Normas Jurídicas
de Nicaragua
Materia: Equidad de Género
Rango: Decretos Ejecutivos
-
DEL PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD
DE GÉNERO
DECRETO No. 36-2006, Aprobado el 14 de Junio del 2006
Publicado en La Gaceta No. 139 del 18 de Julio del 2006
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA,
I
Que el Programa Nacional de Equidad de Género (PNEG) es el producto
de un proceso y una combinación de factores positivos, que desde el
Gobierno, liderado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer, en
alianza con otras instituciones del Estado, la sociedad civil y la
cooperación internacional, específicamente la Comisión
Interagencial de Género, trabajan por el desarrollo de la equidad
de género en Nicaragua.
II
Que el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM) desarrolló una
estrategia de trabajo para alcanzar este objetivo, y en Octubre
2004 logró el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), para establecer los lineamientos generales que
en el futuro serían la base para la construcción de un Programa
Nacional de Equidad de Género.
III
Que el Instituto Nicaragüense de la Mujer, posterior al análisis y
aceptación del Documento Base, consideró necesario, en el marco de
la apropiación y democratización participativa de la equidad de
género en Nicaragua, pasar a un período de consulta del mismo, con
algunos sectores que no participaron en el proceso inicial. Y con
esta consideración fue entregado a la Presidencia de la República
el 8 de Marzo del 2005, dentro de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
IV
Que como continuidad a este esfuerzo el INIM alcanzó un segundo
momento que fue la fase de elaboración de una Propuesta de Consulta
del Documento Base del PNEG, y que en espacios de participación
nacional y en algunos departamentos del país, con diversos actores,
con el objetivo de enriquecerlo, y al mismo tiempo establecer
alianzas para el impulso del mismo, y así convertirlo en un
PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO aprobado democráticamente
por representantes del Gobierno y sociedad civil.
En uso de las facultades que le
confiere la Constitución Política,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO
Del Programa Nacional de Equidad de Género
Arto 1.- Aprobar el Programa Nacional de Equidad de Género,
aprobado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer que a
continuación se detalla:
Capítulo I
Objetivo General
El objetivo general del Programa es impulsar la equidad de género
entre las mujeres y hombres nicaragüenses durante el quinquenio
2006-2010. Es decir, el Programa busca contribuir para crear
condiciones que generen mejoras de la equidad de género en áreas
tales como la erradicación de la violencia, la educación, la salud,
el empleo y el acceso y control a los recursos económicos
productivos y la participación política; como objetivos
impostergables de una estrategia nacional de desarrollo económico y
humano sostenible.
El objetivo específico del Programa, es identificar a través de la
participación en la consulta, las necesidades e intereses de las
mujeres, y por tanto construir la base para las acciones a
desarrollar. Ello supone establecer un marco de actuación conjunta
de las instituciones públicas y la sociedad civil, con el apoyo
coordinado de la Cooperación Internacional para promover la equidad
de género en todas las políticas e iniciativas públicas
nicaragüenses. Es decir, busca sentar las bases para promover un
proceso de transversalización de la equidad de género de manera
sistemática y sostenible, para ello el fortalecimiento
institucional del INIM y la promoción de los espacios de
articulación y los recursos necesarios aseguran la implementación
de la transversalidad de género.
Metodología
El Documento Base del PNEG se elaboró durante tres semanas, con
participación de los principales sectores y actores sociales y
políticos interesados. La calidad de la participación ha sido
notable, como lo muestran las aportaciones que se han escogido en
el documento y cuyo desarrollo implicará la profundización del
diagnóstico aquí esbozado: institucional, político y social, para
cada uno de los sectores y áreas de intervención.
Se realizaron dos talleres complementarios de convocatoria amplia
que se han centrado en las experiencias y opiniones de los dos
grupos de actores protagonistas en la configuración de una política
de género de nivel nacional: las instituciones públicas y la
sociedad civil.
El Documento Final del PNEG, convertido en el Programa Nacional de
Equidad de Género, fue complementado y concluido a partir de la
consulta del Documento Base del PNEG con diversos actores en 11
sesiones de trabajo, con una participación de aproximadamente 230
personas, durante 2 meses.
Se seleccionaron seis espacios de participación nacional, que con
los actores participantes, responden a la decisión del INIM de
aprovechar eficientemente los espacios ya existentes y de trabajos
en marcha, así como la presencia de los actores históricos y los
recién integrados en los mismos; entre ellos las comisiones
nacionales que lidera el INIM, utilizando las buenas prácticas de
las alianzas establecidas. Para ello se seleccionaron las Mesas de
Género y Economía; de Género y Gobernabilidad; AMLAE; Red de
Mujeres contra la Violencia; Comisaría de la Mujer y Policía;
Asociación de Mujeres María Elena Cuadra; la Oficina de la Mujer de
la Alcaldía de Managua; y las Comisiones de Mujer Rural, Comisión
Nacional de Lucha contra la Violencia; y el Comité Técnico del
Consejo Consultivo.
Se planificaron cinco sesiones de consulta a nivel territorial en
las cabeceras departamentales de: León, Rivas, Bluefields, Nueva
Segovia y Estelí con los Comité de Desarrollo Departamental,
Comisiones Territoriales, Unidades de Género donde existan,
representantes del movimiento de mujeres.
Justificación
El marco jurídico de derechos humanos y el mayor compromiso que en
materia de igualdad tiene Nicaragua es la Constitución Política de
la República; así como su activa participación y ratificación de
los compromisos en las conferencias internacionales que la han
colocado en el camino de los avances irrenunciables para impulsar
una iniciativa pública de desarrollo para contribuir de manera
cabal y sostenible a la equidad de género, desde una comprensión
integral y paritaria de la participación de mujeres y hombres en el
desarrollo.
Tanto la Plataforma para la Acción de Beijing, como los diversos
instrumentos adoptados en las diversas Conferencias de Naciones
Unidas, los Acuerdos Regionales y Nacionales, suscritos sobre las
mujeres y sobre aspectos sectoriales de desarrollo, constituyen
textos y documentos de referencia que contribuyen a fortalecer los
derechos de las mujeres nicaragüenses y la perspectiva de género en
el desarrollo, pues se trata de instrumentos ratificados por
Nicaragua.
Todas las políticas públicas tienen un impacto sobre hombres y
mujeres de acuerdo a sus características de género que es necesario
tomar en consideración para corregir las desigualdades. Es decir,
existe una responsabilidad pública en el modo en que se gestionan
las políticas y recursos y, en definitiva, las oportunidades
económicas y sociales. De modo que la equidad de género sea una de
las condiciones de la gobernabilidad democrática.
El panorama de las iniciativas públicas de igualdad demuestra que
se han hecho esfuerzos válidos que arrojan resultados encaminados
en colocar la equidad de género de forma visible; sin embargo aún
estos esfuerzos deben superar su grado de dispersión y de limitada
trascendencia. Debe fortalecerse una mayor articulación desde los
distintos sectores e impulsar iniciativas más sostenibles a mayor
plazo y con una amplia visión de conjunto.
La necesidad urgente de avanzar en la construcción de una política
pública de género que legitime, racionalice y potencie las
iniciativas de equidad de género en la corriente principal del
proceso de desarrollo nacional.
Capítulo
II
Impacto de Género de las Políticas Públicas
Todas las políticas públicas tienen un impacto sobre la realidad
social, es decir, tratan de producir cambios sociales, mejorar de
algún modo las vidas de las personas. Si mujeres y hombres tienen
vidas diferentes determinadas por la identidad de género, también
las políticas les afectan de modo distinto. Por todo ello, el
presente programa pone un mayor énfasis en la necesidad de
planificar con enfoque de género, es decir, teniendo en cuenta las
desigualdades de género en todas las políticas públicas.
Las características sociales de género asignadas a hombres y
mujeres generan condiciones de desigualdades que ubican a las
mujeres en una situación de desventaja para acceder a los recursos
y oportunidades económicas, sociales y políticas.
En términos de género no existen políticas neutrales: las políticas
e iniciativas públicas pueden estar contribuyendo a mejorar la
igualdad entre mujeres y hombres o bien, todo lo contrario, a
incrementar las brechas en las oportunidades de ambos.
El presente Programa confirma que sigamos trabajando planificando
con enfoque de género, es decir, teniendo en cuenta las
desigualdades de género en todas las políticas públicas, de este
modo podremos asegurar que las políticas de Estado vayan dirigidas
a todos los ciudadanos, sin exclusión; y que sean redistributivas.
Ello no implica, sin embargo, entender que las mujeres sean
víctimas del desarrollo, o considerarlas como grupo vulnerable, más
bien, son protagonistas y agentes activas de desarrollo, lo que
ocurre es que las condiciones en que participan son
discriminatorias y sus aportaciones y capacidades apenas son
visibilizadas y valoradas.
Necesidad de Construir un Marco Político-Jurídico Global de
Género
El panorama nicaragüense sobre la integración de los aspectos de
género en las políticas públicas muestra iniciativas prácticas
desde las distintas áreas de desarrollo. En la actualidad
conceptualmente parecen centrarse sobre todo en el área de
gobernabilidad y estar aglutinadas en torno al problema de la lucha
contra la violencia intrafamiliar y de género. Muchas de estas
iniciativas son lideradas por el Instituto Nicaragüense de la Mujer
(INIM), pero no agotadas en su quehacer. Múltiples institutos,
organizaciones e instancias públicas, como por ejemplo el FISE,
llevan a cabo iniciativas relativas a las mujeres o que buscan
promover de algún modo la equidad de género, por ejemplo podemos
destacar la existencia de unidades de género en el sector
agropecuario y del ambiente, la inclusión de la salud sexual y
reproductiva en la Ley Nacional de Salud y el Plan Nacional de
Salud, así como también la labor que desde la Policía Nacional se
realiza desde las Comisarías de la Mujer, Niñez y
Adolescencia.
