, un gerente con
funciones de administrador en la empresa o en el bien productivo
intervenido.
La autoridad judicial fijará la retribución de la persona
interventora o administradora, que se abonará por el peticionario
o, mediando circunstancias que así lo determinen, por los productos
del propio bien intervenido y se imputará a la que se fije como
honorario final, sin perjuicio de lo que en definitiva se decida
respecto de la parte que deba soportar su pago.Artículo 364 Contenido de la intervención de bienes
Con la medida de intervención de una
empresa o de bienes productivos, sin alterar la administración
existente, la interventora o interventor tomará conocimiento de
todas y cada una de las operaciones que realice la o el
administrador y podrá oponerse a ellas.Artículo 365 Obligaciones de la persona interventora
La interventora o el interventor
judicial está obligado a:
1) Verificar el funcionamiento y conservación de los bienes
intervenidos, sin interferir ni interrumpir las labores propias de
la o el administrador;
2) Llevar el control de ingresos y egresos;
3) Informar en los plazos señalados por la autoridad judicial, del
desarrollo regular de la intervención; y
4) Informar de inmediato a la autoridad judicial, sobre aquellos
aspectos que considere perjudiciales o inconvenientes a los
intereses de quien ha obtenido la medida cautelar, entre ellos la
falta de ingresos o la resistencia e intencional obstrucción, que
dificulte o impida su actuación.Artículo 366 Práctica de la intervención
La funcionaria o el funcionario
judicial respectivo notificará el auto de nombramiento a la persona
interventora, quedando ésta en posesión del cargo; de igual manera
notificará a la o el administrador de la empresa o del bien
intervenido, expresándole la forma y alcances de la medida, las
facultades de la o el interventor y la obligación de atender a sus
requerimientos, dentro de los límites establecidos por la autoridad
judicial.
La persona interventora redactará un acta en presencia del
afectado, incluyendo un inventario de los bienes y archivos, en la
que la o el intervenido podrá dejar constancia de sus observaciones
respecto de la medida. Si la persona afectada rehusare firmar, se
dejará constancia de su negativa.
La intervención se anotará en el Registro Público de la Propiedad
Inmueble y Mercantil.Artículo 367 Contenido de la medida de administración de
bienes
Cuando se acuerde o se nombre la
administración judicial de una empresa o de bienes productivos, se
sustituirá a la o el administrador preexistente y los derechos,
obligaciones, facultades y responsabilidades del administrador
judicial, serán los que correspondían con carácter ordinario al
anterior. Sin embargo, la administradora o el administrador
judicial necesitarán autorización judicial para enajenar o gravar
bienes muebles o inmuebles, participaciones en la empresa o de ésta
en otras, para contratar o despedir personal o cualquier otro acto
que por su naturaleza o importancia, la autoridad judicial hubiera
expresamente señalado.
La administración judicial se anotará en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y Mercantil, cuando afectara a bienes
inmuebles.Artículo 368 Obligaciones del administrador judicial
La administradora o el administrador
judicial está obligado, según se trate de un bien, empresa o unidad
productiva, a:
1) Gerenciar el bien embargado, con
sujeción a su objeto;
2) Realizar los gastos ordinarios y los de conservación;
3) Cumplir con las obligaciones laborales que correspondan;
4) Pagar tributos y demás obligaciones legales;
5) Formular los balances correspondientes a su
administración;
6) Proporcionar a la autoridad judicial la información que éste
exija, agregando las observaciones sobre su gestión;
7) Poner a disposición de la autoridad judicial la totalidad de las
utilidades o frutos obtenidos; y
8) Las demás señaladas por este Código y por la ley.
Artículo 369 Práctica de la medida de administración de
bienes
La funcionaria o funcionario judicial
notificará el auto de nombramiento a la o el administrador quedando
éste en posesión del cargo; de igual manera notificará a la o el
administrador preexistente que cesa en la administración que hasta
entonces llevaba. La o el administrador judicial levantará acta en
la que se incluirá un inventario de los bienes y archivos, y del
estado de la administración. Si persona afectada no quisiera
firmar, se dejará constancia de su negativa.
Si surgieran discrepancias respecto de los actos de la o el
administrador judicial, serán resueltas por la autoridad judicial
tras oír a los afectados, y sin perjuicio del derecho de oponerse a
la cuenta final que habrá de rendir.
La administradora o el administrador judicial presentará una cuenta
final justificada, de la que se dará copia a las partes, quienes
podrán impugnarla en el plazo de cinco días, prorrogables a
treinta, atendida su complejidad. En caso de oposición a la cuenta
final de la o el administrador, se convocará a las personas
interesadas a una audiencia que se tramitará conforme lo
establecido para el proceso sumario. En la audiencia la autoridad
judicial resolverá lo que proceda por medio de auto. Dicho auto
podrá ser apelado.
Capítulo VII
Aposición de sellos, formación de inventario y anotación
preventiva registral
Artículo 370 Modo de proceder
En cualquier tipo de proceso se podrá
solicitar como medida cautelar, la aposición de sellos y formación
de inventario de bienes. Para tal efecto, se procederá en lo que
fuere pertinente conforme lo establecido en los Actos de
Jurisdicción Voluntaria regulados en este Código.
Artículo 371 Anotación preventiva del
embargo, de la demanda y otras anotaciones registrales
Para efectos de publicidad procederá
la anotación preventiva del embargo, de la demanda y otras
anotaciones registrales, cuando se dedujere una pretensión que
pudiere tener como consecuencia, la modificación de una inscripción
en el Registro correspondiente.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS CAUTELARES
Capítulo I
Requisitos y competencias de las medidas cautelares
Artículo 372 Requisitos de la
solicitud de medidas cautelares
La solicitud de medidas cautelares se
presentará por escrito, deberá contener la precisa determinación de
la medida y de su alcance, justificando cumplidamente la
concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su
adopción.
Se acompañarán los documentos que la funden o se propondrán otros
medios de prueba, para acreditar los presupuestos que autorizan la
adopción de medidas cautelares.
Asimismo, se ofrecerá la prestación de caución, especificando el
tipo de la misma y la cuantía que se propone, o se justificará la
exención que pudiera corresponder a la persona
solicitante.Artículo 373 Competencia
Será competente para la adopción de
las medidas cautelares, la autoridad judicial que posteriormente
deba conocer del proceso, o el que lo esté conociendo.
Será competente para la ejecución de las medidas cautelares, la
autoridad judicial de ejecución y embargo donde hubiere.
Si la medida cautelar se solicita en relación a un proceso
arbitral, la competencia corresponderá al juzgado del lugar donde
se deba ejecutar la sentencia arbitral, o donde deban surtir efecto
las medidas. Lo mismo se aplicará respecto de las medidas
cautelares solicitadas para procesos judiciales extranjeros, salvo
que dispongan cosa distinta los instrumentos internacionales
aprobados y ratificados por el Estado de Nicaragua.
Artículo 374 Examen de oficio de la competencia
La autoridad judicial examinará de
oficio su competencia para conocer de la solicitud de medidas
cautelares, rechazará de plano su intervención si considera que
carece de ella, y remitirá a la persona solicitante a la autoridad
judicial competente.
Sin embargo, la medida ordenada por una autoridad judicial
incompetente será válida si se cumplen los demás requisitos
legales, pero no se prorrogará la competencia, debiendo remitir las
actuaciones de la autoridad judicial competente en cuanto sea
requerido, o se ponga de manifiesto la incompetencia.
Capítulo II
De la caución en las medidas cautelares
Artículo 375 Prestación de caución
Como regla general, la persona
solicitante de la medida cautelar deberá ofrecer caución
suficiente, para garantizar el pago de las costas causadas en el
incidente, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la parte demandada, por su adopción y
cumplimiento.
La prestación de caución, será siempre previa a cualquier acto de
cumplimiento de la medida cautelar acordada.Artículo 376 Forma y cuantía de la caución
La caución podrá ofrecerse en dinero
en efectivo, cheque certificado, cheque de gerencia o de caja,
garantía bancaria o de instituciones financieras
supervisadas.
La autoridad judicial podrá aceptar
la caución ofrecida, graduarla, modificarla o incluso, cambiarla
por la que considere pertinente, siempre respetando la
proporcionalidad en relación con el monto de la pretensión
deducida, y la capacidad patrimonial de la parte
solicitante.Artículo 377 Exención de la prestación de caución
Quien tenga reconocido el beneficio
de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que prestar caución para
la adopción de las medidas cautelares.
La autoridad judicial podrá eximir de la prestación de caución a la
parte solicitante, cuando su capacidad económica sea sensiblemente
inferior a la de la parte contraria; especialmente, en los casos en
que la pretensión planteada implique, junto a la defensa de un
interés particular, la defensa de intereses generales, colectivos o
difusos, como los de los consumidores o los de protección del medio
ambiente. Esta decisión judicial deberá tomarse con especial
motivación, y previa ponderación razonada de los intereses de las
partes.
No se le exigirá caución al Estado ni a las municipalidades en los
casos de cobros de impuestos, tasas o servicios.
Tampoco se exigirá caución, en los demás casos previstos en la
ley.
Capítulo III
Tramitación y audiencia de las Medidas Cautelares
Artículo 378 Tramitación y audiencia
de las Medidas Cautelares
Para la sustanciación de la solicitud
de medidas cautelares, su modificación, sustitución o cese, se
formará pieza separada sin suspensión del proceso principal, y
previa audiencia de la parte contraria.
Admitida la solicitud, la autoridad
judicial convocará a las partes a una audiencia con carácter
preferente, que se celebrará dentro del quinto día hábil desde la
notificación.
En la audiencia ambas partes
expondrán brevemente, lo que a su derecho convenga.
Las partes podrán hacer uso de
cuantos medios de prueba consideren convenientes, siempre que la
autoridad judicial acuerde su práctica conforme las circunstancias
y la brevedad con que deba celebrarse la audiencia.
Para motivar el recurso de apelación
contra el auto que resuelva las medidas cautelares, las partes
deberán protestar las infracciones que se produzcan en la
audiencia.Artículo 379 Decisión sobre las medidas cautelares
Terminada la audiencia o dentro del
plazo de tres días, la autoridad judicial resolverá mediante auto
la solicitud de medidas cautelares.
Si estimara que concurren los
presupuestos y requisitos para la adopción de las medidas, accederá
a la solicitud y fijará con precisión la medida o medidas
cautelares que se acuerden, determinando su régimen, forma, cuantía
y tiempo en que deba prestarse caución por la persona
solicitante.
Contra el auto que admita las medidas
cautelares cabrá recurso de apelación.
Contra el auto que deniegue la
petición de medidas cautelares no cabrá recurso alguno, pero se
podrá presentar nueva solicitud, si cambian las circunstancias
existentes en el momento de la petición.
Las costas se impondrán con arreglo a
los criterios generales establecidos en este Código.Artículo 380 Tramitación y audiencia de las medidas cautelares
urgentes
Cuando la persona solicitante pida
que se adopten medidas cautelares de urgencia sin audiencia de la
parte contraria, deberá acreditar las razones o alegar que la
audiencia puede comprometer el éxito de la medida cautelar. En este
caso, la autoridad judicial resolverá sobre su adopción dentro del
plazo de tres días desde la presentación de la solicitud, razonando
sobre la concurrencia de los requisitos de la medida y las razones
para acordarla sin oír a la contraparte. Contra el auto que se
dicte no cabrá recurso alguno.
Al momento de ejecutar la medida
cautelar se notificará a la persona afectada dicho auto
entregándole copia del escrito de solicitud, para que ejerza su
derecho de oposición si así lo desea.
Artículo 381 Oposición de la parte
demandada
Cuando la medida cautelar se adopte
sin previa citación de la parte demandada, podrá éste formular
oposición en el plazo de tres días contados desde la notificación
del auto por el que se acuerde.
En el escrito de oposición, la parte demandada deberá justificar la
improcedencia de la medida, proponiendo las pruebas de las que
pretenda valerse para fundamentar su oposición.
Artículo 382 Contracautela para impedir la práctica de la medida
cautelar
Al oponerse la parte demandada
ofrecerá contracautela, para garantizar los eventuales perjuicios
que puedan derivarse del levantamiento de la medida, y para
garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que
se dictare.
La autoridad judicial decidirá sobre la forma y cuantía de la
contracautela, atendidas las circunstancias concretas del caso,
aplicando lo establecido en este Título sobre el régimen de la
caución.Artículo 383 Decisión sobre la oposición
Admitida a trámite la oposición, la
autoridad judicial convocará a las partes a una audiencia, que se
celebrará en el plazo de cinco días contados desde la notificación
a las partes. Al notificar a la parte demandante se le dará copia
del escrito de oposición.
Presentadas las alegaciones por las partes y practicadas las
pruebas que se propusieran y admitieran, la autoridad judicial
resolverá inmediatamente sobre el mantenimiento o levantamiento de
la medida y sobre la prestación de la contracautela ofrecida.
Las costas correrán a cargo de la parte a quien se le desestimen
sus pretensiones, salvo que la autoridad judicial acordara el
levantamiento de la medida admitiendo la contracautela ofrecida por
la parte demandada; en este caso no procederá el pronunciamiento
sobre costas.Artículo 384 Reclamación de daños y perjuicios por la parte
demandada
Cuando la autoridad judicial estime
la oposición de la parte demandada y acordara el levantamiento de
la medida sin caución, se podrá reclamar la oportuna indemnización
por los daños y perjuicios que hubiera producido la medida cautelar
revocada. La determinación de los daños y perjuicios y su
reclamación, seguirá los trámites previstos en el proceso de
ejecución forzosa.
Artículo 385 Práctica de la medida cautelar
Acordada la medida cautelar y
prestada la caución, se procederá de oficio a su cumplimiento
empleando para ello los medios que fueran necesarios, pudiendo
autorizarse la entrada en bienes inmuebles o apertura de bienes
muebles, cuando el caso lo justifique, sin caer en excesos ni
causar daños innecesarios.
De la práctica de la medida se levantará acta la que deberá ser
firmada por la autoridad judicial, los intervinientes y la
secretaria o secretario, quien dejará constancia de los que se
negaran a firmar.
Cuando se trate de la anotación preventiva, se procederá conforme a
las normas del Registro correspondiente.
Las depositarias, depositarios, interventores, interventoras,
administradoras o administradores judiciales, así como las personas
responsables de los bienes o derechos sobre los que hubiera recaído
una medida cautelar, solo podrán enajenarlos previa autorización de
la autoridad judicial, cuando concurran circunstancias
excepcionales que hagan más gravosa la conservación que la
enajenación.
Capítulo IV
Modificación, mantenimiento y levantamiento de las medidas
cautelares
Artículo 386 Modificación de las
medidas cautelares adoptadas
Si una vez adoptadas las medidas
cautelares sobrevinieren hechos nuevos o de nuevo conocimiento,
podrá la autoridad judicial a petición de parte, modificar el
contenido de la medida acordada.
La solicitud de modificación de medidas cautelares, será
sustanciada y tramitada con arreglo al procedimiento previsto para
la oposición.Artículo 387 Levantamiento y caducidad de la medida cautelar
Cuando el proceso principal haya
terminado por cualquier causa, se levantarán las medidas cautelares
adoptadas. No se mantendrá una medida cautelar si el proceso
quedara en suspenso por más de seis meses, por causa imputable a la
persona solicitante de la medida.
Toda medida cautelar caduca a los dos años contados desde la fecha
de su ejecución, la que se decretará a solicitud de parte o de
oficio y se girará oficio a quien corresponda para el levantamiento
de la medida.
Asimismo, si el proceso principal no hubiera concluido en el plazo
referido en el párrafo anterior, a petición de parte se actualizará
la medida sin costo alguno.
Artículo 388 Levantamiento de la medida cautelar por sentencia
desestimatoria de la demanda
Cuando la sentencia desestimatoria de
la demanda no estuviera firme, se procederá de la siguiente
forma:
1) Se acordará el levantamiento de
las medidas cautelares adoptadas, una vez transcurrido el plazo
para interponer el recurso de apelación; y
2) Si dentro del plazo para recurrir la parte demandante solicitara
el mantenimiento o modificación de las medidas cautelares, se
convocará a las partes a una audiencia y atendidas las
circunstancias del caso, en la misma se resolverá lo
procedente.
Cuando la sentencia desestimatoria de
la demanda estuviera firme, de oficio e inmediatamente la autoridad
judicial dejará sin efecto todas las medidas cautelares adoptadas y
ordenará su levantamiento, condenando a la parte demandante al pago
de las costas del proceso cautelar. También a petición de parte,
podrá ser condenado a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados
por la medida cautelar, si estos fueran probados. En caso que la
parte demandada haya ofrecido contracautela, se procederá a su
devolución.
La indemnización se pedirá de conformidad con la liquidación de
cantidades referidos a la ejecución de hacer, no hacer y dar cosa
determinada, según este Código.
La parte demandada también podrá reclamar la oportuna
indemnización, en los supuestos de renuncia a la pretensión o
desistimiento de la instancia.
Si la sentencia estimara parcialmente la pretensión de la parte
demandante, la autoridad judicial resolverá sobre el mantenimiento,
modificación o levantamiento de la medida con audiencia de las
partes.Artículo 389 Levantamiento de la medida cautelar por sentencia
estimatoria de la demanda
Cuando se despache ejecución
provisional de una sentencia estimatoria, se levantarán de
inmediato las medidas cautelares que se hubieran acordado y guarden
relación con dicha ejecución.
Cuando se trate de sentencia estimatoria o auto equivalente, se
deberán mantener las medidas acordadas hasta que transcurra el
plazo de espera en la ejecución de títulos judiciales. Transcurrido
dicho plazo, si no se solicitara la ejecución, se levantarán las
medidas adoptadas.
LIBRO CUARTO
DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS Y MONITORIO
TÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCESOS DECLARATIVOS
Capítulo I
Reglas para determinar el proceso correspondiente
Artículo 390 Clases de procesos
declarativos
Toda pretensión que se presente ante
los juzgados del orden civil que no tenga señalada por la ley una
tramitación especial, será decidida en el proceso declarativo que
corresponda.
Pertenecen a la clase de los procesos declarativos:1) El proceso ordinario; y
2) El proceso sumario.
Las normas sobre determinación de la
clase de procesos por razón de la cuantía, solo se aplicarán en
defecto de normas por razón de la materia.
Artículo 391 Ámbito del proceso ordinario
Se conocerán y decidirán por los
trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las
demandas en materia de:
1) Tutela de derechos fundamentales y del honor de las
personas;
2) Tutela en materia de publicidad;
3) Pretensiones colectivas;
4) Impugnación de acuerdos sociales;
5) Condiciones generales de contratación;
6) Arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles;
7) Declaración de la responsabilidad civil de funcionarios
públicos derivada del ejercicio de su cargo;
8) Responsabilidad civil derivada de actuaciones
extracontractuales, tales como las de competencia desleal,
infracciones a los derechos de autor, propiedad industrial y
otras;
9) Reivindicatorias de bienes inmuebles;
10) Cancelación de asiento registral;
11) Falsedad de instrumento público;
12) Nulidad de instrumento público;
13) Petición de herencia;
14) Rendición de cuentas, cuando no haya documento que la
justifique; y.
15) Quiebra o insolvencia.
Se decidirán en el proceso ordinario aquellas pretensiones cuya
materia no esté comprendida en los numerales anteriores, ni en el
ámbito del proceso sumario, conforme la cuantía fijada por la Corte
Suprema de Justicia.
También se decidirán en el proceso ordinario, aquellas materias de
cuantía inestimable.Artículo 392 Ámbito del proceso sumario
Se conocerán y decidirán por los
trámites del proceso sumario cualquiera que sea su cuantía, las
demandas referidas a las siguientes materias:
1) Arrendamiento por las causas
establecidas en la Ley No. 118, Ley de Inquilinato,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 11 del 16 de
enero de 1991;
2) Pretensiones posesorias;
3) Rectificación de hechos o informaciones inexactas y
perjudiciales;
4) Propiedad horizontal;
5) Prescripción adquisitiva;
6) Las derivadas de accidentes de tránsito;
7) Derechos de servidumbre;
8) Derechos entre comuneros;
9) Partición de herencia; y
10) Negativa de inscripción registral expresa o presunta.
También se tramitarán en el proceso
sumario, las pretensiones cuya materia no esté comprendida en los
numerales anteriores, ni el ámbito del proceso ordinario, conforme
la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia.
Capítulo II
Determinación del valor de la pretensión
Artículo 393 Determinación del valor
de la pretensión
El valor de la pretensión se fijará
según el interés económico de la demanda, y se calculará de acuerdo
con los criterios siguientes:
1) Si se reclama una cantidad de dinero determinada, la cuantía de
la demanda estará representada por dicha cantidad; si falta la
determinación, la demanda se considerará de cuantía
indeterminada.
2) Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes
muebles o inmuebles, con independencia de que la reclamación se
base en derechos reales o personales, se estará al valor de los
mismos al tiempo de interponerse la demanda conforme a los precios
corrientes en el mercado, o en la contratación de bienes de la
misma clase.
Para este cálculo, podrá servirse la
parte actora de cualesquiera valoraciones oficiales de los bienes
litigiosos, si no es posible determinar el valor por otros medios,
y sin que se pueda atribuir a los inmuebles un valor inferior al
que conste en el catastro fiscal.
Esta misma regla será aplicable en
los procesos sobre propiedad, facultades derivadas del dominio,
validez, nulidad o eficacia del título de dominio, existencia y
extensión del dominio y usufructo.
3) En los procesos relativos a derechos reales de garantía, la
cuantía de la demanda estará determinada por el importe de la suma
garantizada.
4) En los procesos sobre sucesiones y masas patrimoniales, la
cuantía de la demanda se determinará aplicando las reglas
contenidas en el numeral 2 de este artículo.
5) En los procesos sobre el derecho a exigir prestaciones
periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor por
el importe de una anualidad; cuando el plazo de la prestación fuera
inferior a un año, se estará al importe total de la misma.
6) En los procesos que versen sobre la existencia, validez o
eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el
total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos.
Este criterio de valoración será
aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación,
modificación o extinción de un título obligacional, o de un derecho
de carácter personal, siempre que no sea aplicable otra regla de
este artículo.
7) Cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su
cuantía consistirá en el costo de aquello cuya realización se
inste, o en el importe de los daños y perjuicios derivados del
incumplimiento, o en la suma de ambas cantidades si además de
instarse el cumplimiento, se pretendiera también la indemnización.
El cálculo de los daños y perjuicios se tendrá en cuenta cuando la
prestación sea personalísima, o consista en un no hacer, incluso si
lo que se insta con carácter principal es el cumplimiento.
8) Cuando se reclamen varios plazos vencidos de una misma
obligación, se tomará en cuenta como cuantía la suma de los
importes reclamados, salvo que se pida en la demanda declaración
expresa sobre la validez o eficacia de la obligación, en que se
estará al valor total de la misma. Si el importe de alguno de los
plazos no fuera cierto, se excluirá éste del cómputo de la
cuantía.Artículo 394 Determinación del valor en caso de acumulación de
pretensiones
Cuando en la demanda se acumulen
varias pretensiones principales provenientes del mismo título, la
cuantía de la demanda estará determinada por la de mayor valor. Si
las pretensiones provinieren de diferente título, la cuantía de la
demanda estará determinada por la suma de todas ellas.
Si con la pretensión principal se pide accesoriamente el pago de
intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios, la cuantía estará
determinada por el valor del principal, sin tomar en cuenta el
monto de lo accesorio.
Cuando en una misma demanda se acumulen varias pretensiones reales
referidas a un mismo bien mueble o inmueble, la cuantía nunca podrá
ser superior al valor de la cosa litigiosa.
Para el caso en que se reclamen varios cumplimientos de
obligaciones periódicas, la cuantía de la demanda estará
determinada por la suma de los importes reclamados.
No afectará a la cuantía de la demanda ni a la clase de procesos,
la reconvención ni la acumulación.Artículo 395 Carácter imperativo de las normas sobre
procedimiento por razón de la cuantía
Las normas sobre la clase de proceso
por el que habrá de sustanciarse una pretensión, tienen carácter
imperativo y deberán ser apreciadas de oficio por la autoridad
judicial. Si se considerara que el proceso determinado por el actor
no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la
demanda, la autoridad judicial dará al asunto la tramitación que
corresponda.
La parte actora expresará en su demanda el valor de la cuantía. La
alteración del valor de los bienes que sobrevenga después de
presentada la demanda, no implicará la modificación de la cuantía
ni de la clase de proceso.
Artículo 396 Tratamiento procesal a la impugnación de la clase
de proceso
Cuando la autoridad judicial advierta
que el proceso no corresponde al valor señalado o a la materia de
la demanda, dará al asunto el trámite que corresponda mediante
providencia.
La autoridad judicial podrá corregir de oficio, errores meramente
aritméticos en la determinación de la cuantía de la demanda.
La parte demandada podrá impugnar la clase de proceso que haya
planteado la parte actora, cuando entienda que de haberse
determinado de forma correcta, el proceso a seguir sería otro
diferente, bien porque deba tramitarse como otro declarativo por
razón de la materia o de la cuantía de la demanda.
En el proceso ordinario se impugnará la adecuación del
procedimiento por razón de la materia o cuantía en la contestación
a la demanda, y la cuestión será resuelta en la audiencia
inicial.
En el proceso sumario, la parte demandada impugnará la clase de
procedimiento en la contestación a la demanda, y la autoridad
judicial en la audiencia, de previo oirá a la parte demandante y
resolverá lo que proceda antes de entrar al fondo del asunto.
Capítulo III
Diligencias preparatorias
Artículo 397 Ámbito de aplicación
Todo proceso podrá prepararse por la
o el futuro demandante, o por quien con fundamento prevea que será
demandado, pidiendo la práctica de las diligencias necesarias para
la presentación de la demanda, para la preparación de la defensa, o
para el eficaz desarrollo del proceso.
Las diligencias preparatorias perderán su eficacia, si la persona
solicitante no interpone la correspondiente demanda en el plazo
máximo de treinta días después de practicadas.
Artículo 398 Clases de diligencias preparatorias
Sin perjuicio de las que
específicamente puedan prever este Código u otras leyes, las
diligencias preparatorias podrán consistir en:
1) La declaración o exhibición de documentos de la persona a quien
se dirigiría la demanda, sobre datos relativos a la determinación
de la capacidad, representación o legitimación de las partes en el
futuro proceso;
2) La exhibición, acceso para examen o aseguramiento de cosas sobre
las que recaerá el procedimiento, que se encuentren en poder de la
o el futuro demandado o de terceros;
3) La exhibición por el poseedor de documentos en los que consten
actos de última voluntad, documentos, datos contables o cuentas
societarias;
4) Que la eventual parte demandada exprese a qué título tiene la
cosa objeto del proceso a promover, cuando se pretenda la
reivindicación u otra pretensión que exija conocer el carácter en
cuya virtud la ocupa;
5) Que la eventual parte demandada designe domicilio dentro de
cinco días, si tuviere que ausentarse del país, con el
apercibimiento de ley que corresponda en cuanto a futuras
notificaciones;
6) Las medidas oportunas para la determinación de los integrantes
de personas consumidoras y usuarias afectadas;
7) Petición de epicrisis o historial clínico específico sobre una
enfermedad determinada, al centro sanitario o profesional que lo
custodie; y
8) Diligencias de obtención de datos o exhibición de documentos
sobre distribución de mercancías o servicios, que infrinjan los
derechos de autor, propiedad industrial y otras.
Artículo 399 Competencia
La solicitud se dirigirá al juzgado
del domicilio de la persona que deba declarar, exhibir o intervenir
de otro modo en las actuaciones.
La competencia será examinada de oficio por el juzgado, sin que
pueda ser impugnada a instancia de parte.
Artículo 400 Requisitos de la solicitud
La solicitud de práctica de
diligencias preparatorias, deberá formalizarse por escrito,
expresando en ella la legitimación de la persona solicitante, la
parte contra quien promoverá el proceso y el objeto del mismo, la
finalidad concreta de la diligencia, los fundamentos que la apoyen,
la diligencia que interesa practique la autoridad judicial y,
eventualmente, las personas que en ellas deban intervenir.
La exhibición por el poseedor de documentos en los que consten
actos de última voluntad, documentos, datos contables o cuentas
societarias, solo podrá ser solicitada por quien se considere
sucesor, sucesora, o por quien acredite ser socio, socia, comunera
o comunero.
En la solicitud deberá constar además, el ofrecimiento de caución
para responder por los gastos, daños y perjuicios que puedan
ocasionarse a las personas cuya intervención sea requerida. Si en
el plazo de treinta días desde la práctica de las diligencias
preparatorias el solicitante no ha interpuesto la demanda, ni ha
justificado debidamente causa que lo impida, la caución se
entregará a las personas requeridas.
Artículo 401 Tramitación y audiencia de las diligencias
preparatorias
Si la solicitud cumple con los
requisitos legales, la autoridad judicial convocará a las partes a
audiencia dentro del quinto día, con arreglo a las normas del
proceso sumario.
La práctica de la audiencia no será necesaria, si a quien se le
hubiera solicitado la diligencia preparatoria la hubiera
proporcionado al solicitante, antes de la celebración de la
audiencia, de lo cual dará cuenta por escrito al juzgado
acreditando tal hecho.
En la audiencia ambas partes expondrán brevemente lo que a su
derecho convenga, pronunciándose la autoridad judicial al respecto.
La resolución solo será susceptible de recurso de apelación cuando
se hubiera denegado la práctica de la diligencia.
Acordada en la audiencia la práctica de la diligencia, se ordenará
al solicitante rendir caución establecida por la autoridad judicial
dentro de tercero día, y en el mismo acto citará y requerirá a
quien deba realizarla, para que dentro de los cinco días siguientes
de concluida la audiencia, comparezca a la sede del juzgado o al
lugar y del modo que se considere oportuno, a practicar la
diligencia ordenada. Los gastos ocasionados a las personas que
intervengan en las diligencias preparatorias serán a cargo de la
persona solicitante.
Si la persona solicitante de la diligencia no comparece a la
audiencia o no rinde la caución ordenada en el plazo establecido,
la autoridad judicial ordenará el archivo definitivo de las
actuaciones, no pudiendo ser solicitada con posterioridad con igual
o similar objeto. Contra esta decisión no cabrá recurso
alguno.
Cuando se hayan practicado las diligencias o se hayan denegado por
considerar justificada la oposición del requerido, la autoridad
judicial resolverá mediante auto sobre la aplicación de la caución
a la vista de la petición de indemnización y de la justificación de
gastos que presente el requerido.
Cuando aplicada la caución conforme el párrafo anterior, quedara
remanente, no se devolverá al solicitante hasta que transcurra el
plazo para presentar la demanda.Artículo 402 Facultades de la autoridad judicial ante la
negativa del requerido
Si la persona citada y requerida no
cumpliera el requerimiento para la exhibición de la cosa, libros,
documentos o títulos, si los tiene en su poder, la persona
solicitante de la diligencia podrá pedir el secuestro de los
bienes, los que serán puestos de manifiesto en la sede del
juzgado.
Respecto de la cosa, la persona solicitante podrá pedir su depósito
o medida de garantía más adecuada para su
aseguramiento.
Capítulo IV
Guardador para el proceso
Artículo 403 Ámbito de aplicación
Cuando se inicie un proceso contra
personas naturales que no hayan sido declaradas ausentes y no
hubieran dejado apoderada o apoderado, se les nombrará guardador
para el proceso en los siguientes casos:
1) Que se haya ausentado de su domicilio y se ignorara su paradero,
o que conste o se presuma que se encuentra fuera de la República;
2) Cuando se desconozca su domicilio; o 3) Cuando habiendo sido
notificado el emplazamiento a la parte demandado por edictos, éste
no compareciere.Artículo 404 Legitimación
El nombramiento de guardador para el
proceso se iniciará a petición de la parte interesada.
Artículo 405 Reglas procedimentales
En el escrito de demanda o
posteriormente, podrá la parte actora solicitar que a la parte
demandada se le nombre guardador para el proceso.
La autoridad judicial ordenará que a la parte demandada se le cite
por medio de edictos conforme lo dispuesto en este Código, para que
en el plazo de diez días concurra personalmente, o por medio de
apoderada o apoderado a hacer uso de sus derechos, a partir de la
fecha de la última publicación del edicto. Este trámite se omitirá
cuando se le haya notificado el emplazamiento la parte demandada,
por edictos.
Si la persona citada o su apoderado no concurre, se oirá a la
Procuraduría General de la República, a fin de que emita su
dictamen en audiencia, o por escrito.
Con el dictamen o sin él, la autoridad judicial por medio de auto
le nombrará a la parte demandada, un guardador para el
proceso.
El nombramiento del guardador para el
proceso, recaerá en un defensor público o en la abogada o abogado
que la autoridad judicial estime idóneo para el cargo.
Capítulo V
De la mediación y arbitraje
Artículo 406 Ámbito de aplicación
La mediación y cualquier otra forma
alterna de resolución de conflictos se aplicarán en lo que
corresponda, a las controversias civiles, de conformidad con lo
dispuesto en este Código y leyes de la materia.
A tal efecto las partes podrán hacer uso de los distintos métodos
de resolución de conflictos en las sedes de la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos, o en un centro administrador de
métodos de resolución alterna de conflictos autorizado y
supervisado por la Dirección de Resolución Alterna de
Conflictos.Artículo 407 Mediación previa al proceso
Antes de interponer la demanda, las
partes deberán acudir a las sedes de la Dirección de Resolución
Alterna de Conflictos o a un centro de mediación autorizado y
supervisado por dicha dirección, a procurar resolver el conflicto a
fin de evitar el inicio del proceso.
En caso de llegar las partes a un acuerdo y éste se incumpliera, se
procederá conforme lo establecido para la ejecución de títulos no
judiciales regulada en este Código, previo análisis del acuerdo por
la autoridad judicial respecto a las normas de orden público y la
legalidad de su contenido.
Cuando las partes no llegaren a un acuerdo o la persona citada no
compareciera al trámite, el solicitante de la mediación podrá
acudir ante el juzgado civil competente a efecto de plantear su
demanda, debiendo acompañar la constancia emitida por la Dirección
de Resolución Alterna de Conflictos o el centro administrador de
métodos de resolución alterna de conflictos indicando que se
efectuó la convocatoria al trámite o su celebración sin existir
acuerdo.
Para iniciar el proceso de ejecución de títulos judiciales, no será
requisito la presentación de la constancia a que hace referencia el
párrafo anterior.Artículo 408 Mediación durante el proceso y sus efectos
Durante el proceso civil y aún en la
fase de ejecución, las partes podrán acudir a la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos o a un centro administrador de
métodos alternos de conflictos, autorizado y supervisado por
aquella, en búsqueda de acuerdo, previa solicitud de suspensión del
proceso por acuerdo de las mismas, conforme lo establecido en este
Código.
En caso de acuerdo total las partes
deberán remitir el acuerdo a la autoridad judicial que conoce la
causa, quien lo homologará a efecto de cierre del proceso y archivo
definitivo del expediente, sin perjuicio de la remisión que deba
hacer el centro de resolución alterna de conflictos.
En caso de acuerdo parcial, se dictará la sentencia de homologación
en un plazo no mayor de cinco días, poniendo fin al proceso sobre
los puntos acordados, pudiendo la parte interesada solicitar su
ejecución; el proceso continuará sobre aquellos extremos en que las
partes no llegaron a un acuerdo.
Si el acuerdo se incumpliera, se procederá conforme lo establecido
para la ejecución de títulos judiciales regulada en este
Código.
Artículo 409 Competencia ante el incumplimiento de los acuerdos
o laudos arbitrales
Sera competente ante el
incumplimiento de los acuerdos y laudos arbitrales, la autoridad
judicial ante quien se interpondría la demanda, conforme las reglas
de la competencia que establece este Código.Artículo 410 Aprobación de acuerdos para su ejecución
Por medio del análisis la autoridad
judicial competente, a la vista de la certificación del acuerdo
originado por cualquiera de las formas alternas de resolución de
conflictos, verificará el respeto a las normas de orden público y
la legalidad de su contenido y si se cumple con ello, despachará
ejecución en la forma prevista en este Código.
Cuando la autoridad judicial previo análisis, deniegue el despacho
de ejecución, lo hará mediante auto, contra el que cabe recurso de
apelación.Artículo 411 Nulidad del laudo arbitral
Procede el recurso de nulidad contra
el laudo arbitral ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia al tenor de la ley de la materia.
Artículo 412 Facultades de facilitadoras y facilitadores
judiciales, autoridades comunales y territoriales
Las facilitadoras y facilitadores
judiciales podrán mediar en materia civil, conforme lo establecido
en este Capítulo y el reglamento emitido por la dirección
especializada en la materia, previa aprobación por la Corte Suprema
de Justicia.
También podrán mediar las juezas y
los jueces comunales y territoriales en las Regiones Autónomas de
la Costa Caribe debidamente capacitados por la Dirección de
Resolución Alterna de Conflictos. En el resto de las comunidades de
los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestro país, podrá
mediar la persona que fuere debidamente capacitada y acreditada por
la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Finalizado el acto de mediación, se
orientará a las partes a comparecer ante la autoridad judicial
competente de su localidad para:
1) La revisión del acuerdo en caso de su incumplimiento, para su
ejecución de conformidad con lo establecido en este Código.
2) Que ventilen el caso cuando no se logre el acuerdo entre las
partes.
Capítulo VI
Incidentes
Artículo 413 Principio general
Toda cuestión incidental ya sea de
carácter procesal o material, que siendo distinta del objeto
principal del proceso tuviere relación inmediata con él, se
tramitará en pieza separada en la forma prevista por las
disposiciones de este capítulo, salvo que tengan señalada una
tramitación especial en este Código.
No obstante, cuando las cuestiones
incidentales suscitadas dentro de las audiencias sean relativas a
su trámite, se sustanciarán y resolverán directamente en
ellas.Artículo 414 Incidentes no suspensivos
Las cuestiones incidentales no
suspenderán el curso del proceso principal, salvo que atendida su
naturaleza, la cuestión planteada suponga un obstáculo para la
continuación del proceso.
Cuando la cuestión incidental no sea
obstáculo para la continuación del proceso y deba decidirse
previamente al asunto que constituye su objeto, se resolverá en la
sentencia definitiva, antes de las consideraciones sobre el objeto
principal.Artículo 415 Incidentes suspensivos
Además de los casos de suspensión
previstos expresamente en este Código, se suspenderá el proceso
cuando se suscite una cuestión incidental referida a:
1) La falta de un presupuesto
procesal, o la aparición de un impedimento de la misma naturaleza,
siempre que hayan sobrevenido después de terminada la audiencia
inicial y antes de iniciar la audiencia de prueba en el proceso
ordinario, o antes de admitida la prueba en la audiencia del
proceso sumario; y 2) Cualquier otra que ocurra durante el proceso
y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de
derecho, para decidir sobre la continuación del proceso por sus
trámites ordinarios o sobre su terminación.
Artículo 416 Promoción de los incidentes suspensivos
Todas las cuestiones incidentales que
por su naturaleza pudieran suspender el proceso, cuyas causas
existieran simultáneamente y fueran conocidas por quien las
promueve, deberán ser articuladas en un mismo escrito, siempre que
sea posible su tramitación conjunta. Las que se interpongan con
posterioridad, serán rechazadas de plano.Artículo 417 Requisitos y régimen de admisión
Toda cuestión incidental se promoverá
mediante escrito fundado, de forma clara y concreta tanto fáctica
como jurídicamente, acompañando los documentos oportunos y
proponiendo las pruebas que se estimen necesarias.
Si el incidente fuera manifiestamente
improcedente o no se ajustara a los casos previstos en este Código,
sin más trámite se rechazará mediante auto, el cual previa protesta
podrá ser recurrible de apelación, junto con la sentencia
definitiva.
No se admitirá el planteamiento de
cuestiones incidentales, una vez iniciada la audiencia probatoria
en el proceso ordinario, o una vez admitida la prueba en la
audiencia del proceso sumario, sin perjuicio a lo establecido en el
presente Código.Artículo 418 Sustanciación de las cuestiones incidentales
La autoridad judicial dentro del
plazo de tres días denegará o admitirá el trámite de la cuestión
incidental, mediante auto que se notificará a las partes
personadas; en caso de ser admitida, dentro de los tres días
siguientes a la notificación, las partes podrán alegar por escrito
lo que a su derecho convenga, acompañando los documentos oportunos
y proponiendo la prueba que consideren necesaria.
Transcurrido dicho plazo, se citará a
las partes a una audiencia que se celebrará dentro de los cinco
días siguientes, conforme las reglas establecidas para el proceso
sumario.
La audiencia podrá suspenderse una
sola vez por un plazo no mayor de cinco días, cuando hubiera
imposibilidad material de practicar la prueba que deba recibirse en
ella.Artículo 419 Resolución y recursos
Celebrada la audiencia y practicada
la prueba que se hubiera admitido, la autoridad judicial sin más
trámite dictará la resolución que proceda.
Cuando la cuestión incidental haya
ocasionado la suspensión del proceso principal, dicho incidente se
resolverá mediante auto, que se dictará en el plazo máximo de cinco
días contados desde la finalización de la audiencia. Este auto será
recurrible en apelación si pone fin al proceso. Si la resolución
desestima el incidente o éste no le pone fin al proceso, solo podrá
recurrirse mediante la apelación de la sentencia definitiva.
Cuando la cuestión incidental no
suspenda el proceso principal, dicho incidente se resolverá en la
sentencia definitiva y podrá ser objeto de impugnación al apelarse
ésta.
TÍTULO II
PROCESO ORDINARIO
Capítulo I
Demanda
Artículo 420 Procedencia y
requisitos
Todo proceso judicial comenzará con
demanda escrita, que expresará al menos:
1) La designación del juzgado competente;
2) El nombre de la parte demandante, calidades de ley, número de
cédula de identidad ciudadana y dirección domiciliaria;
3) El nombre y dirección de la oficina de la abogada o abogado
de la parte demandante que le asista o represente, o en su defecto
la dirección domiciliaria, señalando en su caso, el medio técnico
que le permita recibir comunicaciones directas del juzgado;
4) El nombre de la parte demandada, calidades de ley y su
domicilio;
5) Los hechos en que se funde la petición, expuestos
numeradamente en forma precisa, en orden y con claridad;
6) La fundamentación jurídica de la petición;
7) La pretensión que se formula, determinando clara y
concretamente lo que se pide. Si son varias las peticiones, éstas
se expresarán con la debida separación. En caso que las
pretensiones principales fueran desestimadas, las formuladas
subsidiariamente se harán constar por su orden y separadamente;
8) La proposición de los medios de prueba que en su opinión
deberán ser practicados, indicando separadamente qué hechos
pretende demostrar con los mismos;
9) Descripción de los anexos que se acompañan; y
10) Lugar y fecha del escrito, firmas de la parte demandante, de
la abogada o abogado que le asista o la firma de quien lo
represente.
Artículo 421 Anexos de la demanda
A la demanda habrá de acompañarse:
1) Constancia de no acuerdo en el trámite de mediación;
2) Certificación de la inscripción en el registro competente, de
la persona jurídica nacional o extranjera;
3) El documento público que acredite la representación legal de
la parte demandante, si se trata de personas jurídicas o de
personas naturales que no pueden comparecer por sí mismas;
4) El documento público que contenga el poder para intervenir en
el proceso, cuando corresponda;
5) El documento público que acredite la calidad con que actúa la
parte demandante;
6) Los documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa
litigiosa, cuando sea estimable para efectos de competencia y
procedimiento;
7) En el caso de obligaciones dinerarias, el estado de cuenta
donde conste la cantidad total por la que se demanda, detallando el
monto del principal o saldo, los intereses legales y moratorios
pertinentes devengados hasta el momento de la solicitud;
8) Cuando la pretensión sea o provenga de un préstamo o crédito,
se acompañarán los documentos justificantes de las diversas
partidas de cargos y abonos; y
9) Los medios probatorios destinados a sustentar el petitorio si
los hubieren, deberán indicar con precisión los datos y lo demás
que sea necesario para su práctica. Se aportarán también los
dictámenes periciales en que la parte demandante apoye sus
pretensiones.
Artículo 422 Copia de la demanda y sus anexos
De la demanda y los anexos, se
acompañará para la parte demandada, copia cotejada y razonada por
la secretaria o secretario del juzgado, notaria o notario público,
todo de conformidad con la ley.Artículo 423 Ampliación de la demanda
La demanda podrá ampliarse antes de
su contestación, para acumular nuevas pretensiones a las ya
planteadas, o para dirigirlas contra nuevas personas demandadas. En
tal caso, el plazo para contestar la demanda se volverá a contar a
partir de la notificación de dicha ampliación y entrega de la copia
del escrito de ampliación de la demanda.
En los casos de acumulación, la parte demandada podrá oponerse en
la contestación de la demanda, cuando no se acomode a lo dispuesto
en las normas que regulan la acumulación y la autoridad judicial
resolverá en la audiencia inicial del proceso ordinario o en la
audiencia del proceso sumario.
No se permitirá la acumulación de pretensiones después de
contestada la demanda.Artículo 424 Admisión o no de la demanda
La autoridad judicial resolverá lo
procedente sobre la admisión o no de la demanda o de la
reconvención en su caso, en el plazo de cinco días desde su
presentación.
La autoridad judicial declarará
inadmisible la demanda, cuando la misma carezca de los requisitos
legales establecidos en este Código y especialmente los referidos
a:
1) Su competencia;
2) La capacidad para ser parte, capacidad procesal y
legitimación del actor y del demandado;
3) La procedencia del proceso por razón de la materia o de la
cuantía; y
4) Los requisitos de la demanda y la procedencia en su caso, de
la acumulación de pretensiones.
La demanda tampoco será admitida, cuando no se acompañen a ella los
documentos o medios probatorios que la ley expresamente exija para
su admisión.
La autoridad judicial comunicará a la
parte demandante o reconviniente en su caso, por una sola vez, los
defectos u omisiones de la demanda si fueran subsanables, para que
proceda a corregirlos o completarlos en el plazo que se fije al
efecto, que no podrá ser superior a cinco días. Si no se subsanan
los defectos de la demanda en dicho plazo, se ordenará el archivo
definitivo del expediente y la devolución de los anexos, para que
haga uso de su derecho.
Si la demanda contuviera defectos
insubsanables, se ordenará el archivo del expediente como en el
supuesto anterior.
En el caso de la reconvención, cuando
no se subsanen los defectos o éstos sean insubsanables, se tendrá
como no presentada.Artículo 425 Efectos de la demanda
Desde la presentación de la demanda,
si fuera admitida, se produce la litispendencia.
