Convención Sobre Extradición

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Normas Jurídicas de Nicaragua Materia: Relaciones Internacionales Rango: Instrumentos Internacionales - (CONVENCIÓN SOBRE EXTRADICIÓN) Aprobado el 15 de Noviembre de 1934. Publicado en La Gaceta No. 122 del 11 de Junio de 1937. Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional Americana. Deseosos de concertar un convenio acerca de Extradición, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios: HONDURAS: Miguel Paz Barahona, Augusto C. Coello, Luis Bográn. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Cordel Hull, Alexander W. Weddell, J. Reuben Clark, J. Butler Wright, Spruille Braden, Miss Sonhonisba P. Breckinridge. EL SALVADOR: Héctor David Castro Arturo Ramón Avila, J. Cipriano Castro. REPÚBLICA DOMINICANA: Tulio M. Cestero. HAITÍ: Justín Barau, Francis Salgado, Antonio Pierre- Paúl, Edmundo. Mangonés. ARGENTINA: Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ramón S. Castillo, Carlos Brebbia, Isidoro Ruiz Moreno, Luis A. Podestá Costa, Raúl Prebisch, Daniel Ant Koletz VENEZUELA: César Zumeta, Luis Churion, José Rafael Montilla. URUGUAY: Alberto Mañe, Juan José Amézaga, José G. Antuña, Juan Carlos Blanco, Señora Sofía A. v. de Demichele, Martín R. Echegoyen, Luis Alberto de Herrera, Pedro Manini Ríos, Mateo Marqués Castro, Rodolfo Mezzera, Octavio Morató, Luis Morquio, Teófilo Piñeyro Chain, Dardo Regules, José Serrato, José Pedro Varela. PARAGUAY: Justo Pastor Benítez, Jerónimo Riart, Horacio A. Fernández, señorita María F. González. MÉXICO: José Manuel Puig Cosauranc, Alfonso Reyes, Basilio Vadillo, Genero V. Vásquez, Romeo Ortega, Manuel J. Sierra. Eduardo Suárez. PANAMÁ: J. D. Arosemena, Eduardo E, Holguín, Oscar R. Muller, Magín Pns. BOLIVIA: Casto Rojas, David Alvéstegui, Arturo Pinto Escalier. GUATEMALA: Alfredo Skinner Klee, José González Campos, Carlos Salazar, Manuel Arroyo. BRASIL: Afranio de Mello Franco, Lucillo A; da Cunha Bueno, Francisco Luis Da Silva Campos, Gilberto Amado, Carlos Changas, Samuel Ribeiro. ECUADOR: Augusto Aguirre Aparicio, Humberto Albornoz, Antonio Parra, Carlos Puig Vilassar, Arturo Scarone. NICARAGUA: Leonardo Argüello, Manuel Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos. COLOMBIA: Alfonso López, Raimundo Rivas, José Camacho Carreño. CHILE: Miguel Cruchaga Tocornal, Octavio Señoret Silva, Gustavo Rivera, José Ramón Gutiérrez, Fílex Nieto del Río, Francisco Figueroa Sánchez, Benjamín Cohen. PERÚ: Alfredo Solf y Muro, Felipe Barreda Laos, Luis Fernán Cisneros. CUBA: Ángel Alberto Geraudi, Herminio Portell Vila, Alfredo Noguera. Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados su buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: ARTÍCULO 1.- Cada uno de los Estados signatarios se obliga a entregar, de acuerdo con las estipulaciones de la presente Convención, a cualquiera de los otros Estados que los requiera, a los individuos que se halle en su territorio y estén acusados o hayan sido sentenciados, siempre que concurran la circunstancias siguientes: a)- Que el Estado requiriente tanga jurisdicción para juzgar el hecho delictuoso que se imputa al individuo reclamado. b)- Que el hecho por el cual se reclama la extradición tanga el carácter de delito y sea punible por las leyes del Estado requiriente y por las del Estado requerido con la pena mínima de un año de privación de la libertad. ARTÍCULO 2.- Cuando el individuo fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a su entrega, ésta podrá o no ser acordada según lo que determine la legislación o las circunstancias del caso a juicio del dividuo, el Estado requerido queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en él concurren las condiciones establecidas por el inciso b), del artículo anterior, y a comunicar al Estado requiriente la sentencia que recaiga. ARTÍCULO 3.