Aún queda largo camino hacia una política global de equidad de
género que de cobertura de modo coherente y sistemático a las
diversas acciones. Es necesaria una política de género cabal
ubicada en el marco de la política nacional de desarrollo.
Se reconoce la necesidad de continuar avanzando en la comprensión
de la equidad de género y su importancia en las políticas públicas,
es necesario contar con los recursos y continuar fortaleciendo las
capacidades técnicas del INIM y elevar su status.
Capítulo
III
Eficaz y Eficiente Cumplimiento del Plan Nacional de
Desarrollo
Los objetivos de desarrollo que conforman el Plan Nacional de
Desarrollo solamente serán posibles con equidad de género y con la
participación activa de las mujeres, quienes tienen un papel
central en el desarrollo de Nicaragua. Las inversiones sociales
serán rentables si tienen en cuenta y se visualizan las necesidades
de las mujeres y su participación en el desarrollo, promoviendo su
empoderamiento y autonomía.
Importantes Necesidades de Fortalecimiento
Institucional
Si las políticas no son neutras al género de las personas, las
instituciones tampoco: son producto de la misma cultura que
reproduce las desigualdades, por lo que el trabajo de integración
de género hacia adentro de las organizaciones cobra asimismo
especial importancia.
Debemos destacar las necesidades de fortalecimiento institucional
en materia de género que se expresan, por ejemplo, en mejorar la
sensibilización y comprensión de la equidad de género y su
importancia por parte de algunos responsables de políticas
públicas. También se expresan en la ausencia de una política de
género de alcance global con los recursos necesarios. En relación
con ello, es esencial una estrategia de transversalización
entendida con todos sus elementos necesarios, el fortalecimiento de
las capacidades técnicas para integrar género en las diversas áreas
de la política pública, así como la correcta ubicación dentro de
las estructuras del quehacer público del Instituto Nicaragüense de
la Mujer en el panorama de las políticas públicas.
Estas carencias que deben ser reforzadas institucionalmente, se
experimentan en todo el entramado institucional, con mayor o menor
incidencia por sectores: los más duros o masculinizados suelen
presentar mayores problemas de trabajo con género (macroeconomía,
finanzas, políticas estructurales, infraestructuras, transportes,
pesca, etc.); y a todos los niveles del Estado: nacional,
departamental y municipal.
Orientaciones Conceptuales y Estrategias del Programa
Es importante aclarar y definir los conceptos de género a fin de
que todos los actores implicados podamos comprender y compartir el
mismo campo semántico de manera homologada, dando legitimidad
política y mayor fuerza a la terminología.
Orientaciones Conceptuales de Género
Nicaragua tiene como el marco de su mayor compromiso en materia de
igualdad la Constitución de la República de Nicaragua. Al mismo
tiempo ha venido participando activamente en las Conferencias
internacionales que han marcado hitos en la adopción de conceptos
centrales de género como el propio concepto de género, la equidad
de género, el empoderamiento, la transversalidad, la salud sexual y
reproductiva, los derechos humanos de las mujeres, entre otros, que
suponen avances irrenunciables para cualquier iniciativa pública de
desarrollo que quiera contribuir de manera cabal y sostenible a la
equidad de género, desde una comprensión integral y paritaria de la
participación de mujeres y hombres en el desarrollo.
Tanto la Plataforma para la Acción de Beijing, como los diversos
instrumentos adoptados en las diversas Conferencias de Naciones
Unidas sobre las mujeres y sobre aspectos sectoriales de
desarrollo, constituyen textos y documentos de referencia que
contribuyen a fortalecer los derechos de las mujeres nicaragüenses
y la perspectiva de género en el desarrollo y la Cooperación
Internacional, pues se trata de instrumentos ratificados por
Nicaragua.
Capítulo
IV
La Equidad de Género Objeto del Programa
Promover un desarrollo sostenible exige equidad de género y al
mismo tiempo esta ha de ser un objetivo de desarrollo.
Género se reconoce como una dimensión clave del desarrollo,
entendido como el conjunto de roles asignados, susceptibles de
cambio y evolución, que se encuentran interrelacionados, para
hombres y mujeres. Estos roles y el modo en que se valoran,
determinan una posición desigual e injusta para las mujeres en el
contexto del desarrollo y se ven afectados y moldeados, entre
otros, por las políticas y los proyectos de desarrollo.
La equidad de género es un objetivo y una estrategia de desarrollo.
No implica identidad entre hombres y mujeres sino igual valoración,
igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades para
mujeres y hombres en el desarrollo.
Un Programa Nacional de Equidad de Género, se refiere a que la
equidad de género ha de configurarse como un objetivo al que deben
contribuir, de manera concreta, todas las políticas públicas.
La Estrategia de Intervención del Programa
Acciones Positivas y Transversalidad
El Programa se basa en una estrategia de doble vía:
- Promoción de acciones positivas dirigidas específicamente a
alcanzar la equidad de género y
- La estrategia de transversalización, por la cual todas las
iniciativas de política pública han de integrar la dimensión de
género.
Las acciones positivas son el conjunto de medidas encaminadas
directamente a eliminar los obstáculos y acabar con las
discriminaciones que impiden, de hecho, a las mujeres, acceder a la
igualdad de derechos y oportunidades.
Las acciones positivas promueven el empoderamiento o las
capacidades y autonomía de las mujeres para enfrentar los problemas
de desigualdad que les afectan. Se trata de un proceso complejo y
específico de cada persona y contexto, por el cual se accede a los
diversos recursos y oportunidades necesarios internos o
psicológicos, políticos, económicos, etc., para cambiar su posición
en las relaciones de género, es decir para superar las
discriminaciones que les afectan.
La transversalización de género es la estrategia complementaria a
las acciones positivas, es la estrategia central del programa. Esta
estrategia fue adoptada en la Conferencia de Beijing (1995); e
implica la integración de la igualdad de género en todas las
políticas e iniciativas de desarrollo, de manera complementaria a
los proyectos específicos. Surge como reacción a la marginalización
de las iniciativas de género y busca dar una mayor importancia y
amplitud a la igualdad de género respecto de las principales
iniciativas y recursos de desarrollo.
Se necesita ubicar conceptualmente la equidad de género en el nivel
más alto y amplio de política de manera que pueda aprovecharse la
potencialidad de todos los recursos existentes para la promoción de
la equidad de género. Esa es la lógica de la estrategia de
transversalidad. De lo que se trata es de ubicar la equidad de
género en la corriente principal del desarrollo, para que las
principales políticas, instituciones y procesos de toma de
decisiones que respondan a ese objetivo.
Es decir, se busca un cambio del escenario actual, en el cual las
políticas públicas se desarrollan en su mayor parte sin enfoque de
género, mientras el INIM con todas sus limitaciones trata de
revertir tal proceso., a un nuevo escenario objeto del proceso de
transversalización en que la equidad de género sea objetivo de las
políticas generales, con un INIM fortalecido que lidere este
proceso de cambio, trabajando conjunta y no compensatoriamente
respecto de otras políticas, en los avances en la igualdad de
oportunidades.
La política de género se concibe en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo, en relación a todos los sectores, y se expresa en todos
los niveles de planificación, incluidos los departamentales y
locales.
En este marco conceptual descrito, el Programa Nacional de Equidad
de Género constituye el instrumento político, básico que da
cobertura a todas las actuaciones públicas de las instituciones
nicaragüenses en materia de equidad de género con lo que
alcanzaremos una visión global y sistemática de la dimensión de
género en todas las políticas públicas.
Los Actores del Proceso y los Mecanismos de
Concertación
El INIM, institución con una trayectoria de existencia de 17 años,
es el organismo que ha venido impulsando los cambios de equidad de
género de acuerdo a su mandato y naturaleza. Para realizar su rol
es necesario realizar acciones de capacitación y fortalecimiento
institucional así mismo mejorar el status institucional del
mecanismo de la mujer, de modo que pueda ejercer sus competencias
de conducción y liderazgo del proceso respecto de todas las áreas
de política. Deberán estudiarse la racionalización de los espacios
de coordinación interinstitucional, y el trabajo coordinado con la
sociedad civil, de modo que se promueva una integración sostenible
de género de doble vía en todas las políticas públicas y de modo
ampliamente participativo.
La puesta en práctica de un programa para la transversalización de
género implica la participación de todas las instituciones públicas
en sus diversos, niveles de actuación. Todas ellas desarrollarán
también, por tanto, competencias y responsabilidades en materia de
equidad de género. Es decir de la política nacional de equidad de
género no es sólo responsabilidad del INIM, éste tiene un papel
impulsor que deberá ser desarrollado por las diversas instituciones
en el área de sus respectivas competencias, de modo que la
integración de género se transforme en un auténtico principio
orientador de la gestión pública y de gobernabilidad
democrática.
Las Municipalidades y Departamentos son, asimismo, actores
fundamentales a tomar en consideración en la promoción de la
equidad de género, junto con los diversos actores de la sociedad
civil organizada y las Universidades.
La Cooperación Internacional puede jugar un papel importante de
apoyo al proceso de integración de género en las políticas públicas
nicaragüenses, siempre y cuando las Agencias la asuman internamente
como una prioridad y se doten de las capacidades y recursos
necesarios.