La prescripción de la acción se interrumpe por la litispendencia.
La prescripción empieza a correr nuevamente cuando se declara con
lugar el desistimiento de la demanda, la caducidad del proceso, o
el archivo de las actuaciones en cualquier instancia o
recurso.
Los cambios que se pudieran producir una vez iniciado el proceso
respecto al domicilio de las partes, la situación de la cosa
litigiosa o el objeto del proceso, así como los que introduzcan las
partes o terceros sobre el estado de las cosas o de las personas,
no afectarán la competencia de la autoridad judicial o la clase de
proceso, que se determinarán conforme las circunstancias existentes
en el momento del inicio de la litispendencia.
Dichos cambios no se tendrán en cuenta a la hora de dictar
sentencia, salvo que estos privaren definitivamente de interés
legítimo a las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda
o en la reconvención, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el
Libro Primero, Título IV, Capítulo VII, sobre el poder de
disposición de las partes.
Capítulo II
La contestación
a la demanda y la reconvención
Artículo 426 Emplazamiento para la
contestación de la demanda
Admitida la demanda, se emplazará a
la persona o personas contra quienes se interponga para que la
contesten en el plazo de los treinta días siguientes, debiéndose
entregar copia de la demanda y sus anexos con la
notificación.
Si fueran varias las personas
demandadas y se hallaran en lugares diferentes a la sede judicial,
el plazo para contestar la demanda se computará para todos, a
partir de la última notificación realizada.Artículo 427 Contestación a la demanda
La contestación a la demanda se
redactará en la forma y con los requisitos pertinentes previstos
para la demanda, acompañándose los anexos cuando procedan.
En la contestación se negarán o admitirán los hechos aducidos por
el actor. La autoridad judicial considerará el silencio o las
respuestas evasivas de la parte demandada como negación tácita de
los hechos que le sean perjudiciales.
En la contestación a la demanda, se expondrán los fundamentos de la
oposición a las pretensiones de la parte actora, alegando las
excepciones materiales que correspondan, a criterio de la parte
demandada.
Se entiende por excepciones materiales, aquellas que extinguen la
pretensión de conformidad con las leyes, entre otras, la cosa
juzgada, prescripción, pago, y la novación.
También habrá de aducir la parte demandada, las excepciones
procesales o defectos procesales que serán resueltas en la
audiencia inicial, y demás alegaciones que obstaculicen la válida
prosecución y finalización del proceso mediante sentencia.
De igual manera podrá oponerse a la acumulación de pretensiones,
expresando las razones que le asistan.Artículo 428 Allanamiento a la demanda
La parte demandada podrá allanarse
expresamente a la demanda, en la contestación o en la audiencia
inicial, reconociendo los fundamentos de la demanda y aceptando la
pretensión. Si se allanare en la contestación, la autoridad
judicial deberá dictar sentencia inmediatamente, y si lo hace en la
audiencia inicial podrá al finalizar ésta emitir el fallo
oralmente, dictando posteriormente la sentencia conforme este
Código. En ambos casos, la autoridad judicial resolverá sin
necesidad de prueba ni de ningún otro trámite.
El allanamiento podrá ser parcial, aceptando alguna o algunas de
las pretensiones del actor, así como una parte de la pretensión
aducida. En este caso, deberá seguirse el proceso en relación a lo
que no hubiese sido objeto del allanamiento.
En ambos casos se observará lo que sea pertinente sobre el
allanamiento referido en este Código.Artículo 429 Reconvención o contrademanda
Al contestar la demanda, la parte
demandada podrá formular la pretensión o pretensiones que crea que
le competen contra la parte demandante, por medio de la
reconvención. Solo se admitirá la reconvención, si existiere
conexión entre sus pretensiones y las que sean objeto de la demanda
principal.
No se admitirá la reconvención cuando la autoridad judicial carezca
de competencia por razón de la materia o de la cuantía, o cuando la
pretensión deba decidirse en un proceso de diferente tipo. Sin
embargo, podrá interponerse mediante reconvención en el
procedimiento ordinario, la pretensión conexa que hubiere de
ventilarse en un procedimiento sumario de menor cuantía.
La reconvención podrá dirigirse al mismo tiempo contra sujetos no
demandantes, siempre que puedan considerarse litisconsortes
voluntarios o necesarios de la parte actora reconvenida, por su
relación con el objeto de la demanda reconvencional.Artículo 430 Planteamiento de la reconvención
Formulada la reconvención, se
propondrá con la debida separación en el mismo escrito en que se
contesta la demanda, en la forma y con los requisitos exigidos para
la demanda y sus anexos, expresando con claridad lo que se pretende
obtener. En ningún caso se considerará formulada reconvención, si
la parte demandada se limita a solicitar que se le absuelva de la
demanda.
La reconvención se sustanciará en el mismo proceso de la demanda y
ambas serán resueltas en una sola sentencia.Artículo 431 Contestación a la reconvención
Admitida la reconvención, se
entregará copia de ella y de sus anexos a la parte demandante
reconvenida y a los terceros demandados en la reconvención, y se
les emplazará para que la contesten en el plazo de treinta días
contados a partir de la notificación. Esta contestación se ajustará
a lo dispuesto para la contestación de la demanda.Artículo 432 Tratamiento procesal de la compensación
Cuando la parte demandada hiciera uso
de la excepción de compensación de crédito frente al petitorio de
condena al pago de cantidad de dinero, se entregará a la parte
demandante copia de la contestación de la demanda, para que pueda
alegar sobre esa excepción conforme lo previsto para la
contestación a la reconvención, aunque la parte demandada solo
pretendiese su absolución y no la condena al saldo que a su favor
pudiera resultar.Artículo 433 Tratamiento procesal de la alegación de la nulidad
del negocio jurídico en que se funde la demanda
Cuando en la contestación la parte
demandada adujere hechos determinantes de nulidad absoluta del
negocio en que se funda la demanda, la parte actora contestará en
el mismo plazo y forma establecidos para la contestación a la
reconvención.
Alegándose la nulidad del negocio jurídico, la autoridad judicial
en su sentencia se pronunciará en primer término sobre esta
cuestión de fondo, y si la desestima resolverá lo
demás.
Capítulo III
La rebeldía
Artículo 434 Declaración de
rebeldía
Si transcurrido el plazo para
contestar la demanda, no se personare en el proceso la parte
demandada, habiendo sido notificada válidamente, de oficio se le
declarará rebelde.
La falta de personamiento de la parte demandada no impedirá la
continuación del proceso, debiendo entenderse su incomparecencia
como negativa de los hechos.Artículo 435 Notificaciones a la parte rebelde
La resolución que declare la rebeldía
se notificará a la parte demandada por cédula, si tuviere dirección
conocida. No será necesario notificar las resoluciones sucesivas a
la parte rebelde, las que surtirán efectos desde que se pronuncien,
con excepción de la resolución que ponga fin al proceso, la que
deberá ser notificada por cédula.
En caso de carecer de domicilio conocido, la notificación se hará
por edictos, conforme se establece en este Código.Artículo 436 Comunicación al rebelde sobre la pendencia del
proceso
La parte rebelde que hubiese sido
emplazado mediante edictos, se le comunicará la pendencia del
proceso, de oficio o a instancia de parte, en cuanto se tenga
noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la
comunicación.Artículo 437 Comparecencia del rebelde
La parte rebelde puede incorporarse
al proceso en cualquier momento mediante comparecencia en forma,
sujetándose al estado en que se encuentre el proceso, sin que se
pueda retroceder en las actuaciones.
Cuando la parte demandada hubiera permanecido involuntariamente en
rebeldía durante todo el proceso, podrá hacer uso de la acción
impugnatoria de rescisión de sentencia firme, en los plazos y forma
previstos en este Código.
Capítulo IV
La audiencia inicial
Artículo 438 Convocatoria de la
audiencia inicial
Contestada la demanda y en su caso la
reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, la
autoridad judicial en el plazo de cinco días convocará a las partes
a una audiencia inicial, señalando fecha, día y hora; ésta deberá
celebrarse en un plazo no mayor de veinte días contados desde la
convocatoria judicial.Artículo 439 Comparecencia de las partes
Las partes deberán comparecer a la
audiencia inicial asistidas de su abogada, abogado o a través de su
apoderada o apoderado con facultades suficientes para hacer uso del
poder de disposición de las partes y de los métodos alternos de
resolución de conflictos, salvo lo dispuesto en este Código, en
materia de comparecencia obligatoria.
Si por razones debidamente acreditadas, de caso fortuito o fuerza
mayor, una de las partes no pudiera comparecer, la audiencia podrá
suspenderse por una sola vez.Artículo 440 Incomparecencia de las partes
Cuando ambas partes o sus respectivas
apoderadas o apoderados dejaran de concurrir a la audiencia
inicial, la autoridad judicial pondrá fin al proceso sin más
trámite.
Cuando la parte demandante o su apoderada o apoderado, no asistan a
la audiencia inicial y la parte demandada o su apoderada o
apoderado, no muestre interés legítimo en la prosecución del
proceso, se pondrá fin a éste y se impondrán las costas a la parte
demandante.
Cuando la parte demandante o su apoderada o apoderado no
compareciera a la audiencia inicial y la parte demandada mostrara
interés legítima en la prosecución del proceso, la autoridad
judicial ordenará la continuación de la audiencia, en lo que sea
procedente.
Cuando la parte demandada o su apoderada o apoderado no
comparecieran a la audiencia inicial, la autoridad judicial
ordenará la continuación del proceso, sin que dicha ausencia
suponga allanamiento, ni admisión de los hechos por la parte
demandada.Artículo 441 Finalidad de la audiencia inicial
La audiencia inicial servirá para
instar a las partes a lograr un arreglo; permitir el saneamiento de
los defectos procesales alegados; fijar con precisión la pretensión
y la oposición, así como los términos de su debate; ratificar la
nómina de los medios de prueba propuestos, y admitir la prueba de
que intenten valerse las partes en la audiencia probatoria, así
como señalar su día, fecha y hora.Artículo 442 Inicio de la audiencia
Abierta la audiencia inicial, la
autoridad judicial instará a las partes a lograr un arreglo en
relación con la pretensión deducida en el proceso, señalándoles las
ventajas de resolver el conflicto extraprocesalmente.
Si las partes se mostraran dispuestas a lograr un arreglo, la
autoridad judicial a solicitud de éstas suspenderá el proceso,
conforme lo establecido en el presente Código y remitirá a las
partes a un Centro de Resolución Alterna de Conflictos.Artículo 443 Examen de las excepciones o defectos procesales
La audiencia continuará con el examen
de las excepciones o defectos procesales alegados por las partes,
en cuanto supongan un obstáculo a la válida continuación del
proceso y a su finalización mediante resolución de fondo, incluidos
los referidos a la falta de capacidad, representación, postulación,
indebida acumulación de pretensiones, oscuridad o ambigüedad en el
modo de proponer la demanda o la reconvención, litispendencia,
impugnación de la adecuación del procedimiento, incompetencia por
existir acuerdo arbitral y falta del debido
litisconsorcio.Artículo 444 Apreciación de las excepciones o defectos
procesales
Cuando la excepción o defecto
procesal examinado y apreciado por la autoridad judicial resulte
del todo insubsanable, se pondrá fin al proceso y se ordenará el
archivo de las actuaciones. Si el defecto fuera subsanable, se
concederá a la parte un plazo no superior a diez días para que lo
subsane, transcurrido el cual sin haberlo hecho, se pondrá fin al
proceso y se ordenará el archivo de las actuaciones.
En ambos casos, el archivo de las actuaciones es sin perjuicio del
derecho de las partes a volver a plantear la pretensión, si ello
fuera posible.Artículo 445 Defectos de capacidad, representación o
postulación
Si los defectos denunciados y
examinados se refieren a la capacidad, representación o postulación
y fueran subsanables, la autoridad judicial otorgará un plazo
máximo de diez días para proceder a su debida corrección,
interrumpiendo a tal efecto la audiencia, salvo que la parte
estuviera en disposición de sanearlos en el mismo acto. Subsanados
los defectos procesales, la audiencia se reanudará o continuará, en
su caso.
Si transcurrido el plazo señalado, la parte demandante o
reconviniente no hubiera acreditado ante la autoridad judicial la
subsanación de los defectos procesales, se pondrá fin al proceso,
ordenándose el archivo de las actuaciones.
Si la subsanación correspondiera a la parte demandada o tercero
reconvenido y no se efectuara en el plazo otorgado, el proceso
seguirá su curso con la declaración de rebeldía, sin que se tomen
en cuenta las actuaciones que hubiera realizado.Artículo 446 Indebida acumulación de pretensiones
Si en la demanda se han acumulado
diversas pretensiones y la parte demandada se hubiera opuesto
motivadamente a esa acumulación, la autoridad judicial oyendo
previamente a la parte demandante, resolverá en la misma audiencia
sobre la improcedencia o admisibilidad de la acumulación.
La audiencia y el proceso seguirán su curso respecto de la
pretensión o pretensiones, que según la resolución judicial puedan
constituir el objeto del proceso.Artículo 447 Falta del debido litisconsorcio necesario
activo
Si la parte demandada al contestar
alegara que la demanda también debió ser dirigida contra otras
personas y la parte actora no hiciera oposición, podrá en la
audiencia presentar escrito dirigiendo su demanda contra las nuevas
personas demandadas; en este caso la autoridad judicial suspenderá
la audiencia y emplazará a las nuevas personas demandadas, para que
contesten la demanda.
Al dirigir la demanda a los litisconsortes, la parte demandante
solo podrá añadir a las alegaciones de la demanda inicial aquellas
otras imprescindibles, para justificar las pretensiones contra las
nuevas personas demandadas, sin alterar sustancialmente la causa de
pedir.
Si la parte actora se opusiera al litisconsorcio aducido por la
parte demandada, la autoridad judicial oirá a las partes sobre este
punto y en la misma audiencia resolverá; cuando la dificultad o
complejidad del asunto lo aconseje, podrá resolverlo mediante auto
que deberá dictar en el plazo de cinco días siguientes a la
audiencia. En todo caso, ésta deberá proseguir para sus restantes
finalidades.
Si la autoridad judicial estimara procedente el litisconsorcio,
ordenará a la parte actora para que dentro del plazo de cinco días
lo constituya y acompañe las copias de la demanda y documentos
anexos; si no lo hiciera se pondrá fin al proceso y se procederá al
archivo de las actuaciones.
Las nuevas personas demandadas podrán contestar la demanda dentro
del plazo establecido en este Código, quedando en suspenso el curso
de las actuaciones para la parte demandante y la parte demandada
inicialmente.Artículo 448 Oscuridad o ambigüedad en la demanda o
reconvención
Cuando se hubiera alegado la
existencia de defectos en la demanda o en la reconvención, o la
autoridad judicial apreciara de oficio, ordenará a las partes que
hagan las aclaraciones o precisiones oportunas en la misma
audiencia.
Si no se hicieran las aclaraciones o precisiones, y los defectos no
permitieran determinar con claridad las pretensiones de la parte
demandante, la autoridad judicial ordenará el archivo definitivo
del expediente y la devolución de los anexos, para que la parte
demandante, si lo estima conveniente, haga uso de su
derecho.Artículo 449 Litispendencia o cosa juzgada
Cuando se hubiera alegado la
litispendencia o cosa juzgada o este defecto fuera apreciado de
oficio por la autoridad judicial, se pondrá fin al proceso en el
acto, con archivo de las actuaciones.
Si la autoridad judicial considerara inexistente la litispendencia
o la cosa juzgada, lo declarará así motivadamente en el acto, y
decidirá que la audiencia prosiga para sus restantes
finalidades.
No obstante, si las cuestiones suscitadas sobre litispendencia o
cosa juzgada entrañaran especial dificultad o complejidad, la
autoridad judicial interrumpirá la audiencia y en los cinco días
posteriores resolverá la cuestión mediante auto. Si no procede la
litispendencia o cosa juzgada, se ordenará la reanudación de la
audiencia para cumplir las restantes finalidades.Artículo 450 Impugnación de la adecuación del procedimiento
Cuando se impugnara la adecuación del
procedimiento por razón de la materia o la cuantía, se oirá a ambas
partes. La autoridad judicial resolverá motivadamente en el acto lo
que proceda, y si hubiera de seguirse el procedimiento sumario,
citará a las partes a la audiencia del mismo.Artículo 451 Incompetencia por existir acuerdo arbitral
Cuando se alegara la falta de
competencia por existir acuerdo arbitral de someter el litigio a la
decisión de árbitros, se pondrá fin al proceso ordenando el archivo
de las actuaciones.Artículo 452 Fijación de la pretensión
En la audiencia podrá la parte
demandante o reconviniente hacer las precisiones, aclaraciones y
concreciones que estime oportunas, en relación con la pretensión
deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar
o modificar sustancialmente la misma. A estos efectos la autoridad
judicial podrá ordenar a las partes, cuantas veces lo crea
necesario, que aclaren en la audiencia los puntos dudosos u oscuros
que contengan las respectivas alegaciones iniciales, o las
efectuadas en la audiencia conforme este artículo.
La parte demandante podrá agregar pretensiones accesorias a las
planteadas en su demanda. Aunque la parte demandada se opusiera a
esta adición, la autoridad judicial la admitirá siempre que no
suponga menoscabo para el adecuado ejercicio del derecho de
defensa.Artículo 453 Reglas de introducción de hechos nuevos o de nueva
noticia
Establecido lo que sea objeto del
proceso en la demanda, en la contestación o en la reconvención, las
partes no podrán alterarlo posteriormente.
No obstante lo anterior, las partes podrán formular alegaciones
complementarias sobre hechos nuevos o de nueva noticia de
relevancia para la fijación de la causa de pedir, o para la
concreción de los términos del debate, proponiendo su prueba. Se
entenderá por hecho nuevo o de nueva noticia el acaecido o conocido
tras la conclusión de los actos de alegación. La autoridad judicial
decidirá sobre la admisibilidad tanto de los hechos, como de las
pruebas.
Las anteriores alegaciones se podrán
hacer en los siguientes momentos procesales:
1) En la audiencia inicial, cuando ocurriera o se conociera algún
hecho nuevo o de nueva noticia una vez contestada la demanda o
reconvención y hasta antes de la audiencia inicial;
2) Concluida la audiencia inicial y hasta antes de la audiencia
probatoria, las partes podrán hacer valer el hecho nuevo o de nueva
noticia, alegándolo por escrito. De lo alegado se concederán cinco
días a la parte contraria, para que manifieste sí reconoce como
cierto el hecho alegado o lo niega. En este último caso propondrá
la prueba; y
3) En la audiencia probatoria, si tales hechos se pusieran de
manifiesto en la audiencia probatoria y si los mismos fueren
controvertidos, la autoridad judicial en el acto resolverá sobre la
admisibilidad de los hechos y de las pruebas, las que se
practicarán en las diligencias finales.
Artículo 454 Admisión de hechos nuevos o de nueva noticia
Cuando se presente en el proceso un
hecho nuevo o de nueva noticia que no fuera reconocido como cierto
por la parte contraria, se propondrá y se practicará la prueba
pertinente y útil cuando fuera posible por el estado de las
actuaciones, o en su caso a través de diligencias finales del modo
previsto en este Código.
La autoridad judicial rechazará mediante auto la alegación de un
hecho nuevo o de nueva noticia, si esta circunstancia no se
justificara de manera suficiente.
También se rechazará, cuando a la vista de las circunstancias y de
las alegaciones de las demás partes, se evidenciara que el hecho se
pudo haber alegado en los momentos procesales ordinariamente
previstos.
En este último caso, si la autoridad judicial apreciara ánimo
dilatorio o mala fe procesal en la alegación, podrá imponer al
responsable una multa de uno a tres salarios mínimos.
Contra el auto que admita el hecho nuevo o de nueva noticia, no
cabe recurso alguno; contra el que lo rechace, podrá pedirse en el
acto su reposición y si ésta fuera denegada, deberá protestarla en
el acto, para reproducirla con la apelación de la sentencia
definitiva.Artículo 455 Presentación de nuevos documentos o informes de
peritos
Si de la contestación a la demanda o
a la reconvención en su caso, se evidencia la necesidad de aportar
prueba documental o pericial, las partes podrán proponerlo en la
audiencia inicial. También podrán proponer las que se deriven de
las precisiones, aclaraciones y concreciones efectuadas en la
propia audiencia. Si la autoridad judicial las considera
inadmisibles, las desestimará de plano mediante auto.
La resolución que admitiera o rechazara el documento o informe
nuevo, que haya sido protestada, será recurrible con la apelación
de la sentencia definitiva.Artículo 456 Fijación del objeto de la prueba
Los hechos admitidos por las partes,
quedarán excluidos de prueba. Las partes fijarán en la audiencia
los hechos sobre los que exista disconformidad y sobre los cuales
recaerá la prueba, la que se admitirá y practicará conforme lo
dispuesto en este Código.
Cuando las partes muestren conformidad en cuanto a los hechos, y
las discrepancias sean únicamente en cuanto a su consecuencia
jurídica, la autoridad judicial podrá emitir el fallo oralmente,
dictando posteriormente la sentencia conforme este
Código.Artículo 457 Decisión sobre la proposición de la prueba
La autoridad judicial dará la palabra
a las partes para que ratifiquen las pruebas ofrecidas en su
demanda o contestación, argumentando o justificando lo que a su
derecho convenga sobre cada uno de los hechos respecto de los que
haya disconformidad, y de las pruebas de que intentará valerse en
la audiencia probatoria. La autoridad judicial en el acto, previa
calificación, resolverá mediante auto sobre la admisión o rechazo
de cada una de las pruebas ofrecidas.Artículo 458 Finalización del proceso sin audiencia
probatoria
Cuando la única prueba admitida sea
la de documentos y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin
haberse impugnado, no se celebrará audiencia probatoria. Lo mismo
se hará cuando se admitiera solamente un medio de prueba que pueda
practicarse en el acto, siempre que se hallare presente en la
audiencia inicial quien deba rendirla.
Al finalizar la audiencia inicial la autoridad judicial podrá
emitir el fallo oralmente, y posteriormente dictará la sentencia
conforme este Código.Artículo 459 Fijación de la audiencia probatoria y citación de
las partes
Si se hubiera de celebrar la
audiencia para la práctica de las pruebas admitidas, se fijará
lugar, fecha y hora de inicio de la misma, que deberá estar
comprendida dentro de los veinte días posteriores a la finalización
de la audiencia inicial, en razón de la dificultad de su
preparación, la cual se podrá realizar en una o más sesiones. Solo
se citará a la parte que no hubiera asistido a la audiencia inicial
y se tendrán por notificadas a las presentes.
Las partes comunicarán a la autoridad judicial, sobre las y los
testigos y peritos que deberán ser citados judicialmente,
entendiéndose que los demás asistirán por cuenta de la parte
proponente. La citación se practicará con cinco días de antelación
a la fecha de inicio de la audiencia probatoria.
Las partes también indicarán las pruebas que se practicarán
mediante auxilio judicial, entregando a tal efecto por escrito las
preguntas o cuestiones que deban formularse al testigo o
perito.
Si antes de dar por finalizada la audiencia inicial, las partes
conocieran la existencia de una causa que pudiera motivar la
suspensión de la audiencia probatoria en la fecha establecida, la
comunicarán a la autoridad judicial de inmediato, fijándose nuevo
señalamiento si se trata de una causa legal y si fuera justificada
con arreglo a lo dispuesto en este Código.
Capítulo V
Audiencia probatoria
Artículo 460 Audiencia probatoria
La audiencia probatoria oral y
pública comenzará en la fecha, día y hora señalados, con la lectura
del acta de la audiencia inicial en que se fijó el objeto del
proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida, con lo
cual la autoridad judicial declarará abierto el debate.
Cuando la autoridad judicial haya admitido hechos nuevos o de nueva
noticia en la audiencia inicial conforme lo dispuesto en este
Código, se podrá solicitar la ampliación de los medios de prueba ya
propuestos y admitidos.
Las partes podrán proponer nuevos hechos o de nueva noticia
conforme lo dispuesto en este Código, sobre los cuales la autoridad
judicial decidirá en el acto de la audiencia, dejando para las
diligencias finales la práctica de la prueba.Artículo 461 Práctica de la prueba
Las pruebas se practicarán en
audiencia pública, salvo las excepciones previstas en este Código,
en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para su adecuada
documentación a los efectos oportunos.
Asimismo, deberán practicarse concentradamente, salvo que resulte
imposible por la naturaleza del medio probatorio.
Igualmente toda la prueba se habrá de realizar en presencia de la
autoridad judicial, en la forma establecida en este Código.
Cada parte podrá solicitar la práctica de las pruebas que hubiera
propuesto del modo que mejor le convenga a sus intereses, a lo que
accederá la autoridad judicial cuando ello no perjudique el
desarrollo de la audiencia, o menoscabe la intervención de la parte
contraria.Artículo 462 Prueba separada de la audiencia probatoria y fuera
de la sede
Cuando la prueba no se pueda
practicar en el acto de la audiencia, se procurará hacerla antes
que ésta se celebre de ser posible, conforme lo dispuesto en este
Código.
La autoridad judicial notificará a las partes con al menos cinco
días de antelación a su realización, la fecha, día, hora y lugar en
que se practicará, en el caso que deba realizarse fuera de la sede
del juzgado.
En ambos casos, las partes tendrán derecho a intervenir en la
realización de estas pruebas.Artículo 463 Comparecencia de las partes a la audiencia
probatoria
Las partes comparecerán a la
audiencia con el pleno derecho a ser asistidas de abogada o
abogado, aun cuando se trate de la intervención personal en el
interrogatorio que se hubiera admitido.
Si no compareciera ninguna de las partes, la autoridad judicial
dará por concluida la audiencia, haciéndolo constar en el acta que
se levante, y dictará sentencia en el término señalado.
Si solo compareciera alguna de las partes, se procederá a la
celebración de la audiencia.Artículo 464 Objeciones a las preguntas y respuestas
Las partes podrán plantear objeciones
a las preguntas formuladas a las y los testigos o peritos, conforme
a lo dispuesto en este Código.
Asimismo, podrán objetar las respuestas de las y los testigos o
peritos que no se circunscriban a las preguntas, o cuando respondan
con evasivas.Artículo 465 Objeciones a la conducta de las partes
Cualquiera de las partes podrá
objetar la conducta de la contraria si se comporta de manera
irrespetuosa, o quebranta los deberes de lealtad, probidad y buena
fe procesal.Artículo 466 Interrupción de la audiencia probatoria
Si un testigo o un perito no
comparecen a la audiencia, la parte que lo propuso solicitará la
interrupción de la misma, para la práctica posterior de dicha
prueba. La autoridad judicial resolverá en el acto conforme las
razones que se expongan.
Si la autoridad judicial accede a la interrupción, se continuará
con la audiencia para la práctica de los otros medios de prueba, y
señalará en el acto, día, fecha y hora para continuar la audiencia
y recibir la testifical o pericial no rendida, fecha que no puede
exceder del plazo máximo de veinte días después de concluida la
audiencia.
Para efecto del párrafo anterior, se citará nuevamente al testigo o
perito para que comparezca, con la advertencia de que si no lo hace
se le impondrá multa de uno a tres salarios mínimos mensuales. La
parte interesada entregará la citatoria.
Si llegado el día, fecha y hora para la práctica de la prueba
pendiente ésta no se practica, se procederá a los alegatos
finales.
Si no se solicita la interrupción de la audiencia o no se accede a
la misma, se continuará con la práctica de la prueba y la
presentación de los alegatos finales.
Capítulo VI
Alegatos finales y sentencia
Artículo 467 Alegatos finales
Concluida la práctica de la prueba y
antes de poner fin a la audiencia probatoria, se concederá turno de
palabra a las partes por su orden, para exponer sus alegatos
finales.
Los alegatos se expondrán de forma
oral para fijar, concretar y adecuar tanto los hechos alegados como
la petición, con base en el resultado de la práctica de las
pruebas. No se admitirá en ningún caso alegatos que supongan cambio
de la pretensión, tal y como quedó fijada en la audiencia
inicial.Artículo 468 Contenido de los alegatos finales
Las partes expondrán sus alegatos
relatando de forma clara y ordenada los hechos que consideran
probados, con indicación de las pruebas que los acreditan. También
podrán argumentar sobre la falta o la insuficiencia de prueba de
los hechos aducidos por la parte contraria, y los que a su
criterio, resultan inciertos.
Las partes podrán referirse a los
fundamentos de derecho que sean aplicables, de conformidad con el
resultado probatorio de la audiencia.
Cuando la pretensión sea de condena
al pago de una cantidad de dinero, se fijarán con precisión las
cantidades líquidas que sean finalmente objeto de reclamación,
salvo los casos en que este Código disponga otra cosa.Artículo 469 Intervención de la autoridad judicial y conclusión
de la audiencia
La autoridad judicial podrá solicitar
las aclaraciones que considere pertinentes, durante el curso o al
final de los alegatos.
Terminados los alegatos finales, la
autoridad judicial levantará la sesión y dará por terminada la
audiencia probatoria, comenzando a correr el plazo para dictar la
sentencia.
Concluida la audiencia, solo serán
admisibles los documentos que no hayan podido traerse al proceso
con anterioridad, por encontrarse en alguno de los supuestos
previsto en el presente Código referida a la presentación de los
documentos.Artículo 470 Sentencia
La sentencia que habrá de resolver
las cuestiones planteadas en el proceso, deberá dictarse dentro de
los diez días siguientes a la finalización de la audiencia
probatoria, pudiendo emitirse el fallo oralmente al concluir la
referida audiencia, para dictar la sentencia posteriormente, la
cual se notificará a las partes a la mayor brevedad posible, sin
que el plazo de notificación exceda los tres días de haberse
dictado.
Cuando se pretenda la condena al pago
de prestaciones o de intereses que se devenguen periódicamente, la
sentencia podrá incluir pronunciamiento, obligando al pago de las
que se devenguen después de dictada y hasta su total ejecución,
siempre que así lo solicitara a la parte actora en la
demanda.
Excepcionalmente, cuando se haya
pedido la condena al pago de una cantidad sin especificarla y no
haya podido determinarse su cuantía concreta en la sentencia, se
estará a lo dispuesto para la liquidación de frutos o rentas según
lo dispuesto en este Código.
TÍTULO III
ESPECIALIDADES DEL PROCESO ORDINARIO
Capítulo I
Tutela de derechos fundamentales
Artículo 471 Procedimiento
adecuado
Toda demanda en la que se interponga
alguna o algunas de las pretensiones reguladas en este título, se
tramitarán conforme el proceso ordinario, con las especialidades
que para cada una de ellas se prevean.Artículo 472 Objeto tutela de derecho
A través del proceso ordinario se
conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela de
los derechos fundamentales y los relativos a la honra y la
reputación, relacionados con el respeto a la dignidad de la persona
humana, su vida privada y la de su familia, su honra y reputación
establecidos en la Constitución Política, con las especialidades
previstas en los artículos siguientes.Artículo 473 Legitimación extraordinaria
En estos procesos siempre será parte
la Procuraduría General de la República.Artículo 474 Prescripción
Las pretensiones de protección frente
a vulneraciones de los derechos fundamentales de la persona que
deban ser tuteladas civilmente, prescribirán en un año desde que el
legitimado pudo interponerlas.
Artículo 475 Indemnizaciones
La existencia de perjuicio con
relación a los derechos protegidos, se presumirá siempre que se
acredite la intromisión ilegítima en los mismos.
La indemnización se extenderá al daño
moral que se valorará atendiendo las circunstancias del caso y a la
gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se
tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a
través del que se haya difundido; también el beneficio que haya
obtenido la o el causante de la lesión como consecuencia de la
misma, fijándose proporcionalmente en la sentencia el grado de
afectación.
Artículo 476 Contenido de la sentencia
Además de los requisitos generales,
en la sentencia se condenará a publicar en los medios de
comunicación nacional, en los que se haya difundido la lesión, los
elementos y circunstancias esenciales de la infracción y la
gravedad de la lesión efectivamente producida, además del monto de
la indemnización conforme a lo establecido en el artículo que
antecede, sobre indemnizaciones..
Artículo 477 Prohibición de ejecución provisional de
sentencia
Las sentencias dictadas en los
procesos sobre tutela de derechos fundamentales y los relativos a
la honra y la reputación no serán provisionalmente ejecutables,
salvo los pronunciamientos que en la misma sentencia regulen las
obligaciones y relaciones patrimoniales, relacionadas con lo que
sea objeto principal del proceso.
Capítulo II
Publicidad
Artículo 478 Objeto
A través del proceso ordinario se
conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en
materia de publicidad, cualquiera que pueda ser la cuantía que en
su caso se reclame, con las especialidades previstas en los
artículos siguientes.
Artículo 479 Legitimación
Los órganos administrativos
competentes, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias,
las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas y en
general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo,
podrán solicitar del anunciante la cesación o en su caso, la
rectificación de la publicidad ilícita.
La pretensión de cesación de publicidad ilícita será también
admisible por la utilización en forma vejatoria de la imagen de la
persona.Artículo 480 Solicitudes previas al proceso
Previo al proceso, la persona
afectada deberá solicitar al anunciante, la cesación o
rectificación de la actividad publicitaria, la cual se hará por
escrito para tener constancia fehaciente de su fecha, de su
recepción y de su contenido.
La cesación podrá ser solicitada
desde el comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria. Dentro
de los tres días siguientes a la recepción de la solicitud, el
anunciante comunicará a la o el requirente en forma fehaciente, su
voluntad de cesar en la actividad publicitaria y procederá
efectivamente a dicha cesación.
En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido
lugar la cesación, la o el requirente, previa justificación de
haber efectuado la solicitud de cesación, podrá interponer las
pretensiones y derechos regulados en esta sección.
La rectificación podrá solicitarse desde el inicio de la actividad
publicitaria hasta cinco días después de finalizada la misma. El
anunciante dentro de los tres días siguientes a la recepción del
escrito, deberá comunicar fehacientemente a la o el requirente su
disposición a la rectificación y los términos de ésta, o en caso
contrario, su negativa a rectificar.
Si la respuesta del o la anunciante fuera positiva y la o el
requirente aceptara los términos de la propuesta, el o la
anunciante procederá a la rectificación dentro de los cinco días
siguientes a la aceptación de la misma. Si la respuesta denegara la
rectificación, o no se produjera dentro del plazo ofrecido o, aun
habiéndola aceptado, la rectificación no tuviera lugar en los
términos acordados o en los plazos legalmente previstos, la o el
requirente podrá demandar al anunciante, debiendo justificar que
efectuó la solicitud de rectificación, conforme lo dispuesto en
este Código.
Artículo 481 Medidas cautelares
A instancia de la parte demandante,
cuando la autoridad judicial lo crea conveniente, atendiendo los
intereses involucrados y especialmente el interés general, incluso
en el caso de no haberse consumado un perjuicio real o de no
existir intencionalidad o negligencia por parte del anunciante,
podrá con carácter cautelar:
1) Ordenar la cesación provisional de la publicidad ilícita o
adoptar las medidas necesarias para obtener tal cesación. Cuando la
publicidad haya sido expresamente prohibida o cuando se refiera a
productos, bienes, actividades o servicios que puedan generar
riesgos graves para la salud, seguridad de las personas o su
patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos de suerte,
apuesta o azar y así lo solicitara el órgano administrativo
competente, la autoridad judicial podrá ordenar la cesación
provisional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
presentación de la demanda; o
2) Prohibir temporalmente dicha publicidad o adoptar las
previsiones adecuadas para impedir su difusión, cuando ésta sea
inminente, aunque no haya llegado aún a conocimiento del
público.
Artículo 482 Improcedencia de reclamo administrativo previo
Cuando el anunciante sea un órgano
administrativo o un ente público, no será necesaria la reclamación
administrativa previa para interponer la pretensión de cesación o
de rectificación de la publicidad ilícita.Artículo 483 Carga de la prueba
En los procesos sobre publicidad
ilícita, corresponderá a la parte demandada la carga de la prueba
de la exactitud y veracidad de las indicaciones, de las
manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la
publicidad exprese, respectivamente.
Esta norma se aplicará siempre que una disposición legal expresa no
distribuya la carga de probar, los hechos relevantes con criterios
especiales.Artículo 484 Contenidos específicos de la sentencia
La sentencia estimatoria de la
demanda deberá contener alguno o algunos de los siguientes
pronunciamientos:
1) Conceder al anunciante un plazo no mayor de cinco días para que
suprima los elementos ilícitos de la publicidad; 2) Ordenar la
cesación o prohibición definitiva de la publicidad ilícita;
3) Ordenar la publicación de la sentencia en la forma que estime
adecuada, y a costa del anunciante; y
4) Exigir la inmediata difusión de publicidad correctora, cuando la
gravedad del caso así lo requiera y siempre que contribuya a la
reparación de los efectos de la publicidad ilícita, determinando el
contenido de aquélla y las modalidades y plazo de difusión.
Capítulo III
Pretensiones colectivas
Artículo 485 Objeto
A través del proceso ordinario se
conocerán, con las especialidades previstas en los artículos
siguientes, las pretensiones de diversas personas frente a una o
varias personas demandadas en materia de:
1) Intereses o derechos colectivos, entendiendo por tales aquellos
supra individuales que afectan a un grupo, categoría o clase,
cuando las personas que lo compongan estén perfectamente
determinadas o sean fácilmente determinables, ligados por
circunstancias de hecho o vinculadas entre sí o con la parte
contraria por una relación jurídica común a todas ellas;
2) Intereses o derechos difusos, entendiendo por tales aquellos
supra individuales que afectan a un grupo, categoría o clase,
cuando las personas que lo compongan estén indeterminadas o sean de
difícil determinación, ligados por circunstancias de hecho o
vinculados entre sí o con la parte contraria por una relación
jurídica común a todas ellas; y
3) Intereses o derechos individuales homogéneos, entendiendo por
tales el conjunto de derechos subjetivos individuales con un mismo
origen, de los que son titulares los miembros de un grupo,
categoría o clase, sin existir una relación común a todos
ellos.Artículo 486 Pretensiones
Las entidades y personas legitimadas
podrán interponer las pretensiones civiles que consideren
convenientes para la defensa de sus asociados y cumplimiento de sus
fines o del grupo, categoría o clase a la que pertenecen
respectivamente, incluyendo especialmente, la de cesación de
determinados actos, para la defensa de los intereses de las
personas consumidoras y usuarias.
Igualmente podrán ejercer las pretensiones tendentes a la
reparación de los daños y perjuicios individualmente
sufridos.
Se podrá interponer una pretensión colectiva pasiva por parte de
uno o varios particulares, contra una colectividad organizada o que
tenga representante adecuado, siempre que el bien jurídico
tutelable sea supraindividual y esté revestido de interés
social.Artículo 487 Capacidad procesal
Podrán ser parte en los procesos los
grupos de personas consumidoras o usuarias afectadas por un hecho
dañoso, cuando las personas que lo compongan estén determinadas o
sean fácilmente determinables. Para demandar en proceso será
necesario que el grupo personas se constituya con la mayoría de las
afectadas.
También podrán ser parte, las entidades habilitadas conforme la
normativa internacional para la interposición de la pretensión de
cesación, en defensa de los intereses colectivos y de los intereses
difusos de los grupos de personas consumidoras y usuarias.
Artículo 488 Control judicial
Para admitir a trámite una demanda en
la que se interponga una pretensión colectiva, la autoridad
judicial deberá tomar en consideración los siguientes
elementos:
1) La adecuada representatividad del legitimado respecto del grupo,
categoría o clase; y
2) La relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por
la naturaleza del bien jurídico afectado, por las características
de la lesión o por el elevado número de personas
perjudicadas.
En el análisis de la representatividad adecuada la autoridad
judicial deberá analizar:
1) La credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del
legitimado;
2) Los antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de
los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o
clase;
3) La conducta en otros procesos colectivos;
4) La coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo,
categoría o clase y el objeto de la demanda; y
5) El tiempo de constitución de la asociación y la
representatividad de ésta o de la persona natural respecto del
grupo, categoría o clase.
La autoridad judicial analizará la
concurrencia del requisito de la representatividad adecuada, en
cualquier momento antes de dictar sentencia.Artículo 489 Publicidad e intervención
En los procesos colectivos, se
llamará a quienes tengan la condición de perjudicados o afectados
por haber sido personas consumidoras del producto o usuarias del
servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho
o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la
admisión de la demanda, en medios de comunicación con difusión en
el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de
aquellos derechos o intereses.
Cuando se trate de un proceso en el que estén determinadas o sean
fácilmente determinables las personas afectadas o perjudicadas, la
parte demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente
la presentación de la demanda a todos los interesados. En este
caso, tras el llamamiento, la persona consumidora o usuaria podrá
intervenir en el proceso en cualquier momento, pero solo podrá
realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
Cuando se trate de un proceso en el que las personas afectadas o
perjudicadas estén indeterminadas o su determinación sea difícil,
el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no
excederá de dos meses y que se determinará en cada caso atendiendo
a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades
de determinación y localización de las perjudicadas.
El proceso se reanudará con la intervención de todas aquellas
personas consumidoras que hayan acudido al llamamiento, no
admitiéndose el personamiento individual de consumidoras o usuarias
en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer
valer sus derechos o intereses conforme lo dispuesto en este
Código.
Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores, el proceso
iniciado mediante la interposición de la pretensión de cesación de
determinados actos para la defensa de los intereses colectivos y de
los intereses difusos de las personas consumidoras y
usuarias.Artículo 490 Diligencias preparatorias
Quien pretenda interponer una
pretensión colectiva y con el objeto de concretar a los integrantes
del grupo de personas afectadas o perjudicadas, cuando no estando
determinadas sean fácilmente determinables, podrá solicitar las
diligencias preparatorias que considere oportunas para la
averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las
circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por la
o el solicitante, incluyendo el requerimiento a la parte demandada
para que colabore en dicha determinación, sin perjuicio de lo
dispuesto en este Código y la ley de la materia.Artículo 491 Acumulación de pretensiones
No serán de aplicación a las
pretensiones colectivas, las disposiciones legales que impiden la
acumulación de pretensiones, cuando la diversidad de esos procesos,
hayan sido promovidos por las asociaciones, entidades o grupos
legitimados, o por personas consumidoras o usuarias determinadas y
no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de pretensiones
o la intervención prevista en este Capítulo.
En tales casos, se decretará incluso de oficio la acumulación de
procesos conforme lo dispuesto en este Código.Artículo 492 Exención de caución en la medida cautelar
En los casos en que se pretenda la
cesación de determinados actos para la defensa de los intereses
colectivos y de los intereses difusos de las personas consumidoras
y usuarias, la autoridad judicial podrá dispensar del deber de
prestar caución a la o el solicitante de la medida cautelar,
atendidas las circunstancias del caso, así como la entidad
económica y la repercusión social de los distintos intereses
afectados.Artículo 493 Especialidades de la audiencia inicial
En la audiencia inicial, la autoridad
judicial decidirá motivadamente si el proceso reúne las condiciones
para proseguir como colectivo.
En tal caso, podrá separar las peticiones en procesos colectivos
distintos, tendentes a la tutela de los intereses o derechos
colectivos, difusos o individuales homogéneos, respectivamente,
siempre que la separación represente economía procesal o facilite
la conducción del proceso.Artículo 494 Prueba y carga de prueba
Son admisibles en este proceso todos
los medios de prueba, incluida la documental estadística o por
muestreo, siempre que sean obtenidos por medios lícitos.
La carga de la prueba incumbe a la
parte que posea conocimientos científicos, técnicos o informaciones
específicas sobre los hechos, o tenga mayor facilidad para su
demostración. Sin embargo, si la parte gravada con la carga de la
prueba no aportara la información y el conocimiento precisos para
resolver, la autoridad judicial podrá suplir la deficiencia
requiriendo pericias a entidades públicas cuyo objeto estuviera
ligado a la materia en debate y obtener los elementos probatorios
indispensables para dictar una sentencia de fondo.
Si durante la fase alegatoria surgieran modificaciones de hecho o
de derecho relevantes para el juzgamiento de la causa, la autoridad
judicial podrá ordenar, en decisión fundada, una distribución de la
carga de la prueba distinta a la prevista legalmente y conceder a
la parte a quien le fue atribuida, un plazo razonable para la
producción de la prueba, respetando las garantías del
contradictorio.
La autoridad judicial podrá ordenar de oficio la producción de
pruebas, con el debido respeto de las garantías del
contradictorio.Artículo 495 Contenido de la sentencia
Las sentencias dictadas como
consecuencia de demandas presentadas en defensa de derechos e
intereses colectivos o difusos de personas consumidoras y usuarias,
se ajustarán a las siguientes reglas:
1) Si la sentencia es de condena a una prestación dineraria, de
hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, se señalarán en
la misma las personas consumidoras y usuarias determinadas durante
el proceso y el pronunciamiento expreso sobre sus
pretensiones;
2) Cuando durante el proceso la determinación individual no haya
sido completa o imposible de realizar, la sentencia contendrá los
datos y requisitos necesarios para que las personas consumidoras y
usuarias no incluidos hasta el momento, puedan solicitar la
declaración de beneficiaria e integrar su título de ejecución;
y
3) En el caso de sentencias meramente declarativas sobre la
ilicitud de un comportamiento o conducta, o condenatorias a la
cesación de determinada actividad, las mismas surtirán efectos
procesales no limitados a los que hayan sido parte en el
proceso.Artículo 496 Publicidad e inscripción de las sentencias
Una vez firme la sentencia de una
pretensión colectiva, podrá por decisión judicial publicarse en un
periódico de circulación nacional, el fallo junto con el texto de
la cláusula afectada. Los gastos estarán a cargo de la parte
demandada y condenada, para lo cual se le dará un plazo de quince
días desde la notificación de la sentencia.Artículo 497 Cosa juzgada
Cuando se trate de intereses
colectivos o difusos de las personas consumidoras y usuarias, la
cosa juzgada tendrá eficacia para todas y vinculará a los miembros
del grupo, categoría o clase.