- El Estado requerido no estará obligado a conceder la extradición: a)- Cuando estén prescritas la acción penal a la pena, según las leyes del Estado requeriente y del requerido con anterioridad a la detención del individuo enculpado. b)- Cuando el individuo inculpado haya cumplido su condena en el país del delito o cuando haya sido amnistiado o indultado. c)- Cuando el individuo inculpado haya sido o esté siendo juzgado en el Estado requerido por el hech que se le imputa y el cual se funda el pedido de extradición. d)- Cuando el individuo inculpado hubiera de comparecer ante tribunal o juzgado de excepción del Estado requiriente, no considerándose así a los tribunales del fuero militar. e)- Cuando se trate de delito político o de los que le son conexos. No se reputará delito político el atentado contra la persona del Jefe de Estado o de sus familiares. f)- Cuando se trata de delitos puramente militares o contra la religión. ARTÍCULO 4.- La apreciación del carácter de las excepciones a que se refiere el artículo anterior correspondiente exclusivamente al Estado requerido. ARTÍCULO 5.- El pedido de extradición debe formularse por el respectivo representante diplomático, y a falta de éste por los agentes consulares o directamente de gobierno a gobierno, y debe acompañarse de los siguientes documentos, en el idioma del país requerido: a)- Cuando el individuo ha sido juzgado y condenado por los tribunales del Estado requiriente, una copia auténtica de la sentencia ejecutoriada. b)- Cuando el individuo es solamente un acusado, una copia auténtica de la orden de detención, emanada de juez competente; una relación precisa del hecho imputado una copia de las leyes penales aplicables a ésta, así como de las leyes referentes a la prescripción de la acción o de la pena. c)- Ya se trate de condenado o de acusado, y siempre que fuera posible, se remitirá la filiación y demás datos personales que permitan identificar al individuo reclamado. ARTÍCULO 6.- Cuando el individuo reclamado se hallare procesado o condenado en el Estado requerido, por delito cometido con anterioridad al pedido de extradición, la extradición podrá ser desde luego concedida; pero la entrega al Estado requiriente deberá ser diferida hasta que se termine el proceso o se extinga la pena. ARTÍCULO 7.- Cuando la extradición de un individuo fuere pedida por diversos Estados con referencia al mismo delito, se dará preferencia al Estado en cuyo territorio éste se haya cometido. Si se solicita por hechos diferentes, se dará preferencia al Estado de cuyo territorio se hubiere cometido el delito que tenga pena mayor, según la ley del Estado requerido. Si se tratare de hechos diferentes que el Estado requerido reputa de igual gravedad, la preferencia será determinada por la superioridad del pedido. ARTÍCULO 8.- El pedido de extradición será resuelto de acuerdo con la legislación interior del Estado requerido; y, ya corresponda, según ésta, al poder judicial o al poder administrativo. El individuo cuya extradición se solicite podrá usar todas las instancias y recursos que aquella legislación autorice. ARTÍCULO 9.- Recibido el pedido de extradición en la forma determinada por el artículo 5o., el Estado requerido agotará todas las medidas necesarias para proceder a la captura del individuo reclamado. ARTÍCULO 10.- El Estado requiriente podrá solicitar, por cualquier medio de comunicación, la detención provisional o preventiva de un individuo siempre que exista a lo menos, una orden de detención dictada en su contra y ofrezca pedir oportunamente la extradición. El Estado requerido ordenará la inmediata detención del inculpado. Si dentro de una plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha en que se notificó al Estado requiriente el arresto del individuo, no formalizará aquel su pedido de extradición, el detenido será puesto en libertad y no podrá solicitarse de nuevo su extradición sino en la forma establecida por el artículo 5o. Las responsabilidades que pudieran originarse de la detención provisional o preventiva corresponden exclusivamente al Estado requeriente. ARTÍCULO 11.- Concedida la extradición y puesta la persona reclamada a disposición del agente diplomático del Estado requiriente, se dentro de dos meses contados desde la comunicación en ese sentido no hubiera sido aquella enviada a su destino será puesta en libertad, no pudiendo ser de nuevo detenida por el mismo motivo. El plazo de dos meses se reducirá a cuarenta días si se tratare de países limítrofes. ARTÍCULO 12.