Estructura y Contenidos
El Gobierno de la República de Nicaragua frente a la demanda de la
población, que a través de las organizaciones de mujeres ha venido
impulsando un trabajo por la igualdad, ha suscrito acuerdos
internacionales en materia de género, y ha participado en los
distintos espacios como (la CEDAW, la Plataforma para la Acción de
Beijing, etc.), y también responde a los objetivos del Milenio tal
como han sido adoptados por la comunidad internacional y toma en
cuenta la próxima revisión de los mismos de cara al 2005 y
2015.
Como una iniciativa de gobierno, el INIM en el esfuerzo por
fortalecer el cumplimiento de esos compromisos contraídos y lograr
el enfoque de equidad de género en la implementación del PND
(2005-2015) se ha planteado la necesidad impostergable de formular
un Programa Nacional de Equidad de Género dándole contenidos y
enfoque de género a las prioridades de la política global de
desarrollo: área económico-productiva, de gobernabilidad y de
desarrollo humano, a la que se suma la de lucha contra la violencia
de género que tiene un carácter transversal. Asimismo, se plantea
de modo coordinado con los diversos programas sectoriales
existentes en materia de salud, educación, lucha contra la
violencia, etc., buscando mejorarlos y complementarlos desde una
perspectiva de género.
El Objetivo General del Programa es el de impulsar la equidad de
género entre las mujeres y hombres nicaragüenses durante los
próximos cinco años, y se plantea realizarlo a través de una doble
estrategia de carácter complementario.
Objetivos de Equidad de Género por Sectores
La determinación de objetivos de equidad de género para cada una de
las áreas de intervención prioritaria del Plan Nacional de
Desarrollo, han sido obtenidos a través del proceso construcción
del Programa y de la consulta realizada sobre el Documento Base del
PNEG, logrando la identificación de los mismos desde la perspectiva
de equidad de género vinculado a la realidad de cada espacio de
participación y sus integrantes. Si bien su formulación tiene un
carácter general al tratarse de objetivos, su concreción práctica
se realizará a través de acciones positivas y en el diseño y
formulación de un Plan de Acción.
Estrategias de Transversalización
El fortalecimiento y desarrollo de las capacidades necesarias para
la puesta en práctica de políticas con enfoque de género de modo
sostenible por parte de todas las instituciones del Estado, proceso
que será liderado por el INIM.
Capítulo V
Objetivos de Equidad de Género en las Áreas de
Desarrollo
A continuación se han identificado algunos de los principales
problemas y objetivos de acuerdo a las áreas que estructuran el
Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de determinar las
vinculaciones fundamentales de la equidad de género con cada
sector, como marco para la planificación de acciones positivas e
intervenciones concretas a impulsar por el INIM y cada uno de los
actores gubernamentales y no gubernamentales implicados en la
promoción de la equidad de género. En definitiva se trata de
avanzar en la definición del marco común de convergencia para la
equidad de género en el marco de los objetivos globales de
desarrollo del país.
El Estado de Nicaragua asegura desde 1955 el derecho ciudadano de
las mujeres a ejercer el voto en las urnas electorales y a elegir
libremente a los gobernantes.
Los dos partidos políticos mayoritarios, el Frente Sandinista y el
Partido Liberal Constitucionalista, han establecido cuotas de
participación femenina. El primero de ellos estableció una cuota
mínima de participación de mujeres del 30% en cargos de el período,
la dirección y como candidatas a cargos de elección pública. En su
Junta Directiva tiene un 38.8% de representantes femenina. El
segundo partido mencionado estableció una cuota del 40% para
mujeres y jóvenes, teniendo en su Junta Directiva nacional un 20%
de mujeres.
A pesar de estos avances, aún existen obstáculos para lograr la
efectividad en estas medidas formales. La ausencia de mecanismos
que aseguren la participación, la falta de preparación política de
las mujeres, la carencia de apoyo partidario y las consecuencias de
un sistema patriarcal que ha bloqueado históricamente el desarrollo
de las capacidades de participación política de las mujeres.
Las dificultades para cumplir con las medidas a favor de la
participación política de las mujeres se pudieron constatar durante
las elecciones nacionales de 2001: la Presidencia y
Vice-Presidencia de la República recayó en dos hombres. Se
eligieron 22 representantes al PARLACEN, de los cuales las mujeres
representaron poco más de un 18%. Asimismo, de los 93 diputados/as
para la Asamblea Nacional, 23 fueron mujeres, esto es, poco menos
de un 25%. Esto representó, no obstante, un avance en comparación
con las elecciones de 1996, en las que sólo hubo 11 diputadas
electas.
En cambio, en las elecciones municipales del 2000, las mujeres
redujeron su participación en el nivel de jefaturas máximas de las
alcaldías en comparación con las elecciones de 1996. Sólo 14 de las
151 alcaldías quedaron en manos de mujeres (ninguna en municipios
importantes en términos de población y recursos) y 33 mujeres
resultaron electas como Vice-Alcaldesas (lo que representa un
incremento en relación con las elecciones de 1996).
Las mujeres integrantes de partidos políticos han desarrollado
importantes esfuerzos por impulsar a sus organizaciones hacia un
mejor cumplimiento de sus compromisos con la equidad de género.
Así, la resolución final del II Foro de Mujeres de Partidos
Políticos de Centroamérica y República Dominicana incluyó la
promoción de reformas al Código Electoral para cumplir con los
compromisos asumidos por los Estados a nivel internacional en el
tema del principio de igualdad ante la ley: reformas al régimen
interno de los partidos políticos e inscripción de candidaturas,
uso de lenguaje no sexista, promoción de un mínimo de participación
de un 40% de mujeres y jóvenes en los órganos de dirección
partidaria y del 40% de mujeres como mínimo en las planillas de
inscripción de candidaturas. El punto 10 de la Declaración Final de
la XI Conferencia de Partidos Políticos de Centroamérica y
República Dominicana expresa el compromiso de apoyar estas
resoluciones.
En el ámbito nacional, en 2002, se integró la Junta Directiva
Provisional del Foro de Mujeres de partidos políticos de Nicaragua,
con el apoyo de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia del
PARLACEN.
En materia de acceso de las mujeres a cargos públicos, el primer
Gabinete de Gobierno, después de las elecciones nacionales de 2001,
integró a 2 mujeres del total de 21 ministros, esto es, poco menos
del 10%. De los 12 cargos de vice-ministros, 6 fueron ocupados por
mujeres, mientras que 3 mujeres fueron nombradas entre los 15 entes
autónomos de Gobiernos. De los cuatro entes que cuentan con
sub-directores o vicepresidentes, dos tenían en estos cargos
mujeres (Instituto de Telecomunicaciones y Correos y el Instituto
de Turismo).
En el poder legislativo, la primera Junta Directiva de la Asamblea
Nacional para el período 2002-2006 incluyó 2 mujeres diputadas de
un total de siete miembros. Una segunda Junta Directiva, en el
mismo año 2002, también incluyó a una mujer diputada en la Tercera
Vice-Presidencia. Durante la Legislatura de 2002, de 17 comisiones,
4 fueron jefeadas por mujeres.
El Poder Judicial es el que presenta mayor presencia femenina. La
Corte Suprema de Justicia, contaba en 2002 con 3 mujeres de un
total de 11 miembros. En octubre de 2002, una Magistrada fue electa
como Presidenta de la Corte. Esta fue la primera vez en que una
mujer alcanza este cargo en Nicaragua. Según datos disponibles, en
los Tribunales de Apelaciones el 45.5% de sus integrantes son
mujeres. En los Juzgados de Distrito, el 51%; y en los Juzgados
Locales el 68% también son mujeres. Globalmente, las mujeres
representan más del 60% del total de juezas/jueces en el
país.
El Consejo Supremo Electoral está integrado por 8 hombres y 2
mujeres. De ellos, 7 son propietarios (todos hombres) y 3 suplentes
(2 de los cuales son mujeres).
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la gobernabilidad
requiere establecer mecanismos para el diálogo público-privado,
para el acceso ciudadano a la información y a la gestión pública y
para el incremento del ejercicio de deberes y derechos. Para
enfrentar los retos de la gobernabilidad se plantean tres
estrategias:
a) El sistema de concertación y participación para el
desarrollo.
b) La adecuación funcional y territorial de la administración
pública.
c) La descentralización política, administrativa y financiera del
Estado.
La primera contribuirá a establecer y consolidar el vínculo entre
la sociedad y el Estado, estableciendo espacios, instancias y
mecanismos para la negociación y el consenso sobre las prioridades
a ser integradas en el sistema político y la gestión pública. La
segunda a disponer eficiente y eficazmente a la administración
pública en respuesta a las prioridades sociales. La tercera apoyará
el enfoque territorial como un elemento central de la gestión
pública. La lógica territorial se deriva de la diversidad de
potencialidades y marginalidades que caracteriza a los territorios,
y servirá de base para la formulación de planes de
desarrollo.
En este marco se pretenderá acercar el Estado a la ciudadanía y una
sustancial mejora en la provisión y prestación de servicios
públicos. La descentralización, el desarrollo de capacidades
institucionales y la participación ciudadana son un medio para
mejorar la calidad de vida de la población y contribuir a un
régimen de gobernabilidad.
Capítulo
VI
Área Económico-Productiva
Existen graves brechas de desigualdad económica que afectan a las
mujeres nicaragüenses. Tales brechas vienen determinadas por su
posición de desventaja respecto del acceso y control de los
recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y las de sus
familias, lo que ha conducido al fenómeno llamado de feminización
de la pobreza, cuyas causas se encuentran, claramente, en la
construcción cultural de género, por la cual: las mujeres han de
hacer compatible el trabajo productivo y reproductivo; se les educa
y forma para integrarse en determinados oficios y profesiones como
prolongación de su rol reproductivo, se valora menos su trabajo y
se invisibiliza buena parte de él y, en definitiva, acceden con
mayores dificultades al empleo y al ingreso, en un mercado
segregado y en condiciones de mayor precariedad e
informalidad.