Cuando se trate de intereses o
derechos individuales homogéneos, la cosa juzgada tendrá eficacia
para todos en el plano colectivo, pero la sentencia que acoja la
demanda no vinculará a las y los miembros del grupo, categoría o
clase, quienes podrán formular solicitudes y oposiciones propias en
el proceso de ejecución, para dejar sin efecto la eficacia de la
decisión en su esfera jurídica individual.Artículo 498 Indeterminación de las personas beneficiadas
Cuando las sentencias de condena no
hubieran determinado las personas consumidoras o usuarias
individuales beneficiadas por aquélla, la autoridad judicial
competente para la ejecución, a solicitud de una o varias personas
interesadas y con audiencia de la parte condenada, dictará auto en
el que resolverá si según los datos, características y requisitos
establecidos en la sentencia, reconoce a las y los solicitantes
como beneficiarios de la condena. Con certificación de este auto,
los sujetos reconocidos podrán solicitar la ejecución.Artículo 499 Indemnización
En la sentencia que condene a la
reparación de los daños, la autoridad judicial en atención a la
especificidad del bien jurídico dañado, a la extensión territorial
afectada y a otras circunstancias consideradas relevantes, podrá
determinar mediante auto, el destino de la indemnización, indicando
de modo claro y preciso las medidas que deberán ser tomadas por la
parte demandada, para la reconstrucción de los bienes afectados a
fin de minimizar la lesión o evitar que se repita el daño; así como
el plazo razonable para que tales medidas sean practicadas.
Capítulo IV
Quiebra o Insolvencia
Artículo 500 Objeto
A través del proceso ordinario se
conocerán, con las especialidades previstas en el artículo 501
sobre la solicitud, las pretensiones que se deriven en materia de
quiebra o insolvencia.Artículo 501 Solicitud
La solicitud de quiebra o insolvencia
se tramitará conforme al proceso ordinario ante la autoridad
judicial de distrito del domicilio de la o el deudor. La ejecutoria
de la sentencia que declara dicha insolvencia o quiebra será el
título ejecutivo para hacer efectivo el pago a los créditos de los
acreedores, procediendo en el siguiente orden:
1) La persona acreedora alimentaria;
2) La persona acreedora por prestaciones laborales;
3) La persona acreedora hipotecaria sobre el valor de la cosa
hipotecada conforme a la fecha de su respectiva inscripción;
4) La persona acreedora pignoraticia, sobre el precio de la cosa
dada en prenda. Las y los acreedores que teniendo el derecho de
retención, hayan usado de ese derecho sobre el valor de la cosa o
cosas retenidas;
5) La persona arrendadora de finca rústica o urbana, por el monto
de lo que por causa del arriendo se le adeude hasta la terminación
de éste, sobre el valor de los frutos de la cosa arrendada,
existentes en la finca o en la masa y sobre el de todos los objetos
con que la o el arrendatario la haya provisto;
6) El fisco y los municipios por los impuestos que correspondan al
año precedente a la declaración de insolvencia, sobre el valor de
las cosas sujetas a dichos impuestos; y
7) Otros créditos que correspondan según el Código Civil.
TÍTULO IV
EL PROCESO SUMARIO
Capítulo I
Alegaciones
Artículo 502 Escrito de demanda y
admisión a trámite
El escrito de demanda contendrá todos
los requisitos conforme lo previsto para el proceso ordinario, sus
anexos y las copias respectivas que deben acompañarla.
La autoridad judicial mediante auto resolverá lo procedente sobre
la admisión de la demanda, en el plazo de cinco días desde su
presentación.
Si la autoridad judicial apreciara que la demanda tiene defectos o
no se cumplen presupuestos procesales subsanables, ordenará a la
parte demandante que los subsane en un plazo de tres días.
Transcurrido dicho plazo sin que la parte demandante haya cumplido
con la subsanación, La autoridad judicial ordenará el archivo
definitivo del expediente y la devolución de los anexos, para que
haga uso de su derecho. En caso contrario admitirá la
demanda.
Cuando la demanda contenga defectos o no se hayan cumplido
presupuestos procesales que sean insubsanables, la autoridad
judicial la declarará inadmisible.Artículo 503 Emplazamiento para la contestación de la
demanda
Admitida la demanda, se emplazará a
la persona o personas contra quienes se proponga, para que la
contesten en el plazo de quince días, la que contendrá los mismos
requisitos previstos para el proceso ordinario.
Si las o los demandados fueran varios y se hallaran en diferentes
circunscripciones judiciales, el plazo para contestar la demanda se
computará para todos tomando en cuenta la última notificación
realizada.Artículo 504 Reconvención
Al contestar la demanda, la parte
demandada podrá formular la pretensión o pretensiones que crea que
le competen contra la parte demandante, por medio de la
reconvención. Solo se admitirá la reconvención cuando exista
conexión entre las pretensiones de ésta y las que sean objeto de la
demanda principal.
La reconvención se presentará también con sus respectivos anexos,
ajustándose a lo dispuesto para la demanda en cuanto a su
procedencia y requisitos.
La autoridad judicial resolverá lo procedente sobre la admisión de
la reconvención en el plazo de tres días desde su presentación. Si
la admite, emplazará a la parte demandante para que en el plazo de
quince días conteste, conforme lo dispuesto para la contestación de
la demanda.
Si la autoridad judicial apreciara que la reconvención tiene
defectos o no se cumplen presupuestos procesales subsanables, se
notificará a la parte reconviniente para que los subsane en un
plazo de tres días. Transcurrido dicho plazo sin que la parte
reconviniente haya cumplido con la subsanación, la autoridad
judicial la declarará inadmisible y ordenará la devolución de los
anexos, para que haga uso de su derecho cuando lo estime
conveniente.
Subsanados los defectos de la reconvención, la autoridad judicial
la admitirá y emplazará a la parte demandante conforme el párrafo
tercero de este artículo.
Si la reconvención tuviera defectos insubsanables, se tendrá como
no presentada.
Capítulo II
Audiencia
Artículo 505 Convocatoria a la
audiencia
Contestada la demanda y, en su caso
la reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes, la
autoridad judicial en el plazo de cinco días convocará a las partes
a la audiencia, señalando lugar, fecha y hora, la que deberá
celebrarse en un plazo no mayor de diez días contados desde la
notificación.
Sobre la incomparecencia de las partes, se procederá conforme a lo
establecido para el proceso ordinario.Artículo 506 Finalidades de la audiencia
Las finalidades de la audiencia en el
proceso sumario son las señaladas para la audiencia inicial y para
la audiencia de prueba del proceso ordinario. Practicada la prueba,
las partes a través de quienes les asistan o representen,
formularán oralmente sus alegatos finales en la forma prevista en
este Código.Artículo 507 Sentencia
La autoridad judicial dictará
sentencia dentro de los cinco días siguientes a la terminación de
la audiencia. También podrá emitir el fallo oralmente en la
audiencia y dictar sentencia en el término señalado.
Capítulo III
Proceso sumario mediante formulario
Artículo 508 Uso de formularios
Se utilizarán formularios para la
demanda y contestación, cuando el valor de la pretensión no supere
la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia para este
efecto.
La Corte Suprema de Justicia
elaborará y aprobará los correspondientes formularios a que se
refiere este artículo, conforme lo previsto en el Capítulo I,
Alegaciones del presente Título.
Cuando el proceso sumario se tramite
mediante formulario, se reducirán sus términos a la mitad de lo
fijado en este Código, entendiéndose que cuando esta mitad no sea
número entero, será válido el número inmediato superior.
Capítulo IV
Especialidades del proceso sumario
Artículo 509 Procedimiento adecuado
Toda demanda en la que se interponga
alguna o algunas de las pretensiones reguladas en los siguientes
capítulos de este Título, se tramitarán conforme el proceso
sumario, con las especialidades que para cada una de ellas se
establezcan.
Capítulo V
Expiración del arrendamiento por las causas establecidas en la
Ley de Inquilinato
Artículo 510 Objeto
Las pretensiones que con fundamento
en la Ley de Inquilinato promueva la o el propietario,
usufructuario o cualquier otra persona con derecho a tener o poseer
un inmueble, se tramitarán conforme el proceso sumario, con las
especialidades previstas en los artículos siguientes.
Artículo 511 Ocupación del inmueble
por un tercero
Si el inmueble es ocupado por un
tercero ajeno a la relación inquilinaria, la parte demandante debe
expresarlo en su demanda; el tercero será notificado entregándole
copia de la demanda, y podrá participar en el proceso.
Si al momento de la notificación de
la demanda se advierte la presencia de tercero, quien haga la
notificación anotará esta circunstancia en el acta respectiva. La
autoridad judicial en ese caso, ordenará notificar al tercero,
poniendo en su conocimiento el proceso iniciado, su derecho a
participar en él y el efecto que va a producirle la
sentencia.Artículo 512 Lanzamiento
Una vez firme la sentencia que
declare fundada la demanda, el lanzamiento se ejecutará contra
todas las personas que ocupen el inmueble, aunque no hayan
participado en el proceso.
Se entiende efectuado el lanzamiento, solo cuando se hace entrega a
la parte demandante del bien en su totalidad y completamente
desocupado.
Si a solicitud de la parte actora se hiciera constar en el acta de
lanzamiento la existencia de deterioro en el inmueble, se le dejará
a salvo su derecho para reclamar los daños y perjuicios causados,
en el proceso correspondiente.
Para la entrega de inmuebles se procederá de conformidad con las
disposiciones establecidas para la ejecución de las obligaciones de
dar, en este Código.
Capítulo VI
Pretensiones posesorias
Artículo 513 Objeto y pretensiones
A través del proceso sumario se
conocerán y tramitarán las siguientes demandas:
1) Las que pretendan que se ponga en posesión de bienes, a quien
los hubiera adquirido por herencia y no estuvieran en posesión de
persona alguna a cualquier título;
2) Las que pretendan el amparo, restitución y restablecimiento
de la posesión de una cosa o derecho, por quien haya sido despojado
de ellas o perturbado en su disfrute;
3) Las que pretendan la suspensión de una obra nueva;
4) Las que pretendan la demolición o derribo de obra, edificio,
árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina,
y que amenace causar daños a quien demande; y
5) Las demás pretensiones posesorias establecidas en el Código
Civil.
Las anteriores pretensiones deberán cumplir con los requisitos
señalados en el Código Civil.
Las sentencias que se dicten en virtud de pretensiones posesorias,
no causarán efecto de cosa juzgada.Artículo 514 Demanda y documentos
En el caso de las pretensiones del
numeral 1) del artículo anterior, que se refiere al objeto y
pretenciones, a la demanda debe acompañarse el documento en que
conste fehacientemente la sucesión por causa de muerte a favor de
la parte demandante, así como la propuesta de cualquier medio de
prueba con que pretenda demostrar la ausencia de poseedor
alguno.Artículo 515 Acumulación de pretensiones
Se pueden acumular a las pretensiones
posesorias, las que pretendan el pago de frutos y la indemnización
por daños y perjuicios.Artículo 516 Plazos
No se admitirán las demandas que
pretendan retener o recobrar la posesión, si se interponen
transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la
perturbación o el despojo, y de seis meses cuando se tratara de un
despojo violento.
Las acciones dirigidas a evitar un
daño, no prescriben mientras haya justo motivo para
temerlo.Artículo 517 Medidas cautelares para la suspensión de obra
nueva
Si en la demanda se pretendiera que
se resuelva con carácter de urgencia la suspensión de una obra
nueva, la autoridad judicial incluso antes de la citación para la
audiencia, dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o
encargado de la obra, quien podrá ofrecer caución para continuarla,
o para la realización de las obras indispensables para conservar lo
ya edificado. La autoridad judicial podrá disponer antes de la
audiencia que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial, o
conjuntamente, para determinar el estado de la obra.Artículo 518 Actos previos a la audiencia
Interpuesta la demanda que pretenda
que la autoridad judicial ponga en posesión de bienes a quien
hubiera adquirido por herencia ese derecho, si no estuviera
en posesión de otro a cualquier título, la autoridad judicial
dictará auto ordenando que la solicitud sea publicada en extracto,
a costa de la parte demandante, por medio de edictos conforme lo
dispuesto en este Código.
Las personas interesadas podrán comparecer y reclamar en el plazo
de treinta días, si consideran tener igual o mejor derecho que el
demandante; en este caso, la autoridad judicial citará a la parte
demandante y a todas las partes comparecientes a la audiencia.
Finalizada la audiencia, podrá emitir el fallo en forma oral,
dictando posteriormente la sentencia conforme este Código.
Transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de este
artículo, sin que nadie comparezca y reclame, la autoridad judicial
dictará la sentencia ordenando poner en posesión del bien a la
parte demandante.Artículo 519 Sentencia de obra nueva o ruinosa
Cuando la pretensión se refiera a la
suspensión de una obra nueva, en la sentencia definitiva se
ratificará o alzará la suspensión de la obra decretada como medida
cautelar, y cuando se estimara que el mantenimiento temporal de la
obra ocasiona grave perjuicio a la parte demandante, si éste diera
caución suficiente y no se afecta el interés social de la
propiedad, se podrá ordenar la demolición.
Cuando la pretensión se refiera a la
demolición de una obra ruinosa, en la misma sentencia que ordena
demoler, reparar, afianzar o remover, puede la autoridad judicial
decretar las medidas urgentes de precaución que considere
necesarias.
Capítulo VII
Rectificación de hechos o informaciones inexactas y
perjudiciales
Artículo 520 Objeto
A través del proceso sumario y con
las especialidades previstas en este Capítulo, se conocerán las
pretensiones interpuestas para la rectificación de hechos o
informaciones inexactas y perjudiciales, que se difundan en
cualquier medio de comunicación social y que aludan a la persona
que ejerza el derecho.
Este proceso es compatible con el
ejercicio de las pretensiones civiles o penales que pudieran
asistir a la persona perjudicada por los hechos
difundidos.Artículo 521 Facultades de la autoridad judicial
La autoridad judicial, de oficio y
sin audiencia de la parte demandada, dictará auto no admitiendo a
trámite la demanda de rectificación de hechos, si considera ésta
manifiestamente improcedente.
En otro caso convocará a quien debería rectificar, a la directora o
director del medio de comunicación o a sus representantes, a la
audiencia del proceso sumario, que se celebrará dentro de los cinco
días siguientes a la petición. La convocatoria se podrá hacer por
fax o telemáticamente, sin perjuicio de la urgente remisión, por
cualquier otro medio, de la copia de la demanda a la parte
demandada.
La autoridad judicial podrá ordenar de oficio que la parte
demandada remita o presente la información objeto de la demanda, su
grabación o reproducción escrita.Artículo 522 Innecesaria reclamación administrativa previa
No será necesaria la reclamación
administrativa previa, cuando la información que se desea
rectificar se haya publicado o difundido en un medio de
comunicación social de naturaleza pública propiedad del
Estado.Artículo 523 Prueba
En este proceso solo se admitirán las
pruebas que siendo pertinentes, puedan practicarse en el
acto.Artículo 524 Sentencia
La sentencia se limitará a denegar la
rectificación, o a ordenar la publicación de la misma en el medio
de comunicación en que se publicó el hecho inexacto o perjudicial,
dentro de los tres días siguientes a su recepción, con la misma
relevancia que se publicó o difundió la información que se
rectifica, sin comentario alguno.Artículo 525 Recursos
No serán susceptibles de recurso
alguno las resoluciones que se dicten en este proceso, salvo el
auto de inadmisión de la demanda y la sentencia, que serán
apelables en los términos establecidos en este Código.
Capítulo VIII
Del proceso monitorio
Artículo 526 Objeto
El proceso monitorio solo podrá ser
utilizado para la interposición de pretensiones cuyo fin sea el
pago de una deuda de dinero, en cantidad líquida, vencida y
exigible, conforme la cuantía que determine la Corte Suprema de
Justicia.Artículo 527 Competencia
Será competente para conocer de este
proceso el juzgado Local Civil del domicilio de la persona deudora,
o el juzgado del lugar en que la persona deudora pudiera ser
hallado a efectos del requerimiento de pago, cuando el domicilio no
fuera conocido.
En todo caso, no se aplicarán las normas sobre sumisión expresa
contenidas en este Código.
La falta de competencia objetiva y territorial se apreciará de
oficio, en la forma regulada en este Código.Artículo 528 Solicitud de requerimiento de pago
El proceso monitorio comenzará con la
solicitud de requerimiento de pago de la persona acreedora en papel
común, en la que se expresará la identidad de la persona acreedora
y deudora, el domicilio de la acreedora y de la deudora o el lugar
donde pudiera ser hallada, el origen y cuantía de la deuda, los
intereses devengados, así como la firma de la parte solicitante,
debiéndose acompañar el documento o documentos a que se refiere
este Título.
Para la solicitud de requerimiento de pago podrá utilizarse
formulario, que facilite la expresión de los extremos a que se
refiere el numeral anterior. La Corte Suprema de Justicia elaborará
y aprobará los modelos de formularios impresos.
Para la presentación de la solicitud de requerimiento de pago en el
proceso monitorio, no será preciso valerse de abogada o
abogado.Artículo 529 Documentos y acreditaciones
Se podrá justificar la deuda en el
proceso monitorio:
1) Mediante documentos privados cualquiera que sea su forma y
clase, o el soporte físico en que se encuentren, que aparezcan
firmados o con cualquier otra señal física proveniente de la parte
deudora; y
2) Mediante facturas, recibos de entrega de mercancías o
cualesquiera otros documentos que, aun creados unilateralmente por
la parte acreedora, sean de los que habitualmente documentan los
créditos y deudas en las relaciones que existan entre la persona
acreedora y deudora.Artículo 530 Inadmisión de la solicitud de requerimiento de
pago
La solicitud de requerimiento de pago
no será admitida cuando no se cumpla con alguno de los requisitos
señalados en este Título. Esta resolución no admitirá recurso
alguno, salvo el de reposición ante la misma autoridad
judicial.
La inadmisión no impedirá que la parte acreedora inicie un nuevo
proceso monitorio, o un proceso sumario en relación a la misma
deuda.Artículo 531 Admisión y requerimiento de pago
Si la solicitud cumple los requisitos
exigidos y los documentos aportados fueran de los previstos en
estos artículos, o constituyeran un principio de prueba del derecho
de la parte acreedora a juicio de la autoridad judicial, éste
admitirá la solicitud y requerirá a la parte deudora.
En el auto de requerimiento se expresará la orden para que la parte
deudora pague la cantidad reclamada, o que comparezca y alegue
sucintamente por escrito su oposición, las razones por las que no
debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada; en el mismo auto
le señalará que tiene veinte días contados a partir del día
siguiente de la notificación, para el cumplimiento de lo ordenado,
con apercibimiento que de no cumplir lo ordenado, se despachará
ejecución contra ella, según lo prevenido en el artículo 532 sobre
el mandamiento de ejecución.
El requerimiento se notificará en la forma prevista en este Código,
excepto por medio de edicto.Artículo 532 Mandamiento de ejecución
Si la parte deudora requerida no
compareciera ante la autoridad judicial, éste dictará auto en el
que mandará iniciar la ejecución por la cantidad
adeudada.Artículo 533 Trámite
Ordenada la ejecución, proseguirá
ésta conforme lo dispuesto para el procedimiento de la Ejecución de
Títulos Judiciales regulada en este Código.
Desde que se dicte mandamiento de ejecución, la deuda continuará
devengando tanto los intereses legales como los moratorios hasta su
efectivo pago.Artículo 534 Pago del deudor
Si la parte deudora atendiera el
requerimiento de pago, tan pronto como lo cumpla, se le hará
entrega de comprobante de pago y se archivarán las
actuaciones.Artículo 535 Oposición del deudor y cambio de procedimiento
Presentado el escrito de oposición
dentro del plazo señalado, la autoridad judicial dictará auto
ordenando el archivo de las diligencias e iniciará el proceso
sumario para dar trámite a la oposición conforme lo dispuesto en
este Código.
Para la presentación de la oposición al requerimiento de pago en el
proceso monitorio, será preciso valerse de abogada o abogado, salvo
que dicha oposición se realice mediante formulario y que la parte
contraria no esté asistida o representada por abogada o
abogado.
Si la oposición de la parte deudora se fundara en la existencia de
pluspetición, se continuará la ejecución conforme a la cantidad
reconocida como debida, según lo previsto en este Código para el
allanamiento parcial. En cuanto a la suma no reconocida por la
parte deudora, se tramitará como oposición según lo dispuesto en el
párrafo primero de este artículo.
No será admisible en este proceso la reconvención.
LIBRO QUINTO
DE LOS RECURSOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Del modo de aplicación de los recursos
Artículo 536 Legitimación para
impugnar
Tienen legitimación para impugnar las
resoluciones judiciales, las partes, entre las cuales se entienden
incluidos los terceros intervinientes en el proceso y demás sujetos
alcanzados por la resolución, a quienes les cause un perjuicio
aunque sea parcial.Artículo 537 Del desistimiento de los recursos
Toda persona recurrente podrá
desistir del recurso antes de que sobre él recaiga
resolución.
En caso de ser varias las o los
recurrentes y solo alguno o algunos de ellos desistieran, la
tramitación del recurso continuará para aquellos que no hubieran
desistido, pero se tendrán por abandonadas las pretensiones de
impugnación que fueran exclusivas de quienes desistieron.
La apoderada o apoderado no podrá
renunciar a la interposición de un recurso, ni desistir de éste,
sin mandato expreso de las partes.Artículo 538 Clases de recursos
Los recursos contra las resoluciones
judiciales establecidos en este Código son los de reposición, de
apelación y de casación.
Asimismo, cuando se deniegue la
interposición de un recurso de apelación o casación, podrá
interponerse el recurso por denegatoria de admisión.Artículo 539 Principio de prohibición de la reforma en perjuicio
del recurrente
La resolución sobre un recurso no
podrá empeorar la situación de la persona recurrente respecto a la
impugnada. Se exceptúa de lo anterior, cuando la parte contraria a
la recurrente formule también recurso de la misma clase contra
dicha resolución.Artículo 540 Cómputo de los plazos
Los plazos para recurrir se contarán
a partir del siguiente día de notificada la resolución impugnada, o
en su caso, a la notificación de su aclaración, rectificación o de
la denegación de éstas.Artículo 541 Decisiones sobre los recursos
La autoridad judicial que conociera
de un recurso, solo podrá pronunciarse sobre las cuestiones
formuladas por los recurrentes, sin poder extender el efecto de su
decisión a las no planteadas, o más allá de los límites de lo
solicitado, salvo lo regulado en los procesos en que se tutelen
derechos o intereses públicos.
Capítulo II
Recurso de reposición
Artículo 542 Procedencia fundamentación
La reposición procede contra todas
las providencias y los autos no definitivos, a fin de que la misma
autoridad judicial que los dictó pueda proceder a su
reconsideración, sin perjuicio de la continuación del
proceso.
En el recurso se expresará la
infracción legal que contiene la resolución impugnada, con una
sucinta explicación de las razones de la parte
recurrente.Artículo 543 Reposición de resoluciones dictadas en forma
escrita
Si la resolución impugnada fuera
dictada en forma escrita, el recurso se interpondrá por escrito
dentro del plazo de tres días, computándose a partir del siguiente
día de notificada. Cuando fuera manifiestamente inadmisible por no
cumplir los requisitos de procedencia y fundamentación, la
autoridad judicial lo rechazará sin ningún otro trámite.
Admitido a trámite el recurso de reposición, se concederá a la
parte contraria el plazo de tres días, para formular escrito de
oposición.
Transcurrido el plazo señalado, con oposición o sin ella, la
autoridad judicial mediante auto resolverá sin más trámites, en un
plazo de tres días.Artículo 544 Reposición de resoluciones dictadas oralmente en
audiencia
Si la resolución impugnada se hubiera
dictado durante las audiencias, el recurso se interpondrá
verbalmente en el mismo acto y de inmediato se resolverá sobre su
admisibilidad; de ser admitido se oirá a la parte contraria, se
procederá a su resolución y continuará la audiencia.Artículo 545 Irrecurribilidad
Contra la resolución que resuelva el
recurso de reposición no cabe recurso alguno; pero deberá
protestarse para hacerlo valer como motivo, en el recurso de
apelación o casación interpuesto contra la resolución que ponga fin
al proceso de manera definitiva.
Capítulo III
Recurso de Apelación
Artículo 546 Procedencia
Serán recurribles en apelación las
sentencias definitivas dictadas en toda clase de procesos, los
autos definitivos que pongan fin a los mismos y aquellos otros que
la ley expresamente señale.Artículo 547 Competencia
De los recursos de apelación que se
interpongan contra las resoluciones de los juzgados locales,
conocerá el juzgado de distrito de su circunscripción y en aquellos
casos que expresamente se indiquen en la ley, conocerá el Tribunal
de Apelaciones respectivo.
De los recursos de apelación que se interpongan contra las
resoluciones de los juzgados de distrito, conocerá el Tribunal de
Apelaciones de su circunscripción.Artículo 548 Apelación diferida
Cuando se interponga recurso de
apelación contra autos, se diferirá la expresión de agravios y su
trámite al momento en que se impugne la sentencia definitiva de
primera instancia, en los casos que expresamente señale este
Código.
El recurso de apelación diferida estará condicionado a que la parte
reitere la apelación, y que el punto tenga trascendencia en la
resolución final.
La falta de apelación de la sentencia definitiva o del auto, en su
caso, determinará la ineficacia de las apelaciones diferidas que se
hubieren promovido.
El juzgado o tribunal respectivo resolverá las apelaciones
diferidas, en la misma sentencia que resuelva el
recurso.Artículo 549 Interposición y formalización del recurso de
apelación
El recurso de apelación se
interpondrá ante el juzgado que haya dictado la resolución que se
impugne, dentro del plazo de diez días contados desde el día
siguiente a su notificación.
En el escrito de interposición del recurso, la parte apelante
expresará los agravios que la resolución le cause, la petición de
revocación total o parcial del auto o sentencia, la necesidad de
nuevo examen de las actuaciones de primera instancia, y en su caso,
la propuesta de nuevos medios de prueba.
En el recurso de apelación podrá igualmente alegarse la infracción
de normas o vulneración de garantías procesales en la primera
instancia, debiendo la parte apelante citar la norma que considere
infringida, o la indefensión sufrida, así como acreditar que
oportunamente denunció la infracción, si tuvo oportunidad procesal
para ello en la primera instancia.Artículo 550 Proposición de prueba en el recurso de
apelación
Se podrá pedir en segunda instancia
la práctica de las pruebas siguientes:
1) Las que hayan sido denegadas indebidamente en primera instancia,
siempre que se hubiera intentado la reposición de la resolución
denegatoria, o formulado la oportuna protesta contra la resolución
judicial de inadmisión, por la parte proponente; 2) Las que fueron
propuestas y admitidas, que por cualquier causa no imputable a la
parte proponente, no hayan podido practicarse en todo o en parte en
la primera instancia, ni como diligencias finales; y
3) Las que se refieran a hechos nuevos o de nueva noticia
relevantes para la causa, acaecidos o conocidos después de
finalizado el plazo para dictar sentencia. Podrán aportarse con el
escrito de interposición del recurso, o con el escrito de
contestación de los agravios, la documental relativa a los hechos
referidos en este numeral.
La parte demandada declarada rebelde
por cualquier causa que no le sea atribuible y se persone en los
autos después del momento establecido para proponer la prueba en la
primera instancia, podrá pedir en la segunda instancia, que aquélla
se practique.Artículo 551 Admisión y efecto de la apelación
Interpuesto válidamente el recurso,
la autoridad judicial que dictó la resolución, dentro de tercero
día lo admitirá mediante auto. Asimismo, tendrá la facultad de
mandar a corregir en un plazo de cinco días los defectos o faltas
subsanables de contenido o alcance meramente formales; transcurrido
ese plazo, cumplida o no la subsanación, resolverá sobre la
admisión del recurso.
Contra el auto que no admita el recurso, solo cabrá el recurso por
denegatoria de admisión, con arreglo a lo dispuesto en este
Código.
La sentencia estimatoria de la demanda contra la que se interpone
el recurso de apelación, únicamente podrá ser objeto de ejecución
en los supuestos previstos en este Código.
La apelación contra la sentencia desestimatoria de la demanda y los
autos que ponen fin al proceso, en ningún caso tendrá efecto
suspensivo, conservando la autoridad judicial su competencia para
las actuaciones derivadas de la resolución, sin que proceda actuar
en sentido contrario a lo que se hubiera resuelto.Artículo 552 Notificación a la parte apelada de la admisión del
recurso
La autoridad judicial que admita el
recurso de apelación, notificará a la parte apelada para que en el
plazo de diez días presente escrito de contestación de agravios. En
caso que los apelados sean varios, el plazo se empezará a contar a
partir del día siguiente de la notificación a cada uno de
ellos.Artículo 553 Contestación de los agravios y adhesión a la
apelación
El escrito de contestación de
agravios deberá ajustarse al contenido del escrito de interposición
del recurso. La parte apelada también podrá exponer las causas de
inadmisibilidad del recurso que considere existentes.
En el mismo escrito la parte apelada se podrá adherir a la
apelación, para lo cual expresará los correspondientes agravios con
las mismas formalidades establecidas para el recurso de apelación,
y se concederá el término de diez días a la parte contraria para
que los conteste.Artículo 554 Remisión del expediente al juzgado o tribunal de
alzada
Finalizado el plazo al que se refiere
el artículo 553 sobre la contestación de los agravios y adhesión a
la apelación, se remitirá el expediente al juzgado o Tribunal de
Apelaciones respectivo y se emplazará a las partes para que se
personen ante el mismo, dentro del término de cinco
días.Artículo 555 Escrito de personamiento
La parte apelada dentro del plazo
concedido para personarse, también podrá exponer ante el juzgado o
tribunal respectivo, las causas de inadmisibilidad del recurso que
considere existente.Artículo 556 Resolución sobre la inadmisibilidad del recurso por
el tribunal de segunda instancia
Recibido el expediente y una vez
personadas las partes, el juzgado o tribunal deberá decidir, en los
cinco días siguientes, sobre las causas de inadmisión del recurso
en caso de haber sido alegadas por la parte recurrida. Cuando se
rechace la inadmisión, en el mismo auto se procederá a convocar a
la audiencia en su caso.
El auto que declara la inadmisión del recurso, dejará firme la
resolución recurrida, imponiendo las costas a la parte recurrente y
ordenando la devolución de las actuaciones al juzgado de origen.
Dicho auto es irrecurrible.Artículo 557 Audiencia en segunda instancia
El juzgado o tribunal que haya de
resolver sobre la apelación, a solicitud de parte y si fuera
necesario, convocará y celebrará una audiencia conforme el proceso
sumario establecido en este Código, donde las partes alegarán lo
que consideren oportuno en apoyo a su expresión y contestación de
agravios, admitiéndose y practicándose la prueba cuando proceda, en
la misma audiencia.Artículo 558 Sentencia
Concluidas las actuaciones, el
juzgado o tribunal que haya de resolver sobre la apelación, dictará
su sentencia dentro del plazo de veinte días; no obstante podrá
emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia, para
dictar posteriormente la sentencia conforme este
Código.Artículo 559 Ejecución provisional
El juzgado o tribunal que hubiera
dictado la resolución recurrida, solo podrá conocer de las
actuaciones referidas a la ejecución provisional de la resolución
apelada, mientras dure la tramitación del recurso ante el órgano
superior.
Si se solicitara la ejecución provisional antes de la remisión del
expediente, deberá quedar en el juzgado certificación de lo
necesario para dicha ejecución. Si se hiciera después de remitido,
la o el ejecutante pedirá al órgano superior en cuyo poder estén
las actuaciones, que libre dicha certificación y la acompañará con
la solicitud de ejecución provisional.Artículo 560 Alcance de la decisión de la apelación
Si se apreciara la existencia de
infracciones de normas o garantías procesales, que originan la
nulidad absoluta de las actuaciones o parte de ellas, la autoridad
judicial lo declarará así y ordenará su devolución, para la
continuación de las actuaciones a partir de la diligencia
inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad.
Si se trata de infracciones de normas o garantías procesales que
originan la nulidad relativa, la autoridad judicial anulará la
resolución apelada y devolverá las actuaciones para que el juzgado
de instancia subsane el defecto que originó la referida nulidad y
vuelva a decidir sobre el fondo.
Si la infracción procesal se ocasionó al dictar sentencia de
primera instancia, el juzgado o tribunal de apelación revocará la
sentencia apelada y resolverá sobre el fondo del asunto.
La sentencia que se dicte en apelación se pronunciará
exclusivamente sobre las cuestiones planteadas en el recurso y en
el escrito de contestación de agravios.Artículo 561 Recurso contra la sentencia dictada en segunda
instancia
Contra la sentencia dictada en
segunda instancia en cualquier tipo de proceso, las partes y los
terceros podrán interponer el recurso de casación, con arreglo a lo
establecido en este Código.
Capítulo IV
Recurso de casación
Artículo 562 Motivos del recurso de
casación
El recurso de casación podrá
fundamentarse en la infracción de normas que establezcan derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la
República de Nicaragua.
El recurso de casación también podrá fundamentarse en la infracción
de normas de orden procesal que regulen:
1) La jurisdicción, competencia objetiva, funcional, y territorial
cuando venga determinada por normas imperativas y la adecuación de
procedimiento; 2) Los actos y garantías procesales cuando su
infracción suponga la nulidad absoluta o produjera indefensión; y
3) La forma y contenido de la sentencia.
También podrá fundamentarse en la infracción de normas sustantivas
aplicables para la resolución del objeto del proceso.
Se entiende por infracción de normas, la violación, la
interpretación errónea o la aplicación indebida de una
norma.Artículo 563 Resoluciones recurribles
Solo serán recurribles en casación
los autos que pongan término al proceso y hagan imposible su
continuación, y las sentencias dictadas en segunda instancia en los
siguientes casos:
1) Conforme la cuantía fijada por la Corte Suprema de
Justicia;
2) Cuando la cuantía fuera inestimable; y
3) Cuando la resolución del recurso presente interés casacional,
independientemente de la cuantía. El interés casacional tendrá por
finalidad, la unificación jurisprudencial.
El recurso presentará interés casacional cuando:
1) La sentencia recurrida, dictada por una jueza o juez de distrito
o tribunal de apelaciones, se oponga a la doctrina jurisprudencial
de la Corte Suprema de Justicia; 2) La sentencia recurrida, dictada
por una jueza o juez de distrito, resuelva cuestiones sobre las que
existe contradicción con lo resuelto por otro juzgado de distrito
actuando como segunda instancia; y
3) La sentencia recurrida, dictada por un Tribunal de Apelaciones
se contradiga con lo resuelto por otro Tribunal de
Apelaciones.Artículo 564 Legitimación para interponer el recurso
El recurso de casación solo podrá
interponerse por la parte o un tercero agraviado por la resolución.
No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de
primer grado, ni se adhirió a la apelación de la contraparte cuando
la del tribunal de segunda instancia haya confirmado
aquélla.Artículo 565 Competencia
Será competente para conocer del
recurso de casación, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia.Artículo 566 Exclusión de la revisión probatoria en casación
Por medio del recurso de casación no
se podrá instar la revisión de los hechos, ni la valoración de las
pruebas contenidas en las sentencias dictadas en la instancia. Sin
embargo, se podrá solicitar en casación el control de la motivación
fáctica de la sentencia, para revisar su existencia, suficiencia,
racionalidad y carácter lógico, siempre que éste fuera determinante
para un fallo en sentido diferente.Artículo 567 Interposición del recurso
El recurso de casación se interpondrá
por escrito ante el tribunal de apelaciones que hubiera dictado la
resolución objeto del recurso, o ante el juzgado de distrito que
haya dictado la resolución contradictoria, en el caso de recurso en
interés casacional.
Dicho recurso se interpondrá dentro de los veinte días siguientes
al de la notificación y pasado dicho término sin haberlo
interpuesto, la sentencia quedará firme.
En el escrito de interposición del recurso, se expresarán los
agravios que cause la resolución recurrida en el orden fijado en
los motivos del recurso de casación, debiendo contener una
exposición sucinta de la infracción legal que se considera
cometida, y en su caso, las sentencias que pongan de manifiesto la
doctrina jurisprudencial contradictoria en que se funde el interés
casacional.
En el referido escrito, se harán constar los motivos en que la
casación se base, con expresión de las normas de derecho cuya
infracción sustente cada motivo. Todo ello se deberá fundamentar
con la suficiente separación y claridad, precisando y justificando
la incidencia de la infracción en el sentido de la resolución
impugnada.
En caso que el recurso se fundamente en el interés casacional, se
acompañará copia simple de la sentencia o sentencias a través de
las cuales se acredite la contradicción.
Al escrito también se acompañarán los anexos que
correspondan.Artículo 568 Admisión a trámite del recurso de casación
Interpuesto válidamente el recurso de
casación, el juzgado o Tribunal de Apelaciones lo admitirá mediante
auto dictado dentro de los diez días siguientes. Esta resolución es
irrecurrible.
El juzgado o tribunal mandará a corregir los defectos o faltas
subsanables del contenido o alcance meramente formales, en un plazo
de cinco días, transcurridos los cuales dictará resolución sobre la
admisión del recurso. Si no subsana los defectos o faltas en dicho
plazo, se declarará la inadmisibilidad del recurso mediante
resolución fundada, quedando firme la sentencia recurrida y
devolverá el expediente a su lugar de origen.
El auto de inadmisión será especialmente motivado y declarará la
firmeza de la resolución recurrida, impondrá las costas a la parte
recurrente y ordenará la devolución de las actuaciones cuando
corresponda. Esta resolución podrá ser objeto del recurso por
denegatoria de admisión, conforme lo previsto en este
Código.Artículo 569 Contestación de agravios
Admitido el recurso de casación, la
autoridad judicial notificará a las partes el auto de admisión,
entregando a la parte recurrida, copia del escrito de interposición
y de agravios, así como los anexos que correspondan.
Dentro del plazo de veinte días, la parte recurrida podrá exponer
las causas de inadmisibilidad del recurso que considere existentes
y contestará los agravios en el mismo orden que fueron presentados.
No se admitirá la adhesión de la parte recurrida al recurso de
casación.Artículo 570 Remisión del expediente
El juzgado o tribunal dentro de los
tres días siguientes de vencido el plazo para contestar agravios,
remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia concediéndole
a las partes el plazo de cinco días para que se
personen.Artículo 571 Escrito de personamiento
La parte recurrida dentro del plazo
concedido para personarse ante el superior, también podrá exponer
las causas de inadmisibilidad del recurso que considere
existente.Artículo 572 Resolución sobre la admisión en la Corte Suprema de
Justicia
Recibido el expediente y una vez
personadas las partes, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia deberá decidir, en los diez días siguientes, sobre la
inadmisión del recurso en caso de haber sido alegada por la parte
recurrida. Cuando se rechace la inadmisión, en el mismo auto se
procederá a convocar a la audiencia en su caso.
El auto por el que se declara la admisión o inadmisión del recurso
no admite recurso alguno.
El auto de inadmisión será especialmente motivado, y declarará la
firmeza de la resolución recurrida, imponiendo las costas a la
parte recurrente y ordenando la devolución de las actuaciones al
juzgado o Tribunal de Apelaciones correspondiente.Artículo 573 Audiencia, votación y fallo
A solicitud de parte y si fuera
necesario, la Sala de lo Civil convocará y celebrará audiencia
conforme el proceso sumario establecido en este Código, donde las
partes alegarán lo que consideren oportuno en apoyo a su expresión
y contestación de agravios.
La audiencia se iniciará con el alegato de la parte recurrente para
después proceder a oír a la parte recurrida. Si fueren varias las
partes recurrentes, se estará al orden de la interposición de los
recursos, y si son varias las partes recurridas se estará al orden
de su personamiento. Los alegatos de cada una de las partes se
limitarán a un tiempo máximo de treinta minutos, el que podrá
ampliarse en un tiempo prudencial a criterio de quien presida la
audiencia, que no podrá exceder del principal.
Concluida la audiencia, la Sala pasará a deliberar, votar y dictar
sentencia en el plazo máximo de treinta días; no obstante la Sala
podrá emitir oralmente su fallo una vez concluida la audiencia,
dictando posteriormente la sentencia conforme este Código.
Cuando no sea posible la deliberación inmediata, la presidencia de
la Sala señalará dentro del plazo no mayor de diez días, el lugar,
fecha y hora para su discusión y votación.
No podrá excusarse de intervenir en la discusión o acuerdo ninguno
de los magistrados o magistradas que hubieran concurrido a la
audiencia. En todo lo demás, la Sala de lo Civil se ajustará a lo
previsto en este Código referido a la votación y fallo de los
litigios, en lo que proceda.
Cuando no se celebrara audiencia, la Sala de lo Civil, en el plazo
máximo de treinta días pasará a deliberar, votar y dictar
sentencia.Artículo 574 Decisión del recurso
La Sala de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia estará vinculada por el motivo o motivos
alegados por la parte recurrente en cuanto a la parte del fallo
impugnada, y a la cuestión jurídica concreta planteada en el
recurso. Respetando los límites anteriores para resolver el
recurso, podrá emplear las normas y fundamentos jurídicos que
estime aplicables al caso, aunque difieran de los señalados por la
parte recurrente.
Cuando en el recurso se hayan invocado motivos referidos a la
infracción de normas procesales y de normas materiales, la Sala de
lo Civil de la Corte Suprema de Justicia solo se pronunciará sobre
las segundas después de haber examinado las primeras, y solo si
estima que no existe infracción procesal que invalide el
procedimiento.
Artículo 575 Contenido de la decisión y estimación
Si se estimara el recurso de
casación, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en
una sola sentencia casará la resolución recurrida y resolverá
conforme a derecho:
1) Si se apreciara falta de jurisdicción, competencia objetiva,
funcional, territorial o inadecuación de procedimiento, anulará las
actuaciones, señalando a las partes la autoridad judicial
competente o el procedimiento adecuado, para que si así lo desean,
vuelvan a ejercer sus pretensiones. 2) Si el recurso de casación se
interpusiera contra una resolución que rechaza el conocimiento del
proceso por falta de jurisdicción o competencia o por inadecuación
de procedimiento, y la Sala estimara el recurso, ordenará al órgano
correspondiente con devolución de las actuaciones, que si fuere
posible en razón del estado del proceso dicte sentencia sobre el
fondo, en el plazo de treinta días. Si las actuaciones procesales
no permitieran dictar sentencia, ordenará que se reanude la
tramitación que corresponda. 3) Si se apreciara la existencia de
infracción de normas que rigen los actos y garantías procesales, la
Sala ordenará reponer las actuaciones al estado inmediatamente
anterior al que se produjo la falta. De igual manera se procederá,
cuando se vulnere en el proceso civil los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución Política de la República de
Nicaragua, referidos a las garantías judiciales o procesales. 4) Si
se apreciara infracción de las normas que regulan la forma y
contenido de la sentencia, la Sala dictará la que corresponda.
Cuando la infracción consista en la defectuosa motivación o en la
omisión de pronunciamiento, ordenará la autoridad judicial que
dicte nueva sentencia en el plazo de quince días. 5) Si se
apreciara infracción de las normas aplicables a la resolución de
fondo, la Sala procederá a dictar nueva sentencia resolviendo el
litigio.
Cuando el recurso se funde en interés casacional, los
pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación, en
ningún caso afectarán las situaciones jurídicas creadas por las
sentencias, distintas de la impugnada que se hubieran
invocado.Artículo 576 Contenido de la decisión y desestimación
Si se desestimara la casación, la
sentencia declarará sin lugar el recurso.
Cuando la Sala apreciara que el fallo es ajustado a derecho, pero
que existió error en la fundamentación jurídica por concurrir un
vicio o defecto, en la aplicación o interpretación de las normas
utilizadas para resolver el caso, desestimará el recurso, pero
corregirá la motivación jurídica en el sentido que corresponda,
para dar al fallo la adecuada fundamentación.Artículo 577 Notificación y remisión de las actuaciones
La sentencia se notificará a las
partes dentro de los cinco días siguientes de dictada, y la Sala
devolverá las actuaciones al correspondiente juzgado o tribunal de
apelaciones, para lo que corresponda conforme la ley.
Capítulo V
Recurso por denegatoria de admisión
Artículo 578 Objeto
El recurso por denegatoria de
admisión tiene por objeto el examen del auto que deniegue la
interposición del recurso de apelación o del recurso de
casación.Artículo 579 Solicitud de copia certificada
Denegado el recurso de apelación,
pedirá la parte recurrente dentro de tercero día de notificado,
fotocopias a su costa, del auto o sentencia impugnada y su
notificación, del escrito de interposición del recurso de apelación
y negativa del recurso con su notificación, debidamente razonadas
por secretaría.
En el caso de denegatoria del recurso de casación, se acompañará
fotocopias del auto o sentencia impugnada del juzgado o Tribunal de
Apelaciones y su notificación, del escrito de interposición del
recurso, del auto denegatorio y su notificación, debidamente
razonados por secretaría.
La autoridad judicial deberá expedir y entregar dentro de tercero
día, las copias certificadas a las que se refieren los párrafos
anteriores, y no podrá denegarlas bajo pretexto alguno.
Una vez razonadas por secretaría las copias, se pondrá en
conocimiento del recurrente mediante auto para que en el término de
diez días las retire. Si la parte no lo hiciere se tendrá por
desistido el recurso, ordenando el cierre y archivo de las
diligencias del recurso por denegatoria de admisión.Artículo 580 Competencia
Será competente para conocer del
recurso por denegatoria de admisión, el juzgado o tribunal que
debiera resolver el recurso de apelación cuya interposición se haya
denegado, y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en
caso de denegatoria del recurso de casación.Artículo 581 Requisitos
El recurso por denegatoria de
admisión se interpondrá ante el órgano competente para conocerlo,
por escrito con las formalidades establecidas para la demanda, en
los diez días siguientes a la entrega de la copia
razonada.Artículo 582 Contenido del escrito del recurso por
denegatoria
El escrito del recurso por
denegatoria de admisión deberá contener:
1) Relación sucinta de los hechos;
2) Identificación de la resolución recurrida y fecha de su
notificación;
3) Fecha de la interposición del recurso de derecho;
4) Identificación del auto denegatorio y fecha de su
notificación;
5) Los fundamentos por los cuales la parte recurrente estima que
el recurso debió ser admitido;
6) Solicitud de admisión a trámite del recurso interpuesto;
y
7) Relación de los documentos anexos que acompaña.
Artículo 583 Anexos al escrito
Al escrito del recurso por
denegatoria se acompañarán el poder con el que acredita la calidad
de su comparecencia, cuando este no conste y las copias razonadas
emitidas por el juzgado o tribunal a las que se refiere este
Título, las que deberán ser entregadas por la secretaria o
secretario judicial o la oficina respectiva, dejando constancia de
la fecha de su entrega al interesado.Artículo 584 Tramitación y decisión
Presentado el recurso por denegatoria
de admisión, el órgano competente examinará si cumple los
requisitos legales. De ser así, en el plazo de cinco días mediante
auto, ordenará la autoridad judicial que dictó la resolución, que
continúe con la tramitación del recurso de apelación o casación en
su caso, conforme lo establece este Código.