- Negada la extradición de un individuo no podrá solicitarse de nuevo por el mismo hecho imputado. ARTÍCULO 13.- El Estado requieriente podrá nombrar agentes de seguridad para hacerse cargo del individuo extrajido; pero la intervención de aquellos estará subordinada a dos agentes o autoridades con jurisdicción en el Estado requerido o en los de transito. ARTÍCULO 14.- La entrega del individuo extraditado al Estado requiriente se efectuará en el punto más apropiado de la frontera o en el puerto más adecuado si su traslación hubiera de hacerse por la via marítima o fluvial. ARTÍCULO 15.- Los objetos que se encontraren en poder del individuo requerido, obtenidos por la perpetración del delito que motiva el pedido de extradición, o que pudieran servir de prueba para el mismo, serán secuestrados y entregados al país requiriente aun cuando no pudiera verificarse la entrega del individuo por causas extrañas al procedimiento, como fuga o fallecimiento de dicha persona. ARTÍCULO 16.- Los gastos de prisión, custodia, manutención y transporte de la persona, así como de los objetos a que se refiere el artículo anterior, serán por cuenta del Estado requerido, hasta el momento de su entrega y desde entonces quedarán a cargo del Estado requiriente. ARTÍCULO 17.- Concedida la extradición, el Estado requiriente se obliga: a)- A no procesar ni a castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradición y que no haya sido incluido en él, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad. b)- A no procesar ni a castigar al individuo por delito político, o por delito conexo con delito político, cometido con anterioridad al pedido de extradición. c)- A aplicar al individuo la pena inmediata inferior a la pena de muerte, sí, según la legislación del país de refugio, no correspondiera aplicarle pena de muerte. d)- A proporcionar al Estado requerido una copia auténtica de la sentencia que se dicte. ARTÍCULO 18.- Los Estados signatarios se obligan a permitir el tránsito por su territorio de todo individuo cuya extradición haya sido acordada por otro Estado a favor de un tercero, sin más requisito que la presentación, en original o en copia auténtica del acuerdo por el cual el país de refugio concedió la extradición. ARTÍCULO 19.- No podrá fundarse en las estipulaciones de esta Convención ningún pedido de extradición por delito cometido antes del depósito de su ratificación. ARTÍCULO 20.- La presente convención será ratificada mediante las formalidades legales de uso en cada un de los Estados signatarios, y entrará en vigor, por cada uno de ellos, treinta días después del depósito de la respectiva ratificación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana, en Washington, que notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios; tal notificación valdrá como canje de ratificaciones. ARTÍCULO 21.- La presente Convención no abroga ni modifica los tratados bilaterales o colectivos que en la fecha del actual estén en vigor entre los Estados signatarios. No obstante, si alguno de aquellos dejara de regir, entrará a aplicarse de inmediato la presente Convención entre los Estados respectivos, en cuanto cada uno de ellos hubiere cumplido con las estipulaciones del artículo anterior. ARTÍCULO 22.- La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamericana, que la trasmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demás Altas Partes Contratantes. ARTÍCULO 23.