El proceso de feminización de la pobreza deja en situación de mayor
vulnerabilidad a los hogares monoparentales de jefatura femenina,
debido a las condiciones precarias de trabajo y a la dificultad de
acceso a ingresos económicos para las mujeres. Se da una total
ausencia de figura Paterna en muchos hogares. Aproximadamente un
tercio de los hogares son de jefatura monoparental femenina. El
38.8% de los hogares en extrema pobreza tienen jefatura
femenina.
Acceso al Empleo y Condiciones de Trabajo
De acuerdo a los datos oficiales de la última Encuesta de la
Medición del Nivel de Vida (EMNV) la población económicamente
Activa (PEA) en el 2001 es superior para los hombres 64.3%,
respecto al 35.7% de mujeres. Las diferencias entre el campo y la
ciudad mantienen la tendencia 71.4% hombres en el área urbana,
respecto al 40% de mujeres; en el área rural el 81% de hombres
frente a un 31.6% de mujeres.
El incremento producido en los últimos años en la PEA femenina, no
parece deberse tanto al crecimiento del mercado de trabajo, sino a
la presencia de las mujeres en el mercado informal (incorporación
de mujeres a las maquilas o creación de trabajos informales). Pero
el problema no es sólo el acceso de las mujeres al empleo, sino sus
condiciones: la mayor parte en el sector informal, precarizado, con
horarios extensos, y con la necesidad de compaginarlo con el
trabajo reproductivo. En el sector de la maquila las condiciones
son duras aun teniendo regulaciones laborales, pero que son
débilmente aplicadas.
Por otro lado, las mujeres tienen dificultades de acceso a la
formación profesional, a la capacitación y a los recursos técnicos
necesarios para promover su propia empresa o mejorar su inserción
laboral y profesional. Hay que añadir que participan muy
escasamente en la toma de decisiones económicas y empresariales por
ejemplo, en las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada
la presencia de mujeres es nula.
En cuanto al salario, las mujeres como media obtienen el 40% del
ingreso obtenido por los hombres: Ingreso per cápita: hombres:
2,813 $, mujeres: 1,116 $. Ellas reciben, además, salarios
inferiores a los hombres cuando realizan igual trabajo, sin que
esas diferencias se reduzcan con el nivel educativo.
Las nicaragüenses se insertan en empleos de mujeres , de acuerdo a
la división sexual del trabajo y a la segregación laboral, vertical
y horizontal (muy ligadas al trabajo reproductivo): maquilas;
trabajos invisibilizados y apenas valorados en las cadenas de
valor (Ej.: quequisque, forestal y lácteos); microempresas
informales; empleo en el sector servicios, educación y salud;
servicio doméstico en condiciones de enorme precariedad, entre
otros.
Un problema de invisibilización del trabajo de las mujeres, es el
caso de su contribución a la producción agrícola (dedican por lo
menos siete horas diarias, como promedio a actividades agrícolas,
pecuarias, de huerta y acarreo). Las mujeres rurales por su
ubicación en las estructuras económicas del país enfocan su
actividad en la economía familiar con los cultivos de patios:
hortalizas, granos básicos, cerdos y aves, de escasa productividad
lo que dificulta la comercialización en estas condiciones.
A ello se suma la invisibilidad de la contribución de las mujeres a
la economía a través del trabajo reproductivo (4 horas de promedio
más que los hombres). La dedicación a ambos tipos de actividades:
productivas y reproductivas es mayor en las mujeres: 68% frente a
32% en hombres (CCA-NNUU).
Acceso a los Recursos Económicos y Productivos
Las mujeres tienen dificultades de acceso a los recursos económicos
y productivos en general, a los derechos de propiedad, a los
servicios financieros (crédito), al desarrollo de iniciativas
empresariales, a la tecnología, etc. Las reformas agrarias apenas
las han beneficiado y su papel en el ámbito productivo sigue
percibiéndose como marginal.
Sólo un 13% de mujeres ha tenido acceso a la tierra y sólo un 5% de
productoras se ha beneficiado con créditos. De éstas sólo el 14%
consiguieron financiamiento desde el sistema financiero formal. En
el caso de los hombres fue del 62%. Al comparar los montos de
crédito las mujeres recibieron el 11% del total. Las diferencias
son más marcadas en el sector rural.
Capítulo
VII
Impacto de las Políticas Macroeconómicas
El análisis de las políticas macroeconómicas desde la perspectiva
de su impacto en las inequidades de género tiene una importancia de
primer orden, pues determina el contexto y las oportunidades
económicas que puedan abrirse para las mujeres.
Los efectos de los ajustes estructurales han tenido graves
consecuencias negativas sobre las mujeres y un doble impacto en la
medida en que son las principales responsables de gestionar los
escasos recursos del hogar.
Respecto de la apertura comercial, a la vez que parecen generarse
nuevas oportunidades de empleo para las mujeres en las zonas
francas, no está clara su sostenibilidad a largo plazo y la
oportunidad de mantener un sistema de producción basado en el menor
costo del trabajo de las mujeres.
En estas circunstancias, resulta imprescindible visualizar el papel
de las mujeres en la economía, los sectores económicos en que se
insertan y sus problemas específicos, de modo que el Plan Nacional
de Desarrollo les dé cobertura, tanto en el nivel macroeconómico,
como meso y micro. Ello incluye ubicar la perspectiva de género en
la política de inversiones e infraestructuras-vivienda, agua y
saneamiento, energía y electrificación, carreteras y caminos, en la
política de generación de empleo y crecimiento económico
sostenible, en la política de exportaciones e inversiones
extranjeras y promover, especialmente, la política de incremento de
ingresos para reducir la pobreza, todos ellos elementos del Plan
Nacional de Desarrollo.
Conviene destacar que las iniciativas institucionales y de política
pública que están incidiendo en aspectos de género en lo económico,
se expresan sobre todo en el ámbito del desarrollo rural y en el
empleo de las mujeres en el ámbito urbano. Como ejemplo podemos
citar: MAGFOR (lidera la Sub-mesa de desarrollo rural productivo),
MARENA; INTA; IDR; La comisión Interinstitucional de Mujer y
Desarrollo Rural liderada por el INIM. El FISE tiene una política
institucionalizada de género en infraestructura.
Los principales objetivos identificados han sido el mayor acceso de
las mujeres a la propiedad se la tierra y al crédito y son
iniciativas:
- La Ley de Ordenación Urbana prioriza a las mujeres en la
titularidad de la vivienda como medida de acceso al crédito.
- El Fondo de Crédito Rural tiene una línea específica para
mujeres.
- El INPYME tiene una línea de crédito específico para
microempresarias.
Capítulo
VIII
Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción
Eje de Producción y Economía
Políticas Macroeconómicas
1. Promover la equidad de Género como objetivo de las políticas
macroeconómicas y en la política de generación de riquezas para
reducir la pobreza.
Líneas de Acción
a) Formular políticas de ordenamiento y tenencia de la tierra con
equidad de género.
b) Fortalecer redes empresariales ya existentes para la
sostenibilidad de las mismas.
c) Promover sistema económico agropecuario que favorezcan a las
mujeres productoras.
d) Formular presupuestos municipales, regionales y nacionales con
equidad de género.
e) Formular políticas de compensación con equidad de género frente
al CAFTA.
f) Mejorar los centros de acopio y bodegas para la comercialización
de la producción manejada por mujeres productoras.
g) Mejorar la infraestructura vial (caminos rurales, el acceso a
agua, saneamiento, etc.) en zonas rurales para una mejor
productividad y comercialización.
h) Institucionalizar el programa Nacional de Equidad de Género,
como la herramienta que asegurara la transversalización de equidad
de género.
En Recursos Económicos
1. Facilitar el acceso equitativo de las mujeres a los recursos
económicos y productivos: crédito, tierra, asistencia técnica,
capacitación y tecnología.
Líneas de Acción
a) Establecer fondos de garantía para acceso a crédito.
b) Diseñar e implementar políticas crediticias con bajos
intereses.
c) Implementar mecanismos ágiles para acceder al crédito.
d) Designar recursos para la creación o fortalecimiento de las
unidades de género.
e) Crear Bancos de Fomento accesibles y diversificados.
f) Promover el acompañamiento a la producción con promoción y
mercadeo.
g) Crear mecanismos de protección a las remesas familiares.
h) Adoptar medidas que faciliten a las mujeres el acceso y control
de los medios de producción y comercialización.
i) Facilitar a las mujeres el acceso y control a la tierra y su
titulación.
Empleo
1. Mejorar el acceso al empleo y las condiciones de trabajo de las
mujeres, en base al ejercicio de los derechos humanos y derechos
laborales.
Líneas de Acción:
a) Incluir en la política de empleo la metodología de grupos
solidarios y conglomerados.
b) Instalar guarderías infantiles accesibles económicamente, para
el apoyo y eliminación de obstáculos para la participación de las
mujeres en 12 producción y empleo.
c) Promover un mayor acceso de las mujeres a la formación técnica
en oficios y profesiones no tradicionales de mayor adaptación a la
oferta del empleo y mejores condiciones de trabajo.
d) Promover y fortalecer las iniciativas empresariales de las
mujeres.