Si el recurso fuera infundado, se declarará firme la resolución
recurrida, notificándolo a las partes y comunicándolo al órgano
judicial inferior. La parte recurrente será condenada al pago de
las costas del recurso.
En ningún caso se podrá reclamar la remisión de los autos
originales.
La interposición y tramitación de este recurso, en ningún caso
suspenderá la eficacia de la resolución recurrida.
TÍTULO II
OTRO MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
Capítulo único
Acción impugnatoria de rescisión de sentencia firme
Artículo 585 Improcedencia de la
rescisión
Si la sentencia que se pretende
impugnar fue notificada al rebelde personalmente, no procederá la
acción impugnatoria de rescisión, y solo podrá utilizar contra
aquélla los recursos de apelación y casación cuando procedan, si
los interpone dentro del plazo legal.
Los mismos recursos podrá utilizar la parte demandada rebelde que
haya sido notificado por cédula o por edicto, si los interpone
dentro del plazo legal.Artículo 586 Causas para la rescisión de la sentencia firme
dictada en rebeldía
La parte demandada que haya
permanecida constantemente en rebeldía, podrá pretender la
rescisión de la sentencia firme dictada en primera o segunda
instancia, en los casos siguientes:
1) Por caso fortuito o fuerza mayor ininterrumpida, que le haya
impedido comparecer en todo momento, aunque haya tenido
conocimiento del proceso por habérsele notificado en forma; y
2) Por desconocimiento de la demanda y el proceso, ya sea porque no
llegó a su poder la notificación por causa que no le sea imputable,
o porque se haya comunicado por edictos y no haya estado en el
país, justificando que no pudo tener acceso a los medios en que se
difundió o publicó la comunicación.
Artículo 587 Competencia
La competencia para conocer de la
pretensión de rescisión de la sentencia firme, corresponde a la
Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción
del lugar donde se hubiera seguido el proceso en primera
instancia.
Artículo 588 Plazo de interposición
Procederá la rescisión de la
sentencia firme dictada en rebeldía, cuando la solicitud se haga
dentro de tres meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de la sentencia por cédula o por edicto, si no se
utilizaron los recursos ordinarios. Este plazo podrá prolongarse si
subsiste el caso fortuito o la fuerza mayor que hubiera impedido al
rebelde la comparecencia, pero sin que sobrepase el plazo de doce
meses.Artículo 589 Exclusión de la rescisión de sentencias sin efectos
de cosa juzgada
No procederá la rescisión de las
sentencias firmes, que por disposición legal carezcan de efectos de
cosa juzgada.Artículo 590 Demanda de rescisión de sentencia firme y
alegaciones de las demás partes
El proceso de rescisión de sentencia
firme comenzará por demanda; si ésta fuera admitida, se solicitará
la remisión de todas las actuaciones del proceso cuya sentencia se
pretenda rescindir y se emplazará a cuantos hubieran litigado o a
sus causahabientes, para que dentro del plazo de quince días la
contesten. La demanda y la contestación se adaptarán a los
requisitos y formalidades previstos en este Código.Artículo 591 Tramitación y sentencia
Contestada o no la demanda, se
convocará a audiencia según lo dispuesto para el proceso sumario,
en la que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que
justifican la pretensión de rescisión, y se resolverá estimándola o
no mediante sentencia.Artículo 592 Efectos de la decisión y recursos
Si la Sala de lo Civil del Tribunal
de Apelaciones estimara procedente la pretensión, declarará la
rescisión de la sentencia firme dictada en rebeldía, ordenará se
reabra el proceso anterior conservándose la demanda original, a
efecto de conceder nueva audiencia solicitada por el que fue
declarado rebelde, y librará certificación del fallo para agregarla
en el proceso anterior, devolviendo el expediente al juzgado de
origen en el término de cinco días, sin imposición de costas.
Si se desestimara la pretensión se declarará sin lugar la rescisión
de la sentencia firme dictada en rebeldía, en cuyo caso se impondrá
costas a la parte demandante rebelde.
Contra la sentencia que dicte la Sala de lo Civil del Tribunal de
Apelaciones no se dará recurso alguno.Artículo 593 Sustanciación del procedimiento tras la sentencia
estimatoria
Radicadas las diligencias en el
juzgado de origen y conservándose la demanda original, se emplazará
a la parte demandada entregándole las copias de los autos para que
pueda exponer y pedir lo que a su derecho convenga, en la forma
prevista para la contestación de la demanda según el proceso que
corresponda y continuará la tramitación respectiva hasta dictar
sentencia, contra la que podrán interponerse los recursos previstos
en este Código.
Las alegaciones realizadas por las partes que comparecieron en el
proceso anterior, conservarán su valor, siempre que se hayan
realizado con observancia de las normas que rigen el
procedimiento.
Si la parte demandada no contesta la demanda, se entenderá que
renuncia a ser oído y se dictará nueva sentencia en los mismos
términos que la rescindida. Contra esta sentencia no se dará
recurso alguno.Artículo 594 Eventual suspensión de la ejecución
La interposición de la demanda de
rescisión de sentencia firme no suspenderá la ejecución de la
sentencia que la motive.
Sin embargo, si despachada la ejecución se admitiera demanda de
rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía, la autoridad
judicial competente para la ejecución, podrá ordenar a instancia de
parte y si las circunstancias del caso lo ameriten, que se
suspendan las actuaciones de ejecución de la sentencia.
Para acordar la suspensión, la autoridad judicial deberá exigir
a la parte solicitante, caución por el valor de lo litigado y los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la inejecución de
la sentencia. Dicha caución podrá otorgarse conforme lo referido a
las medidas cautelares que establece este Código.
Se levantará la suspensión de la ejecución y se ordenará que
continúe cuando le conste la autoridad judicial, la desestimación
de la demanda de rescisión.
Se procederá al archivo de las actuaciones en la ejecución
cuando después de rescindida la sentencia, se dicte sentencia a
favor de la parte demandada.
Cuando rescindida la sentencia dictada en rebeldía, se dicte
sentencia con el mismo contenido o que aun siendo de distinto
contenido tuviere pronunciamientos de condena, se procederá a su
ejecución, considerándose válidos y eficaces los actos de ejecución
anteriores, en lo que fuera conducente para lograr la efectividad
de los pronunciamientos de dicha sentencia.
LIBRO SEXTO
EJECUCIÓN FORZOSA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Naturaleza y principios
Artículo 595 Ejecución como actividad jurisdiccional
Las facultades jurisdiccionales de
juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder
Judicial.Artículo 596 Obligatorio cumplimiento o ejecución
Los fallos y resoluciones de los
juzgados y tribunales son de ineludible cumplimiento.Artículo 597 Derecho a la ejecución forzosa
Quien hubiera obtenido ejecutoria a
su favor, o sea titular de un derecho u obligación incumplida en
virtud de título de ejecución no judicial, podrá solicitar su
cumplimiento forzoso, de conformidad con lo establecido en este
Libro para cada tipo de título.Artículo 598 Completa satisfacción de la parte ejecutante
La ejecución forzosa tendrá la
finalidad de hacer cumplir el contenido de un título, y dotar de
efectividad la tutela judicial otorgada; aquélla se llevará a
efecto en los mismos términos que figure en el título.
La parte ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado por los daños
y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o
morosidad de la parte ejecutada, así como por cualquier
contravención al contenido de la obligación que se ejecute.
Solo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente
satisfecho el derecho de la parte ejecutante.Artículo 599 Límites de la actividad de ejecución
El contenido del título de ejecución
determina los límites de la actividad ejecutiva.
Serán nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no
resueltas en el proceso en que se constituyó el título, o que
contradigan su contenido. La nulidad se hará valer mediante los
recursos de reposición y de apelación.
Capítulo II
Disposiciones comunes a la ejecución forzosa
Artículo 600 Títulos de ejecución
Son títulos judiciales de ejecución:
1) Las ejecutorias de sentencias de condena firmes;
2) Las ejecutorias de los autos que conforme este Código u otras
leyes, lleven aparejada ejecución;
3) Las ejecutorias de las sentencias de homologación de
transacciones y acuerdos durante el proceso, conforme lo dispuesto
en este Código;
Son títulos no judiciales de ejecución:
1) La escritura pública con tal que sea el primer testimonio, y
las segundas y terceras copias del testimonio emitido con
autorización judicial conforme la Ley del Notariado y con
conocimiento de las personas a quienes perjudique;
2) El documento auténtico emitido por funcionaria, funcionarios
o empleada o empleado público competente, con las solemnidades
requeridas por la ley;
3) Los títulos valores y demás documentos mercantiles que
habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley, se les
confiera fuerza ejecutiva;
4) Los laudos arbítrales, transacciones y acuerdos suscritos
entre las partes originados por cualquiera de las formas alternas
de resolución de conflictos; y
5) En general, los documentos que por disposición de la ley
tengan reconocida fuerza ejecutiva.
Artículo 601 Títulos no ejecutables
Las sentencias declarativas y las
constitutivas no serán objeto de ejecución forzosa, y cuando por su
contenido lo requieran, serán inscritas o anotadas en los registros
públicos correspondientes.
No obstante lo anterior, podrá solicitarse la ejecución forzosa de
los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias
declarativas o constitutivas.Artículo 602 Las partes y sujetos de la ejecución
Son partes en la ejecución forzosa la
o el solicitante de la misma y la persona contra la que se ordena,
que habrá de ser quien figure en el título como obligado a su
cumplimiento.
También serán partes en la ejecución forzosa, las asociaciones de
personas consumidoras y usuarias legalmente constituidas, así como
los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades
étnicas.
Podrá despacharse ejecución contra las siguientes personas,
consideradas como partes ejecutadas aunque no figuren en el título
de ejecución:
1) Quienes sean responsables personalmente del cumplimiento de la
obligación por disposición legal o contractual, en este caso
acreditado en forma cierta. 2) Quienes sean titulares de bienes que
estén especialmente afectos a la ejecución de que se trate, ya sea
en virtud de acción legal o contractual acreditada en forma
indubitada. Estas personas intervienen exclusivamente en relación
al bien de que se trate.
En los dos numerales anteriores, las
partes que no figuren en el título de ejecución, deberán ser
debidamente requeridas para que ejerzan su derecho de
defensa.
En caso de títulos ejecutivos frente a entidades sin personalidad
jurídica que actúen en el tráfico jurídico, podrá despacharse
ejecución contra todos y cada uno de los socios, miembros o
gestores que hayan actuado en nombre y representación de dicha
entidad, siempre que se acredite tal condición y la actuación ante
terceros en nombre de la entidad.Artículo 603 Ejecución instada por los sucesores o en contra de
éstos
La ejecución podrá pedirse por los
sucesores o en contra de los sucesores, de quienes aparezcan en el
título como acreedor y deudor respectivamente.
La sucesión deberá acreditarse documentalmente de forma fehaciente
ante la autoridad judicial competente, quien si estima que los
documentos prestan mérito, dictará auto de despacho de ejecución;
si no los estima suficientes, convocará a todos los interesados a
una audiencia, en la que escuchados sus respectivos argumentos,
decidirá lo que proceda solo para fines de la ejecución y sin
efectos prejudiciales.Artículo 604 Ejecución contra el deudor solidario
Las sentencias, laudos y otros
títulos ejecutivos judiciales obtenidos solo contra una o varias
deudoras o deudores solidarios, no servirán de título ejecutivo
contra las o los deudores solidarios que no fueron parte en el
proceso.
Si los títulos ejecutivos fueran no judiciales, solo podrá
despacharse ejecución contra la o el deudor solidario que figure en
ellos o en otro documento que lleve aparejada ejecución conforme lo
dispuesto en la ley, que acredite la solidaridad de la deuda y el
monto afianzado expresamente.
Cuando en el título ejecutivo aparezcan varias deudoras o deudores
solidarios, podrá pedirse que se despache ejecución por el importe
de la deuda más intereses y costas, contra una o algunas de esas
deudoras o deudores o frente a todos ellos.Artículo 605 Intervención de terceros
Podrá intervenir en la ejecución
quien sin ser parte ejecutante o ejecutada según este Código,
resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de
ejecución o por los actos de ejecución. Esta intervención será para
la defensa de sus derechos e intereses, quedando sujeto a las
obligaciones y cargas que establezca respectivamente el
ordenamiento jurídico.Artículo 606 Tipos de ejecución
Los tipos de ejecución que se regulan
en este Código son:
1) Ejecución dineraria;
2) Ejecución hipotecaria y prendaria; y
3) Ejecución de hacer, no hacer y dar.
Artículo 607 Acumulación de ejecuciones
A instancia de la acreedora o
acreedor ejecutante, o de oficio, la autoridad judicial podrá
acordar por economía procesal, la acumulación de los procesos de
ejecución pendientes entre el mismo acreedor ejecutante y el mismo
deudor ejecutado, cuando los procesos de ejecución se tramiten ante
el mismo juzgado.
Cuando en el mismo juzgado se estén tramitando varios procesos de
ejecución entre diferentes acreedores ejecutantes contra el mismo
ejecutado, podrán acumularse, a instancia de cualquiera de los
ejecutantes, si la autoridad judicial competente en el proceso más
antiguo lo considera más conveniente para la satisfacción de todos
los acreedores ejecutantes.
Cuando se estén tramitando en diversos juzgados, procesos de
ejecución entre distintos acreedores ejecutantes contra el mismo
deudor ejecutado, cualquiera de los acreedores ejecutantes podrá
solicitar ante la autoridad judicial del proceso más antiguo, la
acumulación de los distintos procesos de ejecución.
Para determinar la procedencia de la acumulación de ejecuciones, la
autoridad judicial atenderá lo dispuesto en este Código para la
acumulación de procesos, en todo lo no regulado en el presente
artículo.
En las ejecuciones hipotecarias o prendarias no procederá la
acumulación de otras ejecuciones sobre el mismo bien, salvo que se
trate de ejecución de otras garantías hipotecarias o
prendarias.
Artículo 608 Costas
Las costas originadas por la
ejecución deberán ser pagadas por la parte ejecutada, pero serán
adelantadas por el ejecutante, sin perjuicio de proceder
judicialmente a la liquidación definitiva al cerrarse la
ejecución.
El pago de costas y gastos sobre actuaciones solicitadas
directamente por el ejecutado o por un tercero interviniente en
defensa de sus intereses serán asumidos por estos.
Si excepcionalmente se dispone que una actuación ejecutiva esté
sometida a pronunciamiento judicial de costas, cada parte asumirá
los gastos causados a su instancia, sin perjuicio de los reembolsos
que procedan cuando se realice la liquidación definitiva a que se
refiere el párrafo anterior.
Artículo 609 Regla general de la suspensión de la ejecución y
excepciones
Solo procederá la suspensión de la
ejecución cuando así lo soliciten las partes personadas o cuando lo
ordene expresamente la ley. La suspensión se decretará por auto y
mientras dure se mantendrán las medidas necesarias para garantizar
las actuaciones ejecutivas dictadas, y se cumplirán las medidas
ejecutivas adoptadas antes de decretarse la suspensión de la
ejecución.
No suspenderán el curso de la ejecución los recursos que se
interpongan contra las actuaciones ejecutivas concretas.
Excepcionalmente, podrá la autoridad judicial acordar la suspensión
a petición de la o el ejecutado que acredite que la no suspensión
le acarreará daños de difícil reparación y siempre que preste
caución suficiente para asegurar la eventual indemnización al
ejecutante, por los daños y perjuicios derivados de la
suspensión.
No se suspenderá el curso de la ejecución, cuando se trate de la
oposición a la ejecución de títulos judiciales.
No se suspenderá el curso de la ejecución, cuando la oposición esté
fundada exclusivamente en exceso de lo pedido, a no ser que la o el
ejecutado ponga a disposición de la autoridad judicial para su
inmediata entrega a la parte ejecutante, la cantidad que considere
debida. Fuera de este caso, la ejecución continuará su curso, pero
el producto de la venta de los bienes embargados, en lo que exceda
en la cantidad reconocida como debida por el ejecutado, no se
entregará al ejecutante mientras la oposición no hubiere sido
resuelta.
Artículo 610 Suspensión en caso de prejudicialidad penal
Iniciado un proceso penal por hechos
delictivos relacionados con el título o con el mandamiento de
ejecución, se podrá decretar la suspensión del proceso de
ejecución, previa audiencia de todas las partes y del Ministerio
Público.
La parte ejecutante podrá evitar la suspensión prestando caución
suficiente respetando la proporcionalidad en relación con el monto
de la pretensión deducida y la capacidad patrimonial de la o el
solicitante, para responder de lo que obtenga y por los daños y
perjuicios causados al ejecutado.
Decretada la suspensión, si el proceso penal finaliza por sentencia
de sobreseimiento o sentencia que declare la inexistencia de los
hechos o su carácter no delictivo, se reanudará la ejecución, y el
ejecutante podrá pedir la indemnización por los daños y perjuicios
causados por la suspensión.
Artículo 611 Disposiciones comunes
Las disposiciones contenidas en los
Títulos I y II del Libro Sexto, son comunes a la ejecución de
títulos judiciales y no judiciales, salvo las especialidades para
cada tipo de ejecución.
TÍTULO II
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES
Capítulo I
Competencia
Artículo 612 Competencia
Será competente para conocer de la
ejecución forzosa de la sentencia firme de condena y de los autos
que legalmente tengan la consideración de títulos de ejecución, la
autoridad judicial que los dictó en primera instancia o quien tenga
competencia objetiva y territorial conforme lo dispuesto en este
Código. A estos efectos, la autoridad judicial que haya dictado
ejecutoria en apelación o casación, devolverá el asunto a la
autoridad judicial competente, con la ejecutoria y constancia de
las notificaciones, dentro de los tres días siguientes a la
notificación.
En caso de acuerdo o transacción dentro del proceso será competente
para su ejecución la autoridad judicial de primera instancia. Si se
hubiera producido en segunda instancia, se devolverán las
diligencias con la ejecutoria respectiva, dentro de los tres días
siguientes a la notificación.
Capítulo II
Procedimiento para la ejecución forzosa
Artículo 613 Plazo de espera en
ejecución de título judicial
La autoridad judicial solo despachará
ejecución de resoluciones judiciales, después de veinte días de
notificada la resolución a la parte ejecutada.
Artículo 614 Solicitud de ejecución
La ejecución forzosa se iniciará a
instancia de la parte ejecutante, por medio de escrito denominado
solicitud, que se redactará en forma de demanda y deberá cumplir
además los siguientes requisitos:
1) La identificación suficiente de la persona del ejecutante y
la persona contra quien se pretenda seguir la ejecución;
2) El lugar de notificación a las partes;
3) La relación del título en que se funde;
4) Lo que se pretende obtener;
5) Las actuaciones ejecutivas que se solicitan;
6) La designación de los bienes de la parte ejecutada
susceptibles de embargo. Cuando la parte ejecutante desconozca los
bienes de la parte ejecutada, podrá solicitar la autoridad judicial
que exija a ésta que presente una relación de sus bienes y derechos
de los que sea titular; y
7) La solicitud de despachar ejecución.
En caso de ejecución de dinero,
además de cumplir los requisitos señalados anteriormente, se deberá
indicar la cantidad total por la que se pretende la ejecución,
conforme lo establecido en la sentencia condenatoria.
Artículo 615 Documentos que deben acompañar a la solicitud
A la solicitud se deberá acompañar el
original de la ejecutoria cuya ejecución se pretenda, así como el
documento que acredite la representación y cuantos documentos exija
la ley, y los que la parte solicitante considere necesarios para el
adecuado desarrollo de la ejecución.
Artículo 616 Admisión, despacho de la ejecución y recursos
La autoridad judicial dictará auto
despachando ejecución y librará el correspondiente mandamiento, si
estima que concurren los presupuestos procesales, si el título no
presenta ninguna irregularidad y las actuaciones que se solicitan
son conformes con el título. En caso contrario, mediante auto
rechazará la solicitud de ejecución. El auto que despacha ejecución
no admite recurso alguno.
Si los defectos observados en la solicitud fueren subsanables, la
autoridad judicial concederá un plazo máximo de cinco días para que
la parte ejecutante los subsane. Subsanados los defectos, la
autoridad judicial dictará auto de despacho de ejecución. En caso
contrario, rechazará la solicitud de ejecución mediante auto.
El auto que rechace la ejecución será apelable, sin perjuicio que
la parte ejecutante pueda hacer valer nuevamente su pretensión, si
fuera posible conforme a derecho.
Artículo 617 Contenido del auto en que se despacha ejecución
El auto en que se despache ejecución
deberá contener, bajo pena de nulidad absoluta:
1) La identificación de la persona o personas ejecutantes y la
de aquellas contra las que se despacha ejecución, si fuera en forma
solidaria o mancomunada y cualquier otra precisión que respecto de
las partes o del contenido de la ejecución sea procedente
realizar;
2) La orden a la persona deudora de pagar en el acto del
requerimiento la cantidad por la que se despacha ejecución, cuando
se trate de una obligación dineraria;
3) La orden de realizar las actuaciones judiciales ejecutivas
que procedan, incluido si fuera posible, el embargo de bienes
concretos señalados por la parte ejecutante, así como oficiar al
registro público correspondiente, para que realice las anotaciones
registrales respectivas al margen de los bienes embargados;
4) En caso de embargo, la orden de proceder al nombramiento de
la persona depositaria y a la entrega de los bienes a la misma,
previniéndole que deberá firmar al pie del acta; y
5) La orden de prevenir expresamente a la parte ejecutada que
tiene el plazo de tres días, contados a partir de la notificación
del auto en que se despache ejecución, para formular oposición ante
la autoridad judicial que está conociendo del proceso de
ejecución.
Artículo 618 Notificación al ejecutado
Despachada la ejecución, la autoridad
judicial ejecutora notificará a la parte ejecutada y entregará
copia de la solicitud y de los documentos, advirtiéndole en el acto
de manera expresa, el derecho que tiene a oponerse en el plazo
establecido en el artículo anterior sobre el contenido del auto en
que se despacha ejecución ante la autoridad judicial que está
conociendo del proceso de ejecución, y procederá a realizar las
actuaciones ejecutivas ordenadas.
Tanto la notificación como las actuaciones ejecutivas ordenadas se
documentarán mediante acta, la que deberá ser firmada por la
autoridad judicial ejecutora, la parte ejecutada y la persona
depositaria, en su caso. La falta de firma de dicha acta por la
parte ejecutada o de la persona depositaria no invalidará el acta,
pero se dejará constancia de la razón por la cual no firma.
Capítulo III
Oposición a la ejecución de títulos judiciales
Artículo 619 Motivos de oposición a la
ejecución
La oposición a la ejecución podrá
formularse mediante escrito, alegando alguno de los siguientes
motivos:
1) La falta de competencia del juzgado ante el que se insta la
ejecución;
2) La falta de representación o legitimación de la parte
ejecutante o ejecutada;
3) La falta de requisitos legales exigidos en el título para
llevar aparejada ejecución;
4) El pago, cumplimiento o extinción de la obligación,
justificado documentalmente;
5) El exceso en lo pedido;
6) La prescripción de la obligación;
7) La transacción o acuerdo de las partes, siempre que conste en
documento público; y
8) La cosa juzgada.
Artículo 620 Sustanciación de la oposición
El escrito de oposición se presentará
dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto de
despacho de ejecución; se sustanciará la oposición sin suspenderse
las actuaciones de ejecución, y de acuerdo a lo previsto en este
Código para los incidentes.
Artículo 621 Audiencia en la oposición
Si se hubiera convocado a la
audiencia y no acudiera la parte deudora, no se tramitará la
oposición y se continuará el proceso de ejecución.
Si no compareciera la parte ejecutante, la autoridad judicial
resolverá sin oírle sobre la oposición.
Compareciendo ambas partes, se desarrollará la audiencia con
arreglo a lo previsto en este Código.
Artículo 622 Recurso contra la decisión sobre la oposición
La oposición se resolverá por medio
de auto, ya sea estimatorio o desestimatorio, el que podrá ser
objeto del recurso de apelación.
Cuando la autoridad judicial estime la oposición y la parte
ejecutante apele, ésta podrá solicitar durante la sustanciación del
recurso, que se mantengan las medidas ejecutivas adoptadas en
relación con el patrimonio de la parte ejecutada. La autoridad
judicial lo acordará si la parte ejecutante presta caución
suficiente, para garantizar la indemnización por los daños y
perjuicios que se causaran a la parte ejecutada.
Cuando la autoridad judicial estime la oposición y no haya
apelación, ordenará el levantamiento de todas las medidas adoptadas
en relación con el patrimonio de la parte ejecutada, oficiando a
las autoridades competentes para lo que corresponda y ordenará el
archivo definitivo de las diligencias.
Cuando la autoridad judicial desestime la oposición, ordenará
continuar con la ejecución, aunque la parte ejecutada apele.
Artículo 623 Falta de oposición
Si la parte ejecutada no presentara
oposición, la autoridad judicial dictará auto en el que mandará
seguir adelante la ejecución.
Artículo 624 Impugnación de actuaciones concretas
Con independencia de la oposición a
la ejecución, la parte ejecutada podrá impugnar la medida o
actuación concreta cuando:
1) Infrinja las normas que regulen los actos concretos del proceso
de ejecución; y 2) Excedan o contradigan el título.
En ambos casos, la parte ejecutada
impugnará la medida por escrito mediante recurso de reposición, que
presentará ante la autoridad judicial competente, proponiendo en el
mismo escrito la medida alternativa, o bien la suspensión concreta
de la actividad ejecutiva impugnada.
Si la autoridad judicial desestima la impugnación, la parte
ejecutada podrá hacer uso del recurso de apelación.
Si la autoridad judicial estima la impugnación, pero rechaza la
medida alternativa propuesta, ordenará a la parte ejecutada rinda
caución suficiente para responder por la demora en la ejecución.
Contra esta resolución no habrá recurso alguno.
Si la parte ejecutada no prestara la caución ordenada, la autoridad
judicial dejará sin efecto la estimación de la impugnación y así se
dispondrá de inmediato, sin recurso alguno.
Capítulo IV
Ejecución de títulos extranjeros
Artículo 625 Títulos de ejecución
extranjeros
Serán títulos de ejecución
extranjeros:
1) Las ejecutorias de sentencias y demás resoluciones judiciales
extranjeras que resuelvan el fondo de un asunto con carácter
definitivo, en cuanto sean firmes;
2) Otros títulos identificados y reconocidos en las leyes del país
de donde provengan; y
3) Los laudos arbitrales extranjeros.
Artículo 626 Reconocimiento de títulos extranjeros fundamentados
en tratados internacionales
Se reconocerán como títulos de
ejecución extranjeros, los enunciados en el artículo anterior sobre
títulos de ejecución extranjeros y tendrán fuerza ejecutiva en la
República cuando estén fundamentados en instrumentos
internacionales, donde se les reconozca fuerza ejecutiva, y previo
cumplimiento de los requisitos ante las autoridades competentes del
país de donde provengan, previa resolución de pareatis o exequátur
de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.
La referida resolución se emitirá sin gestión de parte o sin
sustanciarla si se hiciera por solicitud del Tribunal Internacional
a través de la vía diplomática. El Ministerio de Relaciones
Exteriores remitirá a la Secretaría de la Corte Suprema de
Justicia, la documentación correspondiente.
Al ordenar la ejecución la Corte Suprema de Justicia, señalará la
autoridad judicial de primer grado que dará cumplimiento a la
misma.
Artículo 627 Reconocimiento de títulos extranjeros a falta de
instrumentos internacionales
Ante la falta de instrumentos
internacionales, celebrados con el país de origen, para el
reconocimiento de un título emitido en país extranjero como título
de ejecución en la República de Nicaragua, se aplicará el principio
de reciprocidad, siempre que en aquel país se diera dicho
reconocimiento a los títulos emitidos en Nicaragua y si concurren
al menos los siguientes requisitos:
1) Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el Estado
donde se haya pronunciado y que haya sido dictada por tribunal
competente, según sus normas;
2) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la
sentencia haya sido notificada de la resolución que se pretende
ejecutar, conforme a las normas del país de origen;
3) Que la sentencia tenga los requisitos necesarios para ser
considerada como tal en el país donde haya sido dictada;
4) Que la sentencia no afecte los principios de orden público
del derecho nicaragüense, y la obligación que contenga sea de
lícito cumplimiento en Nicaragua; y
5) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada con
anterioridad o simultáneamente, por un tribunal nicaragüense.
En el caso de los otros títulos y laudos arbitrales, para su
reconocimiento y ejecución, deben de cumplir con los requisitos
exigidos en Nicaragua, según la ley de la materia.
Artículo 628 Competencia y procedimiento para el
reconocimiento
El reconocimiento de los títulos de
ejecución extranjeros conforme lo dispuesto en el artículo anterior
sobre reconocimiento de títulos extranjeros a falta de instrumentos
internacionales, es competencia de la Sala de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
El reconocimiento se solicitará por medio de escrito presentado por
la parte a quien interese, en el que podrá proponer las pruebas que
considere oportunas; de la solicitud se pondrá en conocimiento a la
parte contraria, emplazándola ante la Sala de lo Civil de la Corte
Suprema de Justicia para que en el plazo de cinco días, pueda
formular alegaciones sobre los requisitos establecidos en el
artículo anterior sobre reconocimiento de títulos extranjeros a
falta de instrumentos internacionales y proponer prueba.
Si se admite prueba, se ordenará su práctica en una audiencia que
se realizará en un plazo no superior a diez días; después de la
audiencia se dictará sentencia dentro de un plazo de cinco
días.
Si la parte contraria de la o el solicitante no hubiera efectuado
alegaciones o si no fuera necesaria la práctica de prueba, se
dictará sentencia en el plazo señalado en el párrafo
anterior.
La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolverá
reconociendo y otorgando plenos efectos a la resolución extranjera,
o denegando su reconocimiento y devolviéndose la ejecutoria a quien
hubiera promovido el procedimiento. La sentencia será
irrecurrible.
Artículo 629 Disposición común
Los títulos de ejecución extranjeros
deberán cumplir con el proceso de legalización en la vía
diplomática.
Cumplidos los requisitos anteriores,
la solicitud de ejecución se hará ante el juzgado de distrito civil
del domicilio del ejecutado o del lugar donde se encuentre la cosa
que debe entregarse, y su cumplimiento se regirá conforme las
normas de ejecución forzosa contenidas en este Código.
Capítulo V
Ejecución provisional de títulos judiciales
Artículo 630 Títulos provisionalmente
ejecutables
Procede la ejecución provisional de
las sentencias de condena, salvo las que impongan realizar una
declaración de voluntad.
Los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias
constitutivas o meramente declarativas, podrán ser igualmente
objeto de ejecución provisional.
Artículo 631 Solicitud de ejecución provisional
Para la ejecución provisional se
seguirá el mismo procedimiento establecido para la ejecución
definitiva.
La parte que hubiera obtenido un pronunciamiento favorable, deberá
solicitar la ejecución provisional por escrito, en cualquier
momento desde que conste la pendencia de un recurso y antes de que
se dicte sentencia en él. La solicitud deberá contener los mismos
requisitos establecidos para la ejecución definitiva.
Cuando la persona interesada pretenda la ejecución provisional de
una sentencia que haya sido impugnada, y el expediente se
encontrara en el juzgado, solicitará ante éste copia certificada de
lo necesario para proceder a la ejecución. Si el expediente se
encontrara en el juzgado o tribunal que está conociendo del
recurso, solicitará a éste copia certificada de lo necesario para
llevarla a efecto, la que deberá acompañar a la solicitud de
ejecución provisional.
Artículo 632 Responsabilidad del
ejecutante
El solicitante de ejecución
provisional estará obligado a prestar garantía o caución, para
asegurar los posibles daños y perjuicios que se podrían causar al
ejecutado, en caso de revocación de la sentencia recurrida. Dicha
garantía o caución se regirá conforme lo dispuesto en este Código
para las medidas cautelares.
El ejecutante deberá responder por los daños y perjuicios
producidos al ejecutado por la ejecución provisional, si finalmente
la sentencia fuera total o parcialmente revocada. Esta
responsabilidad podrá ser exigida de inmediato en el mismo
proceso.
Artículo 633 Admisión de la ejecución provisional y recursos
La autoridad judicial dictará auto de
despacho de ejecución provisional si concurren los presupuestos
procesales, si el título es provisionalmente ejecutable y si se
solicitó oportunamente. En caso contrario, se dictará auto
rechazando la ejecución.
Si se observan defectos procesales en la solicitud y éstos fueran
subsanables, la autoridad judicial concederá un plazo de cinco días
para que la parte ejecutante los subsane. Cumplido lo anterior, la
autoridad judicial dictará mandamiento de ejecución. En caso
contrario, rechazará la solicitud mediante auto.
El auto que rechaza la solicitud de ejecución es
apelable.Artículo 634 Motivos de oposición a la ejecución provisional e
impugnación a determinadas medidas o actuaciones ejecutivas
La parte ejecutada podrá oponerse a
la ejecución provisional por los siguientes motivos:
1) Por el incumplimiento de los requisitos para la admisión de la
ejecución;
2) Por extrema dificultad o imposibilidad de reponer las cosas al
estado en que se encontraban antes de las actuaciones ejecutivas, o
de ser indemnizado si la sentencia de condena no dineraria fuera
revocada;
3) Cuando la sentencia fuera de condena dineraria, la parte
ejecutada solo podrá oponerse a la ejecución provisional, por el
motivo establecido en el numeral 1) de este artículo, pero sí,
podrá impugnar las medidas o actuaciones ejecutivas concretas o
específicas del procedimiento de apremio, cuando considere que
éstas causarán una situación absolutamente imposible de restaurar,
o de compensar económicamente el resarcimiento de daños y
perjuicios.
En este caso, la parte ejecutada deberá indicar en el escrito de
impugnación, otras medidas o actuaciones ejecutivas alternativas
que sean posibles y no provoquen situaciones similares a las que
causaría a su juicio, la actuación o medida a la que se opone.
Subsidiariamente, la parte ejecutada ofrecerá caución suficiente
para responder por la demora en la ejecución, en el supuesto que la
medida alternativa propuesta no fuera aceptada por la autoridad
judicial y en caso de que el pronunciamiento de condena se
confirmara posteriormente.
Si la parte ejecutada no indicara
medidas alternativas, ni ofreciera prestar caución suficiente, no
procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se
dispondrá de inmediato, sin posibilidad de recurso alguno.
Artículo 635 Sustanciación de la oposición a la ejecución
provisional o a determinada actuación ejecutiva
El escrito de oposición se presentará
por la parte ejecutada dentro del plazo de tres días siguientes a
la notificación del auto de despacho de ejecución provisional. En
el mismo plazo, la parte ejecutada podrá impugnar por escrito
determinada actuación ejecutiva, acompañando los documentos que
estime pertinentes.
La oposición o impugnación se pondrá en conocimiento de la parte
ejecutante y de quienes estuvieran personados, para que manifiesten
y acrediten dentro del plazo de tres días lo que consideren
conveniente, entregándoles copia del escrito y de los documentos
que la parte ejecutada hubiera acompañado.
Artículo 636 Decisión sobre la oposición a la ejecución
provisional y a la impugnación a determinadas medidas
ejecutivas
Si se desestima la oposición
continuará adelante la ejecución provisional.
Si se estima la oposición por estar indebidamente concedida la
ejecución provisional, se dictará auto ordenando el archivo
definitivo de las actuaciones ejecutivas y se levantarán las
medidas tomadas sobre el patrimonio de la parte ejecutada.
Si se estima la impugnación a una concreta actuación ejecutiva, por
considerar la autoridad judicial probados los argumentos de quien
se opone, se procederá conforme a la medida alternativa que acepte
la autoridad judicial.
Si se estima la impugnación a una concreta actuación ejecutiva,
pero no se acepta la medida alternativa, la parte ejecutada rendirá
garantía suficiente que asegure la indemnización por daños y
perjuicios que pueda sufrir la parte ejecutante por el retraso en
la ejecución si la sentencia fuera confirmada en el recurso; la
ejecución provisional continuará sin realizar la actuación
ejecutiva decretada contra la que se formuló impugnación.
Contra el auto que decida sobre la oposición a la ejecución
provisional o la impugnación a determinadas medidas ejecutivas, no
cabrá recurso alguno.
Artículo 637 Levantamiento de la ejecución pecuniaria mediante
caución
Si la condena fuera pecuniaria, la
parte ejecutada podrá en cualquier momento paralizar la ejecución
provisional, si presta garantía suficiente por el monto del
principal, más los intereses y costas devengados o que se puedan
devengar hasta la firmeza de la sentencia.
Artículo 638 Confirmación de la sentencia provisionalmente
ejecutada
Cuando la sentencia objeto de
ejecución provisional fuera confirmada en apelación, continuará la
actividad ejecutiva provisional; si la sentencia alcanzara firmeza
por no interponerse recurso alguno contra ella, o éste no se
promoviera en el plazo legal, la ejecución continuará como
definitiva.
Artículo 639 Revocación total de la sentencia provisionalmente
ejecutada
En caso que se revocara totalmente la
sentencia en ejecución provisional, se pondrá fin a la ejecución.
La autoridad judicial ordenará las medidas procedentes para lograr
la reposición de las cosas al estado anterior, mediante devolución
por la parte ejecutante del dinero percibido, o de la cosa o bien
que se le entregó, devolución que comprenderá los intereses, frutos
o rentas; o mediante la orden de deshacer lo hecho. Si no fuera
posible la devolución del bien o de la cosa, se sustituirá por su
valor equivalente en moneda de curso legal.
Asimismo se reintegrarán a la parte ejecutada las costas
ocasionadas y se le indemnizarán los daños y perjuicios.
Artículo 640 Revocación parcial de la sentencia provisionalmente
ejecutada
Si hubiera revocación parcial de la
sentencia de condena pecuniaria provisionalmente ejecutada, se
devolverá solo la diferencia entre lo que percibió la parte
ejecutante y la cantidad por la que se condenó en la sentencia que
decidiera el recurso.
TÍTULO III
EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES
Capítulo I
Competencia y procedimiento
Artículo 641 Competencia
Para la ejecución fundada en títulos
no judiciales, será competente la autoridad judicial de primera
instancia, con arreglo a lo dispuesto para la competencia objetiva
y territorial regulada en este Código.
Cuando la ejecución recaiga sobre bienes hipotecados o pignorados,
la competencia se determinará con arreglo a lo dispuesto en este
Código para su ejecución.
Será competente para conocer de la ejecución forzosa de las
transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por
cualquiera de las formas alternas de resolución de conflictos, la
autoridad judicial conforme lo estipulado en este Código.
La ejecución de los laudos arbitrales se llevará a cabo por la
autoridad judicial competente de conformidad a este Código y las
leyes de la materia.Artículo 642 Procedencia de la ejecución de títulos no
judiciales
Procede la ejecución forzosa cuando
se promueve en virtud de alguno de los títulos ejecutivos no
judiciales señalados en este Código, siempre que la obligación esté
vencida y sea exigible.
Artículo 643 Demanda
La demanda de ejecución de títulos no
judiciales, se presentará ante el juzgado competente y contendrá
los requisitos generales de toda demanda en lo que sea pertinente,
además:
1) La identificación de la persona o personas contra las que se
despachará ejecución, sea en forma solidaria o mancomunada;
2) El lugar de notificación de las partes;
3) La relación del título en que se sustenta la tutela ejecutiva
solicitada;
4) El monto del principal y el saldo que se reclama en su caso,
cuyo plazo esté vencido y sea exigible;
5) El porcentaje de los intereses corrientes o legales y los
moratorios;
6) Las costas de ejecución, que no podrán exceder del
veinticinco por ciento de lo reclamado;
7) La designación de bienes de la parte ejecutada susceptibles
de embargo. Cuando la parte ejecutante desconozca los bienes del
ejecutado, podrá solicitar al judicial que exija a la parte
ejecutada que presente una relación de sus bienes y derechos de los
que sea titular; y
8) La solicitud de despachar ejecución.
Cuando la cantidad que se reclama provenga de un préstamo o crédito
en el que se hubiera pactado un interés variable, se expresarán las
operaciones de cálculo que arrojen como saldo la cantidad
determinada por la que pide el despacho de ejecución.
Cuando la cantidad que se reclama provenga de un préstamo o crédito
pactado en moneda extranjera, será preciso ajustar dicha moneda a
su equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio del derecho
que tienen las instituciones autorizadas por la Superintendencia de
Bancos y de otras Instituciones Financieras que captan recursos del
público.
Si la parte acreedora tuviera duda sobre la realidad o exigibilidad
de alguna partida o sobre su efectiva cuantía, podrá pedir el
despacho de la ejecución por la cantidad que sea indubitada y
reservar la reclamación del resto para el proceso declarativo que
corresponda, el que podrá ser simultáneo a la ejecución.Artículo 644 Anexos de la demanda
A la demanda se deberán acompañar,
además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en lo
pertinente, los siguientes documentos:
1) El título original en que se sustenta;
2) El documento contable en que conste haberse practicado las
operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad
determinada por la que se pide el despacho de ejecución;
3) Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono;
y
4) El documento donde conste el aviso de cobro y del vencimiento
del plazo de la deuda tanto a la parte deudora como a la fiadora si
la hubiera.
Artículo 645 Admisión y despacho de la ejecución
La autoridad judicial dará trámite a
la demanda sin citación contraria, despachando ejecución mediante
auto, si estima que concurren los presupuestos procesales, que el
título no presenta ninguna irregularidad, que la demanda ejecutiva
expresa los cálculos a que se refieren los numerales 2) y 3) del
artículo 643 sobre la demanda en la ejecución de títulos no
judiciales de este Código, que a ella se acompañan los anexos que
se establecen en el artículo anterior sobre los anexos de la
demanda y que las actuaciones que se solicitan son conformes con el
título.
Si en la solicitud la autoridad judicial observa defectos que
fueran subsanables, concederá un plazo máximo de cinco días para
que la parte ejecutante los subsane. Cumplido lo anterior y
acompañados los anexos respectivos, la autoridad judicial
despachará ejecución. En caso contrario, rechazará la ejecución
mediante auto, dejándose a salvo el derecho de la parte para
ejercerlo nuevamente.Artículo 646 Recursos
Contra el auto que deniegue el
despacho de ejecución, se darán los recursos de reposición y
posteriormente el de apelación.
Contra el auto que despache ejecución no habrá recurso alguno, sin
perjuicio de la oposición que pueda formular el demandado en el
momento procesal oportuno.
Artículo 647 Contenido del auto en que se despacha ejecución
El auto en que se despache ejecución
deberá contener, bajo pena de nulidad absoluta:
1) La identificación de la persona o personas ejecutantes y la
de aquellas contra las que se despacha ejecución, si fuera en forma
solidaria o mancomunada, y cualquier otra precisión que respecto de
las partes o del contenido de la ejecución sea procedente
realizar;
2) La orden a la persona deudora de pagar la cantidad por la que
se despacha ejecución, cuando se trate de una obligación dineraria,
incluyendo los intereses y gastos demandados;
3) La orden de realizar las actuaciones judiciales ejecutivas
que procedan desde ese momento, incluido si fuera posible, el
embargo de bienes concretos señalados por la parte ejecutante, así
como oficiar al registro público correspondiente para que realice
las anotaciones registrales respectivas al margen de los bienes
embargados;
4) En caso de embargo, la orden de proceder al nombramiento de
la persona depositaria y a la entrega de los bienes a la misma,
quien deberá firmar al pie del acta. La falta de firma de dicha
acta por la parte ejecutada o depositaria no invalidará el acta,
pero se dejará constancia de la razón por la cual no firma; y
5) La orden de prevenir a la parte ejecutada que tiene el plazo
de tres días contados a partir de la notificación del mandamiento
de ejecución, para formular oposición ante la autoridad judicial
que está conociendo del proceso de ejecución.
Artículo 648 Requerimiento de pago y embargo
Con el auto de despacho de ejecución
se entregará copia de la demanda y sus anexos, y se requerirá de
pago a la persona deudora por la cantidad reclamada en concepto de
principal e intereses devengados si los hubiera, hasta la fecha de
la demanda, advirtiéndole que de no pagar en el acto, se practicará
el embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de
la cantidad reclamada y las costas.
En el mismo auto deberá comunicársele
que tiene el plazo de tres días para oponerse ante la autoridad
judicial que está conociendo del proceso de ejecución,
previniéndole que en el escrito de oposición, señale domicilio en
la sede del juzgado para futuras notificaciones; que en caso de no
oponerse, podrá personarse en el proceso de ejecución en cualquier
momento, entendiéndose con él las ulteriores actuaciones. Todo lo
relacionado se hará constar en el acta que hará la autoridad
judicial ejecutora.
Artículo 649 Lugar y forma del requerimiento de pago
El requerimiento de pago se
notificará por la autoridad judicial ejecutora personalmente a la
parte demandada, en el lugar que figure en el título ejecutivo
siempre que sea su domicilio. Si la persona deudora no se
encontrara en el domicilio, se procederá con arreglo a lo dispuesto
en este Código para los actos de comunicación.
Efectuado el requerimiento en la forma antes indicada, podrá
practicarse el embargo si la parte demandante lo solicita.
Artículo 650 Pago por el ejecutado y costas
Si la persona deudora pagara en el
acto del requerimiento, la autoridad judicial ejecutora le
extenderá un recibo, y depositará el dinero en la cuenta bancaria
señalada por la parte actora o en su defecto, en la cuenta de la
Corte Suprema de Justicia, a disposición de la parte actora y
declarará terminado el proceso.
Aunque pague la persona deudora en el acto del requerimiento, serán
de su cuenta todas las costas causadas, salvo que por causa
justificada que no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes
que el acreedor promoviera la ejecución.
Artículo 651 Suspensión del embargo
Si en el acto del requerimiento la
persona deudora depositara ante la autoridad judicial ejecutora la
cantidad reclamada para evitar el embargo, manifestando que
ejercerá el derecho de oposición, la autoridad judicial suspenderá
la diligencia y depositará el importe en la cuenta bancaria
señalada por la parte actora o en su defecto, en la cuenta de la
Corte Suprema de Justicia.
Si el depósito fuera insuficiente, el embargo seguirá para cubrir
lo que reste.
Capítulo II
Oposición a la ejecución de títulos no judiciales
Artículo 652 Oposición
La parte ejecutada presentará su
oposición a la ejecución por escrito, dentro de los tres días
siguientes a la notificación del requerimiento, aportando todas las
justificaciones documentales que tuviera.