- La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de los Estados no signatarios. Los instrumentos correspondientes serán depositados en los archivos de la Unión Panamericana que los comunicará a las otras Altas Partes Contratantes. En fé de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, firman y sellan la presente Convención en español, inglés, portugués y francés, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, este vigésimo sexto día del mes de Diciembre del año de mil novecientos treinta y tres. RESERVAS La Delegación de los Estados Unidos de América, al firmar la presente Convención de Extradición, reserva los siguientes artículos: Artículo 2 (Segunda frase del Texto Inglés); Artículo 3, párrafo d; Artículo 12, 15, 16 y 18. Reserva de que El Salvador, aunque acepta en tesis general el Artículo XVlll del Tratado Interamericano de Extradición, establece concretamente la excepción de que no puede cooperar a la entrega de sus propios nacionales, prohibida por su Constitución Política, permitiendo el paso por su territorio de dichos nacionales cuando un Estado extranjero los entrega a otro. México suscribe la Convención sobre Extradición con la declaración respecto del Artículo 3, fracción f, que la legislación interna de México no reconoce los delitos contra la religión. No suscribirá la cláusula opcional de esta Convención. La Delegación del Ecuador, tratándose de las Naciones con las cuales su país tiene celebradas Convenciones sobre Extradición, acepta las estipulaciones aquí establecidas en todo aquello que no estuvieren en desacuerdo con aquellas Convenciones. Honduras:- M. Paz Barahona, Augusto C. Coello, Luis Bográn. Estados Unidos de América:- Alexander W. Weddell, J. Butler Wright. El Salvador:- Héctor David Castro, Arturo R. Avila. República dominicana:- Tulio M. Cestero. Haití:- J. Barau, F. Salgado, Edmond Mangonés, A. Prre. Paúl. Argentina:- Carlos Saavedra Lamas, Juan F. Cafferata, Ramón S. Castillo, I. Ruiz Moreno, L. A. Podestá Costa D. Antokoletz. Uruguay:- A. Mañe, José Pedro Valela, Mateo Marques Castro, Dardo Regules, Sofía Alvarez Vignoli de Demicheli, Teófilo Piñeyro Cnain, Luis A. de Herrera, Martín R. Echegoyen, José G. Antuña, J. C. Blanco, Pedro Manini Ríos, Rodolfo Mezzera, Octavio Morató, Luis Morquio, José Serrato. Paraguay:- Justo Pastor Benítez, María F. González. México:- B. Vadillo, M. J. Sierra, Eduardo Suárez. Panamá:- J. D. Arosamena, Magin Pons Eduardo E. Holguin. Guatemala:- A. Skiner Klee, J. González Campo, Carlos Salazar, M. Arroyo. Brasil:- Lucillo A. Da Cunha Bueno, Gilberto Amado. Ecuador:- A. Aguirre Aparicio, H. Albornoz, Antonio Parra V., C. Puig V., Arturo Scarone. Nicaragua:- Leonardo Argüello, M. Cordero Reyes, Carlos Cuadra Pasos. Colombia:- Alfonso López, Raimundo Rivas. Chile:- Miguel Cruchaga, J. Ramón Gutiérrez, F. Figueroa, F. Nieto del Río, B. Cohen. Perú:- Alfredo Solf y Muro. Cuba:- Alberto Giraudy. Herminio Portelí Vilá, Ing. A. E. Noguera. CLÁUSULA OPCIONAL Los estados signatarios de esta cláusula, no obstante lo establecido por el Art. 2o. de la Convención sobre Extradición que antecede, convienen entre si que en ningún caso la nacionalidad del reo pueda impedir la extradición. La presente cláusula queda abierta a los Estados signatarios de la referida Convención sobre Extradición, que deseen adherirse a ella en lo futuro, para lo cual bastará comunicar ese propósito a la Unión Panamericana. Argentina:- L. A. Podestá Costa, D. Antokoletz. Uruguay:- A. Mañe, José Pedro Valera, Mateo Marquez Castro, Dardo Regules, Sofía Álvarez Vignoli de Demicheli, Teófilo Piñayro Chain, Luis A. de Herrera, Martín R. Echegoyen, José G. Antuña, J. C. Blanco, Pedro Manini Ríos, Rodolfo Mezzera, Octavio Morató, Luis Morquio, José Serrato. REPÚBLICA DEL URUGUAY Ministerio de Relaciones Exteriore Es copia fiel y conforme del ejemplar original en español de la Convención sobre extradición aprobada por la Vll Conferencia Internacional Americana que queda depositado en los archivos de esta Ministerio de Relaciones Exteriores. Montevideo, Marzo 31 de 1934.- (f) MATEO MARQUEZ CASTRO, Ministro Plenipotenciario, Subsecretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores. Sello del Ministerio de R. R. EE. Vista la Convención sobre Extradición suscrita en la Sétima Conferencia Internacional Americana de Montevideo el 26 de Diciembre de 1933.- EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ACUERDA: Conceder su aprobación y someterla al Congreso Nacional para los fines de ley. Comuníquese, Palacio del Ejecutivo.- Managua, D. N., 15 de Noviembre de 1934.- (f) JUAN B. SACASA. (GRAN SELLO NACIONAL) El Ministro de Relaciones Exteriores.-(f) LEONARDO ARGÜELLO. (Sello del Ministerio de RR. EE). -