Capítulo
IX
Área Social: Educación
Existe un amplio consenso en torno a la importancia de promover un
mayor acceso y de más calidad de las niñas y las mujeres a la
educación, por múltiples razones. Una inversión en la educación de
las niñas tiene una gran rentabilidad en la medida en que mejora la
regulación de la natalidad, de la educación y salud de los hijos y
del bienestar de la familia y el progreso de la sociedad en
general. Pero además, la educación es la vía de acceso a
conocimientos, capacidades y habilidades cuyo desarrollo es crucial
para el empoderamiento y la promoción de la autonomía de las
mujeres en el contexto del desarrollo. La mejora de la posición de
las mujeres para enfrentar las desigualdades que les afectan va de
la mano de la educación de toda la sociedad, incluidos los hombres,
para aceptar la equidad de género como algo beneficioso para todos.
La educación ha de estar al servicio de ese cambio equitativo y no
a la inversa.
Un área estratégica de primer orden en el trabajo por la equidad de
género en el sistema educativo en Nicaragua, es la comprensión de
la trascendencia del concepto de género en la educación así como
visualizar iniciativas de intervenciones transversales que vayan
más allá del incremento del número de niñas y mujeres en los
programas.
De acuerdo a los datos del MECD, en el período 1995-2001 en torno a
un 60% de la población en edad escolar (3 a 18 años) fue atendida
por el sistema educativo, con un ligero sesgo a favor de las
mujeres.
Las cifras empeoran cuando atendemos al ámbito rural. Los problemas
de la desigualdad no se expresan tanto en números sino en las
condiciones en que se desarrolla esa educación en:
a) El sistema educativo como transmisor de valores.
b) Los problemas específicos de retención, permanencia y promoción
de las niñas en el ciclo educativo.
c) La elección de carreras y oficios técnicos.
d) Escasa participación de las mujeres.
e) Los asuntos de género en la política educativa.
El Sistema Educativo como Transmisor de Valores
La educación es estratégica para promover la equidad de género si
facilita las oportunidades en la curricular educativa, planes y
programas para que las mujeres y los hombres transformen las
relaciones de poder que configuran las relaciones de género.
Implica la oportunidad de educar en el respeto de los derechos
humanos de las mujeres y la eliminación de la violencia, de mejorar
la autoestima y superar prejuicios y estereotipos acerca de la vida
de las mujeres y la de los demás. Promueve la oportunidad de
integrarse de modo más competitivo en el mercado laboral, entre
otros.
Problemas para la Permanencia y Continuación de las Mujeres en
el Proceso Educativo
Según el Informe de Desarrollo Humano correspondiente al 2002 en el
nivel preescolar la tasa neta de matricula ha progresado a lo largo
del último quinquenio; sin embargo, para el período de este
Informe, aproximadamente 500 mil niños y niñas quedaron fuera de la
educación preescolar.
Conforme a la información del 2001, la educación primaria tiene una
baja cobertura en el nivel primario, ya que solamente ingresan al
sistema educativo aproximadamente 848 mil alumnos y alumnas, de
ellos aproximadamente 130 mil niños y niñas abandonan la educación
primaria; y solamente el 29% de quienes inician la primaria logran
concluirla.
Formación Técnica de las Mujeres
Si bien el acceso de las niñas a la educación primaria es
paritaria, se da una menor presencia de mujeres en la educación
superior, así como una segregación por carreras (técnicas y
humanísticas) que responden y perpetúan los estereotipos de género
(AMLAE, 2000). Se produce, asimismo, una escasa presencia de
mujeres en la formación técnica (13% frente a un 87%), y en
sectores tradicionalmente femeninos. (Inatec, 2000).
Las acciones positivas constituyen un instrumento útil para
promover una mayor y mejor participación de las mujeres en la
educación y el sistema educativo, tanto como planificadoras y
profesoras y estudiantes; especialmente en aquellas áreas técnicas
que son consideradas espacios masculinos excluyentes. Por ejemplo,
la presencia de las mujeres como docentes universitarias no es
paritaria.
Según el PND, el objetivo general en materia educativa es el de:
Transformar el sistema educativo para crear oportunidades
pertinentes y relevantes a las demandas del desarrollo de las
personas y generar condiciones para mejorar los niveles de vida y
que a su vez estas personas permiten al sistema productivo mejorar
en términos de competitividad . Tal objetivo no será realizable sin
equidad de género, ya que implica oportunidades de desarrollo
personal y social e implica la mejora de la calificación de todos
los recursos humanos del país, lo que influirá en la mayor
participación en el sistema productivo y la mejora de la
competitividad, con la participación de las mujeres.
Es importante continuar con el proceso de inclusión progresiva de
la perspectiva de género en la política educativa. Si bien los
problemas de género son de orden más cualitativo que cuantitativo,
el sistema de recolección de datos sobre el que se basan las
políticas educativas impide tomarlos en consideración. Por ejemplo,
conocemos el número de mujeres que terminan los estudios, pero no
el número de mujeres que las abandonaron así como sus causas. Esta
misma carencia se refleja en la ausencia de datos desagregados por
género en los Planes de educación.
Capítulo X
Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción
Eje Social
Educación
1. Promover una educación no sexista que modele principios y
valores de equidad de género.
2. Promover el acceso, permanencia y Atención de las niñas y
mujeres en el Sistema Educativo.
Líneas de Acción
a) Integrar en la curricular la formación en equidad de género de
todos los niveles educativos.
b) Mejorar la calidad de la participación de las mujeres en todos
los niveles del sistema educativo: estudiantes, profesoras,
directoras, planificadoras, técnicas.
c) Fomentar medidas educativas para la promoción de la equidad de
género a padres y madres de familia de modo que conozcan su
importancia y apoyen la educación de sus hijos e hijas.
d) Promover la formación de niñas y mujeres en oficios y carreras
no tradicionales e incentivar una FORMACIÓN de las mujeres mejor
orientada a la OFERTA de EMPLEO y a la capacitación
profesional.
e) Incluir y fomentar en los programas educativos el respeto y el
ejercicio de los Derechos Humanos y la Prevención de la Violencia
de género.
f) Ampliar las alternativas formales en los horarios y condiciones
que faciliten el acceso de las mujeres y promover el reconocimiento
institucional de la educación no formal de las mujeres.
g) Incluir en los programas de educación la formación permanente de
maestros y maestras en equidad de género, así como líderes
comunitarios y religiosos.
h) Garantizar que los textos escolares incluyan enfoque de equidad
de género.
i) Incluir en los programas el tema de identidad cultural como un
elemento esencial de la equidad.
j) Incluir el manejo de resolución de conflictos para prevención de
la violencia basada en género.
Área Social: Salud
La salud es un derecho fundamental de las personas, que forma parte
integrante del desarrollo humano y cuya importancia es crucial en
cualquier modelo de desarrollo o de sociedad. Sin embargo, es
evidente que el modo en que mujeres y hombres acceden a la salud y
sus problemas y limitaciones para alcanzar una salud satisfactoria
comportan diferencias biológicas, pero también diferencias marcadas
por el género. Es decir, las mujeres tienen problemas de salud que
se explican por aspectos de género.
Por ejemplo, ante la idea de que las mujeres tienen mejor salud que
los hombres, conviene considerar que si bien las mujeres tienen una
mayor esperanza de vida y una mortalidad menor que los hombres,
experimentan una mayor morbilidad en todas las etapas de su vida,
lo que tiene que ver con factores culturales y de género.
Sin embargo, el análisis de género se aplica escasamente a la
política de salud. Los agentes y las políticas de salud no siempre
visualizan las causas y consecuencias de género sobre la salud de
las personas. De ahí la escasa importancia otorgada hasta
recientemente a los problemas de la violencia basada en género y la
salud sexual y reproductiva. Ello se manifiesta en:
A pesar de los avances sustantivos el Ministerio de Salud reconoce
que persiste un subregistro de los casos de muertes maternas. La
explicación sobre el subregistro, el MINSA considera que se debe,
en algunos casos las muertes ocurren en los hogares y no son
reportadas. Esto se acentúa porque la mayoría de las muertes
materna ocurridas en las zonas rurales acusan una baja
accesibilidad geográfica a los servicios de salud. Por otro lado
también existen errores en la clasificación de la causa de muerte,
no registrándose como una muerte materna .
La mortalidad femenina asociada a embarazo, se refleja como un
problema de salud de grandes proporciones. Durante la última década
(1992-2002) se registraron, según cifras oficiales de muertes de
mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto o puerperio,
que revelaron un promedio de 144 mujeres por año. Del total de las
muertes maternas registradas en el período 2000-2002 el 72%
procedieron de áreas rurales. Las mujeres de área rural se
encuentran más afectadas por factores adicionales a los de las
áreas urbanas como la violencia hacia las mujeres, que hacen que su
embarazo sea de alto riesgo: la pobreza, desnutrición, falta de
educación y la inaccesibilidad geográfica a los servicios de
salud.
Frente a esta grave situación de salud de las mujeres
nicaragüenses, el Ministerio de Salud en ese período, con apoyo de
una iniciativa realizada en diversos países implementó acciones
para lograr la reducción de la mortalidad materna a través
de:
a) incrementar la información sobre planificación familiar con el
objetivo de disminuir el número de hijos por mujer, espaciar el
período inter genésico y disminuir los embarazos en edades extremas
del período reproductivo;
b) mejorar las condiciones de eficiencia de los servicios de
atención obstétrica en las unidades de salud, hospitales, centros y
puestos de salud; y
c) capacitación de parteras empíricas.