Formulada la oposición, se suspenderán las diligencias de ejecución
hasta la resolución de la misma, salvo lo establecido en las
disposiciones generales de este Libro sobre la regla general de la
suspensión de la ejecución.
Artículo 653 Motivos de oposición
En la ejecución de títulos no
judiciales solo serán admisibles los siguientes motivos de
oposición:
1) Falta de competencia del juzgado ante quien se presenta la
demanda;
2) Falta de legitimación o representación de la parte ejecutante
o ejecutada;
3) Nulidad del auto de despacho de ejecución por no cumplir los
requisitos legales exigidos;
4) Falta de mérito ejecutivo del título por no cumplir los
requisitos legales exigidos;
5) El pago, debidamente extendido en documento autentico;
6) Compensación de crédito líquido, que resulte de documento que
tenga fuerza ejecutiva;
7) Exceso de lo pedido, del capital o de intereses;
8) Prescripción de la obligación;
9) Quita, espera, pacto o promesa de no pedir, que conste en
documento público;
10) Novación, transacción o acuerdo de las partes, siempre que
conste en documento público;
11) Sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje;
12) Pérdida de la cosa debida;
13) La cosa juzgada.
Para la ejecución de títulos valores
o pretensiones mercantiles, además de los motivos señalados en los
numerales anterior que le sean pertinentes, se podrán oponer las
excepciones o motivos previstos en el Decreto No. 1824,
Ley General de Títulos Valores, publicado en La Gaceta, Diario
Oficial No. 146, 147, 148, 149, 150 del 1, 2, 3, 5 y 6
de julio de 1971 respectivamente, en el Código de Comercio y demás
leyes de la materia. En ejecución de títulos ejecutivos por
obligaciones tributarias exigibles, además de los motivos señalados
en los numerales anteriores, se podrán oponer los motivos de
extinción de la obligación por cualquiera de los medios previstos
en el Código Tributario de la República de Nicaragua, publicado en
La Gaceta, Diario Oficial N°. 227 del 23 de noviembre del
2005.
Artículo 654 Examen de los defectos procesales alegados en la
oposición
Cuando la oposición se hubiera
fundado en la existencia de defectos procesales y considerara la
autoridad judicial que se trata de un defecto subsanable, concederá
un plazo de cinco días a la parte ejecutante para subsanarlo.
Cuando se tratara de defectos o faltas insubsanables o que no se
hubieran subsanado en el plazo concedido, la autoridad judicial
dictará un auto dejando sin efecto los mandamientos y embargos
ordenados, con imposición de las costas a la parte ejecutante,
dejándose a salvo el derecho de la parte para ejercerlo
nuevamente.
Artículo 655 Tramitación
Planteada la oposición, se
sustanciará conforme al trámite previsto para los incidentes
presentados por escrito, según lo establecido en este Código.
Artículo 656 Audiencia en la oposición
Si se hubiera convocado a la
audiencia y no acudiera la parte deudora, no se tramitará la
oposición y se continuará el proceso de ejecución.
Si no compareciera la parte ejecutante, la autoridad judicial
resolverá sin oírle sobre la oposición.
Compareciendo ambas partes, se desarrollará la audiencia con
arreglo a lo previsto en este Código.
Artículo 657 Decisión sobre la oposición
En los cinco días posteriores a la
finalización de la audiencia o a la providencia por la que se
decida la conclusión del proceso sin dicha audiencia por haberse
aportado únicamente documentales, se pronunciará auto, resolviendo
la oposición.
Si la oposición se desestimara totalmente, con condena en
costas para la parte ejecutada, ordenará la autoridad
judicial seguir adelante con la ejecución sobre los bienes de
la parte deudora hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo
con las normas que rigen la ejecución de sentencias.
En caso de estimación parcial de pluspetición, seguirán adelante
las actuaciones solamente para obtener la cantidad debida sin
condena en costas.
Si se estimara la oposición la autoridad judicial declarará sin
lugar el procedimiento, y se mandará levantar los embargos y las
medidas de garantía de la afección que se hubieran adoptado,
reintegrándose a la parte deudora a la situación anterior al inicio
del proceso ejecutivo, condenando en costas a la parte
demandante.
Artículo 658 Recursos
Contra el auto desestimatorio de la
oposición, podrá interponerse el recurso de apelación, sin que se
suspendan las actuaciones.
Si se estima la oposición, la parte ejecutante podrá interponer
recurso de apelación y pedir que se mantengan los embargos, las
medidas de garantía adoptadas y que se tomen otras medidas que
procedan. Si la autoridad judicial considera pertinente la
petición, ordenará a la parte ejecutante que rinda caución
suficiente para asegurar la indemnización, en caso que la
resolución sea confirmada. Se exceptúan de la obligación de rendir
caución las instituciones financieras legalmente autorizadas para
captar depósitos del público.
Artículo 659 Eficacia
Las resoluciones dictadas en los
procesos ejecutivos de títulos no judiciales, no producirán efecto
de cosa juzgada sobre derechos que no fueron debatidos, quedando a
salvo el derecho de las partes para promover el proceso declarativo
que corresponda.
El proceso declarativo solo podrá promoverse cuando haya quedado
ejecutada la resolución pronunciada en el proceso de ejecución.
Cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, será
competente el mismo juzgado que haya conocido del proceso de
ejecución.
El derecho a promover el proceso declarativo del que trata este
artículo, caducará a los treinta días de ejecutada la resolución
pronunciada en el proceso de ejecución
Artículo 660 Falta de oposición
Si la parte ejecutada no presentara
oposición, la autoridad judicial dictará auto en el que mandará
seguir adelante con la ejecución.
TÍTULO IV
EJECUCIÓN POR CANTIDAD DE DINERO
Capítulo I
Ámbito de aplicación y ampliación de la ejecución
Artículo 661 Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el
presente Título, serán aplicables a todos los procesos derivados de
la existencia de un título de ejecución, siempre que la obligación
contenida en el mismo sea líquida y exigible.
Para ordenar la ejecución, se considerará líquida toda cantidad de
dinero determinada, expresada en el título en letras y cifras
comprensibles, prevaleciendo la que conste en letras si hubiera
disconformidad, todo lo anterior, de conformidad a lo establecido
en presente Código.
Sin embargo, para ordenar la ejecución, no será necesario
considerar como líquidas las cantidades que la parte ejecutante
solicite por los intereses que se pudieran devengar durante la
ejecución, y por las costas que ésta origine.
Artículo 662 Vencimiento de un nuevo plazo de la obligación y
ampliación de la ejecución
La parte ejecutante podrá solicitar
en el escrito inicial, o en escrito separado durante la tramitación
del proceso de ejecución, la ampliación de la ejecución de la
obligación vencida y la ejecución por los nuevos montos y plazos,
que durante el proceso de ejecución se vayan venciendo.
Cuando la solicitud se haga en el escrito inicial, la autoridad
judicial en el mandato de ejecución hará saber a la parte ejecutada
que la ampliación solicitada operará automáticamente, salvo que a
la fecha de vencimiento, la parte ejecutada haya depositado las
cantidades correspondientes.
Cuando la solicitud de ampliación se haga durante la tramitación de
la ejecución, se ordenará la notificación de la solicitud y se
convocará a audiencia que se celebrará al tercer día de su
notificación, para que la parte ejecutada se allane o se oponga a
la misma. La incomparecencia de la parte ejecutada al llamamiento,
se entenderá como sumisión a la ampliación referida, lo que será
causa suficiente para ordenar la ampliación del embargo.
Artículo 663 Oposición del ejecutado a la ampliación y
resolución
Si la parte ejecutada se opusiera a
la ampliación de la ejecución y la causa en que se funde fuera
atendible, en la audiencia expondrá y probará las razones por las
cuales no es procedente la ampliación.
Admitida la solicitud, la autoridad judicial ordenará la ampliación
del embargo y procederá como en la ejecución originaria.
Rechazada la solicitud, quedará expedito el derecho de la parte
acreedora para entablar la demanda correspondiente por la suma cuya
ampliación le ha sido denegada.
Artículo 664 Mandato de ejecución de la ampliación
El mandato de ejecución de la
ampliación se decretará por medio de auto, en el que se fijará la
cantidad indicada por la parte ejecutante en la solicitud, en
concepto de monto principal e intereses vencidos hasta la fecha en
que se presenta, ya sean éstos ordinarios o por demora en el
cumplimiento. Esta cantidad se podrá incrementar hasta un
veinticinco por ciento para cubrir tanto el pago de los intereses
devengados, como las costas ocasionadas durante la ejecución, sin
perjuicio de la posterior liquidación.
Capítulo II
Pago de la parte ejecutada
Artículo 665 Pago por las cantidades
adeudadas
La parte deudora podrá pagar en
cualquier momento, antes de la notificación del mandato de
ampliación de la ejecución, poniendo a disposición de la parte
acreedora el total de las cantidades adeudadas, mediante su
depósito en cuenta de la Corte Suprema de Justicia y después de la
liquidación y pago de las costas, se dará por cerrada la
ejecución.
En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán a la
parte ejecutada, salvo que acredite que hubo causa no imputable que
le impidió hacer el pago antes de la ejecución.
Artículo 666 Oposición del acreedor al pago
Cuando el depósito que realice la
parte deudora, sea por la totalidad de la cantidad fijada en el
mandato de ampliación de ejecución, no se admitirá oposición alguna
de la parte acreedora. La autoridad judicial admitirá el depósito,
quedando de plano extinguida la obligación.
Si el pago fuera parcial, se
entenderá que la deuda queda extinguida por la cuantía pagada o
puesta a disposición de la parte acreedora, continuando la
ejecución por el resto.
Capítulo III
Determinación del patrimonio del ejecutado
Artículo 667 Declaración de bienes
Si la parte ejecutante no conociera
bienes del ejecutado o los que conociera fueran insuficientes para
la ejecución, la autoridad judicial a solicitud de la parte
ejecutante y a su costa, oficiará al registro público o a quien
corresponda, para que en el plazo de cinco días contados a partir
de la notificación certifique acerca de la existencia de bienes
inscritos a favor de la parte ejecutada.
Artículo 668 Ausencia de bienes de la parte ejecutada
Si se comprueba que la parte
ejecutada carece absolutamente de bienes, se declarará el archivo
provisional del expediente.
Si la existencia de bienes de la parte ejecutada fuera insuficiente
para cubrir la totalidad de la deuda y no constando la existencia
de otros, se procederá a la ejecución parcial de la obligación,
archivándose provisionalmente el expediente, y dejando a salvo el
derecho de la parte ejecutante hasta su completa
satisfacción.
Si existieran nuevos bienes, la parte ejecutante comunicará tal
circunstancia a la autoridad judicial que haya decretado el
archivo, y solicitará la reapertura de la ejecución y la
enajenación de los bienes por el saldo pendiente.
Capítulo IV
Embargo
Artículo 669 Embargo de bienes
Para lo no previsto expresamente en
este Libro sobre ejecución forzosa, se estará a lo dispuesto para
las medidas cautelares conforme este Código.Artículo 670 Práctica del embargo
El embargo se practicará por la
autoridad judicial competente, de acuerdo con las normas
establecidas en este Código.
Artículo 671 Suspensión del embargo
Despachada la ejecución, se procederá
al embargo de bienes, salvo que en el acto del embargo la parte
ejecutada entregue a la autoridad judicial la cantidad debida, la
que se depositará en una cuenta señalada por el acreedor, en el
caso que este no señalare cuenta, será la cuenta de la Corte
Suprema de Justicia en calidad de depósito. En este caso, se
suspenderá el embargo haciendo constar este hecho en el acta
respectiva, y entregando el recibo correspondiente.
Si hubiera oposición a la ejecución, la cantidad depositada se
mantendrá en la referida cuenta. Si no hubiera oposición a la
ejecución, la cantidad depositada se entregará a la parte
ejecutante, sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses
y costas.Artículo 672 Efecto del embargo
En caso que se haya ejecutado
embargo, la parte deudora no podrá disponer, limitar o gravar
dichos bienes o derechos sin autorización judicial, debiendo ésta
girar oficio al registro público correspondiente para que dicha
medida se anote al margen de los bienes o derechos gravados.
No surtirá efecto alguno en perjuicio de la parte ejecutante o de
los responsables solidarios o subsidiarios de la obligación de la
parte ejecutada, la disposición a título gratuito, o la renuncia,
hecha por la parte ejecutada titular de los bienes o derechos
embargados, durante la subsistencia del embargo.
Serán nulos todos los actos de disposición o renuncia efectuados
por la parte deudora o ejecutada con fines fraudulentos, fácilmente
demostrables, en perjuicio de su acreedor.
Artículo 673 Extensión y límites del embargo
El embargo de una cosa o derecho
comprende sus accesorios, pertenencias y frutos, aunque no hayan
sido expresamente mencionados o descritos.
En el caso de embargo de bienes cuyo valor exceda ostensiblemente
de la cantidad fijada en la demanda o en el mandato de ejecución,
la parte deudora tendrá derecho de proponer a la autoridad
judicial, con conocimiento de la parte contraria, la sustitución
del bien o bienes embargados por otros que cubra satisfactoriamente
el valor total de la obligación y sus costas. Si no tiene otro
bien, se procederá a subastar el bien embargado, quedando a salvo
los derechos que competen a la parte perjudicada o ejecutada para
reclamar el remanente una vez realizada la subasta y la liquidación
judicial del crédito y que la parte acreedora haya sido solventada
plenamente por las cantidades reclamadas conforme lo establecido en
el presente Código.
Podrán embargarse los depósitos bancarios y los saldos favorables
que arrojen las cuentas en entidades de crédito, siempre que se
determine una cantidad como límite máximo. Del excedente a ese
límite, la parte perjudicada o ejecutada podrá disponer
libremente.
Cuando el embargo recaiga sobre bienes destinados a la prestación
de servicios públicos, la autoridad judicial dictará las medidas
necesarias para asegurar su continuidad, salvo lo dispuesto en el
artículo que se refiere a los bienes inembargables en este
Código.
Artículo 674 Embargo de salarios
Será embargable el salario, sueldo,
retribución o su equivalente, solo cuando exceda el salario mínimo
establecido conforme la ley.
En el caso de las trabajadoras y los trabajadores cuyo salario
mínimo en razón del cargo, profesión u oficio no esté contemplado
en la Ley del salario mínimo, solo será embargable hasta en una
tercera parte del ingreso neto que perciba en concepto de salario,
sueldo, retribución o su equivalente, mientras no exista una ley
que regule la materia.
Artículo 675 Embargo de dinero
Si se embargara dinero o divisas
convertibles, se dará recibo a la parte deudora y se depositarán en
cuenta de la Corte Suprema de Justicia a la orden de la autoridad
judicial de la causa.
Artículo 676 Embargo de cuentas, créditos o retribuciones
Si se embargaran cuentas en entidades
financieras, créditos, retribuciones, o en general bienes que
generen dinero a favor de la parte perjudicada o ejecutada a cargo
de un tercero, se ordenará a éste retener a disposición del
juzgado, la cantidad correspondiente hasta el límite de lo
adeudado.
En lo que exceda de este límite podrá el perjudicado o ejecutado,
disponer de sus cuentas bancarias o recibir las cantidades
pertinentes.
Artículo 677 Embargo de títulos valores o instrumentos
financieros
Si se embargaren títulos valores o
instrumentos financieros, este deberá recaer sobre el título mismo;
la autoridad judicial podrá resolver a su vencimiento, sobre la
entrega de los dividendos, intereses, rendimientos de toda clase y
reintegros que debieran efectuarse a la parte ejecutada,
notificándolo a quien deba hacer el pago y ordenándole que retenga
las cantidades, o el propio título valor o instrumento financiero,
a disposición del juzgado.
La notificación del embargo se hará también a los responsables del
mercado oficial en que se negocien o a los administradores de las
sociedades emisoras en su caso, cuando el título valor o
instrumento financiero tuviera una participación en
ella.Artículo 678 Embargo de intereses, rentas y frutos
Cuando se embargaran intereses,
rentas o frutos, se ordenará a quien deba entregarlos, o a quien
los perciba directamente, que los retenga a disposición la
autoridad judicial.
Podrá constituirse una administración judicial respecto de las
rentas o frutos si fuera necesario, para garantizar la efectividad
de la ejecución.Artículo 679 Embargo y depósito de bienes muebles
El embargo de bienes muebles se
llevará cabo en el lugar donde los mismos se encontraran. Al
practicarse el embargo, la autoridad judicial ejecutora hará
constar una exacta descripción de los bienes o cosas embargadas,
con sus señas distintivas, estado en que se encuentren, y cuantos
elementos sirvan para posterior enajenación, pudiendo valerse de
medios de documentación gráfica. Asimismo, hará constar las
manifestaciones que los intervinientes efectúen en el acto del
embargo.
Lo embargado se depositará con arreglo a derecho, adoptándose en el
propio acto, las medidas precisas en orden al depósito y a la
designación de la persona depositaria.Artículo 680 Ampliación y reducción del embargo
Tanto la parte ejecutante como la
ejecutada podrán pedir la ampliación, reducción o modificación del
embargo, cuando el cambio de las circunstancias permita dudar de la
suficiencia de los bienes afectados por la ejecución, o exceda de
lo necesario para hacer frente a la obligación, o cuando las
circunstancias del embargo puedan cambiar sin arriesgar el éxito de
la ejecución.Artículo 681 Reembargo
Cualquier bien embargado podrá ser
objeto de ulteriores embargos, adoptando la autoridad judicial las
medidas oportunas para su efectividad. La parte acreedora
reembargante tendrá derecho a percibir las cantidades resultantes
de la enajenación del bien reembargado, una vez satisfechos las y
los acreedores que embargaron con anterioridad.Artículo 682 Nulidad de Embargo
Son nulos los embargos de bienes
inembargables y los realizados excediéndose de los límites fijados
legalmente, aunque mediara el consentimiento de la parte
perjudicada o ejecutada, quien podrá hacer valer esta nulidad por
la vía de los recursos.
Capítulo V
Tercería de dominio
Artículo 683 Procedencia
Podrá plantear tercería de dominio en
forma de demanda, quien sin ser parte en la ejecución afirme ser
dueño de un bien embargado como perteneciente a la parte ejecutada
y que no lo ha adquirido de éste una vez practicado el
embargo.
También podrán plantear tercerías, quienes sean titulares de
derechos que por disposición legal expresa puedan oponerse al
embargo o a la enajenación forzosa, de uno o varios bienes
embargados como pertenecientes a la parte ejecutada.Artículo 684 Interposición de la demanda de tercería de dominio
y requisitos
La tercería de dominio se interpondrá
ante la misma autoridad judicial que conozca de la ejecución, desde
que se haya embargado el bien o bienes a que se refiera y se tenga
conocimiento de éste.
Con la demanda deberá presentarse un principio de prueba documental
del fundamento de la pretensión del tercerista. La autoridad
judicial rechazará de plano la demanda de tercería de dominio
cuando no se acompañe el principio de prueba exigido, o cuando se
presente después de la entrega del bien a la parte acreedora o
adjudicataria del remate.
La demanda de tercería se presentará contra la parte acreedora
ejecutante y contra la deudora ejecutada.Artículo 685 Prohibición de ulteriores tercerías
No se permitirá en ningún caso al
tercerista, ulteriores tercería sobre los mismos bienes, fundada en
títulos o derechos que poseyera al momento de formular la
primera.Artículo 686 Efectos de la admisión de la tercería de
dominio
La admisión de la demanda de
tercería, solo suspenderá la ejecución respecto del bien a que se
refiera.
La autoridad judicial previa audiencia de las partes, podrá
condicionar la admisión de la demanda de tercería, a que preste
caución el tercerista por los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar a la parte acreedora ejecutante.
La admisión de una tercería de dominio será razón suficiente para
que a instancia de parte, se ordene la ampliación del
embargo.Artículo 687 Procedimiento
La tercería de dominio se tramitará
por la vía del proceso sumario, en el que solo podrá decidirse
sobre la continuidad o levantamiento del embargo sobre el bien a
que se refiera la tercería.
Artículo 688 Resolución
La tercería se decidirá por auto, lo
que no causará efecto de cosa juzgada respecto de la titularidad
del bien.
En caso que se desestime la tercería, se ordenará que continúe el
embargo sobre el bien.
El auto que estime la tercería de dominio, ordenará el
levantamiento del embargo y la remoción del depósito, así como la
cancelación de la anotación preventiva y de cualquier otra medida
de garantía del embargo del bien, al que la tercería se
refiriera.
Artículo 689 Recursos
Contra el auto que estime la tercería
de dominio se podrá promover recurso de reposición, y si se
desestima cabrá el recurso de apelación.
Capítulo VI
Tercería de preferencia o de mejor derecho
Artículo 690 Procedencia
La intervención de un tercero en la
ejecución, fundada en su derecho a ser pagado con preferencia a la
parte acreedora ejecutante, se interpondrá ante la autoridad
judicial que esté conociendo de la ejecución, y se sustanciará con
la parte ejecutante y ejecutada, por la vía del proceso
sumario.
Artículo 691 Requisitos de la demanda de tercería de
preferencia
Con la demanda se acompañará un
principio de prueba del derecho alegado. La autoridad judicial
rechazará de plano la demanda de tercería de preferencia cuando no
se acompañe el principio de prueba exigido, o cuando se presente
después de la entrega del bien a la parte acreedora o adjudicataria
del remate.
Artículo 692 Efectos de la admisión de la tercería de
preferencia
La tercería, una vez admitida no
suspenderá la ejecución tramitada, que continuará hasta la
enajenación de los bienes o derechos embargados, depositando lo
recaudado en una cuenta de la Corte Suprema de Justicia para
reintegrar a la parte ejecutante en las costas de la ejecución y
hacer pago a las y los acreedores por el orden de preferencia que
se determine al resolver la tercería.
Si el tercerista de mejor derecho dispusiese de título ejecutivo en
que conste su crédito, podrá intervenir en la ejecución desde que
sea admitida la demanda de tercería. Si no dispusiere de título
ejecutivo, el tercerista no podrá intervenir hasta que, en su caso,
se estime la demanda.
Artículo 693 Allanamiento y desistimiento
Si la parte ejecutante se allanara a
esta tercería y la parte ejecutada estuviera conforme con el
allanamiento, la ejecución proseguirá para satisfacer en primer
término al tercerista, pero no se le hará entrega de cantidad
alguna, sin haber pagado antes a la parte ejecutante las costas y
gastos originados por las actuaciones realizadas a su instancia,
hasta el momento de la notificación de la demanda de
tercería.
Si notificada la demanda de tercería a la parte ejecutante
desistiera de la ejecución, se procederá conforme lo establecido en
el párrafo anterior, sin necesidad de la conformidad de la parte
ejecutada, siempre que el crédito del tercerista constara en título
ejecutivo. Si no fuera así se archivará el proceso de ejecución,
salvo que la parte ejecutada estuviera de acuerdo en que éste
prosiga para satisfacer el crédito del tercerista.
Artículo 694 Decisión y efectos de la sentencia de la tercería
de preferencia
La sentencia que se dicte en la
tercería de mejor derecho resolverá sobre la existencia del
privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos en
la ejecución en que aquella sentencia recaiga, pero sin prejuzgar
otras pretensiones que a cada uno pudiera corresponder.
Asimismo, si la sentencia desestimara la tercería, condenará en
todas las costas de ésta al tercerista.
Cuando estimara la tercería, habiéndose opuesto a la demanda la
parte ejecutante y ejecutada se impondrán las costas a ambos por
partes iguales.
Cuando estimare la tercería y esta se tramitó con la sola oposición
de la parte ejecutante, se le impondrán a ésta las costas.
Cuando por haberse allanado la parte ejecutante la tercería se
hubiera sustanciado solo con la parte ejecutada, las costas se
impondrán a ésta en su totalidad.
Siempre que la sentencia estimara la tercería de mejor derecho, no
se entregará al tercerista cantidad alguna procedente de la
ejecución, mientras no se haya satisfecho a la parte ejecutante las
costas causadas en ésta hasta el momento en que recaiga aquella
sentencia.
Capítulo VII
Enajenación y subasta de los bienes embargados
Artículo 695 Entrega directa a la
parte ejecutante
El dinero, saldos de cuentas
corrientes, bienes o valores que sean aceptados por la parte
ejecutante en su valor nominal y las divisas convertibles, se
entregarán a la parte acreedora previo recibo autorizado por la
autoridad judicial.
Cuando se trate de saldos favorables en cuenta, con vencimiento
diferido, la autoridad judicial adoptará las medidas oportunas para
lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere
conveniente o necesario, para su realización.
En la ejecución de sentencias que condenen al pago de las
cantidades debidas, por incumplimiento de contratos de venta a
plazos de bienes muebles, si la parte ejecutante lo solicita, se le
hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o
financiados a plazos, por el valor que resulte por la depreciación
establecida en el contrato.
Las acciones, obligaciones y otras formas de participación
societaria, se enajenarán por el correspondiente precio de bolsa o
de mercado.
Artículo 696 Realización de otros bienes o derechos
Los bienes o derechos no comprendidos
en el artículo anterior sobre entrega directa a la parte ejecutante
se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados
y aprobada por la autoridad judicial, con arreglo a lo previsto en
este Código.
A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes
embargados se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes
procedimientos:
1) Enajenación por medio de entidad
especializada, notaria o notario público, en los casos y en la
forma prevista en este Código; o
2) Subasta judicial.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los
numerales anteriores, una vez embargados los bienes, se practicarán
las actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos,
que se realizará en el día señalado con arreglo a lo previsto en
este Código, si antes no se solicita y se ordena que la realización
forzosa se lleve a cabo de manera diferente.
Artículo 697 Tasación de los bienes embargados
Cuando la parte ejecutante y
ejecutada no se hayan puesto de acuerdo respecto al valor de los
bienes embargados, se procederá a la tasación de los mismos por
medio de perito designado por la autoridad judicial, de entre
quienes demuestren conocimientos técnicos en la materia. De no
tener a disposición una lista de elegibles, requerirá a las partes
para que de común acuerdo lo designen.
La perita o perito designado por la autoridad judicial, podrá ser
objeto de tacha por la parte ejecutante y ejecutada que hayan
comparecido. El nombramiento se notificará a la perita o perito
designado, quien en el siguiente día lo aceptará.
Aceptado el encargo por la perita o perito, entregará a la
autoridad judicial su valoración en el plazo de cinco días, salvo
que concurran circunstancias justificadas para fijar otro que no
excederá de quince días. La valoración pericial tomará en cuenta
los valores de mercado, de catastro fiscal, municipal, y otras
referencias que estime necesarias; cuando se trate de bienes
inmuebles no considerará las cargas o gravámenes que pudieran
tener.
Una vez que la perita o perito designado por la autoridad judicial
haya entregado la valoración de los bienes, las partes y los
acreedores podrán presentar dentro del plazo de diez días,
alegaciones a dicha valoración, así como informe de la perita o
perito privado, en los que se exprese la valoración económica del
bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, la autoridad
judicial, a la vista de las alegaciones y apreciando los informes
según las reglas de la sana crítica, determinará mediante
providencia, sin ulterior recurso, la valoración definitiva,
tomando como base uno de los montos para efectos de la
ejecución.
Artículo 698 Audiencia para convenir el modo de realización de
bienes
La parte ejecutante, la ejecutada y
quien acredite interés directo en la ejecución, podrán pedir a la
autoridad judicial que convoque a una audiencia, con la finalidad
de convenir el modo de realización más eficaz de los bienes
embargados, hipotecados o pignorados, contra quienes se dirige la
ejecución.
Si la autoridad judicial no encontrara motivos razonables para
denegarla, la acordará mediante providencia, sin suspensión de la
ejecución, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso
que pudieran estar interesados. La audiencia se llevará a cabo,
aunque no concurran todos los citados, si al menos estuvieren
presentes la parte ejecutante y la ejecutada.
En la audiencia se podrá proponer el procedimiento de enajenación y
sus condiciones, así como presentar en el acto, personas que
afianzando, se ofrezcan a adquirir los bienes por precio superior
al setenta por ciento del justiprecio.
Si la parte ejecutada hiciera uso de esta facultad con fines
dilatorios, se le rechazará la participación señalada, dictando
resolución, contra la que no habrá recurso alguno.
Artículo 699 Riesgo de pérdida o depreciación de los bienes
embargados
Si por la demora en la enajenación
pudiera originarse depreciación trascendente, pérdida o extinción
de los bienes o derechos, se podrá ordenar su enajenación en
cualquier momento, sin ajustarse estrictamente a los procedimientos
ordenados en este Código, así como la variación de los plazos
previstos o de las restantes condiciones establecidas.
Artículo 700 Acuerdo de enajenación
Si se llegara a un acuerdo entre la
parte ejecutante y ejecutada, que no cause perjuicio a tercero
cuyos derechos proteja este Código, lo aprobará la autoridad
judicial mediante auto y suspenderá la ejecución respecto del bien
o bienes objeto del acuerdo. También aprobará el acuerdo, con el
mismo efecto suspensivo, si incluyera la conformidad de los
sujetos, distintos de la parte ejecutante y ejecutada, a quienes
afectará.
Cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de inscripción
registral, será necesaria para su aprobación, la conformidad de la
parte acreedora y terceros adquirentes que hayan inscrito o anotado
sus derechos con posterioridad al gravamen que se ejecuta, en el
registro correspondiente.
Cumplido el acuerdo la ejecución se archivará, si hubo total
satisfacción de la parte ejecutante y en otro caso, continuará por
la cantidad restante.
Si se hubiera incumplido el acuerdo de enajenación dentro del plazo
pactado, o por cualquier causa, no se lograra la satisfacción de la
parte ejecutante en los términos convenidos, podrá éste pedir que
se levante la suspensión y se proceda a la subasta del bien.
Si no se lograra el acuerdo, la audiencia para intentarlo podrá
realizarse nuevamente, previa petición de parte interesada en las
condiciones previstas, cuando las circunstancias del caso lo
aconsejen, para la mejor realización de los bienes.
Artículo 701 Enajenación por el ejecutado
La parte ejecutada podrá pedir en la
audiencia que se le autorice para enajenar el bien, sobre lo que
decidirá la autoridad judicial oyendo a la parte ejecutante.
Si accediera a la solicitud fijará un plazo máximo de treinta días,
con el apercibimiento de que si no enajenara el bien, deberá abonar
a la parte ejecutante los daños y perjuicios que se causaran.
Artículo 702 Delegación para la enajenación de los bienes
A instancia de cualquiera de las
partes, y cuando las características del bien así lo permitan, en
la audiencia la autoridad judicial podrá ordenar mediante
providencia, la enajenación de todos o alguno de los bienes por
medio de entidades públicas, privadas, notaria o notario público
autorizado para tal fin, que sean idóneos por su especialidad y
eficacia.
Las entidades y notaria o notario público, deberán llevar a efecto
todas las actuaciones procesales reguladas en este Capítulo,
referidas a la enajenación y subasta de los bienes embargados; así
mismo asumirán la condición de personas depositarias, prestando
caución para responder del buen fin del encargo.
Las entidades y notaria o notario público, deberán ajustarse a los
límites impuestos por la autoridad judicial, de acuerdo con las
normas que rigen su actuación, y habrán de realizar bajo su
responsabilidad, las actuaciones encomendadas y las que exija la
naturaleza de los bienes, poniendo de manifiesto a los posibles
adquirentes del estado de estos.
La enajenación del bien no podrá hacerse por valor inferior al
ochenta por ciento de su justiprecio. La cantidad obtenida se
ingresará en un banco o una institución financiera, descontándose
los honorarios y comisiones que deba percibir quien realizó el
bien. Aprobada la gestión por la autoridad judicial, se le
devolverá la caución prestada.
Transcurridos seis meses desde el encargo, si la realización
no se hubiera llevado a cabo, la autoridad judicial a petición de
parte, dictará auto revocando el encargo, salvo que se justifique
por la o el notario público o las entidades, que la realización no
ha sido posible por motivos que no le sean imputables y que, por
haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta
desaparición, el encargo podrá cumplirse dentro del plazo que se
ofrezca y que no podrá exceder de los siguientes seis meses.
Transcurrido este último plazo sin que se hubiera cumplido el
encargo, se revocará definitivamente éste.
Revocado el encargo, la caución será a favor de la parte
ejecutante, salvo que las entidades o la o el notario público
acrediten que la realización del bien no ha sido posible por causas
que no le sean imputables.
Si la venta se anulara por causa imputable a las entidades, la o el
notario público y sin perjuicio de las demás responsabilidades que
procedan, deberán éstas reintegrar el importe de la comisión y de
los honorarios que hubieran percibido; debiendo realizar nuevamente
la enajenación encomendada, conforme lo establece este
Código.
Artículo 703 Adjudicación de bienes
La parte ejecutante tendrá en todo
momento derecho de adjudicarse y adquirir los bienes por la
cantidad debida en todos los conceptos, que no podrá ser menor al
setenta por ciento del justiprecio, o solicitar su entrega en
administración.
La adjudicación de bienes a la parte acreedora, extingue su crédito
hasta el límite del valor del bien. Si dicho valor fuera superior
al importe de su crédito, deberá pagar la diferencia.
En caso que el valor del bien sea menor al importe de la demanda,
la parte acreedora podrá ampliar la ejecución por el saldo
insoluto.
Artículo 704 Entrega de los bienes en administración
La entrega de los bienes en
administración podrá solicitarla la parte acreedora ejecutante en
cualquier momento de la ejecución, procediéndose a ella si la
autoridad judicial considera que corresponde a la naturaleza de los
bienes embargados, escuchando en la audiencia a terceros afectados,
si tuvieran derechos inscritos.
La parte ejecutante deberá rendir cuentas anuales de la
administración y la parte ejecutada podrá oponerse en el plazo de
diez días desde que se le comuniquen las cuentas, a la liquidación
presentada. La discrepancia se resolverá en una audiencia para que
las partes puedan aportar las pruebas pertinentes.
La administración cesará cuando con las rentas o productos se cubra
la cantidad total objeto de ejecución; cuando la parte ejecutada
pague la cantidad íntegra que en ese momento adeude; o cuando la
parte ejecutante manifieste su voluntad de abandonar la
administración y proceder a la enajenación por la diferencia. En
todo caso, la parte ejecutante deberá rendir una cuenta final de la
administración, o cuando sea requerido judicialmente.
Artículo 705 Convocatoria de subasta
Se acordará de oficio la enajenación
de los bienes embargados mediante subasta judicial, cuando no pueda
emplearse o hayan resultado ineficaces los demás procedimientos
utilizados.
A toda subasta se dará publicidad por medio de tres edictos, que se
fijarán en el local del juzgado, y se publicará en un periódico de
circulación nacional. La convocatoria se realizará, al menos con
quince días de antelación a la fecha de su celebración, que se
indicará en el propio anuncio, así como el lugar y hora de
celebración.
En el aviso de subasta se expresarán:
1) Los nombres de las partes y terceros legitimados;
2) El bien a subastar, su descripción y características;
3) Los gravámenes del bien;
4) El monto del crédito y las costas del proceso;
5) El precio base de la subasta;
6) El lugar, fecha, día y hora de la subasta;
7) La identificación del juzgado donde se efectuará la
subasta;
8) El porcentaje que debe depositarse para participar en la
subasta; y
9) El nombre de la autoridad judicial y de la secretaria o
secretario y la firma de éste.
Artículo 706 Especificaciones en subasta de inmuebles
En el caso de subasta de inmuebles,
además de los requisitos exigidos en el artículo anterior sobre
convocatoria de subasta, en los anuncios se indicará:
1) Que están de manifiesto en el juzgado la certificación
registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o
inmuebles que se subastan;
2) Que se entenderá que todo postor acepta por el mero hecho de
participar en la subasta, que es suficiente la titulación
existente;
3) Que las cargas, gravámenes u otros derechos reales
limitativos del dominio anteriores al crédito de la parte
ejecutante si los hubiera, continuarán subsistentes y que, por el
solo hecho de participar en la subasta, el postor los admite, y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos,
si el bien se adjudicara a su favor; y
4) Lo resuelto por la autoridad judicial en el caso de las y los
ocupantes del inmueble.
Artículo 707 Precio base de la subasta
El precio base de la subasta,
será:
1) El fijado previamente por las partes;
2) El principal del crédito, más los intereses y costas reclamados;
o
3) El justiprecio del bien.
Artículo 708 Depósito para participar en la subasta
Para participar en la subasta la
persona interesada deberá depositar en el juzgado, una hora antes
de su inicio, no menos del diez por ciento del total del precio
base de los bienes.
Finalizada la subasta, se deberán reintegrar de inmediato, los
depósitos que se hubieran efectuado, salvo la de la persona
adjudicataria.
Artículo 709 Condiciones de la subasta y requisitos de la
persona adjudicataria
Para tomar parte en la subasta, las
personas interesadas deberán identificarse de forma suficiente,
declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y haber realizado el depósito a que se refiere el artículo
anterior sobre el depósito para participar en la subasta.
La parte ejecutante podrá tomar parte en la subasta hasta el límite
de su crédito, sin necesidad de depositar cantidad alguna.
Asimismo, la parte ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará
mediante comparecencia ante la autoridad judicial, con asistencia
de la o el cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o
simultáneamente al pago del precio del remate.
Artículo 710 Desarrollo y terminación de la subasta
El acto de la subasta comenzará con
la lectura de la relación de bienes, o en su caso, de los lotes de
bienes y las condiciones especiales de la subasta. Cada lote de
bienes se subastará por separado.
A continuación se irán sucediendo las diversas posturas con
relación al bien o lote de que se trate, repitiéndose en voz alta
por la o el funcionario. La subasta terminará con el anuncio de la
única o mejor postura y el nombre de quien la haya formulado,
siempre que sea igual o superior al precio base.
Artículo 711 Pago del precio por la persona adjudicataria
La persona adjudicataria pagará en
efectivo, cheque de gerencia o cheque certificado, en el acto el
total de su postura, menos la cantidad depositada. Si fuera la
parte ejecutante quien hiciera la mejor postura, se procederá a la
liquidación de lo que se le deba por principal e intereses, y solo
depositará la diferencia, si la hubiera, en dependencia de la
liquidación de costas.
Realizado el pago, la autoridad judicial levantará acta en la cual
expresará una relación sucinta del desarrollo de la subasta y
adjudicará el bien o los bienes subastados, con identificación de
los mismos y de las y los intervinientes, las posturas que
formularon y a quien se le adjudicó el bien o bienes; dicha acta
será firmada por la autoridad judicial, la parte acreedora, la
persona adjudicataria y la secretaria o secretario.
La autoridad judicial extenderá certificación del acta a la persona
adjudicataria y mediante auto mandará a cancelar las cargas
posteriores al embargo y en nombre de la parte deudora otorgará la
escritura en el protocolo del juzgado a costa de quien haya
adquirido, insertando el acta y los antecedentes necesarios, para
su inscripción en el registro público correspondiente.Artículo 712 Convocatoria a nueva subasta
Si la persona adjudicataria no pagara
en el acto y por su culpa la venta no se realizara, perderá el
depósito que hubiera efectuado, el cual se aplicara como abono al
principal y se procederá a convocar nuevamente a subasta, en los
mismos términos señalados en este Código para la convocatoria de la
subasta.Artículo 713 Adjudicación en pago de los bienes no vendidos o
levantamiento del embargo
Si en el acto de la subasta no
hubiera ningún postor, podrá la parte ejecutante pedir la
adjudicación de los bienes hasta por el precio base de la
ejecución, cuando la cantidad debida por todos los conceptos, sea
igual a dicho precio o cuando el precio base no alcance a cubrir la
totalidad de lo que se deba. Si no hiciera uso de esa facultad en
el plazo de veinte días de concluida la subasta, se procederá al
levantamiento del embargo, a instancia de la parte
ejecutada.Artículo 714 Distribución y pago de la suma debida
El precio obtenido de la subasta se
entregará a la parte ejecutante a cuenta de la cantidad por la que
se hubiera despachado ejecución y, si sobrepasare dicha cantidad,
se retendrá el remanente a disposición de la autoridad judicial,
hasta que se efectúe la liquidación de lo que, finalmente, se deba
a la parte ejecutante y del importe de las costas de la
ejecución.
Satisfecha plenamente la parte ejecutante y pagadas las costas, se
entregará a la parte ejecutada el remanente que pudiera existir una
vez finalizada la realización forzosa de los bienes.
Quienes tengan su derecho inscrito o anotado con posterioridad al
de la parte ejecutante y hubiera remanente, éste se retendrá para
el pago de aquellas o aquéllos. Si satisfechos estos acreedores,
aún existiere sobrante, se entregará a la parte ejecutada o al
tercer adquirente.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio del destino
que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención
en alguna otra ejecución hipotecaria y prendaria o en cualquier
proceso concursal.
Quedando satisfecho plenamente la parte ejecutante, si hubiera
varias personas embargantes y el sobrante sea insuficiente, se
distribuirá el pago a prorrata o sea en proporción aritmética de la
siguiente forma:
1) Se procederá a obtener la suma total de los créditos
embargados. (crédito A + crédito B + crédito C = Total de los
créditos).
2) Cada uno de los créditos individuales será dividido por el
total de los créditos, obteniéndose así el porcentaje individual de
cada acreedor. (crédito A /Total de crédito=Porcentaje a pagar al
acreedor A).
3) Cada porcentaje individual se multiplicará por el sobrante; y
este producto será la proporción a distribuirse entre los
acreedores. (Porcentaje a pagar al acreedor A x sobrante del
crédito = Monto a pagar al acreedor A).
Tratándose de terceros con derecho preferente, se les pagará en el
orden debido, conforme las disposiciones del artículo
siguiente.
Si las cantidades que se obtengan resultaran insuficiente para
cubrir el pago del principal, intereses y costas, una vez
liquidados aquéllos y tasadas éstas, la parte ejecutante podrá
perseguir el patrimonio de la parte ejecutada por el saldo
pendiente de pago.
Artículo 715 Orden de pago para créditos preferentes
Podrán exigir el pago de sus
respectivos créditos, con preferencia sobre todos los demás
acreedores, los siguientes:
1) La acreedora o acreedor alimentario;
2) La acreedora o acreedor por prestaciones laborales;
3) La acreedora o el acreedor hipotecario sobre el valor de la
cosa hipotecada conforme a la fecha de su respectiva inscripción,
agotados éstos; y
4) La o el acreedor pignoraticio, sobre el precio de la cosa
dada en prenda.
Capítulo VIII
Normas especiales sobre la subasta de bienes inmuebles
Artículo 716 Subsistencia y
cancelación de cargas en la enajenación por acuerdo
Cuando por acuerdo de las partes se
transmita a un tercero la titularidad de bienes inmuebles
hipotecados o embargados, que sean objeto de la ejecución forzosa,
las cargas, gravámenes y servidumbres que pesen sobre él
subsistirán, así como su cancelación conforme lo dispuesto en este
Código.
Cuando la enajenación del bien inmueble embargado se realice
mediante acuerdo entre la parte ejecutante y ejecutada, será
aprobada por la autoridad judicial, si consta en escritura pública.
También deberá constar que la persona adquirente conoce la
existencia de las cargas y gravámenes que pesan sobre el inmueble,
conforme la certificación registral a que se refiere el artículo
717 sobre certificación de dominio y cargas.
Artículo 717 Certificación de dominio y cargas
Cuando el objeto de la subasta sea un
bien susceptible de inscripción en un registro público, la
autoridad judicial librará mandamiento al registro correspondiente,
para que en el plazo de diez días libre certificación en la que
conste la titularidad dominical, los derechos reales constituidos
sobre el bien a favor de personas distintas a la o el propietario,
el domicilio de estas y las cargas que lo graven en su caso. La o
el registrador hará constar al margen del asiento la expedición de
la certificación, expresando la fecha y el proceso a que se
refiera. El costo de dicha certificación será a cargo de la parte
acreedora.
Artículo 718 Titulares de derechos anteriores preferentes
Vista la certificación registral, la
autoridad judicial ordenará a las o los titulares de los créditos
anteriores que sean preferentes al que se ejecuta y al ejecutado,
para que en el plazo de diez días informen sobre la subsistencia
del crédito garantizado y su actual cuantía, debiendo indicar con
la mayor precisión si el crédito subsiste o se ha extinguido por
cualquier causa y, en caso de subsistir, qué cantidad resta
pendiente de pago, la fecha de vencimiento y, en su caso, los
plazos y condiciones en que el pago deba efectuarse.
Si el crédito estuviera vencido y no pagado, también informarán de
los intereses moratorios vencidos y de la cantidad a la que
asciendan los intereses que se devenguen por cada día de
retraso.
Cuando la preferencia del crédito provenga de una anotación de
embargo anterior, expresarán la cantidad pendiente de pago por
principal e intereses vencidos a la fecha del informe a la
autoridad judicial, así como la cantidad a que asciendan los
intereses moratorios que se devenguen por cada día que transcurra
sin que se efectúe el pago a la parte acreedora y la previsión para
costas.
A la vista de lo que la parte ejecutada y las personas acreedoras a
que se refiere el párrafo anterior declaren sobre la subsistencia y
cuantía actual de los créditos, si hubiera conformidad sobre ello,
la autoridad judicial a instancia de la parte ejecutante, expedirá
los mandamientos que procedan. De existir disconformidad les
convocará a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los tres
días siguientes, resolviéndose mediante auto, no susceptible de
recurso, en los cinco días posteriores.
Transcurridos veinte días desde la solicitud de informe a la parte
ejecutada y a las o los acreedores sin que ninguno de ellos haya
contestado, se entenderá que la carga, a los solos efectos de la
ejecución, se encuentra actualizada en los términos fijados en el
título preferente.Artículo 719 Bien inscrito a nombre de persona distinta de la
parte ejecutada
Si de la certificación que expida el
registro resultara que el bien embargado se encuentra inscrito a
nombre de persona distinta de la parte ejecutada, la autoridad
judicial, oídas las partes personadas, ordenará levantar el
embargo, a menos que el proceso se siga contra la parte ejecutada
en concepto de heredera o heredero de quien apareciera como dueño
en el registro o que el embargo se haya trabado teniendo en cuenta
tal concepto.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si la inscripción
del dominio a nombre de persona distinta de la parte ejecutada
fuera posterior a la anotación del embargo, se mantendrá éste y se
estará a lo dispuesto para el tercer adquirente contemplado en este
Libro.Artículo 720 Titulares de derechos posteriormente inscritos.
La autoridad judicial comunicará la
existencia de la ejecución, a los titulares de derechos que figuren
en la certificación registral y que aparezcan en asientos
posteriores al del derecho de la parte ejecutante, si su domicilio
consta en el registro.
