Ratificación Del Gobierno De Nicaragua A La Convención Para Prevenir Y Sancionar Los Actos De Terrorismo Configurados En Delitos Contra Las Personas Y La Extorsión Conexa Cuando Éstos Tengan Trascendencia Internacional

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Normas Jurídicas de Nicaragua Materia: Penal Rango: Instrumentos Internacionales - RATIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE NICARAGUA A LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO ÉSTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL Aprobado el 02 de Febrero de 1971 Publicado en La Gaceta No. 291 del 21 de Diciembre de 1972 Roberto Martínez Lacayo, Fernando Agüero Rocha y Alfonso Lovo Cordero, MIEMBROS DE LA JUNTA NACIONAL DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, POR CUANTO: El día dos de Febrero de mil novecientos setenta y uno se suscribió en el Tercer Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C., la CONVENCIÓN PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO ESTOS TENGAS TRASCENDENCIA INTERNACIONAL, cuyo texto es el siguiente: RATIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE NICARAGUA A LA CONVENCIÓN PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO ÉSTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONSIDERANDO: Que la defensa de la libertad y de la justicia y el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, reconocidos por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son deberes primordiales de los Estados: Que la Asamblea General de la Organización, en la Resolución 4 del 30 de Junio de 1970, condenó enérgicamente los actos de terrorismo y en especial el secuestro de personas y la extorsión conexa con éste, los que calificó como graves delitos comunes; Que están ocurriendo con frecuencia actos delictivos contra personas que merecen protección especial de acuerdo con las normas de derecho internacional y que dichos actos revisten trascendencia internacional por las consecuencias que pueden derivarse para las relaciones entre los Estados; Que es conveniente adoptar normas que desarrollen progresivamente el derecho internacional en lo que atañe a la cooperación internacional en la prevención y sanción de tales actos; Que en la aplicación de dichas normas debe mantenerse la institución del asilo y que, igualmente, debe quedar a salvo el principio de no intervención, HAN CONVENIDO EN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES: Artículo 1.- Los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente las que se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme el derecho internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos. Artículo 2.- Para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de trascendencia internacional cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos. Artículo 3.- Las personas procesadas o sentenciadas por cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2 de esta Convención, estarán sujetas a extradición de acuerdo con las disposiciones de los tratados de extradición vigentes entre las partes o, en el caso de los Estados que no condicionan la extradición a la existencia de un tratado, de acuerdo con sus propias leyes. En todo caso corresponde exclusivamente al Estado bajo cuya jurisdicción o protección se encuentren dichas personas calificar la naturaleza de los hechos y determinar si las normas de esta Convención les son aplicables. Artículo 4.- Toda persona privada de su libertad por aplicación de la presente Convención gozara de las garantías judiciales del debido proceso. Artículo 5.- Cuando no proceda la extradición solicitada por alguno de los delitos especificados en el artículo 2 porque la persona reclamada sea nacional o medie algún otro impedimento constitucional o legal, el Estado requerido queda obligado a someter el caso al conocimiento de las autoridades competentes, a los efectos del procesamiento como si el hecho se hubiera cometido en su territorio. La decisión que adopten dichas autoridades será comunicada al Estado requirente. En el juicio se cumplirá con la obligación que se establece en el artículo 4. Artículo 6.- Ninguna de las disposiciones de esta Convención será interpretada en el sentido de menoscabar el derecho de asilo. Artículo 7.- Los estados contratantes se comprometen a incluir los delitos previstos en el artículo 2 de esta Convención entre los hechos punibles que dan lugar a extradición en todo tratados sobres la materia que en el futuro concierten entre ellos. Los Estados contratantes que no supediten la extradición al hecho de que exista un tratado con el Estado solicitante consideran los delitos comprendidos en el artículo 2 de esta Convención como delitos que dan lugar a extradición, de conformidad con las condiciones que establezcan las leyes del Estado requerido. Artículo 8.- Con el fin de cooperar en la prevención y sanción de los delitos previstos en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados contratantes aceptan las siguientes obligaciones: a) Tomar las medidas a su alcance, en armonía con sus propias leyes, para prevenir e impedir en sus respectivo territorios la preparación de los delitos mencionados en el artículo 2 y que vayan a ser ejecutados en el territorio de otro Estado contratante; b) Intercambiar informaciones y considerar las medidas administrativas eficaces para la protección de las personas a que se refiere el artículo 2 de esta Convención; c) Garantizar el más amplio derecho de defensa a toda persona privada de libertad por aplicación de la presente Convención; d) Procurar que se incluyan en sus respectivas legislaciones penales los hechos delictivos materia de esta Convención cuando no estuvieren ya previstos en aquéllas. e) Complementar en la forma más expedita los exhortos en relación con los hechos delictivos previstos en esta Convención. Artículo 9.