Entre las causas de muerte materna el mayor porcentaje de las
muertes maternas son por causas obstétricas directas. En el año
2002 se registraron un total de 146 muertes maternas, de las cuales
116 fueron obstétricas y 30 no obstétricas. De las 116 causas
obstétricas:
En relación a la Violencia hacia las mujeres por abuso sexual,
tráfico de mujeres. Se da una prevalencia del 50% de casos de
violencia en León, y del 70% en Managua. En todo el país es de 30%,
(ENDESA) aunque sólo el 40% de los casos se denuncia lo que provoca
el subregistro del problema. Más del 30% de las niñas son abusadas
sexualmente, antes de los 12 años (la mitad de las veces por una
persona cercana o por el padrastro). El 70% de estas niñas ha
intentado quitarse la vida. (Fuente: FNUAP, 2001)
En relación a otros problemas de salud se produce una gran
invisibilidad, ya que la salud de las mujeres se considera, como un
medio para la salud de los hijos, la familia o la comunidad. Ello
explica que la atención se centre en las mujeres en edad
reproductiva. Así, por ejemplo, los problemas de salud mental de
las mujeres están subregistrados. La desnutrición y la anemia
afectan de modo específico a las mujeres.
Entre los problemas identificados en el documento Análisis del
sector salud elaborado por el Ministerio de Salud y consensuado
con el resto de actores que trabajan en salud en Nicaragua se
incluyen, además de los problemas de mortalidad materna e infantil,
el embarazo adolescente, están:
1. Las mujeres no están en igualdad de condiciones respecto a los
hombres en el acceso a la salud. Los servicios de salud y las
instituciones sanitarias a menudo perpetúan los estereotipos
sexistas y no consideran las diferencias y falta de autonomía de
las mujeres para decidir sobre su propia salud e invertir en
ella.
2. En su papel de cuidadoras de la salud de la familia, de los
niños y los mayores, las mujeres asumen mayores consecuencias de la
disminución de los servicios públicos de salud.
3. Salud laboral. La división sexual del trabajo tiene
consecuencias diferenciadas sobre la salud de hombres y mujeres: la
sobrecarga de trabajo, los riesgos asociados al trabajo doméstico y
las condiciones laborales de los trabajos femeninos (Ej.: maquila)
tienen importantes consecuencias sobre la salud de las
mujeres.
Los objetivos del PND en materia de salud buscan priorizar los
aspectos preventivos y cambios de conductas de la población; la
ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios; el
fortalecimiento de la atención primaria priorizando mujer en edad
fértil, niños(as) menores de cinco años y adolescentes; la
consolidación del proceso de modernización con nuevos mecanismos de
atención. Se dará especial atención en prevenirla desnutrición en
los niños(as) menores de cinco años, priorizando a los menores de
dos, el aumento de peso en mujeres embarazadas y el cuido de las
lactantes, a través de cambios en la conducta nutricional y de
higiene en las familias.
Tales objetivos responden a una visión muy centrada en la atención
de las mujeres exclusivamente como madres y en su función de
cuidadoras y responsables de la alimentación de los hijos (díada
madre-hijo). Ello se debe en buena parte a la preocupación por
disminuir los índices de mortalidad materno-infantil, que es uno de
los problemas más graves de Nicaragua. También se debe a la
prioridad otorgada a este objetivo en el marco de los Objetivos del
Milenio. Sin embargo no debe ser la única cuestión a considerar en
relación al desarrollo del país desde una perspectiva de equidad de
género en salud.
Entre los problemas identificados en el documento Análisis del
sector salud elaborado por el Ministerio y consensuado con el resto
de actores que trabajan en salud en Nicaragua se incluyen, además
de los problemas de mortalidad materno infantil, el embarazo
adolescente. Conviene destacar que el 25% de los embarazos son de
adolescentes y el 26% de las muertes maternas corresponden
igualmente a las adolescentes.
Por su parte, la Ley General de Salud (2002), incluye entre las
acciones en el ámbito de la atención primaria de salud, la
educación en salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Salud
(2004-2015) se refiere a la equidad de género como un eje
transversal, en el capítulo IV dedicado al funcionamiento del
sector salud y su reforma. Sin embargo, tal principio de actuación
no se encuentra explicitado en la matriz que concreta las metas de
salud 2004-2015. El Plan incluye un programa de salud sexual y
reproductiva, reconoce la necesidad de frenar el avance del
VIH/SIDA, concede alta prioridad a la reducción de la mortalidad
materna y a la prevención del cáncer cérvico uterino.
En estas circunstancias, conviene fortalecer la perspectiva de
género en el marco de la Política de Salud.
El compromiso contraído con la Estrategia Reforzada de Crecimiento
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) fue desarrollar
estrategias en la red de servicios municipal que permitiera el
cumplimiento de las siguientes metas:
a) Reducir la mortalidad materna de 148 a 129;
b) Incrementar cobertura de partos institucionales de 47% a
62%;
c) Incrementar cobertura de cuidados prenatales de un 71.6% a
86.5%;
d) Incrementar cobertura de captación de embarazos de 31.9% a
43.8%;
e) Incrementar cobertura en mujeres en edad fértil que tienen
acceso a planificación familiar de 21% a 23%;
f) Reducir la mortalidad infantil: de 40 a 32 por cada mil nacidos
vivos;
g) Incrementar cobertura en comunidades de difícil acceso en
Inmunizaciones en niños menores de un año.
Capítulo XI
Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de Acción
Eje Social
Salud
1. Promover la salud como un derecho humano de las personas sin
discriminación alguna.
Líneas de Acción
a) Integrar todos los problemas específicos de salud de las mujeres
en la atención del sistema sanitario.
b) Promover la mejora en el acceso a la seguridad alimentaria de
las niñas y mujeres.
c) Establecer mecanismos que aseguren la participación de las
mujeres en el proceso de toma de decisiones y adecuación de las
políticas de salud.
d) Capacitar de forma permanente al personal de salud de todos los
niveles en la atención con perspectiva de género.
e) Promoción de la salud integral de las mujeres en los ámbitos
educativos y de actitudes.
f) Promover la mejora de la salud laboral de las mujeres, incluida
la atención a la salud en el trabajo reproductivo.
g) Mejorar la detección y atención del cáncer de mama y cérvico
uterino.
h) Promover la información y mejorar la atención sobre el
VIH/SIDA.
i) Mejorar la atención de los problemas de salud mental de las
mujeres.
j) Promover la mejora de políticas para la prevención y disminución
de la mortalidad materna.
k) Incluir la equidad de género con principios laicos en las
reformas del sector salud.
l) Promover la revisión y reformas jurídicas en función del
cumplimiento de los derechos en la salud integral de las
mujeres.
Objetivos de Equidad de Género Eje Social
Salud
m) Promover la equidad de género en el acceso a los servicios de
salud de acuerdo a la cultura y modelo de las regiones autónomas de
la Costa Caribe.
n) Promover la participación de los hombres en el cuido de la salud
sexual y reproductiva de las mujeres.
o) Incluir al personal comunitario (parteras, curanderas,
brigadistas) como importantes promotores de la equidad de género en
salud en las comunidades étnicas y afrodescendientes.
Capítulo
XII
Violencia Basada en Género
La violencia de género requiere un tratamiento específico dada la
importancia y gravedad del problema y su alto nivel de prevalencia
en Nicaragua. Se trata de la manifestación más cruda y brutal de
las inequidades de género.
Violencia basada en género es un concepto que engloba diversas
manifestaciones de abuso cometidas contra las mujeres adultas, las
niñas, las adolescentes y las adultas mayores, mujeres con
capacidades diferentes y enfermas de VIH/SIDA. Reconoce que la
violencia de experimentarse está asociada a la pertenencia al
género femenino 10.
Su diferencia con otras manifestaciones de violencia interpersonal
y social es que tiene como móvil el sometimiento de la mujer. Es un
delito sustentado en el poder y el control.
Este enfoque concibe a la mujer como sujeto social vinculando su
historia personal y social, elimina la disociación entre el yo
personal y el yo social, entre el mundo privado y público por tanto
la participación plena de las mujeres como sujetos en todas las
redes de acción social.
La eliminación de la violencia basada en Género está ligada a la
autonomía de las mujeres y los cambios profundos en los roles de
ambas géneros. Por tal razón avanzar en la construcción de la
ciudadanía activa de las mujeres es una condición para el
desarrollo, la gobernabilidad democrática y el ejercicio de los
derechos humanos.
El problema ha sido objeto de preocupación preferente tanto por
parte de los movimientos y redes de mujeres, como por parte de las
iniciativas políticas, desde distintos ámbitos: fundamentalmente
las instituciones involucradas en gobernabilidad y justicia y las
instituciones de salud siendo considerada la violencia basada en
género como un problema de salud pública.
La violencia contra las mujeres es uno de los síntomas más grave de
la desigualdad, las causas se hallan, sin embargo, en el sistema de
género prevaleciente en nuestras sociedades y requiere, por tanto,
abordarse desde diversas perspectivas, de modo transversal.
En Nicaragua se han coordinado esfuerzos desde la Comisión Nacional
de lucha contra la violencia y se han planificado y avanzado
soluciones de modo conjunto.
Es de destacar que el Plan Nacional para la prevención de la
violencia intrafamiliar y sexual (2001-2006) ha sido el producto
del acuerdo y convergencia de un amplio abanico de instituciones y
agentes sociales y que, desde esta perspectiva, constituye un logro
inestimable. El Comité Técnico de la Comisión Nacional de Lucha
contra la Violencia hacia la Mujer, Niñez y Adolescencia es la
organización encargada de poner en práctica este Plan, que cuenta
con la implicación de: el INIM, la Policía Nacional y la Corte
Suprema de Justicia; la Red de Mujeres contra la Violencia;
Coordinadora de ONG por la infancia; el Ministerio de Educación; el
Ministerio de Salud; el Ministerio de la Familia, la Asamblea
Nacional, con el apoyo de la Cooperación Internacional (GTZ, BID,
OPS, Agencia Noruega) y diversos actores de los municipios; sin
embargo, si no se avanza en la equidad de género en todas las áreas
no estaremos enfocando las causas de la violencia. De ahí que sea
el marco global del programa de equidad de género el que dé
cobertura y acogida a todos los programas que inciden
específicamente en el problema.