Los demás titulares de derechos adquiridos con posterioridad a la
ejecución, no serán notificados, pero podrán intervenir si
acreditan la inscripción de su derecho en el registro.
Cualquier titular de derechos, inscritos con posterioridad al
gravamen que se ejecuta, podrá subrogarse en los derechos de la
parte ejecutante, si paga el principal, intereses y costas
generadas hasta el momento del pago. La autoridad judicial oficiará
de este hecho al registro, a fin de que quede constancia mediante
nota al margen del número de la finca.Artículo 721 Tercer adquirente
Quien pase a ser tercer adquirente
del inmueble objeto de embargo después de haberse ejecutado éste, y
antes de su enajenación, podrá personarse en la ejecución
acreditando la inscripción de su título, sin que se suspenda el
curso del proceso.
El tercer adquirente podrá liberar el bien antes de su enajenación,
pagando lo que se deba a la parte acreedora por principal,
intereses y costas, dentro de los límites de la responsabilidad a
que esté sujeto el bien.
Artículo 722 Inscripción de la adquisición
La persona adquirente de un bien
ejecutado, sea por vía de acuerdo o subasta, podrá inscribir su
derecho en los registros correspondientes.
Artículo 723 Cancelación de cargas
A instancia de la persona adquirente,
la autoridad judicial expedirá mandamiento de cancelación al
Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, de la
anotación o inscripción del gravamen que haya originado el remate o
la adjudicación, así como de todas las inscripciones y anotaciones
posteriores, haciéndose constar en el mismo mandamiento que el
valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe
total del crédito de la parte ejecutante y, en el caso de haberlo
superado, que se retuvo el remanente a disposición de las o los
interesados.
Artículo 724 Comunicación de la ejecución a los ocupantes
Cuando conste en el proceso que el
inmueble embargado o hipotecado está ocupado por personas distintas
a la parte ejecutada o de quienes convivan con ella, de oficio o a
solicitud de parte, la autoridad judicial ordenará que se les
notifique la existencia de la ejecución, convocándolos a una
audiencia en un plazo no mayor de cinco días, en la que podrán
alegar y probar lo que consideren oportuno respecto a su derecho de
permanecer en el inmueble.
La autoridad judicial resolverá por medio de auto no recurrible, la
situación de los ocupantes respecto al inmueble, declarando que el
ocupante u ocupantes considerados de mero hecho o sin título
suficiente, deberán desalojarlo o que tienen derecho a permanecer
en el mismo, una vez que éste se haya enajenado en la ejecución,
dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro
adquirente. La anterior declaración se publicará en el anuncio de
la subasta.
Artículo 725 Posesión judicial y ocupantes del inmueble
La persona adquirente podrá entrar en
posesión del inmueble que no se hallare ocupado, y del que se
hubiera declarado que los ocupantes no tenían derecho a proseguir
en la ocupación tras la adjudicación. En este caso se procederá al
lanzamiento en un plazo de treinta días, sin perjuicio de las
acciones que los ocupantes quieran ejercer en vía ordinaria.
TÍTULO V
EJECUCIÓN DE HACER, NO HACER Y DAR
Capítulo I
Ejecución de obligaciones de hacer no personalísimo
Artículo 726 Solicitud y
requerimiento
Cuando la parte ejecutante solicite
el cumplimiento de una obligación que consista en la realización de
una obra material, la autoridad judicial dictará auto admitiendo la
solicitud y ordenará requerir a la persona obligada para que
cumpla, en los términos que establece el título de ejecución,
dentro del plazo que le establezca, de acuerdo con la naturaleza de
la obligación y las circunstancias del caso. El plazo señalado para
el inicio del cumplimiento no podrá exceder de diez
días.Artículo 727 Medidas de garantía
Cuando la obligación que se pretenda
ejecutar no pudiera ser cumplida de forma inmediata y esa demora
pudiera poner en peligro la efectividad de su ejecución, la
autoridad judicial a instancia de la parte ejecutante, podrá
ordenar la adopción de las medidas de garantía que considere
oportunas y adecuadas al caso.
Si la medida de garantía consiste en el embargo, éste deberá
alcanzar cuantos bienes sean suficientes para asegurar el
cumplimiento de la obligación principal y los intereses que dicha
suma hubiera podido devengar, y responder por la indemnización de
daños y perjuicios, más las costas de ejecución. El embargo se
levantará cuando la parte ejecutada preste caución suficiente
fijada por la autoridad judicial en el momento de acordarlo.
Artículo 728 Incumplimiento de la obligación, sustitución o
indemnización
La falta de cumplimiento de la
obligación dentro del plazo judicialmente otorgado, así como el
cumplimiento contraviniendo el contenido, determinará que la parte
ejecutante pueda optar que se faculte a un tercero para realizarla
a costa de la parte ejecutada, o que se le indemnice por los daños
y perjuicios sufridos. En este último caso se procederá a
cuantificarlos, conforme se previene en las normas sobre
liquidación de cantidades de este Código.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando el título
contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento de
la obligada u obligado, en cuyo caso se procederá conforme a
ella.Artículo 729 Cumplimiento por tercero
En caso que la parte ejecutante opte
por el cumplimiento de la obligación por tercero, se valorará el
costo de la obra mediante presupuesto presentado por la parte
ejecutante o, si no lo presenta, mediante pericia ordenada por la
autoridad judicial. Determinado el costo, se procederá al embargo y
enajenación de bienes de la parte ejecutada hasta obtener la
cantidad fijada. En ese momento, la autoridad judicial previa
designación por la parte ejecutante, nombrará al tercero encargado
para cumplir la obligación.
En cualquier momento antes del encargo, la parte acreedora podrá
proponer la realización de la obligación por su propia cuenta, en
cuyo caso percibirá de la parte deudora la cantidad
fijada.Artículo 730 Cumplimiento de hacer jurídico
Admitida la solicitud de la parte
ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de transmitir,
modificar o constituir un derecho real sobre un inmueble, o de
cancelar total o parcialmente el título de una obligación
extinguida, vencido el plazo concedido a la parte ejecutada en la
sentencia para que lo cumpla, sin que lo haya verificado, procederá
la autoridad judicial en nombre de aquél al otorgamiento de la
escritura en el protocolo del juzgado a costa de la interesada o
interesado.Artículo 731 Cumplimiento de la publicación de una sentencia
Cuando la sentencia ordene la
publicación total o parcial de su contenido en medios de
comunicación a costa de la parte ejecutada, admitida la solicitud
de la parte ejecutante, se requerirá a la o el obligado para que en
el plazo que determine la autoridad judicial que no podrá exceder
de veinte días, contrate la publicación conforme lo ordenado en la
sentencia.
Si la parte ejecutada incumpliera la obligación, la parte
ejecutante podrá contratar la publicación a costa de la parte
ejecutada. Para ello, se procederá a determinar el costo de la
publicación, mediante presupuesto aportado por la parte ejecutante
o de las tarifas vigentes en el respectivo medio de comunicación.
Determinado el costo, se procederá al embargo de bienes en cantidad
suficiente para cubrirlo.
Capítulo II
Ejecución de obligaciones de hacer personalísimas
Artículo 732 Solicitud y
requerimiento
Admitida la solicitud de la parte
ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de hacer
personalísimo, la autoridad judicial requerirá a la obligada u
obligado en los términos que establece el título de ejecución. La
obligada u obligado deberá cumplir dentro del plazo que la
autoridad judicial estime necesario, de acuerdo con la naturaleza
de la obligación y las circunstancias del caso. El plazo señalado
para el inicio del cumplimiento no podrá exceder de diez días. En
el requerimiento se advertirá a la parte ejecutada que si no
cumple, se informará al Ministerio Público para lo que
corresponda.Artículo 733 Medidas de garantía
En los casos en que la obligación que
se pretenda ejecutar no pudiera ser cumplida de forma inmediata, y
esa demora pudiera poner en peligro la efectividad de su ejecución,
la autoridad judicial a instancia de la parte ejecutante, podrá
ordenar la adopción de las medidas de garantía que considere
oportunas y adecuadas al caso.
Si la medida de garantía consiste en el embargo, éste deberá
alcanzar cuantos bienes sean suficientes para asegurar el
cumplimiento de la obligación principal, así como la indemnización
por daños y perjuicios y las costas de la ejecución. El embargo se
levantará cuando la parte ejecutada preste caución suficiente, que
será fijada por la autoridad judicial en el momento de
acordarlo.
Artículo 734 Alegaciones de la parte ejecutada
La parte ejecutada podrá indicar la
autoridad judicial, en el plazo que se le haya concedido para
cumplir la obligación, los motivos por los que se niega a cumplir,
así como rebatir el carácter personalísimo de la prestación
debida.
Si la autoridad judicial admite el carácter no personalísimo de la
obligación y la parte ejecutada sigue sin cumplirla, la ejecución
proseguirá para obtener la indemnización por los daños y perjuicios
derivados del incumplimiento, conforme lo dispuesto en este Código
para la ejecución de obligaciones de hacer no
personalísimas.Artículo 735 Incumplimiento de la obligación y opción de la
parte ejecutante
La falta de cumplimiento o de
alegaciones dentro del plazo judicialmente otorgado, determinará
que la parte ejecutante pueda optar entre obtener el cumplimiento
de la obligación, o la entrega de un equivalente en dinero que
incluya la indemnización por los daños y perjuicios que haya
sufrido.
En este último caso la ejecución proseguirá para obtener la
cuantificación conforme se previene en las normas sobre liquidación
de cantidades en este Código, e imponiendo la autoridad judicial a
la parte ejecutada una sola multa que, sobre la base del precio o
contraprestación satisfechos, podrá llegar a la mitad de dicha
cantidad o del valor que se atribuya genéricamente a la
obligación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando el título
contenga una disposición expresa para el caso de incumplimiento de
la parte deudora, procediéndose conforme a ella.Artículo 736 Ejecución por la o el obligado y sanciones
Cuando se opte por el cumplimiento
específico, se impondrá a la parte ejecutada una multa por cada mes
que transcurra sin cumplir la obligación. La multa mensual podrá
llegar al veinte por ciento del precio o valor de la
contraprestación satisfecha, que se atribuya generalmente a la
obligación.
Transcurrido un año sin cumplimiento de la obligación o sin que se
hubiera iniciado dicho cumplimiento, si lo solicita la parte
ejecutante, la autoridad judicial ordenará la sustitución del mismo
por la entrega del equivalente en dinero, o por cualquier medida
esencialmente análoga, adecuada para la satisfacción de la parte
ejecutante.
Capítulo III
Ejecución de obligaciones de no hacer
Artículo 737 Solicitud y
requerimiento
Admitida la solicitud de la parte
ejecutante denunciando que la o el obligado a no hacer alguna cosa
ha realizado lo que tenía prohibido, la autoridad judicial
requerirá a la o el obligado para que deshaga lo indebidamente
hecho si fuera posible, se abstenga de volver a hacer lo prohibido
o de seguir haciéndolo, con la advertencia de que si no cumple se
informará al Ministerio Público para lo que corresponda.
Por el quebrantamiento de la obligación, la parte ejecutada deberá
indemnizar los daños y perjuicios causados a la parte ejecutante,
la que se cuantificará conforme se previene en las normas sobre
liquidación de cantidades en este Código.Artículo 738 Incumplimiento en caso de posibilidad de
deshacer
A la parte ejecutada que de forma
inmediata no deshaga lo indebidamente hecho siendo posible, se le
impondrán multas. Éstas se impondrán por cada mes que transcurra
sin deshacerlo, y la cuantía de cada multa podrá llegar al veinte
por ciento del valor que se atribuya generalmente a la
obligación.Artículo 739 Imposibilidad de deshacer
Si no fuera posible deshacer lo
indebidamente realizado, la obligación se sustituirá por la
indemnización por los daños y perjuicios causados a la parte
ejecutante, que se cuantificarán conforme se previene en las normas
sobre liquidación de cantidades de este Código.Artículo 740 Reiteración del quebrantamiento de la obligación de
no hacer
Cuantas veces la o el obligado a no
hacer alguna cosa quebrante dicha obligación, se procederá en los
términos señalados en los artículos anteriores, sin perjuicio de
informar al Ministerio Público si los hechos fueran constitutivos
de delito y de que se imponga una multa a partir del segundo
incumplimiento.
Capítulo IV
Ejecución de obligaciones de dar
Artículo 741 Obligación de entrega de
cosas genéricas o indeterminadas
Cuando la persona obligada a entregar
cosa genérica o indeterminada incumpla dicha obligación, la parte
ejecutante podrá pedir que se le ponga en posesión de las cosas
debidas o, alternativamente, que se sustituya la obligación
incumplida por el pago del equivalente de su valor previa
determinación si fuera necesario y de la indemnización por los
daños y perjuicios que hayan podido causarse.Artículo 742 Obligación de entrega de cosas muebles
determinadas
Admitida la solicitud de la parte
ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de entrega de
una cosa mueble determinada, la autoridad judicial pondrá de forma
inmediata a la parte ejecutante en posesión de la misma, empleando
para ello los medios que considere más idóneos. También ordenará si
es el caso, que la transmisión se inscriba en el registro público
que corresponda, sin que sea necesaria para dicha inscripción la
intervención de la o el obligado.
En caso que la cosa no pudiera ser hallada, su entrega se
sustituirá por la indemnización por los daños y perjuicios causados
al ejecutante.Artículo 743 Obligación de entrega de inmuebles
Admitida la solicitud de la parte
ejecutante instando el cumplimiento de la obligación de entregar un
bien inmueble, la autoridad judicial se ajustará a los términos del
título de ejecución y de forma inmediata pondrá a la parte
ejecutante en posesión del mismo, empleando para ello los medios
que considere más idóneos.
Al momento de poner en posesión se levantará acta, haciendo constar
el desarrollo de la ejecución, el lanzamiento de sus ocupantes y la
puesta en posesión de la parte ejecutante en el inmueble; así como
el aparente estado en que se encuentra el bien
inmueble.Artículo 744 Entrega de inmuebles ocupados
En caso que el inmueble estuviera
ocupado por personas extrañas a la parte ejecutada se les
notificará la existencia de la ejecución, para que en el plazo de
diez días presenten en el juzgado los títulos que justifiquen su
ocupación. Si las o los ocupantes carecieran de título o éste fuera
insuficiente, se procederá al lanzamiento en un plazo de treinta
días.
Cuando el inmueble estuviera ocupado por la parte ejecutada o por
quienes dependan de ella, siempre que no se trate de la vivienda de
uso familiar, se procederá al lanzamiento en un plazo de treinta
días, prorrogables por una sola vez por el mismo período.
Si el inmueble fuera la vivienda de uso familiar de la parte
ejecutada o de quienes dependan de ella, se le dará un plazo de
noventa días para desalojarlo. Transcurrido el plazo señalado, se
procederá al inmediato lanzamiento.
Capítulo V
Liquidación de cantidades
Artículo 745 Liquidación de daños y
perjuicios
La determinación en ejecución forzosa
de la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios, o del
equivalente en dinero de una obligación no dineraria, se realizará
previa solicitud escrita a la que se acompañará relación detallada
de los distintos conceptos, con su respectivo importe, y con las
justificaciones o informes que considere procedentes.
La solicitud se pondrá en conocimiento de la parte contraria para
que dentro del plazo de diez días pueda:
1) Contestar aceptando expresamente la liquidación propuesta por la
parte acreedora, en cuyo caso la aprobará la autoridad judicial, y
se continuará la ejecución conforme lo dispuesto para las
obligaciones de dinero;
2) No contestar en el plazo señalado o contestar sin concretar su
oposición a la solicitud de la parte acreedora; en tal caso, se
considerará que la o el obligado acepta tácitamente la liquidación
y la autoridad judicial procederá igual que en el numeral
anterior;
3) Contestar presentando oposición motivada, de la que se le
entregará copia a la parte acreedora, sustanciándose el incidente
por los trámites del proceso sumario, que finalizará mediante auto,
en el que se fijará la cantidad que deba pagarse a la persona
solicitante.
Artículo 746 Liquidación de frutos o rentas
La determinación en ejecución de la
cantidad debida en concepto de frutos, rentas, utilidades o
productos de cualquier clase, se llevará a cabo requiriendo a la
parte deudora para que presente una propuesta de liquidación que
deberá atenerse a las bases que estableciese el título. La
propuesta se presentará en el plazo que fije la autoridad judicial
de acuerdo a las circunstancias del caso.
Si la parte acreedora estuviera conforme con la propuesta, la
autoridad judicial la aprobará, continuándose la ejecución de
acuerdo con lo dispuesto para las obligaciones de pago de
dinero.
Si la parte acreedora se opusiera a la liquidación, se sustanciará
como incidente, que finalizará mediante auto, fijándose la cantidad
que deba pagarse a la persona solicitante.
En caso que la parte deudora no presentara la liquidación, podrá la
parte acreedora presentar la que considere justa. La parte
ejecutada podrá hacer las observaciones o los reparos que considere
pertinentes, teniéndose por consentidas las partidas que no sean
observadas o reparadas y prosiguiendo las actuaciones su trámite
como incidente.
Artículo 747 Rendición de cuentas
Para la ejecución de una condena a
rendir cuentas de una administración y entregar el saldo
resultante, se seguirá lo dispuesto en el artículo anterior sobre
liquidación de frutos o rentas, fijándose el plazo para que la o el
obligado presente las cuentas en atención a la importancia y
complejidad de la administración.
TÍTULO VI
EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PRENDARIAS
Capítulo único
Del procedimiento
Artículo 748 Procedimiento aplicable
El pago de deudas garantizadas con
hipoteca o prenda podrá exigirse judicialmente, dirigiendo la
pretensión de ejecución directa y exclusivamente contra los bienes
hipotecados o pignorados, siguiéndose los trámites previstos para
la ejecución de dinero, y se aplicarán necesariamente las
especialidades que se regulan en este Título.Artículo 749 Demanda de ejecución
La demanda de ejecución deberá
dirigirse necesariamente contra la parte deudora, contra la o el
propietario del bien en caso que lo haya y contra un tercero
adquirente de los bienes.Artículo 750 Requisitos de la demanda para la ejecución
hipotecaria
Para que proceda la ejecución directa
y exclusiva sobre bienes hipotecados, además de los requisitos
generales de la demanda para la ejecución de títulos no judiciales
en lo que sea pertinente, serán necesarios los siguientes
requisitos especiales:
1) En caso de compraventa, el valor de ésta; 2) El valor del monto
del crédito;
3) El saldo del principal que presenta la parte acreedora conforme
sus registros contables;
4) El porcentaje de los intereses corrientes o legales y los
moratorios;
5) El valor de tasación del bien hipotecado contenido en el cuerpo
de la escritura aceptado por las o los otorgantes y que servirá de
base para la subasta;
6) En defecto de lo anterior, el valor de tasación del bien
hipotecado se determinará conforme lo establecido para la ejecución
dineraria, que se regula en el artículo denominado tasación de los
bienes embargados referido a la enajenación y subasta de los bienes
embargados de este Libro;
7) El domicilio de la parte deudora, y en su caso el señalado por
la o el propietario del bien hipotecado, para notificaciones y
requerimientos; y
8) Relación de la certificación registral donde conste que la
hipoteca se encuentra vigente, hasta el día anterior a la fecha de
presentación de la demanda.Artículo 751 Anexos de la demanda para la ejecución
hipotecaria
A la demanda se deberán acompañar,
además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en lo
pertinente, los siguientes:
1) La escritura pública donde conste la constitución de la
hipoteca;
2) Certificación registral donde conste que la hipoteca se
encuentra vigente, hasta el día anterior a la fecha de presentación
de la demanda. En caso de las cedulas o bonos hipotecarios, la
certificación podrá ser parcial, comprendiendo solo la finca o
fincas objeto de la ejecución;
3) El documento emitido por contadora o contador público autorizado
en el que conste haberse practicado las operaciones de cálculo que
arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el
despacho de ejecución;
4) Los justificantes de las diversas partidas de cargo y abono;
y
5) El documento que acredite haberse avisado previamente el
vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible la parte
deudora y la fiadora si lo hubiere, de conformidad con la ley de la
materia;
Para la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles
constituidas a favor de una entidad que legalmente pueda emitir
cédulas hipotecarias, o que al iniciarse el procedimiento,
garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos
hipotecarios, se acompañará además de los anexos establecidos en
los numerales 1) y 2) de este artículo, la cédula o el bono
hipotecario donde conste el crédito, que deberá cumplir los
requisitos que este Código y el Decreto No. 1824, Ley General de
Títulos Valores exigen para dictar despacho de
ejecución.Artículo 752 Actualización del valor del inmueble hipotecado
Cuando se observe una diferencia
sustancial, entre el valor de adquisición del inmueble hipotecado y
el precio base de la ejecución, pactado por las partes para la
subasta, a petición de la parte ejecutada en el escrito de
oposición o de oficio, se procederá al nombramiento de la o el
perito, conforme el procedimiento establecido en el artículo
denominado tasación de los bienes embargados, referido a la
enajenación y subasta de los bienes embargados referidos en este
Código.
Para efectos de la aplicación de este artículo, se entiende como
diferencia sustancial un valor de adquisición del inmueble
hipotecado que sea, al menos, un treinta por ciento mayor que el
precio base de la ejecución.Artículo 753 Requisitos de la demanda para la ejecución
pignoraticia
Para que proceda la ejecución directa
y exclusiva sobre bienes pignorados, además de los requisitos
generales exigidos para la demanda de ejecución de títulos no
judiciales, serán también exigibles los especiales contenidos en la
disposición que regula los requisitos para la demanda de ejecución
hipotecaria, en lo pertinente.Artículo 754 Anexos de la demanda para la ejecución
pignoraticia
A la demanda se deberán acompañar,
además de los anexos establecidos para la demanda ordinaria en lo
pertinente, los siguientes:
1) El documento donde conste la constitución de la prenda;
2) El documento contable en que conste haberse practicado las
operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad
determinada por la que se pide el despacho de ejecución;
3) Los justificantes de las diversas partidas de cargo y
abono;
4) El documento que acredite haberse avisado previamente el
vencimiento del plazo para pagar la cantidad exigible a la parte
deudora y la fiadora si lo hubiera; y
5) Certificación registral donde conste que la prenda se encuentra
vigente, hasta el día anterior a la fecha de presentación de la
demanda, cuando la ley exija tal inscripción.
Artículo 755 Competencia para conocer de la ejecución de bienes
hipotecados o pignorados
Será competente para conocer de la
ejecución de los bienes hipotecados o pignorados el juzgado de
Distrito Civil del domicilio de la parte demandada; en su defecto,
el del lugar donde esté ubicado el bien. Si el bien está ubicado en
más de un departamento, será competente el juzgado de Distrito
Civil de cualquiera de los lugares donde esté situado el bien. Esta
última regla se aplicará también cuando sean varias fincas o bienes
situados en diferentes departamentos.Artículo 756 Requerimiento de pago
Dictado el despacho de ejecución, se
requerirá de pago a la parte deudora y en caso que lo haya, a la o
el propietario del bien hipotecado o pignorado, previniéndole que
de no pagar en el acto del requerimiento, se procederá a subastar
el bien, y que deberá señalar domicilio en la sede del juzgado para
futuras notificaciones; se le prevendrá también que tiene el
derecho a oponerse a la ejecución, por escrito dentro de los cinco
días siguientes a partir del requerimiento de pago. El
requerimiento se notificará al tercero adquirente, para que la
sentencia le depare perjuicio.Artículo 757 Certificación de dominio, cargas, gravámenes u
otros derechos reales
En caso de ejecución de bienes
hipotecados, la autoridad judicial mandará al Registro Público de
la Propiedad Inmueble y Mercantil que libre certificación,
especificando si sobre el inmueble hipotecado cuya ejecución se
pide pesan otras cargas o gravámenes u otros derechos reales.
Si conforme la certificación registral, se observa la existencia de
cargas, gravámenes u otros derechos reales, se estará a lo
dispuesto a las normas especiales sobre la subasta de bienes
inmuebles, regulada en este Código.Artículo 758 Tercero adquirente inscrito y los acreedores
posteriores
El tercero adquirente del bien
hipotecado, podrá intervenir en la ejecución o liberar el bien
antes de la adjudicación, pagando el importe del crédito más los
intereses y costas, en los límites de la responsabilidad a que esté
sujeto el bien.
Si de la certificación registral se desprendiera la existencia de
cargas o derechos reales, constituidos con posterioridad a la
hipoteca que garantiza el crédito de la parte ejecutante, se estará
a lo dispuesto para la subasta de bienes inmuebles.Artículo 759 Motivos de oposición a la ejecución
La parte ejecutada solo podrá
oponerse a la ejecución alegando:
1) Falta de competencia del juzgado ante el que se insta la
ejecución; 2) Extinción de la garantía o de la obligación
garantizada, acreditada mediante la correspondiente certificación
registral de cancelación de la garantía real, o mediante escritura
pública de cancelación de la hipoteca, o recibo de pago y documento
de cancelación de la deuda, extendido por su acreedor hipotecario,
su apoderada, apoderado o representante legal debidamente
acreditado en el cuerpo del documento; 3) Error en la determinación
de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo
que arroje el cierre de una cuenta entre la parte ejecutante y
ejecutada. Para que se admita esta causa, el saldo que arroje la
documentación de la parte deudora en la que figuran los asientos de
la cuenta, debe ser distinto del que resulte de la presentada por
la parte ejecutante;
4) Bastará que la parte ejecutada exprese con la debida precisión,
los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la
entidad, cuando se haya convenido que la entidad acreedora sea la
que certifique la cantidad exigible en caso de ejecución de saldo,
referido a cierre de cuentas corrientes u operaciones similares, al
amparo de contratos mercantiles otorgados por entidades
financieras; y
5) Que los bienes sobre los que recae la ejecución de prenda sin
desplazamiento, están sujetos a otra garantía real, o a un embargo
anterior al gravamen que se ejecuta, siempre que este hecho se
acredite con la correspondiente certificación
registral.Artículo 760 Trámite de la oposición y decisión
La oposición deberá formularse por
escrito dentro de los cinco días siguientes a partir del
requerimiento de pago. La autoridad judicial procederá a suspender
la ejecución y convocará a las partes a una audiencia, que se
celebrará dentro de los tres días siguientes a la citación. Las
partes harán las alegaciones que estimen oportunas, y solo se
admitirá prueba documental.
La autoridad judicial resolverá mediante auto en la audiencia. Si
desestima la oposición, mandará reanudar la ejecución. Si estima la
oposición por las causales contempladas en los numerales 2) y 4)
del artículo 759 sobre motivos de oposición a la ejecución, pondrá
fin a la ejecución y levantará las medidas de administración o
depósito que se hubieran acordado. Si estima la oposición por la
causal del numeral 3) del mismo artículo, resolverá que siga la
ejecución, fijando la cantidad que corresponda y si esa cantidad es
igual a cero, pondrá fin a la ejecución.
Los autos que pongan fin a la ejecución serán apelables. Los que
ordenen su continuación serán irrecurribles.Artículo 761 Oposición diferida para el proceso declarativo
La parte deudora, el tercero
adquirente y cualquier otra persona interesada que tuviera un
motivo para oponerse a la ejecución que no se halle comprendido en
el artículo referido a los motivos de la oposición a la ejecución,
deberán hacer valer su oposición en el proceso declarativo que
corresponda, dentro de los diez días siguientes al requerimiento,
sin que la pendencia simultánea de este proceso, pueda afectar o
suspender el proceso de ejecución de la garantía real.
Los motivos de oposición serán entre otros, los referidos a la
nulidad del título, vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la
deuda.
La oposición se presentará por escrito, ante la misma autoridad
judicial que esté conociendo de la ejecución, identificando la
causa y relacionando de manera sucinta la existencia del proceso de
ejecución que la motiva, señalando los motivos de oposición y el
pedimento de tomar las medidas que considere necesarias, para
garantizar los derechos cuya tutela solicita.
En el escrito de oposición, la parte ejecutada podrá solicitar la
retención de todas o parte de las cantidades que deban entregarse a
la parte acreedora, como resultado del proceso de ejecución de la
garantía real, para asegurar la efectividad de la sentencia que se
dicte, si le fuere favorable. A esta solicitud se acompañarán los
documentos que la justifiquen.
La autoridad judicial decretará la retención si considera
suficientes las razones que se aleguen. La retención, a que se
refiere el párrafo anterior solo se decretará si previamente la
parte ejecutada presta garantía proporcional, conforme lo
establecido para forma y cuantía de la caución en las medidas
cautelares reguladas en este Código.
Dicha garantía estará destinada a responder por los intereses
moratorios dejados de percibir por las cantidades retenidas y el
resarcimiento por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a
la parte acreedora, salvo los casos contemplados en el artículo
relativo a la exención de la prestación de caución.
La parte acreedora ejecutante podrá solicitar a la autoridad
judicial que se levante la medida decretada, conforme lo dispuesto
en el párrafo anterior; si previamente rinde garantía por la
cantidad retenida, la autoridad judicial levantará la
retención.Artículo 762 Suspensión por tercería de dominio
La admisión de la demanda de tercería
de dominio suspenderá la ejecución respecto a los bienes demandados
en tercería, siguiéndose el procedimiento con los demás bienes no
afectados por la tercería.
La demanda de tercería de dominio que
se presente en estas ejecuciones, solo se admitirá si se acompaña
de:
1) El título de propiedad del bien a ejecutarse, de fecha
fehaciente anterior a la constitución de la garantía; o
2) La certificación de inscripción de dominio vigente a favor del
tercerista o de su causante, con fecha anterior a la inscripción de
la garantía.Artículo 763 Suspensión por prejudicialidad penal
La suspensión de la ejecución de una
garantía real por prejudicialidad penal, procederá solo cuando se
acredite la existencia de un proceso penal sobre cualquier hecho de
apariencia delictiva, que determine la falsedad del título, o la
invalidez o ilicitud del mandamiento de ejecución.Artículo 764 Administración de la finca o bien hipotecado
La parte acreedora ejecutante desde
su escrito de solicitud de ejecución o transcurridos cinco días
desde el requerimiento, podrá pedir en administración la entrega de
los bienes hipotecados, procediéndose a lo pedido si la parte
ejecutada no hubiera pagado en el acto del requerimiento y la
autoridad judicial considera que se ajusta a la naturaleza de los
bienes. Con los frutos, rentas o productos que perciba la parte
acreedora, cubrirá los gastos de explotación y conservación de la
finca o del bien, y con el remanente podrá ir cubriendo su propio
crédito.
Si hubiera más de un acreedor hipotecario, corresponderá la
administración al que sea preferente, si lo pide. Si fueran de la
misma categoría en el orden de prelación, cualquiera de ellos podrá
pedirla en beneficio común, prorrateándose entre los créditos de
todos ellos el remanente a que se refiere el párrafo
anterior.
Si la finca estuviera ocupada por un tercero, se le notificará la
administración judicial, indicándole que queda obligado a efectuar
al administrador, los pagos que debiera hacer al propietario,
incluidas en su caso las rentas vencidas y no pagadas, si así se
pactó en el contrato de hipoteca.
La medida a que se refiere este artículo durará dos años, período
que podrá ser ponderado por la autoridad judicial atendiendo las
circunstancias del caso. La parte acreedora rendirá la autoridad
judicial, cuentas de su gestión, en los términos establecidos para
la entrega de los bienes en administración conforme a las reglas de
la ejecución forzosa contenidas en este Código.Artículo 765 Medidas en relación a los bienes pignorados
Los bienes pignorados sujetos a este
procedimiento de ejecución, se depositarán en la persona que
designe la parte acreedora o la autoridad judicial.
El depósito se ordenará en el auto de mandamiento de
ejecución.
Los vehículos depositados se precintarán y no podrán ser
utilizados, salvo que cumplan con la prestación de un servicio
público, ya sea de transporte o de cualquier otra naturaleza
conforme leyes de la materia, en cuyo caso se nombrará a una
persona interventora.
Cuando la parte deudora, terceros depositarios o poseedores de los
bienes pignorados, no restituyan la prenda objeto del depósito, la
autoridad judicial ante el desacato o desobediencia, denunciará
ante la autoridad competente para lo de su cargo, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, sin perjuicio de la acción penal
que puedan ejercer los afectados.Artículo 766 Convocatoria de la subasta de bienes
hipotecados
Transcurrido el plazo para la
oposición sin que se hubiera hecho uso de este derecho o una vez
desestimada la oposición, la autoridad judicial dictará providencia
ordenando la subasta del inmueble hipotecado, señalando lugar,
fecha, día y hora para su realización, así como la publicación del
aviso, conforme lo establecido en la norma referida a la
convocatoria de la subasta.
Toda subasta se publicará en extracto por medio de tres avisos, que
se fijarán en el local del juzgado y en un periódico de circulación
nacional. La convocatoria se realizará, al menos con veinte días de
antelación a la fecha de su celebración, que se indicará en el
propio anuncio, así como el lugar y hora de la subasta.
La subasta de bienes hipotecados se regirá por lo dispuesto en este
Código para la subasta de bienes inmuebles. En estos procesos de
ejecución podrá utilizarse también la enajenación mediante
acuerdo.Artículo 767 Enajenación de los bienes pignorados
Constituido el depósito de los bienes
pignorados, se procederá a su ejecución, de conformidad con lo
establecido para la subasta de bienes inmuebles.Artículo 768 Pago del crédito hipotecario y aplicación del
remanente
Con el precio que resulte de la
subasta se procederá de forma inmediata:
1) A pagar a la parte ejecutante las cantidades que consistan en el
principal de su crédito y los intereses devengados; además los
intereses generados durante la tramitación del proceso y las costas
causadas, que no podrán exceder del veinticinco por ciento de la
obligación principal;
2) Si hubiera remanente, se pondrá a disposición de los titulares
de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien
hipotecado, que comparecieron al proceso; y
3) Si todavía quedara algún remanente del precio de adjudicación,
una vez satisfechos las y los acreedores posteriores que hubiera,
se entregará el importe a la o el propietario del bien hipotecado.
Pero si la o el propietario del bien fuera el propio deudor, el
remanente se le entregará a éste en su totalidad.
Lo dispuesto en este artículo sobre
la entrega de cantidades, no se aplicará cuando se hubiera ordenado
en alguna otra ejecución.
Cumplido lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la
autoridad judicial mandará que se cancele la hipoteca que
garantizaba el crédito de la parte ejecutante y las inscripciones y
anotaciones posteriores si las hubiera.Artículo 769 Ejecución por falta de pago de una parte del
principal, o de los intereses
El proceso de ejecución regulado en
este Título, podrá utilizarse para reclamar el pago de una parte
del capital del crédito o de los intereses, cuya devolución esté
fijada a plazos y con garantía real. Esta estipulación deberá estar
expresamente pactada por las partes en la escritura de hipoteca e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y
Mercantil y que la cantidad que se reclame sea exigible y de plazo
vencido.
Si para el pago de alguno de los plazos del capital o de los
intereses fuere necesario enajenar el bien hipotecado, y aun
quedaren por vencer otros plazos de la obligación, se verificará la
venta en subasta pública por el precio pactado expresamente por las
partes o el justiprecio del inmueble conforme se establece en este
Código.
Realizada la subasta, del valor total de la venta del inmueble, la
autoridad judicial procederá:
1) A pagar a la parte acreedora el
monto total de las cuotas vencidas por las que se despachó
ejecución, más los intereses legales, moratorios y las costas del
proceso; 2) A otorgar la escritura de transmisión del inmueble con
la hipoteca, asumiendo la persona adjudicataria la parte del
crédito no vencido; y
3) En caso de existir remanente, lo entregará a la parte
deudora.Artículo 770 Reclamación por el total de lo adeudado en caso de
vencimiento anticipado por falta de pago de una de las cuotas
Cuando las partes hubieran pactado
que la falta de pago de una de las cuotas provoca el vencimiento
anticipado del plazo para el pago de la totalidad de la deuda, y
dicha cláusula constara en la escritura de constitución de la
garantía real o en documento público aparte, debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, la
parte acreedora podrá instar la ejecución para reclamar la
totalidad de los saldos debidos, en concepto de principal e
intereses pendientes de pago, señalándose el monto por este
concepto en el despacho de ejecución.
Cuando se solicitara la ampliación de la ejecución en la forma
prevista en este Código, la parte acreedora podrá también pedir
que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad
de la deuda, se comunique a la parte deudora que, hasta el día
señalado para la celebración de la subasta, tiene la posibilidad de
depositar o pagar la cantidad exacta por el principal y los
intereses que estuvieren vencidos a la fecha de presentación de la
solicitud de ejecución, ampliándose la misma con las cuotas e
intereses que se vayan venciendo y no hayan sido pagados. Si la
parte ejecutada no deposita o paga las cuotas reclamadas,
continuará la ejecución por la totalidad de lo debido, conforme al
párrafo anterior.
Cuando el bien hipotecado fuera la vivienda de uso familiar de la
parte deudora, ésta podrá hacer valer, aun sin el consentimiento de
la parte acreedora, la posibilidad prevista en el párrafo
siguiente, depositando las cantidades de plazo vencido. Esta
facultad, la parte deudora podrá hacerla valer también en una
segunda y última ocasión.
El depósito o pago regulado en los dos párrafos anteriores, podrá
efectuarse hasta el mismo día señalado para la subasta. Si cumple
los requisitos señalados en este artículo, el depósito o pago dará
lugar a la liquidación de las costas; una vez satisfechas estas, la
autoridad judicial dictará auto poniéndole fin a la ejecución. Lo
mismo se acordará cuando el pago lo realice un tercero con el
consentimiento de la parte ejecutante.
Artículo 771 Reclamación por el total de lo adeudado en caso de
otras causales de vencimiento anticipado
Cuando por disposición de ley o
cuando las partes hubieran pactado otras causales de vencimiento
anticipado distintas de la establecida en el artículo anterior
sobre reclamación por el total de lo adeudado en caso de
vencimiento anticipado por falta de pago de una de las cuotas, en
caso de incumplimiento de la parte deudora, la parte acreedora
también podrá instar la ejecución para reclamar la totalidad de los
saldos debidos en concepto de principal e intereses pendientes de
pago, señalándose el monto por este concepto en el despacho de
ejecución.
LIBRO SÉPTIMO
ACTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto, aplicación y competencia
Artículo 772 Objeto y ámbito de
aplicación
El presente Libro tiene por objeto
regular aquellos actos que no tengan señalado un procedimiento en
este Código, en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, en
los cuales sea necesaria o se solicite la intervención de la
autoridad judicial y notaria o notario público, sin estar empeñada
ni promoverse cuestión alguna entre las partes conocidas y
determinadas y sin que al verificarlo, la autoridad judicial y
notaria o notario público, adquiera poder para obligar a alguien a
hacer o no hacer alguna cosa contra su voluntad.
Artículo 773 Carácter complementario de la norma
A lo no previsto en este Libro, se
aplicarán las demás disposiciones de este Código.
Artículo 774 Competencia
Los juzgados de Distrito y Locales de
lo Civil son competentes para conocer y resolver en razón de la
cuantía, los actos de jurisdicción voluntaria regulados en este
Libro.
Cuando los actos de jurisdicción voluntaria estén referidos a
bienes inmuebles será competente la autoridad judicial del lugar
donde esté ubicado el bien inmueble.
Las notarias y notarios públicos serán competentes para conocer
sólo los actos de jurisdicción voluntaria relativos a
consignaciones, inventarios, subastas legales o voluntarias no
ejecutivas, aposición y levantamiento de sellos, y aquellos otros
asuntos que por ley les sean atribuidos.Artículo 775 Impedimento de trámite
Resuelto un proceso voluntario, no
podrá iniciarse otro de la misma naturaleza sobre idéntico objeto,
y entre los mismos interesados.
Cuando se tramiten simultáneamente ante la autoridad judicial y
notaria o notario público, dos o más actos de jurisdicción
voluntaria con idéntico objeto y sujetos, en los casos en que ambos
tengan competencia, proseguirá la tramitación del que primero se
hubiera iniciado y se acordará el archivo de los
posteriores.Artículo 776 Oposición en los actos de jurisdicción
voluntaria
El escrito de oposición en los actos
de jurisdicción voluntaria deberá reunir los requisitos de una
demanda. La autoridad judicial mediante auto admitirá a trámite la
oposición en proceso sumario y ordenará el archivo definitivo del
proceso voluntario. Con la sentencia se resolverá la oposición y el
fondo del asunto.
Cuando la oposición surja en casos tramitados por notaria o notario
público, éste deberá remitir las diligencias a la autoridad
judicial competente.
Capítulo II
Procedimiento común a los actos de jurisdicción
voluntaria
Artículo 777 Legitimación
Los titulares de derechos o de un
interés legítimo sobre determinada materia, podrán promover actos
de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos.Artículo 778 Comparecencia de las y los interesados, defensa
técnica y comunicación procesal
En los actos de jurisdicción
voluntaria no será preceptiva la intervención de abogada o abogado.
Si la persona solicitante o alguno de las o los interesados
pretendiera ser representado por un apoderado, éste deberá ser
abogada o abogado. Si la persona notificada pretendiera valerse
también de apoderado, lo comunicará a la autoridad judicial y
notaria o notario público, dentro de los tres días
siguientes.Artículo 779 Intervención de la Procuraduría General de la
República
La Procuraduría General de la
República, será parte en los casos que legalmente se
disponga.Artículo 780 Intervención del representante de la
municipalidad
En los actos de jurisdicción
voluntaria se oirá al representante de la municipalidad que
corresponda, a fin de que, cuando proceda, emita su dictamen en
audiencia, para lo cual la autoridad judicial le notificará la
solicitud, entregando las copias de ley. La omisión de dicha
notificación acarreará la nulidad absoluta de la audiencia.
La representación de la municipalidad, actuará como parte, cuando
la ley de manera expresa así lo disponga.Artículo 781 Intervención de persona ajena a la o el
solicitante
Si quien promueve un acto de
jurisdicción voluntaria solicita que intervenga otra persona, la
autoridad judicial y notaria o notario público, la citará y le
concederá la intervención solicitada.Artículo 782 Iniciación de las actuaciones
Los actos de jurisdicción voluntaria
se iniciarán por quien esté legitimado, mediante solicitud escrita,
en la que se consignarán los datos de identificación de la o el
solicitante, su domicilio, lo que se pide con claridad y precisión
y se acompañarán los documentos que considere de interés, con las
copias correspondientes.
También se consignarán los datos de identificación, así como el
domicilio o domicilios de las personas que deban ser citadas.
La solicitud podrá efectuarse en papel sellado de ley, o en
formulario que facilite la expresión de los extremos a que se
refieren los párrafos anteriores.
La Corte Suprema de Justicia elaborará y aprobará los modelos de
formularios impresos.Artículo 783 Apreciación de oficio de la competencia
Presentada la solicitud, la autoridad
judicial examinará de oficio su competencia objetiva y territorial.
La notaria o notario público lo hará en cuanto a su competencia en
razón de la materia. Si se carece de competencia, se denegará la
solicitud, indicando quien es el competente, procediendo a su
remisión.Artículo 784 Días hábiles
Para los actos de jurisdicción
voluntaria son días hábiles todos los días del año, salvo los
domingos, y los que por ley vaquen los tribunales de justicia, así
como los feriados nacionales, legalmente autorizados.
De oficio o a petición de parte, la autoridad judicial puede
habilitar días y horas inhábiles, en aquellos casos en que se trate
de actuaciones urgentes cuya demora pueda causar
perjuicio.Artículo 785 Archivo de expedientes
Los expedientes que se formen sobre
los actos de jurisdicción voluntaria, se archivarán de la misma
manera que los procesos contenciosos.
Si se diera copia de todo o parte del proceso, se dejará en los
autos testimonio de este hecho, con expresión de su
contenido.Artículo 786 Prohibición de acumulación
Los actos de jurisdicción voluntaria
no serán acumulables a ningún proceso contencioso.Artículo 787 Admisión de la solicitud y citación de las o los
interesados
Admitida la solicitud, se convocará a
las personas interesadas y a quienes hayan de intervenir, a una
audiencia que se celebrará dentro de los cinco días siguientes de
la notificación. En este acto se entregará la copia de la solicitud
y de los documentos que la acompañen.Artículo 788 Celebración de la audiencia
La audiencia se sustanciará conforme
el proceso sumario regulado en este Código.
La autoridad judicial oirá a las personas que la ley disponga y
podrá acordar a instancia de la persona solicitante, la
intervención de aquéllos cuyos derechos o intereses pudieran verse
afectados por la resolución del proceso.
Si se plantearan cuestiones que impidan la continuación del
proceso, oídos los comparecientes, se resolverá en la misma
audiencia.Artículo 789 Resolución
La autoridad judicial y notaria o
notario público, emitirá su fallo oralmente en la audiencia y
dictará su resolución por escrito en el plazo de cinco días
contados desde su terminación, o de la última diligencia
practicada.
Los autos y sentencias que ponen fin a estos procesos no adquieren
el carácter de cosa juzgada; en consecuencia no impedirán el inicio
de un proceso contencioso posterior, con el mismo
objeto.Artículo 790 Recursos
Contra la resolución definitiva
denegatoria cabrá el recurso de apelación.
Las resoluciones dictadas por notarias o notarios públicos, serán
apelables ante el Tribunal de Apelaciones respectivo, según el
domicilio de la persona solicitante.Artículo 791 Concurrencia de proceso contencioso
La autoridad judicial y la notaria o
notario público, podrán acordar la suspensión de los actos de
jurisdicción voluntaria, cuando se acredite la existencia de un
proceso contencioso, cuya resolución pudiera afectarle. La
suspensión se levantará cuando finalice el proceso
contencioso.
La autoridad judicial y notaria o notario público darán por
finalizados los actos de jurisdicción voluntaria y acordarán su
archivo, cuando se acredite la pendencia de un proceso contencioso
con idéntico objeto, o cuando exista resolución firme en el
mismo.Artículo 792 Caducidad del expediente
Se tendrán por abandonados los actos
de jurisdicción voluntaria si a pesar del impulso de oficio de las
actuaciones, las o los interesados no lo impulsaran en el plazo de
cuatro meses, contados desde la última notificación
practicada.
Contra la declaración de la caducidad solo habrá el recurso de
reposición.Artículo 793 Inventario de bienes y efectos
Cuando durante la tramitación de un
acto de jurisdicción voluntaria haya de formarse inventario total o
parcial del patrimonio de una persona, la resolución que lo apruebe
solo tendrá efectos respecto a ese proceso.