- La presente Convención queda abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, así como de cualquier Estado Miembro de la Organización de las Naciones Unidas o de cualquiera de los organismos especializados vinculados a ella o que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de cualquier otro Estado que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos invite a suscribirla. Artículo 10.- La presente Convención será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Artículo 11.- El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y dicha Secretaría enviará copias certificadas a los gobiernos signatarios para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y dicha Secretaría notificará tal depósito a los Gobiernos signatarios. Artículo 12.- La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen, en el orden en que depositen los instrumentos de sus respectivas ratificaciones. Artículo 13.- La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciarla. La denuncia será trasmitida a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y dicha Secretaría la comunicará a los demás Estados contratantes. Transcurrido un año o partir de la denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados contratantes. Declaración de Panamá La Delegación de Panamá, deja constancia de que nada en esta Convención podrá interpretarse en el sentido de que el derecho de asilo implica el de poderlo solicitar de las autoridades de los Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá, ni el reconocimiento o refugio político en e territorio de la República de Panamá que constituye la zona del Canal de Panamá. EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus plenos poderes, que han sido hallados en buena y debida forma, firman la presente Convención, en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Washington, el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno. POR CUANTO: El día veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y uno se dictó el siguiente acuerdo: No.1 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ACUERDA: PRIMERO: Aprobar la CONVENCIÓN PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO ESTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL, suscrita en Washington, D.C., el 2 de febrero de 1971, durante el Tercer Período extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. SEGUNDO: Someter dicha Convención a la aprobación del Honorable Congreso Nacional. COMUNÍQUESE: Casa Presidencial, Managua, Distrito Nacional, veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y uno.- A. SOMOZA.- El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, LORENZO GUERRERO. POR CUANTO: El día treinta de junio de mil novecientos setenta y uno se dictó la siguiente Ley: EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A sus habitantes, SABED: QUE EL CONGRESO HA ORDENADO LO SIGUIENTE: RESOLUCIÓN No. 291 LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA CÁMARA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, RESUELVEN: ÚNICO: Aprobar la CONVENCIÓN PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO ESTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL, suscrita en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Washington, D.C., el 2 de febrero de 1971 y aprobada por el Poder Ejecutivo en Decreto No. 1 del 21 de mayo de 1971. La presente Resolución deberá publicarse en La Gaceta, Diario Oficial. Dados en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, Managua, D.N., 24 de junio de 1971. ORLANDO MONTENEGRO MEDRANO, D.P.- FRANCISCO URBINA ROMERO, D.S.- CARMENZA LARA DE BORGEN, D.S. Al Poder Ejecutivo. Cámara del Senado. Managua, D.N., 30 de junio de 1971.- CORNELIO H. HUECK, S.P.- GUSTAVO RASKOSKY, S.S. ERNESTO CHAMORRO PASOS, S.S. POR TANTO: Ejecútese. Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, treinta de junio de mil novecientos setenta y uno.- A. SOMOZA. El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, LORENZO GUERRERO. POR CUANTO: El día treinta de junio de mil novecientos setenta y uno se dictó el siguiente Decreto: No. 2 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DECRETA: Primero: Ratificar la CONVENCIÓN PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE TERRORISMO CONFIGURADOS EN DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Y LA EXTORSIÓN CONEXA CUANDO ESTOS TENGAN TRASCENDENCIA INTERNACIONAL, suscrita en Washington, D.C., el 2 de febrero de 1971, durante el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, SEGUNDO: Expedir el correspondiente instrumento de Ratificación para su deposito en la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. Comuníquese: Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, treinta de junio de mil novecientos setenta y uno. A. SOMOZA. El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, LORENZO GUERRERO. POR TANTO: Expedimos el presente instrumento de Ratificación firmado por Nosotros, sellado con el gran Sello Nacional y refrendado por el señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, para ser depositado en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Dado en Casa Presidencial, Managua, Distrito Nacional, a los treinta días del mes de octubre de mil novecientos setenta y dos. f) R. MARTÍNEZ L.- f) F. AGÜERO.- f) A. LOVO CORDERO (L.G.S.N).- El Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, f) ALEJANDRO MONTIEL ARGUELLO. -