Concebida de un modo más amplio en el Plan Nacional, como
prevención de la violencia intrafamiliar y sexual, es preciso poner
un énfasis específico en la violencia basada en el género. El
Programa Nacional de Equidad de Género orienta, por tanto, las
actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la violencia de género
y prevé la transversalidad del tema en relación a las áreas
prioritarias de desarrollo.
En definitiva, la lucha contra la violencia de género es un
problema de desarrollo del país y de inequidad de género, siendo
causa y consecuencia del mismo. Además, su carácter transversal lo
hace susceptible de integrarse a los objetivos de equidad de cada
área de desarrollo: tiene implicaciones jurídicas y policiales
(gobernabilidad), implicaciones económicas (infraestructuras,
apoyos a las mujeres), implicaciones sociales y culturales
(educación) e implicaciones en el ámbito de la salud. Por ello, a
lo largo del desarrollo sectorial de objetivos de equidad de género
se ha incluido de modo explícito el objetivo de lucha contra la
violencia basada en género y que presentamos de manera conjunta a
continuación:
De ahí que sea el marco global del Programa de Equidad de Género el
que dé cobertura a todos los programas que inciden específicamente
en el problema. El Programa Nacional de Equidad de Género orienta,
las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito de la violencia de
género y prevé la transversalidad del tema en relación a las áreas
prioritarias de desarrollo. La lucha contra la violencia basada en
género es un problema de desarrollo del país y de inequidad de
género, siendo causa y consecuencia del mismo.
Los objetivos de equidad de cada área de desarrollo integran por su
carácter transversal la Violencia basada en Género.
En el área de Gobernabilidad en el PND se propone realizar
actividades intersectoriales en el marco del PNLCV de acuerdo a sus
causas y manifestaciones. La Eliminación de la VbG está ligada a la
construcción de la ciudadanía activa de las mujeres es una
condición para el desarrollo, la gobernabilidad democrática y el
ejercicio de los Derechos Humanos.
Para su eliminación se requiere acciones jurídicas y judiciales
económicas tales como: infraestructura, destinar recursos
económicos, financieros, acciones sociales y culturales que
transformen las relaciones que promueven y perpetúen.
Objetivos de Equidad de Género y Principales Líneas de
Acción
Violencia Basada en Género Eje Social
Salud
1) Promover el análisis, detección, prevención y atención de la
violencia basada en género como un problema de salud pública.
Educación
1. Promover la formación de valores y actitudes que prevengan todo
tipo de violencia específicamente la violencia basada en
género.
Líneas de Acción
Salud
a) Mejorar el sistema de registro de los casos de violencia de
género en salud.
b) Mejorar la capacidad de detección, prevención y atención de los
casos de violencia de género en el sistema de salud.
Educación
a) Incluir el tema de Derechos Humanos para el abordaje de la
violencia de género, y de la violencia en general, en los programas
educativos de Universidades y del MECD desde preescolar.
b) Incluir en el sistema educativo el manejo de resolución de
conflictos para la prevención de la violencia de género.
c) Implementar acciones y medidas para detectar y prevenir la
violencia en general, y la violencia basada en género, en el
sistema educativo.
Económico Productivo
1) Promover la erradicación de la violencia basada en género como
un elemento que obstaculiza el desarrollo económico y social de las
mujeres y de la nación y aumenta la pobreza.
2) Mejorar la independencia y capacidad económica de las mujeres
objeto de violencia de género.
Líneas de Acción
a) Garantizar la real transversalización en la política de empleo
para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, entre
otros aspectos.
Gobernabilidad
1) Formular e implementar políticas públicas para garantizar la
seguridad ciudadana de las mujeres y lograr el cumplimiento de las
leyes específicas que aseguran sus derechos.
Líneas de Acción
a) Fortalecer la atención y respuesta jurídica y policial en los
casos de violencia de género que se brinda a las mujeres
sensibilizando al área policial y jurídica.
b) Diseñar mecanismos que aseguren el acceso de las mujeres a la
justicia.
c) Combatir la corrupción que aumenta la pobreza, afecta la
ciudadanía en general e impacta a las mujeres en particular.
Capítulo
XIII
Estrategias de Transversalización
Las estrategias de transversalidad para el enfoque de género se
introducen con la legitimación, desde la cual se considera la
aprobación de la Ley de Igualdad como el instrumento jurídico que
deberá asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres
nicaragüenses.
Transversalidad implica ubicar la dimensión de género en la
corriente principal , del desarrollo, mainstreaming, el cual es un
enfoque político cuyo objetivo es la integración de las mujeres en
el eje principal del desarrollo, reconociendo la necesidad de
influir en todas las metodologías, análisis, políticas y
planificación desde una perspectiva de género, su objetivo
inmediato es la mejora de la posición social y económica de las
mujeres, a través de las acciones del Estado, de la Cooperación y
de los otros actores sociales, es decir, no sólo en las iniciativas
marginales sino en las principales , en el nivel de las
políticas, planes, programas y proyectos, en todos los sectores en
los presupuestos más significativos.
Implica incorporar los aspectos de género en las agendas, en la
toma de decisiones y una mayor participación en condiciones de
igualdad y equidad de mujeres y hombres en la conformación de las
políticas y la dirección del desarrollo.
La transversalidad es posible con un programa específico y dotado
de medios objetivos y mandato para promoverlo. Para ello hacen
falta recursos concretos y procesos de reformas amplios que son
necesarios incorporar progresivamente en los diversos programas
públicos. Su integración en la corriente principal no se auto
genera de forma espontánea.
El proceso de transversalización será posible mediante un análisis
intraorganizacional de género es decir una revisión interna de las
propias organizaciones e instituciones.
El modo y la forma en que participan mujeres y hombres en las
instituciones, la política de personal, las aptitudes y actitudes y
más específicamente, la cultura organizacional de género son las
cuestiones centrales a abordar en un plan de
transversalización.
Ello implica tomar medidas para promover organizaciones menos
sexistas, comprometidas con la agenda y la perspectiva de las
mujeres. El acoso sexual, el sexismo, el racismo y otras formas de
violencia e intolerancia no son aceptables en ninguna
institución.
La estrategia de transversalidad, de modo complementario a las
intervenciones sectoriales, busca la integración de la perspectiva
de género en todas las políticas públicas. La experiencia nacional
y comparada muestra que además de la declaración de intenciones son
necesarios mecanismos de promoción, impulso, control y vigilancia
de la integración de género de modo sistemático y sostenible. Para
ello se crea el Programa Nacional de Equidad de Género, con el
objetivo de sentar las bases para la integración de género en todas
las políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones
de Nicaragua, en sus distintos sectores, niveles y modalidades.
Siendo sus principales instrumentos de actuación: Legitimación,
Liderazgo, Organización, Recursos, Participación, Sensibilización y
Formación, como los mecanismos de promoción, impulso, control y
vigilancia de la integración de género de modo sistemático y
sostenible en las políticas públicas.
Legitimación
Dotar de una base jurídica sólida y estable a la política de
equidad de género, contribuye a darle legitimidad, importancia y
continuidad, fundamenta y ordena las actuaciones en el área y
facilita la asignación de recursos y responsabilidades para su
desarrollo.
Para ello promoverá la aprobación de la Ley de Igualdad de Derechos
como un marco jurídico y de los instrumentos de política y
planificación adecuados para fortalecer el papel del INIM e
impulsar la equidad de género como objetivo transversal de
desarrollo a nivel nacional.
La legitimidad requiere además de la base jurídica, de un proceso
participativo y de consenso a todos los niveles y en especial, con
el concurso de la sociedad civil organizada y los movimientos de
mujeres. Respecto a los instrumento de planificación que refuercen
la legitimidad se promoverá la formulación de un Plan de Igualdad
de Derechos.
Hay que destacar que en julio del 2004, por Decreto Presidencial
No. 40-2004 se creó el Consejo Consultivo Nacional de la Mujer,
como órgano asesor del Instituto Nicaragüense de la Mujer en el
diseño, formulación y evaluación de programas, estrategias, y
políticas gubernamentales que dentro de las atribuciones propias
del Instituto, promuevan el desarrollo integral de las mujeres
nicaragüenses y su integración plena en la sociedad.
La presidencia del Consejo Consultivo Nacional de la Mujer la
ostenta el Instituto Nicaragüense de la Mujer, cuya misión es
rectorar la formulación, promoción, ejecución y evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la equidad
de género en la sociedad nicaragüense. Conforme al Artículo 3 del
inciso tres del Decreto Presidencial.
Organización
Para fortalecer la estructura interna y la coordinación del INIM es
necesario reorganizar y reasignar competencias y funciones de
acuerdo con las áreas prioritarias del PND y las nuevas estrategias
de transversalización.
Se requiere una organización adecuada a las necesidades de
coordinación con los distintos niveles en la estructuras del
gobierno, en el marco del nuevo sistema de organización del
Ejecutivo: la participación a nivel de gabinetes facilitará la
tarea desde los espacios más altos de toma de decisiones al mismo
tiempo, será necesario racionalizar los mecanismos de concertación
interinstitucional en relación a los sectores y niveles
administrativos, incluido el municipal, de acuerdo con el nuevo
escenario del sistema nacional de participación y
concertación.