TÍTULO II
DE LA GUARDA DE BIENES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 794 Ámbito de aplicación
Las disposiciones de este Título se
aplicarán a lo previsto en el Código Civil para la guarda de los
bienes del desaparecido o ausente, o a una herencia yacente que no
tenga albacea nombrado y a la parte deudora que se
oculte.Artículo 795 Competencia
Será competente el juzgado Local o de
Distrito Civil del lugar en que el ausente o el causante haya
tenido su último domicilio y si lo hubiere tenido en país
extranjero, el del lugar de su último domicilio en Nicaragua, o el
del lugar en que tenga la mayor parte de sus bienes.Artículo 796 Oposición, custodia y administración de bienes
Si durante la sustanciación del
proceso hubiera oposición al nombramiento de guardador en los casos
que fija el Código Civil, la guarda y administración de sus bienes
quedará a cargo del guardador nombrado, bajo la misma fianza que
haya rendido o las garantías que la autoridad judicial estimara
suficientes, conforme lo establecido en el Código
Civil.Artículo 797 Discernimiento del cargo de guardador
Aceptado el cargo de guardador, la
autoridad judicial ordenará otorgar la fianza, hipoteca u otra
garantía en cantidad proporcional a los bienes objeto de guarda,
mediante escritura pública conforme las leyes. Una vez rendida la
garantía, la autoridad judicial le autorizará para que ejerza su
cargo y le conferirá las facultades de ley.
La guarda estará sujeta a la vigilancia de la autoridad judicial
que le haya discernido el cargo y de la Procuraduría General de la
República.Artículo 798 Entrega y administración de los bienes
Hecho el nombramiento y discernido el
cargo de guardador, si fuere conocido el caudal de bienes, se le
entregará al guardador por inventario que se unirá al proceso si no
constare en éste. Igual entrega y con la misma formalidad, se hará
de los títulos y documentos que se refieran a dichos bienes.
Si el caudal no fuera conocido, para los efectos de este artículo
el guardador deberá presentar un inventario simple del caudal de
bienes, dentro del plazo de treinta días, formado con intervención
y asistencia de la Procuraduría General de la República y de dos
parientes más próximos de la persona objeto de la guarda, y si no
los hubiera, de dos vecinos de arraigo designados por la autoridad
judicial. La autoridad judicial, funcionaria o funcionario
inventariante nombrará a la persona un guardador especial para que
lo represente durante la confección del inventario.
Si el guardador probara que los bienes son demasiado exiguos para
soportar el gasto de confección del inventario, la autoridad
judicial, mandando a oír a la Procuraduría General de la República,
podrá eximir de la obligación de inventariar solemnemente dichos
bienes y exigir solo un apunte privado, bajo la firma del guardador
y de la Procuraduría General de la República.
Cuando la o el testador no haya fijado el porcentaje que recibirá
el guardador en calidad de retribución, sobre el monto de las
rentas líquidas de los bienes, la autoridad judicial por medio de
auto señalará la remuneración a la que tiene derecho el guardador,
e igualmente la que recibirán otros guardadores conforme la ley.
Dicha remuneración no podrá ser mayor al diez por ciento sobre el
monto de las rentas liquidas de los bienes.Artículo 799 Intervención de la Procuraduría General de la
República
En general, siempre que se exija al
guardador autorización judicial para celebrar algún acto o
contrato, deberá oírse dentro de tercero día a la Procuraduría
General de la República. Una vez vencido el plazo la autoridad
judicial resolverá.Artículo 800 Rendición de cuenta
El guardador deberá rendir cuenta
anual o cuando la autoridad judicial lo requiera de la gestión y
administración de los bienes en papel común ante la autoridad
judicial correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
Código Civil.
Sobre las cuentas que el guardador rindiera durante el ejercicio de
su cargo, siempre tendrá intervención la Procuraduría General de la
República.Artículo 801 Remoción del guardador
Se solicitará la remoción del
guardador, conforme las causas establecidas en la ley de la
materia, la que se discutirá y resolverá mediante el proceso
sumario y podrá ser solicitada por:1) La Procuraduría General de la República; y 2) Quienes tengan
interés en la protección de los bienes objeto de guarda.
El guardador que sucede a otro en el
cargo, recibirá los bienes con las mismas solemnidades ya
expresadas, teniéndose a la vista el anterior inventario para
anotar las diferencias. Inmediatamente que se le discierna el
cargo, el guardador deberá pedir a su predecesor o a sus herederos
y herederas, la rendición judicial de las cuentas de la guarda y la
posesión de los bienes.
Capítulo II
De la guarda provisional y definitiva
Artículo 802 Ámbito de aplicación
Las disposiciones de este Capítulo se
aplicarán a lo previsto en el Código Civil, para la guarda de los
bienes del desaparecido o ausente, a los que constituyen una
herencia que no ha sido aceptada y tampoco le haya sido nombrado
albacea y a la parte deudora que se oculte.Artículo 803 Legitimación
Podrán solicitar la guarda de los
bienes, sin orden de prelación:
1) El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho estable;
2) Las herederas o herederos presuntos;
3) Los padres y las madres;
4) Las personas que tengan interés en la conservación de los
bienes, las y los acreedores y consocios;
5) La o el cónsul respectivo, si la persona fuera extranjera;
y
6) La Procuraduría General de la República.
Artículo 804 Reglas procedimentales para la guarda
provisional
Cuando se solicite el nombramiento de
guardador o guardadora provisional en los casos de desaparición, se
aplicará lo establecido en el Código Civil en cuanto no se oponga a
lo dispuesto en este Capítulo.
En la solicitud de guarda provisional se expresará el nombre,
domicilio y demás datos de localización de las o los parientes más
próximos si fueren conocidos, para hacerla de su
conocimiento.
Admitida la solicitud, se tramitará conforme el procedimiento común
establecido en este Libro. Para asistir a la audiencia, se
notificará a las o los parientes señalados y a la Procuraduría
General de la República y se ordenará publicar la admisión mediante
edictos, conforme lo dispuesto en este Código, señalando que podrá
intervenir en la audiencia quien tenga interés en el nombramiento
de guardador provisional de los bienes.
La autoridad judicial podrá adoptar de oficio o a instancia de la o
el interesado, las medidas urgentes necesarias para la protección
del patrimonio del ausente.
Si en la audiencia se propusiera la práctica de algún medio
probatorio o actuación útil para la averiguación del paradero de la
persona de que se trate, la autoridad judicial podrá acordar su
práctica con posterioridad.
En la sentencia la autoridad judicial declarará la ausencia legal,
y nombrará al guardador provisional, a quien se le discernirá el
cargo y recibirá los bienes del ausente para su administración y la
autoridad judicial revocará las medidas acordadas. El nombramiento
de guardador podrá recaer con preferencia en el cónyuge o
conviviente en unión de hecho estable, en cualquiera de las y los
herederos presuntos y a falta de éstos, en alguno de los que tengan
mayor interés en la conservación de los bienes del
ausente.Artículo 805 Reglas procedimentales para la guarda
definitiva
Cuando se solicite el nombramiento de
guardador definitivo para el ausente, se aplicará lo establecido en
el Código Civil en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este
Capítulo.
Las personas reputadas como herederas testamentarias o legítimas,
podrán solicitar se decrete la guarda definitiva y reclamar la
entrega de los bienes del ausente, expresando el nombre y último
domicilio de éste, justificando aquéllas circunstancias, debiendo
acompañar la sentencia en la que conste el nombramiento del
guardador provisional.
Admitida la solicitud, se ordenará el llamado del ausente mediante
la publicación de cuatro edictos, con intervalo de cuatro meses en
un periódico de circulación nacional; transcurrido dicho plazo sin
que se haya presentado el ausente, las partes podrán solicitar se
señale la audiencia, conforme el procedimiento común establecido en
este Libro, notificando a las herederas o herederos y a la
Procuraduría General de la República.
La sentencia que declare la presunción de fallecimiento, solo podrá
pronunciarse cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos
en el párrafo anterior, nombrando al guardador definitivo del
ausente, nombramiento que podrá recaer en el guardador provisional
si hubiera sido nombrado. Si la guarda no recae en el guardador
provisional, la autoridad judicial ordenará el cese de la misma, la
rendición de cuentas y la entrega de bienes.Artículo 806 Procedimiento común
Para la tramitación de la guarda
provisional y la guarda definitiva del ausente, se procederá de
conformidad a lo establecido en este Libro.Artículo 807 Hechos posteriores a la declaración de ausencia o
fallecimiento
Si declarada la ausencia legal o el
fallecimiento, se presentara alguna persona diciendo ser la que fue
declarada ausente o fallecida, la autoridad judicial convocará a
una audiencia citando a dicha persona, a la Procuraduría General de
la República y a quienes hayan intervenido en la declaración de
ausencia; en la audiencia será identificada la persona por los
medios adecuados, y la autoridad judicial dictará resolución por la
que se dejará sin efecto o se ratificará la resolución de
declaración de ausencia o fallecimiento.
Si el presunto ausente o fallecido no se presentó al proceso, pero
se tuvieran noticias de su supuesta existencia en paradero
conocido, se le notificará personalmente la resolución de
declaración de ausencia o fallecimiento, requiriéndole para que en
la audiencia referida en el párrafo anterior, aporte las pruebas de
su identidad, citando a los que allí se expresan.
Podrá decretarse la suspensión de la actuación del guardador de la
persona declarada ausente, hasta la celebración de la audiencia, si
la persona que dijera ser el desaparecido lo solicitara y
presentara identificación documental, que la autoridad judicial
considerara suficiente para ello.
Si se tuviera noticia de la muerte del desaparecido después de la
declaración de ausencia o de fallecimiento, previa celebración de
audiencia a la que se citará a los interesados y a la Procuraduría
General de la República, y en la que se practicarán las pruebas
pertinentes para la comprobación del fallecimiento, la autoridad
judicial resolverá sobre la revocación de la resolución, dejando
sin efecto las medidas adoptadas, y archivará las
diligencias.
TÍTULO III
REPOSICIÓN, RECTIFICACIÓN, NULIDAD Y CANCELACIÓN DE PARTIDAS DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
Capítulo único
Disposiciones generales
Artículo 808 Ámbito de aplicación
Se aplicarán las disposiciones de
este Capítulo a los casos de reposición, rectificación, nulidad y
cancelación de las partidas del Registro del Estado Civil de las
Personas, conforme el Código Civil y las leyes, los que se
tramitarán conforme lo regulado en este Título.Artículo 809 Legitimación y competencia
Podrá solicitar la reposición,
rectificación, nulidad o cancelación de una partida:
1) La o el interesado cuando sea mayor de edad;
2) Las parientes o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad
en línea ascendente, descendente y colateral, en caso de los niños,
niñas o adolescentes;
Serán competentes para conocer y resolver:1) La autoridad judicial Local Civil del domicilio de la persona
interesada;
2) Las notarias o notarios públicos
cuando se trate de rectificación en caso de error evidente de
conformidad con la ley.
Artículo 810 Reglas procedimentales
Para la solicitud podrá utilizarse
formularios que elaborará y aprobará la Corte Suprema de
Justicia.
La solicitud podrá ser denegada razonablemente en los siguientes
casos:
1) Por no ser la persona solicitante una de las señaladas en el
artículo anterior sobre legitimación y competencia;
2) Cuando a juicio de la autoridad judicial las testigas o los
testigos no reúnan las calidades exigidas o no confirmaren en lo
principal lo dicho por la persona solicitante.
Las resoluciones sobre las
reposiciones podrán impugnarse:
1) Probando la no identidad personal, esto es cuando la partida que
se pretende reponer no corresponde al verdadero nombre de la
persona beneficiada.
2) Probando la falsedad de su contenido.
3) Cuando se recurre a este medio para cambiar la identidad.
La Procuraduría General de la
República podrá en todo tiempo impugnar la validez de la partida
repuesta.
TÍTULO IV
DE LOS DERECHOS REALES
Capítulo I
Mensura, deslinde y amojonamiento
Artículo 811 Ámbito de aplicación
Las disposiciones de este Capítulo se
aplicarán a los casos de: Mensura, Deslinde y Amojonamiento,
regulados en el Código Civil, para determinar:
1) Las medidas de las fincas; y
2) Los límites de fincas contiguas y en su caso, señalarlos con
mojones.
Este Capítulo será aplicable también en la partición de bienes y
cesación de comunidad, cuando proceda.Artículo 812 Legitimación
Están legitimados para promover este
proceso:
1) Toda persona propietaria de un predio; 2) La persona titular de
un derecho real de uso, usufructo y poseedor a nombre propio sobre
alguna de las fincas:
3) Las herederas y herederos, sus acreedores y todos los que tengan
en la sucesión algún derecho declarado legalmente; y
4) Otras personas interesadas conforme el Código Civil y las
leyes.Artículo 813 Reglas procedimentales
El proceso se iniciará mediante
solicitud expresando:
1) La descripción de las fincas; 2) Si el deslinde ha de
practicarse en todo el perímetro de la finca, o solamente en una
parte que colinde con inmueble determinado;
3) Los nombres y domicilios de las personas que deban ser citadas
al acto, o señalar que ignoran estas circunstancias; y
4) El nombre y datos de identificación de los peritos o la
solicitud para que la autoridad judicial los designe.
A la solicitud se acompañará el
título de propiedad, o del derecho real que corresponda.
Admitida a trámite la solicitud, la autoridad judicial señalará día
y hora para la práctica del deslinde y amojonamiento sobre el
terreno, citando a todas las personas interesadas, con la
anticipación necesaria para que puedan concurrir con su respectivo
título de propiedad o del derecho real que corresponda. Las
personas desconocidas o de domicilio ignorado serán citadas por
edictos.
A la práctica del deslinde y amojonamiento concurrirá la autoridad
judicial, la secretaria o secretario judicial, la parte
solicitante, las o los peritos y demás interesados. No se
suspenderá la práctica del deslinde y el amojonamiento por falta de
asistencia de alguno de las o los colindantes, aunque hubiera sido
pedido, quedando a salvo su derecho para demandar en el proceso que
corresponda, la posesión o propiedad de que se creyera despojado a
causa del deslinde referido. Si antes o durante la práctica del
deslinde y amojonamiento se formulara oposición por algunos de las
o los colindantes, se archivará definitivamente el proceso en
cuanto a la parte de la finca del opositor, y podrá continuar el
deslinde y amojonamiento del resto de la finca, si así lo pide la
parte solicitante y no se oponen los otros colindantes. La
oposición se sustanciará y resolverá mediante los trámites del
proceso sumario.
Si todas las personas interesadas discreparan sobre la delimitación
de la finca o la fijación de mojones, la autoridad judicial
acordará el archivo definitivo, conforme lo previsto en el párrafo
anterior.
En el acto del deslinde y amojonamiento, las o los peritos
señalarán, a fin de que conste en el acta, todas las circunstancias
que den a conocer la línea divisoria de las fincas, los mojones
colocados o mandados a colocar, su dirección y distancia de uno a
otro, con expresión de sus rumbos topográficos, si no fuere posible
establecer las coordenadas geográficas de cada uno de dichos
mojones. Del acta se dará copia a las personas interesadas.
Si no pudiera terminarse la diligencia en un día, se suspenderá
para continuarla el día siguiente o el inmediato posible, sin
necesidad de nuevas citaciones.
Terminada la diligencia la autoridad judicial convocará a una
audiencia a las partes para que aleguen lo que a su derecho
convenga y a las o los peritos, para que presenten los planos o
levantamiento topográfico y los documentos que correspondan. Si se
formulara oposición, se archivará el proceso.Artículo 814 Mensura
En ningún caso se procederá a la
medida y remedida de un terreno, sin que previamente se hayan
fijado sus linderos conforme lo dispuesto en este Capítulo.
Si el terreno medido fuera del Estado o del municipio, la o el
colindante que se considere perjudicado por los límites, podrá
pedir que se rectifiquen, de acuerdo con lo prescrito en este
Capítulo.Artículo 815 Resolución
La autoridad judicial mediante
sentencia aprobará el deslinde, amojonamiento y la medida si
procediere, y extenderá certificación de ésta, que será título
suficiente para su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y Mercantil. Asimismo, entregará a la persona
interesada los planos o levantamiento topográfico
correspondiente.
Capítulo II
Del título supletorio
Artículo 816 Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente
Capítulo se aplicarán para la obtención de título supletorio,
cuando habiendo existido en poder de la persona propietaria el
correspondiente título de propiedad, que contiene su derecho de
dominio y posesión y que éste se haya inutilizado, extraviado,
desaparecido o destruido. Para tal fin, deberá demostrarse
fehacientemente que el protocolo donde constaba la escritura no
existe, según constancia emitida por la Dirección General de
Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos de la Corte
Suprema de Justicia.
Además se acreditará que no existe y que no conste su inscripción a
nombre de la persona solicitante ni de ninguna otra, en el Registro
Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
Artículo 817 Legitimación
Podrá solicitar título supletorio, el
titular del derecho de propiedad que se encontrara en las
circunstancias señaladas en el artículo anterior, sobre el ámbito
de aplicación.Artículo 818 Competencia territorial
Será competente para conocer de la
solicitud, el juzgado de Distrito o Local Civil del lugar donde se
encontrara el inmueble objeto de la solicitud, en razón de la
cuantía.Artículo 819 Requisitos de la solicitud
La solicitud de título supletorio
deberá contener, bajo pena de ser rechazada por la autoridad
judicial, los siguientes requisitos:
1) El nombre de la persona
solicitante, sus datos de identidad y dirección domiciliaria; 2) La
naturaleza urbana o rural de la finca, su número registral o
catastral si lo hubiera, su ubicación dentro de la circunscripción
territorial que compete a la autoridad judicial, la extensión
superficial expresada a través del sistema métrico decimal, los
linderos y los gravámenes que pesan sobre la finca; 3) Cuando el
bien inmueble no esté identificado en el catastro fiscal, bastará
con señalar el número que conste en la certificación que extienda
el catastro municipal, donde lo hubiere; 4) El valor por el cual
adquirió el derecho de propiedad, su extensión, linderos y los
gravámenes que pesaban sobre la finca; 5) El nombre completo del
transmitente u otorgante del derecho; 6) Expresión de haber estado
o estar en posesión material del bien inmueble;
7) Nombres y apellidos de las
personas propietarias de las fincas limítrofes o colindantes; 8)
Acreditar fehacientemente que el título de dominio se ha perdido y
que resulta imposible encontrarlo, o bien, que se ha deteriorado de
tal manera que se hace ilegible y que el protocolo donde se
encontraba la escritura no existe, según constancia emitida por la
Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios
Públicos de la Corte Suprema de Justicia. Y que no conste su
inscripción a nombre de la persona solicitante ni de ninguna otra,
en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil; y 9)
Proponer los medios de prueba para acreditar los hechos que motivan
la solicitud.
A la solicitud deberá
acompañarse:
1) Certificación registral y catastral que acredite que el
transmitente tenía la disponibilidad del derecho de propiedad
adquirido por la persona solicitante. Si la finca aún no estuviera
catastrada, deberán acompañarse las certificaciones emitidas por el
Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil y el catastro
municipal; 2) Plano topográfico de la finca, elaborado por un
profesional autorizado debidamente por la entidad competente;
3) Certificación registral de no encontrarse inscrito el
derecho de propiedad a nombre de la persona solicitante; y 4)
Constancia emitida por la Dirección General de Registro y
Control de Abogados y Notarios Públicos de la Corte Suprema de
Justicia, de que el protocolo donde se refleja la escritura pública
no existe.
Artículo 820 Reglas procedimentales
Para la admisión de la solicitud y su
tramitación, se procederá conforme lo dispuesto en el procedimiento
común que regula este Libro, con las especialidades
siguientes:
1) El proceso se iniciará mediante solicitud, en la que se
expresarán los requisitos señalados en el artículo anterior sobre
requisitos de la solicitud;
2) Admitida a trámite la solicitud, será publicada en extracto en
un medio de comunicación escrito de circulación nacional, sin
perjuicio de su publicación en la página web que para ello creare
la Corte Suprema de Justicia. La publicación por edicto se
realizará conforme las disposiciones generales de este
Código.
El extracto deberá contener, el
nombre de la persona solicitante, el nombre de quien aparece en el
registro como titular del derecho transmitido a la persona
solicitante, los datos registrales y catastrales de la finca si los
hubiere, área y linderos del terreno, ubicación del inmueble dentro
de la circunscripción territorial y el juzgado que está tramitando
el expediente.
De las publicaciones, se presentará la página original del diario
en la que conste la fecha de publicación. De las publicaciones en
la página web, se presentará la certificación expedida por la o el
responsable del sistema informático, o de quien sea designado al
efecto;
3) Quien tenga igual o mejor derecho,
podrá oponerse desde el siguiente día de la primera publicación del
edicto, hasta treinta días después de la última publicación. 4) Si
no hay oposición, la autoridad judicial convocará a la persona
solicitante, colindantes, a la Procuraduría General de la República
y a la Alcaldía Municipal, para la inspección obligatoria sobre el
inmueble, señalando lugar, día y hora para tal efecto.
5) A la práctica de la inspección concurrirán, bajo pena de
nulidad, la autoridad judicial asistida de la secretaria o
secretario y la o el perito autorizado, para verificar los datos
descritos en la solicitud y en el plano topográfico. También
deberán asistir los representantes de las instituciones convocadas.
Si la persona interesada no comparece a la inspección, se
archivarán las diligencias y se le condenará en costas a favor del
Poder Judicial.
6) En el acto de inspección la autoridad judicial recibirá el
testimonio de las o los testigos, y de las personas propietarias
colindantes de la finca, quienes deberán presentar el instrumento
inscrito que haga fe de su condición.
Concluida la inspección, y acreditado
el derecho de propiedad de la persona solicitante, la autoridad
judicial dictará sentencia conforme lo dispuesto en el Capítulo
referido al procedimiento común de los actos de jurisdicción
voluntaria, declarando con lugar la solicitud y ordenando al
registro competente la inscripción en el Libro de Propiedades,
Sección de derechos reales a favor de la persona solicitante. En
caso contrario, la autoridad judicial denegará la solicitud del
título supletorio.
Artículo 821 Oposición a la solicitud
La oposición se tramitará conforme lo
dispuesto en el artículo 791 sobre concurrencia del proceso
contencioso regulado en este Libro.Artículo 822 Recursos
La sentencia que deniegue el título
supletorio admite únicamente el recurso de apelación.
TÍTULO V
DE LAS OBLIGACIONES
Capítulo I
Consignación
Artículo 823 Ámbito de aplicación
Cuando, conforme al Código Civil u
otra disposición legal, proceda el depósito de la cosa debida por
la persona deudora, se seguirá el procedimiento común de los actos
de jurisdicción voluntaria regulado en este Libro.
Artículo 824 Competencia
Será competente para conocer sobre la
solicitud de consignación, el juez o la jueza Local Civil del
domicilio de la persona deudora y las notarias o notarios
públicos.
Artículo 825 Reglas procedimentales y resolución
El que promueva la consignación,
además de los requisitos generales expresará en la solicitud, la
cantidad o cosa debida y su ofrecimiento a la persona acreedora y
la designación del domicilio donde deba ser notificada ésta o su
representante.
Si la obligación es de cantidad líquida, la o el consignante
acompañará a la solicitud el documento que acredite su depósito en
cuenta de la Corte Suprema de Justicia, cuando se haga ante la
autoridad judicial; si es la entrega de una cosa, señalará el lugar
donde ésta se encuentre y solicitará a la autoridad judicial el
nombramiento de la persona o establecimiento en que se depositará
la cosa y que responderá por la entrega del bien.
Admitida la solicitud y cumplidos los requisitos de ley, se
notificará a la persona acreedora la consignación y se convocará a
una audiencia a los intervinientes.
Si la persona acreedora comparece a la audiencia y acepta la cosa
ofrecida en pago, la funcionaria o funcionario por medio de auto
resolverá, declarando hecha la consignación y extinguida la
obligación para los efectos del pago, librando la certificación a
solicitud de la persona deudora.
Si la persona acreedora no comparece y no se cumplen los requisitos
establecidos para el pago por consignación según el Código Civil,
se dictará auto rechazándola, ordenando la devolución de la cosa
depositada y el archivo definitivo de las diligencias.
Si la persona acreedora no comparece y se cumplen los requisitos
establecidos para el pago por consignación según el Código Civil,
se dictará auto declarando válida la consignación y extinguida la
obligación, se librará certificación y se ordenará el archivo
definitivo de las diligencias.
Si no comparecen la persona deudora ni acreedora, se ordenará el
archivo definitivo de las diligencias y la devolución de la
cantidad o cosa consignada.
Si comparece la persona acreedora y se opone de manera total o
parcial a la consignación, la funcionaria o funcionario dictará
auto expresando las circunstancias, ordenando el archivo definitivo
de las diligencias y remitiendo a la persona acreedora a hacer uso
de su derecho en el plazo de diez días en el proceso sumario;
mandará a retener la cantidad depositada, la que se devolverá una
vez vencido el plazo anterior, si no se hubiera presentado la
demanda correspondiente.
Cuando proceda la consignación de manera parcial o total, se
ordenará a la persona depositaria la entrega a la persona acreedora
de la cantidad o bienes consignados. De igual forma se procederá en
los casos de los párrafos quinto, sexto y séptimo de este
artículo.
La oposición deberá hacerse en forma de demanda y se presentará
ante la misma la autoridad judicial, notaria o notario público que
conoció de los actos de jurisdicción voluntaria; en caso de
ventilarse ante notaria o notario público, éste remitirá las
diligencias ante la autoridad judicial competente.
Capítulo II
Subastas legales o voluntarias no ejecutivas
Artículo 826 Ámbito de aplicación
Se aplicarán las disposiciones de
este Capítulo, cuando por expresa disposición legal, mandato
judicial o por voluntad de la persona interesada, se solicite la
enajenación de bienes o derechos determinados, en subasta, fuera
del proceso de ejecución forzosa.
Artículo 827 Competencia
Será competente para conocer sobre la
solicitud de subastas, independientemente de la cuantía, la jueza o
juez Local o de Distrito Civil del domicilio de la persona
solicitante, y la notaria o notario público.
Artículo 828 Reglas procedimentales
La solicitud deberá ir acompañada de
los documentos siguientes:
1) El mandato judicial cuando corresponda; 2) Los que acrediten la
capacidad legal de la persona solicitante para contratar;
3) Los que acrediten su poder de disposición sobre la cosa u objeto
de la subasta;
4) Cuando se trate de bienes o derechos registrables, se acompañará
certificación registral de dominio y cargas; y
5) El pliego de condiciones, en base a las cuales ha de celebrarse
la subasta. En el caso de subastas puramente voluntarias, podrá
señalar la valoración de los bienes o derechos a subastar, que
puede establecerse por las partes y no se admitirá postura que no
cubra el valor de los bienes.
Artículo 829 Actuaciones previas a la celebración de la
subasta
De estimarse procedente la solicitud,
se acordará la venta.
La realización de la subasta se sujetará a lo acordado por la
persona interesada y en lo pertinente según lo establecido para la
enajenación y subasta de los bienes embargados, de conformidad a
este Código.
En caso de existir personas arrendatarias u ocupantes del bien
inmueble de cuya enajenación se trate, la persona solicitante
deberá identificarlos en su solicitud, o en cualquier momento
anterior al anuncio de la subasta, procediéndose en este caso, en
la forma prescrita en las normas especiales sobre la subasta de
bienes inmuebles, de conformidad a este Código.
TÍTULO VI
DE LAS SUCESIONES
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 830 Competencia
La competencia en materia de
sucesiones, se determinará conforme lo dispuesto en las reglas
generales sobre competencia que fija este Libro.
Capítulo II
Declaratoria de herederas y herederos
Artículo 831 Ámbito de aplicación
Quienes se consideren con derecho a
la herencia de una persona fallecida sin testamento, podrán
promover la declaratoria de herederas y herederos, con arreglo a
las disposiciones del presente Capítulo.
Artículo 832 Legitimación
Están legitimados para promover este
proceso en el siguiente orden:1) Las y los descendientes de la persona fallecida; 2) Sus
ascendientes; 3) Sus colaterales conforme la ley; 4) El o la
cónyuge o conviviente en unión de hecho estable; y 5) El
municipio.
Artículo 833 Reglas procedimentales
La solicitud deberá ir acompañada del
certificado de defunción del causante, así como los documentos que
acrediten el parentesco de la persona solicitante con la persona
fallecida. Si la solicitud no llena los requisitos será denegada,
dejándose a salvo el derecho de la persona solicitante para
ejercerlo como corresponda.
Presentada la solicitud en forma, se mandará a publicar por
edictos, tres veces con intervalo de cinco días en un periódico de
circulación nacional; los edictos también se fijarán en la tabla de
avisos del juzgado, señalando los nombres de los que reclaman la
herencia para que los que se crean con igual o mejor derecho
comparezcan al juzgado dentro de treinta días a partir de la última
publicación.
En caso de presentarse oposición, la autoridad judicial mandará
archivar las actuaciones de jurisdicción voluntaria y la oposición
se tramitará y resolverá mediante el proceso sumario.
Artículo 834 Resolución
Practicadas las diligencias, la
autoridad judicial dictará sentencia declarando heredera o heredero
a la persona solicitante, si la estimara procedente, sin perjuicio
de quien tenga igual o mejor derecho, quien podrá ejercerlo en la
vía que corresponda.
Capítulo III
De la presentación, verificación, apertura y protocolización de
testamentos cerrados
Artículo 835 Ámbito de aplicación
Se aplicará lo dispuesto en el
presente Capítulo para la presentación, verificación, apertura y
protocolización de testamentos cerrados.Artículo 836 Legitimación
Están legitimados para promover este
proceso, la notaria o notario público autorizante, la registradora
o registrador de la propiedad inmueble y mercantil o la persona que
tenga el testamento bajo guarda o en calidad de depósito, así como
quién tenga interés por cualquier concepto.Artículo 837 Competencia
Será competente para conocer de la
solicitud, el juzgado Local o de Distrito Civil del domicilio del
testador, o de la persona a quien le hubiera sido otorgada la
guarda del testamento, el domicilio de la notaria o notario público
autorizante o de la o el registrador de la propiedad inmueble y
mercantil del departamento en que se haya otorgado el
testamento.Artículo 838 Reglas procedimentales y resolución
La notaria o notario público, la o el
registrador y cualquier persona que tenga en su poder un testamento
cerrado, deberá presentarlo a la autoridad judicial competente
inmediatamente después que tenga conocimiento del fallecimiento de
la o el otorgante.
Cualquier interesada o interesado podrá solicitar que se requiera a
la persona que tenga en su poder un testamento cerrado, para que lo
presente ante la autoridad judicial competente, siempre que la o el
peticionario tuviere conocimiento de la existencia del testamento y
que éste no haya sido presentado.
La persona solicitante deberá acreditar el fallecimiento de la o el
otorgante. Si la persona solicitante fuera extraña a la familia del
fallecido, expresará en la solicitud la razón por la que crea tener
interés en la presentación del testamento. En este caso, se citará
por edictos a quienes según la persona solicitante pudieran tener
interés en la herencia.
Transcurridos tres meses desde la notificación sin que ninguna
persona interesada haya comparecido al proceso, se archivarán las
actuaciones, las que podrán reanudarse a solicitud de cualquier
parte interesada.
A solicitud de quien presente el testamento o de otra persona
interesada y una vez acreditado el fallecimiento de la o el
testador, se citará a audiencia a la notaria o notario público
autorizante y, en su caso, a las o los testigos instrumentales que
hubieran intervenido en el otorgamiento, a fin de que reconozcan su
firma y la del testador, declarando además si está cerrado, si
tiene la marca del sello como en el acto de la entrega, y solo
después de dicho reconocimiento se abrirá el testamento.
La autoridad judicial examinará en la audiencia el pliego que
contenga el testamento y hará constar su estado, describiendo los
hechos, si los hubieran, que lo motivan a sospechar que fue abierto
o sufrió alguna alteración, enmienda o raspadura.
Si no pueden comparecer todas las o los testigos, bastará que la
notaria o notario público y las o los testigos instrumentales
presentes, reconozcan sus firmas y la del testador, y acrediten las
de los ausentes.
Si no puede comparecer la notaria o notario público, funcionaria o
funcionario que autorizó el testamento, se interrumpirá la
audiencia, a fin de que la autoridad judicial elija otra u otro
notario público que reemplace al autorizante, para las diligencias
de apertura.
En caso necesario y siempre que la autoridad judicial lo estime
conveniente, podrán ser confirmadas las firmas de la notaria o
notario público y de los testigos ausentes, por declaraciones de
otras personas fidedignas ante la autoridad judicial. A
continuación, la autoridad judicial pondrá su rúbrica al principio
y fin de cada página del testamento, y ordenará por medio de auto,
su incorporación en el protocolo de la notaria o notario público,
quien dará a los interesados los testimonios que pidieren, a su
costa, ordenando también la publicación de dicho auto en un diario
de circulación nacional.
A las personas citadas que hubieran comparecido a la audiencia, se
les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y
declaren bajo promesa, si reconocen como legítimas la firma y
rúbrica que con su nombre aparecen en él, y si está en el mismo
estado que tenía cuando pusieron su firma.
No habiendo comparecido alguna o algunas de las personas citadas,
se preguntará a las demás si las vieron poner su firma y rúbrica y
la autoridad judicial ordenará, si lo considera necesario, el
cotejo de letras y otras diligencias, conducentes a la averiguación
de la autenticidad de las firmas de los que no comparecieron. Si
alguno de las o los testigos no supiera firmar y lo hubiera hecho
otro por él, serán examinados los dos, reconociendo su firma el que
la haya puesto.
Practicadas las diligencias anteriores, y resultando de ellas que
en el otorgamiento del testamento se han guardado las solemnidades
prescritas por la ley y la identidad del pliego, la autoridad
judicial lo abrirá y leerá para sí la disposición testamentaria que
contenga. Acto seguido, procederá a leer el testamento en voz alta,
a no ser que contenga disposición del testador ordenando que la
apertura del testamento se realice en un tiempo determinado, en
cuyo caso la autoridad judicial suspenderá la continuación del
proceso y mandará archivarlo junto con el pliego, hasta que llegue
el plazo designado por la o el testador.
Si la o el testador ha dispuesto que alguna o algunas cláusulas
queden reservadas y secretas hasta cierto tiempo, la lectura se
limitará a las demás cláusulas de la disposición
testamentaria.
Leído el testamento, se dictará auto ordenando su protocolización
en el protocolo del juzgado.
Cuando no resulte de las diligencias practicadas la observancia de
las solemnidades prescritas por la ley, o no haya quedado
acreditada la identidad del pliego, se denegará la protocolización
del testamento y se acordará el archivo del proceso.Artículo 839 Testamento cerrado otorgado en país extranjero
El testamento cerrado otorgado en
país extranjero, por nicaragüenses o extranjeros domiciliados en
Nicaragua, conforme lo establece el Código Civil, se abrirá y
publicará conforme las disposiciones de los artículos
precedentes.
Presentado el testamento con la copia protocolizada de la que habla
el Código Civil, referente al testamento solemne otorgado en país
extranjero, la autoridad judicial acordará la verificación de la
carpeta o cubierta original del testamento por tres peritos
nombrados por la misma; si resultara la conformidad de la cubierta
original con la copia protocolizada y que no hay sospechas de
rotura, cambio o despegadura, y que se han observado las
ritualidades legales, se procederá a la apertura, publicación y
protocolización del testamento, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos anteriores.
Este mismo procedimiento se aplicará para la apertura y publicación
del testamento cerrado privilegiado, regulado en el Código
Civil.
Capítulo IV
De la presentación, verificación y protocolización de testamento
abierto
Artículo 840 Ámbito de aplicación
Se aplicará lo dispuesto en el
presente Capítulo para la presentación, la verificación y
protocolización de testamento abierto, regulados en el Código
Civil.Artículo 841 Legitimación
Está legitimado para promover este
proceso, quien presente el testamento o cualquier persona
interesada.Artículo 842 Competencia
Será competente para conocer de la
solicitud, el juzgado Local o de Distrito Civil del domicilio de la
testadora o testador o de la persona a quien le hubiera sido
otorgada la guarda del testamento, o el del domicilio de la notaria
o notario público autorizante.Artículo 843 Reglas procedimentales y resolución
Cuando el testamento se hubiera
otorgado ante cinco testigos sin intervención de notaria o notario
público, la persona interesada lo presentará a la autoridad
judicial, observando los plazos establecidos para el testamento
abierto en el Código Civil, solicitando por escrito su
protocolización, en el que mencionará el nombre, apellido,
profesión y domicilio de la o el testador y testigos, acompañando
la partida de defunción del testador.
Presentada la solicitud, la autoridad judicial convocará a la
audiencia para que comparezca el cónyuge o conviviente en unión de
hecho estable sobreviviente, si lo hubiera, las o los descendientes
y ascendientes de la o el testador y, en defecto de unos y otros,
los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Si se ignorara la existencia de estas personas, o siendo niñas,
niños, adolescentes o personas con discapacidad o personas
declaradas judicialmente incapaces que carecieran de representación
legítima, se hará la citación a la Procuraduría General de la
República. Se citará también a las o los testigos propuestos por la
persona solicitante, para declarar sobre la autenticidad del
testamento.
En la audiencia la autoridad judicial abrirá el testamento, si
estuviera en pliego cerrado, rubricando todas sus hojas y serán
examinados las o los testigos, con arreglo a lo dispuesto en este
Código. Cuando al menos tres testigos que conozcan la letra y firma
de la o el testador hayan declarado que no tienen duda que el
testamento fue escrito y firmado por el testador, podrá
prescindirse de las declaraciones testificales que faltaran.
A falta de testigos idóneos, o si dudan los examinados, y siempre
que la autoridad judicial lo estime conveniente, podrá emplearse el
cotejo de letras.
Las personas citadas, así como la Procuraduría General de la
República, en su caso, podrán presenciar la práctica de las
diligencias y hacer en el acto, las observaciones que estimen
oportunas sobre la autenticidad del testamento.
Cuando no se haya presentado el testamento escrito y firmado por la
o el testador, cualquier parte interesada podrá solicitar que se
requiera a la persona que lo tenga en su poder, que lo presente
ante la autoridad judicial para su protocolización.
Si de las diligencias practicadas resulta justificada la identidad
del testamento, se dictará auto disponiendo que se protocolice en
el protocolo del juzgado y se expedirá para las o los interesados
las copias que procedan. En otro caso, se denegará la
protocolización y se archivará el expediente.
Capítulo V
De la presentación, verificación y protocolización de
testamentos otorgados en forma oral
Artículo 844 Ámbito de aplicación
Cuando el testamento fuera otorgado
en forma oral, de conformidad a lo que refiere el Código Civil,
sobre el testamento abierto, se aplicará lo dispuesto en el
presente Capítulo, siempre que se pretenda su verificación y
protocolización.
Artículo 845 Legitimación
Podrá promover el expediente regulado
en el presente Capítulo, sin orden de prelación, los
siguientes:
1) La persona que tuviera interés en el testamento; 2) La persona
que hubiera recibido en el testamento, cualquier encargo de la o el
testador; y
3) La persona que con arreglo a las leyes pueda representar sin
poder, a cualquiera de las o los que se encuentren en los casos que
se expresan en los numerales anteriores.
Artículo 846 Competencia
Será competente para conocer de la
solicitud, el juzgado Local o de Distrito Civil del domicilio de la
persona testadora o de la persona a que hubiera recibido de viva
voz las disposiciones de última voluntad del causante.
Artículo 847 Reglas procedimentales y resolución
En la solicitud se expresará el
nombre del policia o militar que haya recibido de viva voz la
última disposición de la persona testadora, los nombres de las o
los testigos que declararán que han oído simultáneamente de boca
del testador todas las disposiciones testamentarias, acompañándose
la certificación que acredite la defunción del causante.
Además se acompañará si existiera, la nota, memoria o soporte de
otros medios técnicos de reproducción de la palabra, el sonido o la
imagen que contenga las disposiciones de la o el testador y que se
haya utilizado al otorgar el testamento.
Admitida la solicitud se convocará a la audiencia y se citará a las
o los testigos, bajo apercibimiento de multa de uno a dos salarios
mínimos si no comparecen.
No concurriendo a la audiencia alguna o algunas de las personas
citadas, sin alegar justa causa que se lo impidiera, la autoridad
judicial la suspenderá señalando nueva audiencia, mandando hacer
efectiva la multa sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Cuando un testigo no compareciera a la audiencia por estar
impedido, podrá pedir a la persona interesada que la autoridad
judicial se traslade a la casa del testigo para recibirle
declaración, después de haber sido examinados los demás testigos; o
que se haga uso del auxilio judicial, conforme lo dispuesto en este
Código.
La prueba aportada deberá ser clara y terminante en cuanto a las
siguientes circunstancias:
1) Que la persona testadora se hallaba en peligro inminente de
muerte; 2) Que la o el testador tuvo el propósito serio y
deliberado de otorgar su última disposición;
3) Que las o los testigos, oyeron simultánea y directamente del
testador todas las disposiciones que quería se tuvieran como su
última voluntad, bien lo manifestara de palabra, leyendo o dando a
leer alguna nota o memoria en que se contuviera; y
4) Que las o los testigos fueron en el número que exige la ley,
según las circunstancias del lugar y tiempo en que se otorgó, y que
reúnen las cualidades que se requieren para ser testigo en los
testamentos.
Cuando exista divergencia en las declaraciones de las o los
testigos, se aprobará como testamento aquello en que todas
estuvieran conformes.
Si la última voluntad se hubiera consignado en nota, memoria o
soporte técnico, se tendrá como testamento lo que de estos resulte,
siempre que todas las o los testigos estén conformes en su
identidad, aun cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus
disposiciones.
Si durante las diligencias de protocolización se presentare
oposición, ésta se tramitará y resolverá mediante el proceso
sumario.
El testamento objeto de la protocolización a la que se refiere el
Código Civil, sobre el testamento abierto, podrá ser impugnado de
la misma manera que cualquier otro testamento auténtico; pero la
impugnación deberá hacerse por separado, en proceso
ordinario.
Artículo 848 Sentencia
La sentencia contendrá las
declaraciones y disposiciones de la o el testador que resulten de
la prueba obtenida y mandará que estas valgan como testamento de la
persona de cuya sucesión se trata y que se protocolice como tal su
fallo, sin perjuicio de tercero. La protocolización se hará en el
protocolo del juzgado.
Cuando las declaraciones o disposiciones testamentarias surjan de
la prueba testifical, solo se tomarán en cuenta, aquellas en que
las o los testigos estuvieran conformes.
Capítulo VI
De los expedientes relativos al albaceazgo
Artículo 849 Ámbito de aplicación
Lo previsto en este Capítulo será de
aplicación a lo dispuesto en el Código Civil en los siguientes
casos:
1) Nombramiento de albacea; 2) Renuncia del albacea a su cargo,
prórroga o fijación del plazo del albaceazgo; y
3) Autorización para que el albacea pueda efectuar actos de
disposición sobre bienes de la herencia.
La tramitación de este proceso se ajustará al procedimiento común
regulado en el presente Libro.
La rendición de cuentas del albacea se seguirá por los trámites del
proceso ordinario.
Capítulo VII
Aposición de sellos
Artículo 850 Ámbito de aplicación
Se aplicarán las disposiciones de
este Capítulo cuando:
1) Lo solicitado se encuentre comprendido en lo dispuesto en el
Código Civil, sobre la apertura de la sucesión y de su aceptación,
repudiación e inventario; 2) Las o los herederos sean niñas, niños,
adolescentes o personas con discapacidad o personas declaradas
judicialmente incapaces, sin guardadores y que ningún pariente la
solicite;
3) El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho estable, las
herederas o herederos que estén ausentes o las personas que sean
desconocidas;
4) La persona fallecida haya sido depositaria de archivos o
caudales públicos; pero en este caso la aposición de sellos será
únicamente sobre los objetos que tengan relación con el cargo
público de la persona fallecida;
5) Exista conflicto de intereses por pretender substraerse objetos
pertenecientes a la sucesión; o
6) Cuando se solicite como medida cautelar en cualquier tipo de
proceso.Artículo 851 Legitimación
Podrán solicitar la aposición de
sellos sin orden de prelación, los siguientes:
1) El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho estable,
sobreviviente; 2) Los que sean comuneros de la persona fallecida en
lo que hacen al bien en común o pretendan tener derecho a la
sucesión;
3) Toda persona acreedora que tenga título ejecutivo contra la o el
fallecido o sus bienes;
4) Cualquiera de los parientes de las niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad o declaradas judicialmente incapaces, si
no tiene guardador o éste se hallara ausente;
5) Las personas que viven en la casa del fallecido cuando el
cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, las o los herederos
del causante estuvieran ausentes y no se conocieren;
6) La Procuraduría General de la República en los casos de las
niñas, niños, adolescentes, personas incapaces o declaradas
judicialmente incapaces, sin guardador o pariente que lo solicite;
y
7) Toda persona que tenga interés o se presuma que pueda
tenerlo.Artículo 852 Actuación de oficio
La autoridad judicial competente
también puede de oficio, hacer u ordenar la aposición de sellos en
los siguientes casos;
1) Cuando las herederas o los herederos sean niñas, niños,
adolescentes, personas con discapacidad o declaradas judicialmente
incapaces, sin guardador, y ningún pariente la solicita; 2) Cuando
el o la cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, las o los
herederos estuvieran ausentes o sean personas desconocidas;
3) Cuando la persona fallecida haya sido depositaria de archivos o
caudales públicos; en este caso la aposición de sellos será
únicamente sobre los objetos que tengan relación con su cargo
público; y
4) Cuando exista disputa entre las personas interesadas por
pretender substraerse objetos pertenecientes a la
sucesión.Artículo 853 Competencia
Serán competentes para conocer sobre
la aposición de sellos, las notarias o notarios públicos y la jueza
o juez Local o de Distrito Civil del lugar donde se encuentren los
bienes.Artículo 854 Reglas procedimentales y resolución
Para la práctica de aposición de
sellos, se procederá conforme el Capítulo sobre el inventario que
se refieren las reglas procedimentales de este Código, cuando los
bienes estuvieran esparcidos en diversos lugares o
departamentos.
Cuando los bienes estuvieran situados fuera de la República, se
procederá conforme el Capítulo sobre el inventario que se refieren
las reglas procedimentales de este Código.
Las llaves de cerraduras selladas se depositarán y permanecerán en
el despacho de la autoridad judicial, de donde no podrán extraerse
hasta que se levanten los sellos.