Recursos
El INIM tendrá que asignar los recursos humanos, los medios y el
presupuesto suficiente para llevar a cabo los objetivos planteados,
de modo coherente con las nuevas funciones a asumir en la
construcción de una política nacional de equidad de género.
En este sentido será necesario que el INIM gestione recursos
específicos para promover el proceso de transversalización y al
mismo tiempo, asignar recursos a cada una de las áreas o sectores
de desarrollo para llevar a cabo objetivos de equidad de género, de
modo coherente con la doble estrategia de transversalidad y
acciones positivas.
Participación
Promover una mayor participación de la sociedad civil y los
movimientos de mujeres en la formulación y ejecución de las
políticas públicas de equidad de género, como aspecto clave que ha
de cuidarse y que resulta imprescindible en la construcción de una
nueva política de género de nivel nacional.
Existe una debilidad en la implementación y aplicación de las
medidas tendientes a fortalecer la participación y comunicación
imprescindible entre los movimientos de mujeres y el mecanismo de
la mujer.
La política de equidad de género es un instrumento clave para
avanzar en la igualdad de derechos y sólo si es participada y
apoyada ampliamente por los movimientos de mujeres gozará de la
legitimidad y el apoyo necesario para el cumplimiento de sus
finos.
Habrán de revisarse los mecanismos existentes y evaluar su
legitimidad, eficacia y racionalidad en relación a las principales
áreas de desarrollo.
Sensibilización
Los planteamientos de género siguen enfrentando múltiples
resistencias e incomprensiones, tanto en el ámbito público como en
el privado, por lo que será necesario impulsar iniciativas para
explicar los conceptos, sensibilizar sobre los problemas de las
desigualdades, promover una visión renovada de las estrategias. Se
trata de involucrar al mayor número de personas en este proceso y
contar con el apoyo e implicación del más alto nivel de toma de
decisiones.
Se requiere de un trabajo de debate y sensibilización en este
sentido, de modo que, partiendo de unos términos revisados, se
acometa un amplio programa de sensibilización de los diversos
actores implicados en la conformación de la nueva política de
género, de manera que puedan apropiárselos y resulte cómoda y
espontánea su utilización.
Se trata que los actores públicos y privados comprendan y tomen
conciencia sobre la importancia de la equidad de género como
objetivo y estrategia de desarrollo de alcance político
nacional.
Formación
Fortalecer las capacidades y la formación necesarias en género al
personal del INIM y de las diversas organizaciones
implicadas.
Por otro lado, se requiere desarrollar capacidades técnicas
específicas para la aplicación del enfoque de género en cada área
de política, por lo que se pondrán en práctica programas de
capacitación adaptados a las necesidades específicas de cada área
de intervención y de acuerdo a las necesidades funcionales de los y
las participantes.
Se animará especialmente a la participación de los hombres en los
procesos de sensibilización y formativos, de modo que se pueda
impulsar un cambio en el modo de enfocar los problemas de género,
como algo que importa no sólo a las mujeres sino a la sociedad en
general y que tiene que ver con todas los problemas y áreas del
desarrollo.
Metodología
Es necesario elaborar e implementar una metodología de análisis de
género en el diseño y ejecución de las políticas públicas, así como
mejorar el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de
los progresos de género en las políticas públicas. Para su
implantación se requerirá un amplio programa de formación y
capacitación que asegure su comprensión, apropiación y puesta en
práctica.
El país cuenta con un Sistema de Indicadores con Enfoque de Género
(SIEG), una iniciativa conjunta del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) y del Instituto Nicaragüense de la
Mujer (INIM). Es objetivo del SIEG el mejoramiento de la existencia
y disponibilidad de estadísticas oficiales que incorporen la
perspectiva de género, consensuada entre productores y usuarios de
la información, a fin de contribuir sistemáticamente a la
formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas que
promuevan la equidad entre hombres y mujeres.
Investigación
Promover un mejor conocimiento de la realidad de las desigualdades
de género en Nicaragua y la obtención de datos desagregados por
sexo. En esta tarea pueden jugar un papel muy importante las
Universidades y los estudios de género. Conviene mejorar los
mecanismos de concertación para el impulso de proyectos de
investigación aplicada orientados a áreas de intervención de la
política de género. La Universidad juega, asimismo, un papel muy
importante en la sensibilización y formación de alto nivel en temas
de género, por lo que de nuevo la colaboración ofrece posibilidades
muy interesantes.
Se impulsarán investigaciones y evaluaciones de género, recogida de
buenas prácticas e información y difusión sobre las realidades de
género de Nicaragua.
Liderazgo
En concordancia con los lineamientos del gobierno del Presidente de
la República Ing. Enrique Bolaños G., el Instituto Nicaragüense de
la Mujer de acuerdo a su ley orgánica establecida en 1993 por
decreto presidencial No. 36-93 tiene por objeto formular, promover,
coordinar, ejecutar y evaluar políticas, programas y proyectos
gubernamentales que garanticen la participación de las mujeres en
el proceso de desarrollo económico social, cultural y político del
país.
En base a esto el INIM ejerce su rol de liderazgo de impulsar el
Programa Nacional de Equidad de Género, lo que implica
acompañamiento, monitoreo y evaluación de las instituciones
ejecutoras.
Capítulo
XIV
Programas Operativos
Los programas operativos pretenden el fortalecimiento institucional
para el impulso de las políticas de equidad de género en
Nicaragua.
El objetivo general del programa nacional de equidad de género es
el de promover la transversalización de tales políticas de equidad
de género en el mediano y largo plazo, mediante los resultados que
permitan sentar las bases del proceso de integración sostenible de
género para los próximos cuatro años 2005-2009.
Es importante destacar el carácter de la transversalización y la
necesidad de sentar las bases o condiciones de partida antes de dar
por sentada su traducción en prácticas institucionales.
Proceso de Puesta en Práctica de la Transversalización
Diagnóstico
El proceso comienza por un diagnóstico de situación de género de la
política pública que permita crear una línea de base aplicando el
sistema de indicadores existentes SIEG y de nuevos indicadores ad
hoc, que orientarán posteriormente el proceso de evaluación. El
diagnóstico permitirá la elaboración de un mapa que dé cuenta
de:
1. El instrumento de promoción de la equidad de género
(INIM).
El papel del INIM en la promoción de políticas de género:
fortalezas y debilidades.
Ubicación del mecanismo en la estructura administrativa y
oportunidades de reubicación en un nivel más alto en relación al
proceso de toma de decisiones.
Necesidades de formación y capacitación.
Necesidades de medios e instrumentos para la puesta en práctica del
análisis de género en todas las políticas públicas.
2. Sistematización y evaluación de iniciativas públicas orientadas
a la promoción de la equidad de género: nivel nacional: mapa de
procesos e instituciones implicadas; mecanismos de coordinación y
concertación interinstitucional en materia de género.
3. La agenda política de las mujeres: participación de los
movimientos de mujeres y la Universidad en las políticas públicas
de género. Límites y oportunidades para fortalecer la
concertación.
Sensibilización y Formación
Sensibilización y formación a nivel nacional sobre nuevos conceptos
y orientaciones para una política transversal de integración de
género orientada especialmente a las áreas priorizadas.
1. Integración de género orientada especialmente a las áreas más
deficitarias: educación, empleo.
2. Programa global de sensibilización y formación y promoción para
la apropiación de la dimensión de género como eje transversal por
parte de todos los actores implicados en el diseño y ejecución de
las políticas públicas, mejorando la calidad de su
participación:
Capacitación de todo el personal del INIM
Capacitación transversal de nivel político: personal directivo y de
alto nivel del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).
Capacitación transversal de nivel técnico: personal técnico de los
ministerios.
Capacitación transversal de nivel descentralizado: personal de
departamentos y municipios.
Capacitación transversal de organizaciones sociales: mujeres y
hombres de movimientos sociales.
Promoción de la perspectiva transversal de género en el ámbito
universitario.
Promoción de la perspectiva transversal de género en los sistemas
de coordinación interagencial.
Impulso de un foro de concertación nacional con los movimientos de
mujeres.
Ordenación Administrativa
A partir del diagnóstico básico de situación, se busca proponer la
ubicación administrativa necesaria para promover, de manera
central, la equidad de género en todas las áreas y políticas
públicas así como medios e instrumentos operativos por áreas de
intervención.
Evaluación y Difusión
La última fase recogerá todos los resultados del proceso, las
buenas prácticas identificadas así como los principales retos
pendientes. Hay que tener en cuenta que en buena medida el proceso
comporta un alto nivel de experimentación y aprendizaje de la
práctica, por lo que el contenido pedagógico de las conclusiones
finales y su publicación contribuirán a la comprensión de la
política de transversalización y su aplicación práctica. La
difusión de resultados busca asimismo mantener un alto nivel de
implicación política y social en el proceso, cuya segunda parte se
ampara necesariamente en los avances alcanzados en la fase
preparatoria y los retos suscitados por la misma.
La evaluación se estructura en dos líneas:
1. Línea de evaluación general: que marcará las tendencias globales
de impacto del programa.
2. Línea de evaluación por áreas o instrumentos:
- Evalúa los avances concretos en materia de equidad de género de
cada una de las áreas de política pública.
- Evalúa los instrumentos puestos a disposición para promover la
transversalidad: capacitaciones, manuales, metodologías,
normativas, etc.
Arto 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de
su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el día catorce de
junio del año dos mil seis. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER,
Presidente de la República de Nicaragua. Ligia Terán de
Astorga, Ministra de la Familia.
-
© 2024 Justia