Si al tiempo de hacerse la aposición de sellos, se encontrare un
testamento u otros papeles cerrados, se hará mención de la forma
exterior del pliego y del sello, si lo tiene; la autoridad
judicial, con las partes presentes y la notaria o notario público o
secretario, rubricará la cubierta e indicará el día y hora en que
el pliego será abierto en el juzgado competente.
De igual forma se procederá cuando la aposición de sellos haya sido
hecha mediante exhorto, y la autoridad judicial remitirá las
diligencias de aposición en paquete cerrado a la autoridad judicial
exhortante, quien procederá a su apertura, validación de lo actuado
y trámite, conforme lo dispuesto en este Capítulo.
Si alguna de las partes lo solicitara, la funcionaria o funcionario
buscará entre los papeles de la persona difunta, el testamento,
antes de la aposición de sellos; y si se encontrara, se procederá
de la manera que dispone el párrafo anterior.
Los demás papeles que se encuentren cerrados se abrirán por la
funcionaria o funcionario y si no son concernientes a la sucesión,
los entregará a las personas interesadas. Si por un sello, signo o
nota exterior, se apreciara que los papeles son de un tercero, se
le citará a la audiencia para que asista a la apertura. En la
audiencia se abrirán éstos, hayan o no comparecido las o los
interesados; y si los papeles fueran extraños a la sucesión, y ésta
no tuviera derecho a conservarlos, se entregarán a sus dueños sin
dar a conocer su contenido, o los hará cerrar de nuevo y se
conservarán en el despacho del juzgado hasta que sean
reclamados.
Si al momento de la aposición de sellos, se encontrara algún
testamento abierto, la funcionaria o funcionario lo hará constar en
las diligencias y lo entregará a la persona interesada.Artículo 855 Contenido del acta
El acta en que conste la aposición de
sellos, mencionará:
1) Lugar, fecha y hora en que se ejecuta la aposición; 2) Los
motivos de ella; 3) El nombre y domicilio de la persona que
solicitó la aposición o si se hace de oficio;
4) La comparecencia o ausencia de las personas interesadas;
5) Los bienes muebles e inmuebles sobre cuyas cerraduras se hayan
fijado los sellos;
6) La declaración bajo promesa de quienes habiten en la casa de la
persona fallecida o que tengan en su poder bienes del mismo, de que
no han sustraído ni visto sustraer cosa alguna perteneciente a la
sucesión;
7) La enumeración de los muebles domésticos que no quedan bajo
sellos;
8) El nombramiento de una o un depositario que cuide de los bienes
y que no se violen los sellos que en ellos se coloquen; y
9) La firma de la autoridad judicial y de la secretaria,
secretario, notaria o notario público en su caso y de las partes
presentes que pudieren hacerlo. Si alguna de las partes no supiere
firmar, se hará mención de esta circunstancia.
Capítulo VIII
Levantamiento de sellos
Artículo 856 Ámbito de aplicación y
legitimación
Todas las personas que tienen derecho
a solicitar el inventario como medida cautelar o de conformidad con
el Código Civil sobre el inventario, lo tienen igualmente para
pedir que se levanten los sellos. También podrá solicitarlo el
guardador o la Procuraduría General de la República en el caso de
las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o
declaradas judicialmente incapaces, cuando no tienen guardador o
teniéndolo, éste no lo solicita.Artículo 857 Competencia
Será competente para conocer sobre el
levantamiento de sellos, la jueza o juez Local o de Distrito Civil
del lugar donde se encuentren los bienes y las notarias o notarios
públicos.Artículo 858 Reglas procedimentales
Si alguna de las herederas o alguno
de los herederos son niñas, niños o adolescentes y no tienen
guardador, o si la herencia no ha sido aceptada, no se procederá a
levantar los sellos mientras no se provea de guardador a las niñas,
niños o adolescentes, o se declare yacente la herencia y se le
nombre guardador en el término debido.
El levantamiento de los sellos se pedirá al mismo tiempo que el
inventario, si éste tuviera lugar; si no, solo se solicitará la
orden para el levantamiento.
Solo procederá el levantamiento de sellos, después de nueve días de
sepultado el causante, salvo que exista motivo urgente y grave
según apreciación de la funcionaria o funcionario.
Los bienes se inventariarán a medida que se vayan levantando los
sellos, a no ser que la causa de la aposición, cese antes del
inventario.
Si durante el levantamiento de sellos se presentaran a la
funcionaria o funcionario, documentos o bienes muebles
pertenecientes a la sucesión, por haberlos encontrado abandonados o
por otros motivos, éste lo hará constar en las diligencias,
haciendo que firme la persona que los presentó y a continuación los
incluirá en el inventario.
Capítulo IX
Del inventario
Artículo 859 Ámbito de aplicación
Se aplicará lo dispuesto en el
presente Capítulo a los bienes que componen la masa hereditaria no
asignada en forma expresa por el causante.Artículo 860 Legitimación
Tendrán derecho de promover y de
asistir al inventario, sin orden de prelación, los
siguientes:
1) El o la albacea; 2) La guardadora o el guardador de la herencia
yacente;
3) Cualquier persona heredera; en este caso aprovechará a los
demás, aunque no sean citados;
4) El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho estable,
sobreviviente;
5) Las legatarias y los legatarios; 6) Las socias y socios de
comercio;
7) Toda persona acreedora hereditaria que presente el título de su
crédito, aunque éste sea documento privado;
8) Las o los cónsules sobre bienes de extranjeros; y
9) Cualquier persona a quien la ley imponga la obligación de
hacerlo. Las personas antes dichas podrán ser representadas por
otras que exhiban documento que los acredite, cuando no lo fueren
por sus guardadores o representantes legítimos.
Todas estas personas tendrán derecho a oponerse al
inventario.Artículo 861 Competencia
Será competente para conocer las
diligencias de inventario, la jueza o juez Local o de Distrito
Civil del lugar en donde estén ubicados los bienes, derechos y
acciones del causante, la notaria o notario público, la persona
nombrada por la o el testador en su testamento o la nombrada de
común acuerdo por las personas interesadas que tengan la libre
administración de sus bienes.
Las controversias de competencias que se susciten entre
inventariantes, serán dirimidas por la Sala de lo Civil del
respectivo Tribunal de Apelaciones.Artículo 862 Plazo de interposición en caso de sucesión
Aceptada la herencia, toda persona
heredera, tendrá obligación de promover la formación del
inventario, dentro de nueve días, contados desde que supiere su
nombramiento o tomare parte en la sucesión.
El albacea promoverá por sí mismo en el plazo indicado en el
párrafo que precede, el referido inventario, o lo formará, si para
ello le hubiere conferido facultades la o el testador en el
testamento.
Esto mismo hará cualquiera otra persona a quien la o el testador le
hubiere conferido ese encargo.
En este mismo plazo y aun inmediatamente después de la muerte de
una persona, si no está presente alguno de las o los herederos, la
autoridad judicial dictará las providencias oportunas que creyere
conveniente como la aposición de sellos, para que no se oculten o
pierdan los bienes.Artículo 863 Reglas procedimentales
En el escrito en que se solicite la
práctica del inventario, se pedirá que éste se haga con las
citaciones debidas. Se acompañarán a él los documentos que
justifiquen el derecho que tenga la persona solicitante para pedir
el inventario y se señalarán el lugar o lugares donde están
situados los bienes que hayan de inventariarse.
Deberán citarse en la forma legal a las personas interesadas, para
que asistan a la práctica del inventario. Si se encuentran fuera
del país, el inventariante nombrará un guardador para el proceso
que represente a las o los ausentes y citará al representante de la
Procuraduría General de la República.
La persona heredera podrá en todo tiempo exonerarse de sus
obligaciones, abonando a las o los acreedores los bienes de la
sucesión que deba entregar en especie y el saldo que reste de los
otros y obteniendo de ellos o del inventariante la aprobación de la
cuenta que de su administración deberá presentarles. La o el
guardador de la herencia yacente no podrá hacer lo dispuesto
anteriormente, sino con previa autorización de la autoridad
judicial.
Agotados los bienes de la sucesión, o la parte que de ellos hubiera
correspondido a la persona heredera, en el pago de las deudas y
cargas, deberá el inventariante, a petición de la o el heredero,
citar por edictos a las personas acreedoras hereditarias y
testamentarias que no hayan sido cubiertas, para que reciban de
dicho heredero en un término de treinta días, contados a partir del
último edicto, la cuenta exacta y en lo posible documentada de
todas las inversiones que haya hecho, y aprobada la cuenta por
ellos, o por la autoridad judicial en ausencia de estos o en caso
de discordia, declarando libre a la persona heredera de toda
responsabilidad ulterior.
La persona heredera que opusiera a una demanda la excepción de
estar ya agotados en el pago de deudas y cargas, los bienes
hereditarios o la porción de ellos que le hubiera correspondido,
deberá probarlo presentando a las o los demandantes una cuenta
exacta y en lo posible documentada, de todas las inversiones que
haya hecho.
El o la albacea o las y los herederos harán que se cite con un
término que no pase de treinta días, a las personas legatarias y
acreedoras del difunto, para que si quisieran, asistan a la
formación del inventario. La citación de los ausentes deberá
hacerse por el mismo inventariante, por medio de edictos conforme
lo dispuesto en este Código. Si pasado dicho término, no
comparecieran las personas citadas, la formación del inventario se
practicará con asistencia de la Procuraduría General de la
República.
El albacea y las o los herederos tendrán obligación de hacer que
se termine el inventario, dentro de noventa días contados desde la
aceptación respectiva del albaceazgo o herencia.
Si los bienes se hallaran repartidos o ubicados a grandes
distancias, o si por la naturaleza de los negocios no fueran
suficientes los noventa días, podrá el inventariante ampliar hasta
por nueve meses el término, con audiencia de las personas
interesadas y de la Procuraduría General de la República en su
caso.
Si los bienes estuvieran situados fuera de la República, el
inventario de ellos podrá ser practicado por las autoridades de ese
lugar, haciendo uso del auxilio judicial internacional conforme
este Código. También podrá practicarse por el inventariante que al
efecto nombren las partes en escritura pública, unánimemente o por
mayoría, aunque haya entre éstas niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad o declarados judicialmente
incapaces.
Las personas interesadas que promuevan el inventario y el
representante de la Procuraduría General de la República, en su
caso, propondrán el nombramiento de dos peritos tasadores, si no
han podido convenir en uno solo, en el acto de la notificación del
auto en que se ordena el nombramiento. Si todas ellas no estuvieran
de acuerdo en los propuestos, el inventariante a solicitud de
parte, nombrará los dos peritos, o uno solo, si le pareciera
conveniente.
La persona inventariante tendrá por nombrados las peritas y los
peritos y les recibirá la promesa de cumplir fielmente con su
encargo; seguidamente señalará el día, hora y lugar en que deba
iniciarse el inventario, con noticia de las partes presentes.
En todo inventario, el inventariante hará que las o los peritos
valuadores declaren cuáles bienes admiten cómoda división y cuáles
no, o si su división los haría desmerecer. Esta declaración servirá
para los efectos legales.
Cuando el que actúe como inventariante nombre una secretaria o
secretario, lo hará mediante providencia que se hará constar en las
diligencias.
Cuando el inventario tardara dos o más días, en cada uno de ellos
deberá cerrarse el acta correspondiente de los bienes inventariados
y tasados, con indicación de la hora en que se suspende y la
designación del lugar, fecha y hora en que deberá continuarse el
inventario. Para continuarlo no será necesario citar a las personas
que no comparecieron.
La persona inventariante al concluir, hará la suma general de todo
el inventario en el lugar correspondiente y también la expresará en
letras, después de la cual la descompondrá en las sumas parciales
de los respectivos valores de los bienes muebles e inmuebles,
semovientes, créditos activos, dinero y otras especies
semejantes.
Una vez concluido el inventario, la persona inventariante les
notificará a las o los interesados acerca de su conclusión y
mediante auto ordenará el archivo del expediente, y entregará a la
persona solicitante certificación de dicho inventario.
Siempre que el guardador tenga interés en la sucesión cuyos bienes
se inventarían, se nombrará una o un guardador especial que
represente a la persona sujeta a guarda en la práctica del
inventario, excepto que el guardador sea el cónyuge, conviviente en
unión de hecho estable o alguno de los ascendientes o descendientes
de la persona sujeta a guarda. El nombramiento se hará por la
persona inventariante.
La persona heredera que haga uso de la acción no prescrita sobre
cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros, la
promoverá en proceso ordinario ante la jueza o juez de Distrito
donde se encuentren la mayoría de los bienes del causante.
Todas las actuaciones de inventario se registrarán en un libro
especial, que será autorizado, sellado y rubricado por la
secretaría de la Corte Suprema de Justicia.Artículo 864 Acta de diligencias de inventario
El acta de las diligencias de
inventario contendrá:
1) El señalamiento del lugar o lugares, fecha y hora en que se
practica; 2) Mención de las personas citadas que hayan comparecido,
de las ausentes, si son conocidas; de las que citadas no han
comparecido, del guardador o guardadora para el proceso que
represente a las personas ausentes, del representante de la
Procuraduría General de la República y de las peritas o
peritos;
3) La descripción y el valor de los bienes muebles e inmuebles que
hagan las peritas o peritos lo que se hará constar no solo en
letras sino también en números;
4) La descripción de metales y piedras preciosas, si las
hubiera;
5) El monto de las sumas de dinero;
6) Los papeles, libros y registros de comercio, o de cuentas u
otros, con descripción de su número y estado, rubricándolos la
persona inventariante;
7) La enumeración de los créditos activos;
8) La enumeración de los títulos de propiedad;
9) La enumeración y estimación de las obras artísticas y las que
constituyan la biblioteca;
10) Mención de la promesa que prestarán al concluirse el
inventario, los que han estado en posesión de los bienes, de que no
han sustraído ni visto sustraer ninguno de éstos;
11) Mención de haberse prevenido a los que estaban en posesión de
los bienes, que los pusieran de manifiesto para
inventariarlos;
12) Mención de la entrega de los bienes inventariados a la persona
heredera o herederas o a sus representantes, o al depositario en
quien convengan las o los interesados, o a quien nombre la persona
inventariante, si éstos no se acordaran en el nombramiento; y 13)
Las firmas de la persona inventariante, de la secretaria o
secretario, de las o los interesados presentes que supieran firmar,
de las peritas, los peritos, del guardador o guardadora para el
proceso que representa a las personas ausentes, del representante
de la Procuraduría General de la República, del depositario,
depositaria y de la notaria o notario público o dos testigos o
testigas, en su defecto. Si alguna de las personas interesadas o
peritos no supieran o no quisieran firmar, se hará mención de esta
circunstancia.Artículo 865 Nulidad del acto
Todo inventario deberá practicarse
con la obligatoria presencia de la persona inventariante,
secretaria, secretario, notaria, notario o testigos y peritos
nombrados, constituidos en el lugar donde se celebre el inventario.
La contravención acarreará la nulidad absoluta del
acto.Artículo 866 Oposición
Si durante la confección del
inventario se presentara oposición, ésta no suspenderá su práctica.
La oposición se tramitará por el proceso sumario ante la autoridad
judicial competente, conforme las reglas generales establecidas en
este Código para determinar el valor de la pretensión.Artículo 867 Aprobación y archivo
Concluido y aprobado el inventario,
la jueza o juez Local o de Distrito Civil a solicitud de parte o de
oficio, ordenará su archivo, notificando a las personas
interesadas, quienes en el término de ocho días transcurridos desde
la última notificación, podrán pretender en proceso sumario su
reforma por error o dolo, alegando que es diminuto o defectuoso, o
denunciando ocultación.
Se entiende por concluido el inventario desde el día siguiente al
de la última notificación que se haya hecho del auto en que la
autoridad judicial lo mande archivar.Artículo 868 Resolución
Desestimada la oposición, se
procederá a la partición en proceso sumario, a solicitud de
cualquiera de las personas interesadas, aplicando lo previsto en
el Código Civil. De igual forma se procederá cuando las o los
interesados estén conformes con el inventario.
Capítulo X
De la declaración de la herencia yacente
Artículo 869 Ámbito de aplicación
Se aplicará para la declaración de la
herencia yacente lo establecido en el Código Civil sobre la
aceptación y de la repudiación de la herencia.Artículo 870 Legitimación
Están legitimados para promover este
proceso, sin orden de prelación los siguientes:
1) El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho estable,
sobreviviente; 2) Cualquiera de los parientes o dependientes de la
persona difunta;
3) El Municipio.Artículo 871 Competencia
Será competente para conocer sobre la
declaración de la herencia yacente, la jueza o juez Local o de
Distrito Civil del domicilio del causante.
Artículo 872 Reglas procedimentales y
sentencia
Para la admisión de la solicitud y su
tramitación se procederá conforme lo dispuesto en el procedimiento
común que regula este Libro.
En la sentencia se declarará yacente la herencia y se publicará la
parte resolutiva en un diario de circulación nacional,
procediéndose luego al nombramiento de guardador de la herencia
yacente, conforme lo dispuesto en este Libro para el guardador de
bienes.
En el caso de que las personas herederas fueran extranjeras y a
falta de tratado, se hará saber a la o el cónsul respectivo
mediante oficio la resolución que declare yacente la herencia, a
fin de que en el término de tres días, si lo tiene a bien, proponga
la persona o personas a quienes pueda nombrar como guardadores de
la herencia yacente.
Si la o el cónsul propusiera guardador, la autoridad judicial le
discernirá la guarda si fuera persona idónea, y a petición de las o
los acreedores o de otros interesados en la sucesión, podrá agregar
a dicho guardador otro u otros, según la cuantía y situación de los
bienes que compongan la herencia. Si no propusiera guardador, la
autoridad judicial hará el nombramiento de oficio, o a propuesta de
la Procuraduría General de la República.
Si alguna persona legitimada se presentara reclamando la herencia
que está en guarda, se tramitará la demanda con audiencia del
guardador por los trámites del proceso ordinario.
Si antes de ponerse la herencia en guarda se presentara una o más
personas herederas a aceptarla, comprobado el derecho, la autoridad
judicial la tendrá por aceptada y decretará el levantamiento de los
sellos.
Capítulo XI
De las informaciones para perpetua memoria
Artículo 873 Ámbito de aplicación
Se aplicará lo dispuesto en este
Capítulo para documentar declaraciones testificales que interesa
obtener o conservar sobre hechos ocurridos, para en su momento
aportar a un proceso en calidad de prueba o simplemente para dejar
constancia de dichas informaciones en interés de la persona
solicitante.Artículo 874 Legitimación
Cualquier persona interesada podrá
solicitar las informaciones, ante la autoridad judicial
correspondiente.Artículo 875 Competencia
Será competente para conocer de estas
solicitudes, la jueza o juez Local Civil del domicilio de la
persona solicitante.Artículo 876 Reglas procedimentales
En el escrito de solicitud de
admisión de la información, se determinarán los hechos sobre los
cuales hayan de declarar las o los testigos.
Previo examen de la solicitud la autoridad judicial admitirá las
informaciones testimoniales que ante ella se soliciten, mandándose
a oír a la Procuraduría General de la República.
Las testigas o los testigos serán examinados con sujeción a los
puntos o hechos consignados en el interrogatorio.
La autoridad judicial aprobará las informaciones rendidas con
arreglo a lo dispuesto en este Capítulo, y mandará archivar las
diligencias, entregando certificación de la sentencia a las
personas interesadas.
LIBRO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES, ADICIONALES, REFORMATORIAS, DEROGATORIAS,
TRANSITORIAS Y VIGENCIA
TÍTULO ÚNICO
Capítulo I
Disposiciones Finales
Artículo 877 Prevalencia de las
leyes
Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir, pero los
términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.Artículo 878 Denominaciones comunes
Cuando en una ley, reglamento o
cualquier disposición normativa se mencione:
1) Código de Procedimiento Civil , léase Código Procesal Civil .
2) Beneficio de pobreza , léase asistencia jurídica
gratuita .
3) Guardador ad litem , léase guardador para el proceso .
4) Juicio ejecutivo , ejecución de sentencia , o juicios y
acciones singulares ejecutivos léase Proceso de ejecución
forzosa .
5) Proceso sumario , entiéndase que se refiere a la tramitación
del proceso sumario regulado en este Código. Cuando en una ley,
reglamento o disposición normativa se ordene la publicación por
carteles o edictos, se procederá conforme lo dispuesto en este
Código.
En toda ley, reglamento o disposición normativa en materia no penal
donde se mencione al Ministerio de Justicia se leerá
Procuraduría General de la República .
Capítulo II
Disposiciones Adicionales
Artículo 879 Adición
Adicionase al artículo 41 de la Ley
N°. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de
Nicaragua, un nuevo numeral 2) bis, leyéndose el artículo
así:
Artículo 41 Competencia
Los Tribunales de Apelaciones, en el
orden de la competencia de cada Sala podrán:
1) Conocer y resolver en segunda instancia de los recursos en
contra de las sentencias dictadas por los Juzgados de Distrito.
2) Conocer del Recurso de Hecho por inadmisibilidad de los
Recursos de Apelación contra sentencias de los Jueces de
Distrito.
2) bis Conocer y resolver de la rescisión de sentencias
firmes.
3) Conocer los Recursos de Amparo y de Exhibición Personal de
conformidad con la ley de la materia.
4) Conocer y resolver los Recursos de Revisión en materia
penal.
5) Conocer en primera instancia, de oficio o por acusación, de
los procesos especiales de responsabilidad con formación de causa
que, por delitos propios de los funcionarios públicos, tengan lugar
en contra de los jueces de Distrito, Abogados y Notarios en el
ejercicio de sus funciones, Alcaldes y Presidentes de los Consejos
Regionales Autónomos de la Costa Caribe; sus resoluciones son
apelables en un solo efecto ante la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
6) Conocer en segunda instancia, de los delitos señalados en el
numeral anterior cuando éstos fuesen cometidos por los Jueces
Locales.
7) Dirimir los conflictos de competencia entre los Jueces que le
están subordinados territorialmente.
8) Resolver los incidentes de implicancias y recusaciones que se
promuevan contra sus miembros.
9) Las demás que la ley determine.
Capítulo III
Disposiciones Reformatorias
Artículo 880 Reformas
Se reforman las siguientes disposiciones:
1) Refórmese los numerales 1) y 3)
del artículo 47, los numerales 1) y 2) del artículo 55; los
artículos 195, 200 y 227 de la Ley N°. 260, Ley Orgánica del Poder
Judicial de la República de Nicaragua, los que se leerán
así:
Artículo 47 Competencia de los Juzgados Civiles de Distrito
Los juzgados Civiles de Distrito son
competentes para:
1) Conocer y resolver, según la materia y cuantía establecida por
la Ley, en primera instancia de los procesos en materias de derecho
Civil, Mercantil, Agrario y todos aquellos que no sean competencia
de un Juzgado específico dentro de la misma jurisdicción
territorial.
2) Conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra
las sentencias de los Jueces Locales de su misma jurisdicción
territorial, en las materias establecidas en el inciso
precedente.
3) Conocer y resolver los asuntos referidos a los actos de
jurisdicción voluntaria que la ley determine.
4) Conocer y resolver los conflictos de competencia suscitados
entre los juzgados Locales de lo Civil que le están subordinados
territorialmente.
5) Las demás que la ley establezca. Artículo 55 Competencia de los Juzgados Civiles Locales
Los Juzgados Civiles Locales son
competentes para:
1) Conocer y resolver en primera
instancia según la materia y cuantía establecida por la ley, los
procesos en materias de Derecho Civil, Mercantil y Agrario, y todos
aquellos que no sean competencia de un Juzgado específico dentro de
la misma jurisdicción territorial.
2) Conocer y resolver los asuntos referidos a los actos de
jurisdicción voluntaria que la ley determine.
3) Coordinar la administración de
justicia con los Jueces electos por las Comunidades de la Costa
Caribe.
4) Autorizar en calidad de notaria o notario público, contratos
cuyo valor no exceda de la cuantía que para su competencia haya
fijado la Corte Suprema de Justicia, sujetándose a las formalidades
establecidas por la ley para la cartulación, siempre que en el
lugar no haya notario o notaria.
5) Las demás que la ley establezca. Artículo 195 Insaculación y desinsaculación
Cuando se recurra a la prueba
pericial, los jueces y juezas insacularán en una urna los nombres
de los peritos y peritas que corresponden a la materia en cuestión
y de ella sacarán dos nombres. Las personas escogidas en la
desinsaculación serán los peritos y peritas judiciales del caso,
sin perjuicio del derecho a la tacha en los casos legales.
Cuando requiriéndose de prueba pericial especializada, no existan
peritos nombrados para un distrito determinado, el juez o jueza
podrá nombrarlo de oficio, quedando la persona nombrada sujeta a
las obligaciones y responsabilidades señaladas en el presente
capítulo.
Artículo 200 Honorarios periciales
Los honorarios de los peritos y
peritas judiciales son a cargo de la parte proponente, sin
perjuicio de lo que se decida en relación a las costas procesales,
que serán tasadas de conformidad con el Código de Aranceles
Judiciales.
Correrán a cargo de la Administración de Justicia los honorarios
del o los peritos y peritas solicitados por la parte que goce de
asistencia jurídica gratuita, salvo que la persona designada sea
funcionario, funcionaria, empleada o empleado del Estado.
La Corte Suprema de Justicia incluirá necesariamente en su
Presupuesto una suma que prevea el pago de los Honorarios
Periciales. Definirá también el destino alternativo que se le dará
a ese fondo en caso de no agotarse. El cálculo se hará
necesariamente al concluir el octavo mes del ejercicio
fiscal.
Artículo 227 Plazo para fallo
Las salas que conforman la Corte
Suprema y la Corte Plena están obligadas a fallar los recursos
dentro del plazo establecido en la ley de la materia.
2) Refórmese los artículos 98 en
su último párrafo, 103, 194, 105 de la Ley
No. 312, Ley de Derechos de Autor y
Derechos conexos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No. 166 y 167 del 31 de agosto y 1 de
septiembre de 1999 respectivamente, los que ya modificados se
leerán así:
Artículo 98 El cese de la
actividad ilícita podrá comprender:
1) La prohibición de realizar los actos en que consista, incluyendo
entre otros, prohibir la entrada a los canales de comercio de los
bienes ilícitos importados, inmediatamente después de la liberación
aduanera de dichos bienes o para prevenir su exportación.
2) La retirada de la circulación de los ejemplares ilícitos y su
destrucción, o con la autorización del titular del derecho, la
donación con fines de caridad.
3) El decomiso y destrucción de los materiales e implementos
utilizados en la producción o creación o comercialización de los
bienes ilícitos, excepto en casos de donación con fines de caridad
y con autorización del titular del derecho. La destrucción o
donación con fines de caridad de los materiales y equipos se hará
sin compensación alguna. Las autoridades judiciales, al considerar
las solicitudes de destrucción de los equipos, podrán tomar en
cuenta, entre otros, la gravedad de la infracción, así como el
interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de
posesión, o de un interés contractual o garantizado;
4) El decomiso de la evidencia documental relevante a la
infracción.
La autoridad judicial civil, a petición de parte, podrá ordenar al
demandado que proporcione cualquier información que posea respecto
a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos
y respecto de los medios de producción o canales de distribución
para los productos o servicios objetos de la infracción, incluyendo
la identificación de terceras persona involucradas en su producción
y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta
información al titular de derecho.
Artículo 103 La solicitud de adopción de medidas
cautelares, se tramitará y resolverá conforme lo establecido en el
Código Procesal Civil.
Artículo 104 Los efectos de las medidas cautelares
acordadas caducarán de pleno derecho, cuando transcurrido el plazo
de treinta días desde su adopción, el solicitante no inicie un
procedimiento sobre el fondo.
Artículo 105 Una vez
practicadas las medidas cautelares, el solicitante dentro del plazo
anterior podrá promover el proceso ordinario.
3) Refórmese los artículos 95, 106
y 116 de la Ley No. 354, Ley de Patentes
de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, publicada
en La Gaceta, Diario Oficial N°. 179 y 180 del 22 y 25 de
septiembre de 2000, respectivamente, los que ya modificados se
leerán así:
Artículo 95 Las demandas de
nulidad o de revocación de una patente o de un registro serán
presentadas ante la autoridad judicial competente y se tramitarán
en proceso ordinario conforme el Código Procesal Civil.
En el caso que se ordene la revocación o nulidad de la patente,
diseño industrial, del modelo de utilidad, el Registro de la
Propiedad Intelectual inscribirá en el asiento registral respectivo
la nulidad o revocación señalada, cuando quede firme la sentencia
dictada por la autoridad judicial competente, bastando para tal
efecto la certificación de la sentencia firme.
Artículo 106 Medidas en
la Acción por Infracción. La sentencia que dicte la autoridad
judicial competente de una acción por infracción podrá ordenar una
o más de las siguientes medidas:
a) La cesación de los actos que
constituyen la infracción.
b) La indemnización por daños y perjuicios.
c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes
de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran
principalmente para cometer la infracción.
d) La prohibición de la importación o de la exportación de los
productos, materiales o medios referidos en el inciso
anterior.
e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la
repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los
productos, materiales o medios referidos en el inciso c).
f) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a
las personas interesadas, a costa del infractor.
Sin perjuicio de las demás medidas
aplicables, no responderá por daños y perjuicios la persona que
hubiera comercializado productos que infringen un derecho
protegido, salvo que ella misma los hubiese fabricado o producido,
o los hubiera comercializado con conocimiento de la
infracción.
La autoridad judicial civil, a
solicitud de parte, podrá ordenar al demandado que
proporcione cualquier información que posea respecto a cualquier
persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto
de los medios de producción o canales de distribución para los
productos o servicios objeto de la infracción, incluyendo la
identificación de terceras personas involucradas en su producción y
distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta
información al titular del derecho.
Al dictar sentencia, la autoridad
judicial relacionará la gravedad de la infracción con las medidas
ordenadas y los intereses de terceros.
Artículo 116 Toda medida
precautoria quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de
infracción principal no se iniciara dentro de los treinta días
hábiles contados desde la ejecución de la medida.
4) Refórmese el párrafo segundo
del artículo 33, el numeral 2) del artículo 34 y el párrafo segundo
del artículo 40 de la Ley No. 322, Ley de
Protección de Señales Satelitales Portadoras de Programas,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 240 del 16 de diciembre
de 1999, los que ya modificados se leerán así:
Artículo 33 Acción
Precautelar
En resguardo de los derechos por la presente Ley, las medidas
dictadas por vía precautelar se ejecutarán sin intervención de la
otra parte, sin que el propietario, arrendatario, responsable,
gerente, administrador, poseedor y ocupante por cualquier título
del lugar donde se ejecuten o de los bienes sobre los cuales se
practiquen, pueda oponerse a su ejecución.
Sin embargo, la persona contra quien
obre la medida será notificada de la misma al momento de
ejecutarla, entregándole copia del escrito de solicitud, para que
ejerza su derecho de oposición si así lo desea, conforme lo
dispuesto en el Código Procesal Civil.
Artículo 34 Suspensión de las Medidas Precautorias
Las providencias cautelares
previstas en el presente Capítulo serán suspendidas por la
autoridad judicial siempre y cuando:
1) La persona contra quien obre la
medida presta caución suficiente, a juicio del Juez, para
garantizar las resultas del proceso, a menos que la suspensión
pueda causar al titular del derecho infringido un daño irreparable;
o 2) En las medidas ejecutadas por vía cautelar, si el solicitante
de las mismas no acredita haber iniciado la acción principal en un
plazo de treinta días consecutivos, contados a partir de su
práctica o ejecución.
Artículo 40 Adopción de
Medidas
Las autoridades de la República en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, deberán adoptar los procedimientos y las medidas de
observancia que aseguren una protección eficaz a los derechos
reconocidos en la presente Ley y constituyan un medio efectivo de
disuasión de nuevas infracciones.
La autoridad judicial civil, a solicitud de parte, podrá ordenar al
demandante que proporcione cualquier información que posee respecto
a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos
y respecto de los medios de producción o canales de distribución
para los productos o servicios objetos de la infracción, incluyendo
la identificación de terceras personas involucradas en su
producción y distribución y sus canales de distribución y
proporcionales a esta información al titular del derecho.
5) Refórmese los artículos
83 y 84 de la Ley No. 318, Ley de
Protección para las Obtenciones Vegetales, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial N°. 228 del 29 de noviembre de 1999, los que se
leerán así:
Artículo 83.
Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de
la otra parte, se notificará de la misma al momento de ejecutarla,
entregándole copia del escrito de solicitud, para que ejerza su
derecho de oposición si así lo desea, conforme lo dispuesto en el
Código Procesal Civil.
Artículo 84
Toda medida cautelar podrá ser decretada a solicitud de parte por
la autoridad competente que conoce la causa, quedando sin efecto de
pleno derecho si la acción de infracción principal no se iniciara
dentro de los treinta días hábiles, contados desde la fecha de su
ejecución, condenando en gastos, daños y perjuicios al
solicitante.
6) Refórmese el
párrafo segundo del artículo 28 y el artículo 38 de la Ley de
Prenda Agraria o Industrial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
N°. 174 del 14 de agosto de 1937, los que se leerán así:
Artículo 28
El contrato de Prenda Agraria o Industrial apareja acción ejecutiva
para exigir del deudor y endosantes el pago del importe del
préstamo, intereses, comisiones, obligaciones accesorias y costas,
y para hacer efectivo su privilegio sobre del seguro.
Para la tramitación de esta clase de
proceso se estará a lo dispuesto para la ejecución forzosa en el
Código Procesal Civil.
Artículo 38
Requerimiento
El deudor o terceros depositarios de los bienes pignorados, que al
ser requerido por la autoridad competente para la entrega de estos,
no la efectuare, incurrirá en desobediencia o desacato a la
autoridad, quedando sujeto a lo que disponga la Ley No.
641, Código Penal. La autoridad judicial ante el desacato o
desobediencia, denunciará ante la autoridad competente para lo de
su cargo, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, sin
perjuicio de la acción penal que puedan ejercer los
afectados.
7) Refórmese el artículo 13 y 19
de la Ley N°. 146, Ley de Prenda Comercial, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial N°. 60 del 27 de marzo de 1992, los que se leerán
así:
Artículo 13
Para la tramitación de esta clase de proceso se estará a lo
dispuesto para la ejecución forzosa en el Código Procesal
Civil.
Artículo 19
Cuando el deudor, terceros depositarios o poseedores de los bienes
pignorados, no restituyan la prenda objeto del depósito, la
autoridad judicial ante el desacato o desobediencia, denunciará
ante la autoridad competente para lo de su cargo, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, sin perjuicio de la acción penal
que puedan ejercer los afectados.
8) Refórmese el artículo 186 de la Ley N°. 562, Código
Tributario de la República de Nicaragua, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial N°. 227 del 23 de noviembre de 2005, el que se leerá
así:
Artículo 186.
Puede el deudor en cualquier estado del juicio levantar el embargo,
conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil de la República
de Nicaragua.
9) Refórmese los
artículos 59 y 62 de la Ley N°. 561, Ley General de Bancos,
Instituciones Financieras no bancarias y grupos financieros,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 232 del 30 de noviembre
de 2005, los que se leerán así:
Artículo 59 Privilegios de las
obligaciones a favor de los bancos
En las obligaciones a favor de todo
banco regirán las siguientes disposiciones de excepción:
1) La mora se producirá por el solo
hecho del vencimiento del plazo estipulado, sin necesidad de
requerimiento de ninguna especie.
2) El plazo de un préstamo no se entenderá prorrogado por el hecho
de recibir abonos al principal o a los intereses insolutos o por
continuar recibiendo los intereses pactados después del
vencimiento, salvo cuando la institución bancaria no haya
suministrado los fondos en el tiempo estipulado en el contrato, sin
mediar justificación alguna, previa comprobación del
Superintendente de Bancos y de otras Instituciones
Financieras.
3) La solidaridad de los deudores y fiadores subsistirá hasta el
efectivo y total pago de la obligación aunque medien prórrogas o
esperas, salvo respecto de aquel en cuyo favor fuere expresamente
remitida.
4) Los créditos otorgados por los bancos serán indivisibles y en
caso de sucesiones los herederos o legatarios respectivos serán
considerados como solidariamente responsables del crédito del
causante, dentro de los alcances respectivos según el derecho
común.
5) Toda fianza se entenderá solidaria y si los fiadores fueren
varios, responderán todos solidariamente entre sí.
6) La cesión de derechos que realice un banco se considerará como
perfecta sin necesidad de notificarla al deudor.
7) Todo préstamo otorgado por los bancos que no estuviere sujeto
por la Ley a reglas especiales de excepción, se considerará como
mercantil y sujeto a las disposiciones del Código de Comercio. Los
pagarés se considerarán como pagarés a la orden cualquiera que
fuera la forma de su redacción.
8) El precepto establecido anteriormente se aplicará en todo su
alcance, excepto al lapso señalado para prescribir en que cada
obligación, según la naturaleza propia del documento en que conste,
se regirá por el Código de Comercio, por el Código Civil o por la
Ley General de Títulos Valores, según corresponda.
9) No se insertarán en las escrituras públicas, los poderes de los
que comparezcan actuando en representación de los bancos. Bastará
que el notario en dichas escrituras indique su inscripción en el
Registro Público Mercantil, dando fe de que tal poder confiere al
apoderado facultades suficientes para otorgar el acto de que se
trata. Esta disposición regirá también para todo acto notarial que
otorguen los bancos. El privilegio conferido en este inciso es
extensivo a todas las instituciones a que se refiere la presente
Ley.
10) La prenda podrá preconstituirse sobre los bienes a adquirirse o
a producirse con los fondos del préstamo, en el mismo contrato en
que éste se conceda, aun cuando las sumas emprestadas no cubran el
valor total de dichos bienes. Para los fines de identificación de
los bienes pignorados, se estará a los datos consignados en los
documentos que acrediten la inversión en los inventarios contables
o a los datos comprobados en inspecciones hechas por los bancos
acreedores. En estos casos y cuando proceda, bastará para todos los
efectos legales, la inscripción en los Registros correspondientes
del contrato constitutivo del adeudo.
11) La garantía de prenda industrial sobre materias primas o sobre
productos semi-elaborados transcenderá a los productos elaborados o
manufacturados. Sin embargo, éstos podrán ser objeto de tráfico y
comercio dentro del plazo del préstamo, quedando el deudor obligado
a sustituir constantemente las materias o productos pignorados,
para que la garantía tenga un carácter de permanencia por ficción
legal.
12) La prenda sobre cualquier tipo de inventario, podrá ser objeto
de tráfico y comercio dentro del plazo del préstamo, quedando el
deudor obligado a sustituir constantemente los bienes pignorados
para que la garantía tenga un carácter de permanencia por ficción
legal. Podrá constituirse prenda comercial sobre bienes muebles de
cualquier naturaleza distintos de los adquiridos con el
financiamiento otorgado por el banco, siguiendo el mismo
procedimiento que establece la Ley de Prenda Comercial.
13) El cartel de subasta que hubiere de publicarse a causa de
cualquier tipo de acción ejecutiva que intenten los bancos y la
solicitud de nombramiento de guardador para el proceso, en su caso,
podrá ser publicado en un diario de circulación nacional y sus
efectos serán los mismos como si hubiere sido publicado en La
Gaceta, Diario Oficial.
14) Los requerimientos de pago que tuvieren que efectuar los
bancos, en cualquier tipo de juicio ejecutivo, podrán ser
efectuados por el notario que designe el banco en su escrito de
demanda, con autorización del juez de la causa.
15) En caso de prenda comercial, los bancos podrán embargarla o
solicitar al depositario su entrega. Si al momento de la
adjudicación el bien pignorado no cubre el monto adeudado, el banco
podrá perseguir cualquier otro bien del deudor.
16) En las acciones ejecutivas que intenten los bancos no será
necesario efectuar el trámite de mediación al que se refiere el
artículo 94 de la Ley No. 261, Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Artículo 62 Venta judicial de la
prenda. Procedimiento
Vencido el plazo de un préstamo hecho con garantía prendaria, los
bancos podrán pedir judicialmente la venta de la prenda para ser
pagados con el producto de ella, salvo pacto en contrario. El juez
oirá en el término de cuarenta y ocho horas al deudor y con su
contestación o sin ella, ordenará la venta al martillo de la prenda
de conformidad con lo establecido en el Código Procesal Civil, con
las modificaciones siguientes:
1) En la subasta sólo se admitirán posturas en efectivo o con
cheques librados por bancos.
2) Las ventas al martillo no pondrán
suspenderse, y las especies se remataran definitivamente en el
mejor postor, cualquiera que sea el monto del precio
ofrecido.
Se exceptúan de estas disposiciones
las ventas al martillo resultantes por cobro judicial de créditos
otorgados con recursos provenientes de los depositantes que confían
sus recursos a las instituciones financieras.
3) En los casos a que se refieren
los ordinales anteriores, no se admitirán tercerías, incidentes ni
excepciones, ni se suspenderá su curso por insolvencia, concurso o
quiebra, suspensión de pagos, muerte, incapacidad o ausencia del
deudor. Excepto cuando se trate de pago comprobado en documento
auténtico, el Juez con noticia del acreedor y sin más trámite dará
por concluida la ejecución y archivará los autos.
4) Si el acreedor impugnare la eficacia del documento auténtico de
pago, al dársele noticia de él, conservará sus derechos para
ventilarlos después en juicio ordinario.
5) Las resoluciones que se dictaren en los procedimientos a que se
refieren los ordinales que preceden, serán apelables por el
acreedor en el efecto devolutivo, salvo que pidiere se le admita en
ambos efectos; el deudor podrá apelar solamente de aquellas que no
se contrajeran a medidas tendientes a la realización de los bienes
pignorados, y en tal caso su apelación será admisible sólo en el
efecto devolutivo.
6) Realizada la venta judicial de los objetos dados en prenda,
podrá el deudor hacer valer, en la vía ordinaria, los derechos que
le asistan a causa de la ejecución, si hubiese hecho reserva al
respecto en cualquier estado del procedimiento antes de la subasta.
Este derecho caducará si el deudor no entablara el correspondiente
juicio dentro de ocho días después de efectuada la venta.
Capítulo IV
Disposiciones Derogatorias
Artículo 881 Derogaciones
Se derogan las siguientes
disposiciones:
1) El Código de Procedimiento Civil de Nicaragua que entró en
vigencia el primero de enero de 1906, sus reformas, adiciones,
aclaraciones, supresiones y la Ley del Colegio de Abogados; 2) Los
artículos 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144 y el numeral 1)
del artículo 189 de la Ley N°. 698, Ley General de los Registros
Públicos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 239, del 17 de
diciembre de 2009; 3) La Ley de Procuradores, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial N°. 396 del 30 de noviembre de 1897, sus
reformas y adiciones;
4) Las numerales 4), 5), el segundo párrafo del numeral 9) y el
numeral 20) del parágrafo V, los parágrafos IX, XIV, XVI, XVII,
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII; del Título Preliminar
y los artículos 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363; 2399,
2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410,
2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421,
2422, 2425, 2430, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528,
2529, 3790, 3791 y 3892, todos del Código Civil de la República de
Nicaragua, cuyo decreto de promulgación fue publicado en La Gaceta,
Diario Oficial N°. 2148 del 5 de febrero del año 1904; 5) Los
numerales 13 y 16 del artículo 59 y el artículo 73 de la Ley No.
561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias
y Grupos Financieros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°.
232 del 30 de noviembre del 2005;
6) Los artículos 19, 29, 31, 32, 33, 34, 35 y el 37 de la Ley de
Prenda Agraria o Industrial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
N°. 174 del 14 de agosto de 1937, así como sus reformas;
7) El Decreto N°.120, Ley que reforma el artículo 28 de la Ley de
Prenda Agraria o Industrial, publicado en La Gaceta, Diario Oficial
No. 95 del 8 de mayo de 1973;
8) Los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de la Ley
No. 146, Ley de Prenda Comercial, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial N°. 60 del 27 de marzo de 1992;
9) el segundo párrafo del numeral 3 del artículo 7, referido al
término de la distancia y los artículos 187, 188, 189, 190, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley
No. 562, Código Tributario de la República de Nicaragua,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 227 del 23 de noviembre
del 2005;
10) Decreto N° 910, Ley reposición de partidas de nacimiento,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 290 de 21 de diciembre
de 1981; y
11) Ley N°. 10 Ley complementaria de reposición de partidas de
nacimiento, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 200 de 18 de
octubre de 1985.
Capítulo V
Disposiciones Transitorias
Artículo 882 Procesos en primera instancia
Todo proceso que se encuentre en
primera instancia, continuará su trámite conforme el procedimiento
que se inició hasta que recaiga resolución que le ponga fin a dicha
instancia.
Para todas las actuaciones procesales posteriores a la resolución
regirá el presente Código.
Artículo 883 Recursos en trámite
Los recursos que se encuentren en
trámite en toda clase de procesos e instancias y en casación, a la
entrada en vigencia de este Código, se continuarán tramitando y se
resolverán de conformidad al régimen de recursos previstos por la
legislación procesal civil anterior.
Artículo 884 Ejecución Provisional
Cuando la ejecución provisional se
haya solicitado antes de la entrada en vigencia del presente Código
se tramitará conforme el Código anterior.
Cuando al entrar en vigor el presente Código un proceso se
encontrare pendiente de recurso, podrá pedirse la ejecución
provisional de la sentencia estimatoria recurrida con arreglo a
éste Código.
Artículo 885 Medidas Cautelares
Las medidas cautelares adoptadas
conforme las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, a
petición de parte podrán ser revisadas, modificadas, sustituidas o
cesadas, con arreglo al presente Código Procesal Civil.
Artículo 886 Publicación de leyes íntegras con reformas
incorporadas
Todas las adiciones, reformas,
supresiones y derogaciones aprobadas por este Código Procesal Civil
de la República de Nicaragua, se consideran sustanciales y con
excepción de los Códigos, los textos íntegros de las leyes
reformadas con sus reformas incorporadas se publicarán en La
Gaceta, Diario Oficial.
Capítulo VI
Vigencia
Artículo 887 Vigencia y vacatio legis
El presente Código Procesal Civil de
la República de Nicaragua entrará en vigencia doce meses después de
su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República
de Nicaragua a los cuatro días del mes de junio del año dos mil
quince. Se extiende el presente autógrafo a los ocho días del mes
de julio de dos mil quince. lng. René Núñez Téllez,
Presidente de la Asamblea Nacional. Lic. Loria Raquel Dixon
B., Secretaria en funciones de la Asamblea Nacional.
Por tanto. Téngase como Ley de la República. Publíquese y
Ejecútese. Managua, cinco de agosto del año dos mil quince.
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de
Nicaragua
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